Las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores puede tener objetivos previsibles como el apoyo a las reformas oficialistas en el Congreso, o fondos para las obras públicas provinciales. Otros, en cambio, pueden resultar inesperados. Por ejemplo, un pedido para que se implemente en las provincias el Régimen de Transparencia Fiscal, como se conoce a la obligación de que en los tickets de los consumidores se aclare cuál es la carga impositiva de cada producto.

Su aplicación puede afectar las compras de todos los argentinos. El Régimen de Transparencia Fiscal se describe en despachos oficiales como una herramienta de la “batalla cultural” contra los impuestos. En realidad, no los elimina. “Busca llevar a la cara del consumidor cómo incide la carga tributaria en cada cosa; es hacerse cargo”, sostuvo uno de sus impulsores.

La iniciativa fue aprobada en 2024 en medio del debate de la Ley Bases. Tras más de un año, parece estar “a medio camino”. Introdujo el famoso “precio sin impuestos”, que busca exponer cuánto paga el consumidor por el bien que compra y sus tributos correspondientes. Esto fue incluido en el texto aprobado por el Congreso, pero su implementación está limitada.

Arrancó por impuestos nacionales. “Todos aquellos sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar, en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones, el importe final que deba abonar el consumidor final. Además, deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios”, sostiene la ley. Es decir, no incluyó a los tributos provinciales y municipales.

Para ellos, la normativa estipuló: “Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los respectivos tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios”. Fue una invitación. Muy pocos la aceptaron.

Según un relevamiento de la organización llamada Lógica, precursora del proyecto, sólo dos provincias adhirieron al Régimen de Transparencia Fiscal: Chubut y Mendoza. Su mapa muestra en rojo a las jurisdicciones que, según su criterio, no iniciaron gestiones para profundizar el ticket de “precios sin impuestos” y marca en amarillo a aquellas en las que la iniciativa se encuentra “en proceso”. En este último grupo se encuentran Salta, Córdoba, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pero más allá de esas jurisdicciones, en uno de los despachos oficiales aseguraron que la iniciativa irá por más y que intentarán introducirla en las próximas conversaciones con los gobernadores. ¿En cuáles? Las iniciadas de cara a la segunda mitad de mandato de Javier Milei. Pese a la estrategia del diálogo, fuentes oficiales señalaron que también existe un “plan B”, diseñado especialmente para aquellas donde no esperan una buena recepción de la idea. “Ya existen los fierros (herramientas) para conocer cómo impacta Ingresos Brutos en las compras”, mencionó un funcionario.

De esta manera, señaló que está en preparación una resolución que busca crear un “agente de cálculo”, compuesto por representantes de ARCA, funcionarios del Ministerio de Economía, cámaras empresariales y, según el caso, representantes provinciales. Ese equipo, tal cual describieron, tendría la función de realizar un “coeficiente sobre comercio minorista” para determinar en canastas estandarizadas la incidencia de todos los impuestos sobre el precio de las cosas.

Las canastas estandarizadas, tal cual explicaron, apuntarían a comercios cercanos a la vida cotidiana. Entre ellos, especificaron que pondrá el foco en supermercados, casas de electrodomésticos y locales de venta de ropa.

Antes de hablar de este “agente de cálculo”, la organización Lógica, precursora del Régimen de Transparencia Fiscal, inició contactos con las provincias. Envió cartas en las que les preguntó si tenían la voluntad de implementar la iniciativa y si pudieran tener sanciones las empresas que empezaran a aplicarla por “motus propio”.

La provincia de Misiones les contestó: “No se tomarán represalias alguna en la jurisdicción para el caso que algún comercio, antes de que se dicte la norma, realice el informe por ustedes mencionado”.

La provincia de Entre Ríos también le respondió a los impulsores del Régimen de Transparencia Fiscal. “No se prevé la aplicación de sanciones a aquellos comercios o contribuyentes que voluntariamente informes dichos tributos locales”, según refleja una carta firmada por el gobernador Rogelio Frigerio.

La Ciudad de Buenos Aires aclaró que “no instará la instrucción de sumarios para evaluar la tipicidad de dichas conductas para la eventual aplicación de sanciones”, en referencia a los comercios que comenzaran a exponer la incidencia de los tributos porteños en sus tickets.

Las negociaciones formales por el siguiente nivel del Régimen de Transparencia Fiscal están a punto de iniciar. Sus impulsores reconocieron que, en el corto plazo, lograr un consenso en 12 de las 24 jurisdicciones sería “un buen objetivo”.

Según las cifras de la organización Lógica, en el precio de los alimentos la incidencia de los impuestos puede llegar al 42%. En el caso de la ropa, al 50% y en el de los autos, a 53%. Sostienen que transparentarlo puede ser un primer paso para luego bajarlos. O, eventualmente, para darles más herramientas a los consumidores a la hora de decidir donde comprar.

El resultado de las elecciones intermedias liberó a Javier Milei de cumplir un ritual que considera despreciable: el consenso con los que piensan distinto. A su juicio, esa práctica garantiza el inmovilismo, a fuerza de concesiones que diluyen cualquier transformación real. El diálogo es síntoma de debilidad y se cura con poder.

En honor a esa premisa, anuncia ahora: “Es el momento de acelerar más fuerte”. La impronta de la etapa que se abrió hace tres domingos es aprobar cuanto antes reformas de profundidad que empiecen a configurar “un cambio irreversible” en el país.

El acuerdo con Estados Unidos es un eslabón clave la cadena de decisiones políticas urgentes con las que aspira a poner a la Argentina en un rumbo que se alinee con sus ilusiones. Le tocó aceptar su lugar en el ecosistema de poder global: ante Donald Trump, firmó sin discutir. Lo que se conoce del pacto en ciernes refleja un desequilibrio claro entre los compromisos que asume una y otra parte. Nada que sorprenda: es la actitud con la que Trump espera a todos los que quieran negociar desde que decidió dinamitar el sistema de comercio global, siete meses atrás. Milei podrá decir en su favor que es la sintonía perfecta entre un liberal aperturista como él y un nacionalista amante del proteccionismo, como su amigo Donald.

Sería llamativo que cuando se conozcan los detalles aparezcan beneficios para la Argentina que no figuran en el comunicado que formalizó el “marco” para el acuerdo comercial y de inversiones. La historia indica que lo bueno aparece siempre en los anuncios y los costos emergen en la letra pequeña.

El Salvador, Guatemala y Ecuador pactaron preceptos similares. Incluso potencias como Japón y Gran Bretaña firmaron compromisos que hubieran sonado humillantes en otros tiempos. Vivimos una nueva era, con un líder global que no finge simetrías inexistentes.

A diferencia de otros presidentes, Milei vivió el acuerdo como una fiesta. El canciller Pablo Quirno viajó a Washington a darle un cierre político a la negociación, que se había empantanado en tecnicismos. Para el gobierno libertario la promesa de una lluvia de inversiones de Estados Unidos puede actuar como un dinamizador de los alineamientos políticos que necesita para desplegar su agenda transformadora.

Milei les aplica a los actores locales la lógica que él acepta con Trump. Con buenos modales, el ministro del Interior, Diego Santilli, corteja a los gobernadores provinciales con una invitación a acompañar las decisiones de Milei. Es una diferencia poco sutil con la promesa de “diálogo” que el Presidente tuvo que hacer en la campaña para las legislativas, cuando temía un resultado magro que lo obligara a ceder para no pasar zozobra.

“Hay que aprovechar que la oposición está aturdida. Tenemos tres meses para aprobar cambios fuertes con poca resistencia. Los que se sumen ahora quedarán comprometidos con el rumbo”, explica uno de los encargados de construir el oficialismo vigorizado que surgió de las urnas.

La estrategia tiene el sello de Karina Milei. Santilli responde a sus directivas. Lo marca de cerca el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que suele poner su despacho para las reuniones con gobernadores.

A los últimos que pasaron por allí les dijeron que desde el jueves la reforma laboral, de seis capítulos “más amplios de lo que se comenta”, y la tributaria se terminan de ajustar en la Secretaría de Legal y Técnica para ser remitidas al Congreso. Les adelantan poco y nada. “El mensaje implícito que te dan es: ‘¿Te vas a sumar o te vas a parar enfrente?’”, resume un jefe provincial del norte del país.

El presupuesto 2026, que se tratará en diciembre, es un tablero de posibilidades. Los gobernadores piden; los ministros anotan sin prometer. Milei abrió la puerta a conceder federalismo en lugar de fondos. Defiende con énfasis la propuesta del mendocino Alfredo Cornejo para modificar la Ley de Glaciares de modo que cada provincia determine las zonas permitidas para la minería y otras actividades económicas.

La posibilidad de una inyección de inversiones norteamericanas, sobre todo en minería y energía, coincide con las primeras señales que envió el embajador Peter Lamelas a su arribo al país. “Es un Noé que reparte tickets para el arca. No va a ser fácil decir que preferís no subirte”, sintetiza un opositor que tiene diálogo con el oficialismo.

El acuerdo con Trump es todavía una intención. Pero pone al país ante el desafío de adaptar su legislación, remover barreras burocráticas y disponer una apertura que, de lograrse, será muy difícil de revertir. A Milei le despierta sacudones de optimismo. Volvió a extender el horizonte temporal de sus predicciones. Proyecta a seis años vista y retomó la promesa de que en “20 años Argentina será la primera potencia mundial”. Que no lo oiga Trump.

De a poco también abandona la ñoñería del discurso moderado que adoptó cuando perdió las elecciones bonaerenses y la campaña se le puso peligrosa. Reanudó la costumbre de repudiar a los economistas que plantean objeciones a sus ideas, como Domingo Cavallo, y atacar a la prensa independiente. Esta semana dijo que “todos los medios son enemigos” de su gobierno y acusó a quienes disienten con sus ideas de ser “delincuentes con patente de periodista”.

La hostilidad de Milei hace juego con la estrategia política que trazó su hermana Karina.

El plan es fracturar a la oposición en la mayor cantidad de pedazos posibles. Con las provincias se negocia de a una. Al Pro le siguen mordiendo diputados y senadores. Patricia Bullrich le prometió a la hermana de Milei dejar el bloque amarillo de diputados con menos de 10 y hacer casi desaparecer el de senadores.

La búsqueda más desafiante es partir las bancadas peronistas para reducir el kirchnerismo a la impotencia. Al catamarqueño Raúl Jalil lo tienen casi convencido de armar un bloque propio con sus cuatro diputados. El tucumano Osvaldo Jaldo se mantendrá separado pese al brote antimilei que inundó su campaña reciente. Apuntan también a que el santiagueño Gerardo Zamora descubra las beneficios del liberalismo.

Santilli, Martín Menem y Bullrich se mueven en simultáneo para ofrendarles a los hermanos Milei un gran regalo antes del 10 de diciembre: que La Libertad Avanza tenga la primera minoría en las dos cámaras, a golpe de divisiones opositoras.

Karina Milei y los primos Martín y Lule Menem vivieron tres semanas de éxtasis después de las elecciones y del triunfo interno sobre su rival Santiago Caputo en el armado del nuevo Gabinete. Pero el viernes una nube tóxica volvió a posarse sobre sus cabezas: el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Los temores que circulaban desde hace días en la Casa Rosada se cristalizaron con el dictamen del fiscal Franco Piccardi con el que pidió la indagatoria de Diego Spagnuolo, exdirector de Andis que se hizo famoso por los audios grabados en forma clandestina en los que habla de coimas, señala a Lule Menem y sugiere que Karina Milei cobraba 3% de retorno por los sobreprecios en la provisión de medicamentos para discapacitados.

Piccardi no acusa ni a la hermana del Presidente ni a los primos Menem. Pero deja rastros de que la investigación puede en algún momento alcanzarlos. Describe una estructura corrupta formada por exfuncionarios, lobbistas del mundo farmacéutico y empresarios que al menos desde 2022 hacían gestiones para conseguir que el gobierno que asumiera tras la salida de Alberto Fernández les entregara el control de la Andis para hacer negocios. El líder parecía ser Pablo Atchabahian, exfuncionario del área de Discapacidad durante el macrismo. “Muchachos se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”, les escribió Atchabahian a sus socios el día de Año Nuevo de 2023 en un grupo de WhatsApp que compartían.

En dos años de contactos, según el expediente, llegaron a verse con allegados a Facundo Manes y Jorge Macri. Pero finalmente ganó Milei, a quien aparentemente no conocían. Tampoco a Spagnuolo, el abogado al que le dieron la Andis. “Hay que llegar a Karina Milei. Ella es quien define todo”, escribió en el grupo de chat el lobbista Mariano Caballi el 24 de enero de 2024, cuando se enteró que Spagnuolo conduciría el área que tanto añoraban.

¿Llegaron a ella? El dictamen no profundiza en esa pista. Lo cierto es que uno de los conjurados, Daniel Garbellini, fue designado director nacional de Acceso a los Servicios de Salud el 3 de junio de 2024. “Se alinearon seis planetas en el espacio”, posteó uno de los miembros del grupo de WhatsApp el día que se confirmó la noticia. En los famosos audios conocidos en agosto, disparador de la causa, Spagnuolo mencionaba a un subalterno que respondía a Lule Menem como quien organizaba los negocios espurios y el reparto de dinero negro. Aludía, admiten en su entorno, a Garbellini, que fue echado del Gobierno el mismo día que él.

Mientras Garbellini estuvo en funciones, Atchabhian parecía controlar Andis como si fuera el jefe. En los chats citados hablan de gestiones con políticos importantes del Pro, como si los conocieran, y desprecian a Spagnuolo. El exabogado de Milei queda complicado en la investigación al aparecer pruebas de que cobró dinero negro de uno de los empresarios que digitaba las compras de Andis, Miguel Ángel Calvete.

Piccardi sospecha que este hombre, que fue concejal en La Matanza como aliado de Cambiemos, se encargaba de lavar parte del dinero extraído de la Andis a través de Sergio Mastropietro y Alan Pocoví. El primero es un empresario del mundo aéreo cuyo nombre cobró estado público cuando se supo que fue uno de los nexos entre José Luis Espert y el acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. Pocoví es hijo de Marcelo Pocoví, que fue pareja de Zulemita Menem (tuvieron un hijo juntos, Malek Pocoví).

El apellido Menem no aparece en el escrito. Pero los investigadores buscan saber si existe algo más que un lejano nexo familiar entre Pocoví y los primos Lule y Martín Menem.

En las escuchas telefónicas dispuestas por la Justicia, Calvete hace mención “al 3% de Karina Milei”, pero todo indica que es una ironía ya que la charla en cuestión ocurrió en octubre pasado después de que se conocieran los audios de Spagnuolo.

La reaparición de Spagnuolo, ahora nítidamente contra las cuerdas, altera el clima de euforia libertario. ¿Qué está dispuesto a contar este abogado que supo representar al propio Milei? Es un recuerdo molesto justo cuando las imágenes de la decadencia argentina las aportaban Cristina Kirchner en el juicio por los cuadernos de las coimas y Julio De Vido, camino a la prisión después de ser condenado por la tragedia de Once.

El declive del kirchnerismo le permite a Milei exhibir la contracara deseada a su revolución liberal. El “riesgo kuka” es como un seguro que se activa en caso de complicaciones.

El ministro Luis Caputo volvió a probarlo cuando esta semana defendió el esquema de bandas cambiarias: “No podemos darnos el lujo de que el dólar flote libremente. Es muy difícil con esta volatilidad política cuando la alternativa es el comunismo, muchachos”.

Se impone así el nuevo macartismo ficcional al que adhiere Trump, que imagina un Muro de Berlín entre él y sus opositores.

Caputo y Milei se sacan de encima las presiones del FMI para que acumulen reservas. Los burócratas del organismo perdieron autoridad para reclamar desde que el Tesoro de Estados Unidos demostró que está dispuesto a rescatar a la Argentina si faltan dólares. Mientras no sea Scott Bessent quien pida cambiar de política, no habrá riesgos para el gobierno libertario.

Milei considera innecesario comprar reservas ahora. Sostiene que podrá hacerlo cuando baje el riesgo país y pueda volver a emitir deuda en los mercados. Por eso pisa el acelerador de las reformas y promete un cambio irreversible en un país de vértigo, desafiado por la recesión y con una inflación que se resiste a perforar el 2% mensual. Hasta tanto se seguirá balanceando en la soga que sostienen Trump y Bessent.