El Gobierno ratifica que no aceptará cambios al texto de la reforma laboral aprobado en el Senado pese a las tensiones por el capítulo de licencias por enfermedad. El Ejecutivo endurece la postura ante los aliados y busca que la iniciativa quede sancionada antes del cierre de las sesiones extraordinarias.

En la Casa Rosada insisten con que el objetivo es evitar que el proyecto vuelva a la Cámara alta y que pueda promulgarse antes del 1 de marzo. La mesa política de Nación aceleró el cronograma parlamentario y trabaja para convocar a un plenario de comisiones esta semana.

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En Balcarce 50 reconocen que el artículo tomó mayor dimensión pública tras las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que ejemplificó el alcance del artículo al referirse a lesiones derivadas de actividades voluntarias, como jugar al fútbol. En el oficialismo admiten que generó tensiones internas y advierten que “nadie se hizo cargo” de la iniciativa.

Más allá de las diferencias, en los distintos despachos oficiales unificaron la postura sobre que no contemplarán cambios. Argumentan que la reforma no elimina la cobertura por enfermedad, sino que redefine los porcentajes y establece límites temporales, e insisten con que “la normativa actual permitió abusos en la utilización de licencias”.

El artículo -que fue incorporado en el Senado- reduce el porcentaje salarial y limita los plazos de las licencias pagas ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo. El texto aprobado establece que el trabajador percibirá el 50% de su remuneración si la enfermedad o el accidente derivó de una actividad voluntaria y consciente que implicaba riesgo, y el 75% si no queda encuadrado bajo ese tipo de conductas.

En ambos casos, la licencia contemplada es de hasta tres meses si no tiene cargas de familia y de hasta seis meses si las tuviera. La reforma elimina el pago del 100% del salario y la extensión hasta 12 meses prevista en el régimen vigente para empleados con más de cinco años de antigüedad. La modificación también introduce nuevos requisitos formales.

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Plantea que las inasistencias deberán justificarse mediante certificados médicos emitidos y firmados digitalmente por profesionales habilitados, y que el empleador podrá disponer controles médicos propios. La norma prevé también la participación de una junta médica en una entidad oficial o la solicitud de un dictamen en institutos en casos particulares.

El capítulo generó resistencias en bloques aliados, que evalúan impulsar cambios en Diputados. Integrantes de las bancadas aliadas advierten que la reducción del porcentaje salarial podría afectar casos de enfermedades graves y anticipan que el artículo puede derivar en mayor judicialización.

Gobierno, reforma laboral

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El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el diplomático argentino Rafael Grossi, buscó despejar interpretaciones políticas sobre su aspiración a convertirse en secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y remarcó que su postulación no está asociada a una corriente ideológica pese al apoyo explícito del gobierno de Javier Milei.

En declaraciones al diario brasileño Folha de San Pablo, el funcionario aclaró: “Yo no soy un candidato de derecha. Soy un funcionario internacional independiente. La Argentina no está presentando a su ministro de Relaciones Exteriores o a un amigo del presidente Milei”.

La candidatura del actual jefe del OIEA se formalizó con el aval oficial de la Argentina, algo habitual en el sistema diplomático internacional, ya que los postulantes deben ser promovidos por su país de origen. Sin embargo, la definición generó interpretaciones en el plano político interno y regional, que el propio Grossi intentó desactivar.

“No dejo de ser también (candidato de Milei). Yo no reniego de eso. Soy argentino y tiene que ser mi país el que me presente, pero también soy un funcionario independiente”, sostuvo el diplomático.

La competencia internacional

El argentino no es el único aspirante al máximo cargo de la ONU. Entre quienes también confirmaron su intención de competir figuran la expresidenta de Chile Michelle Bachelet —respaldada por Chile y Brasil—, la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo; la mexicana Alicia Bárcena, actual secretaria de Medio Ambiente; y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

El proceso se desarrolla en un contexto particular: en los 80 años de historia del organismo nunca una mujer ocupó la secretaría general y, además, América Latina sólo tuvo un representante, el peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991. Por una tradición diplomática no escrita, el cargo suele rotar entre regiones y esta vez correspondería al bloque latinoamericano. Dentro de ese consenso informal también existe presión para que la designación recaiga en una mujer.

Relación con Milei y Estados Unidos

El diplomático argentino también rechazó la idea de que su eventual elección responda a alineamientos geopolíticos. En ese sentido, relativizó las especulaciones sobre un posible respaldo automático de Washington. “Sería arrogante decir eso. Sería un error de mi parte. Yo lo espero, lo deseo, de la misma manera que quiero ser el candidato apoyado por todos los países decisivos”, señaló.

Además, lamentó que Brasil haya decidido respaldar la candidatura de Bachelet. “Respeto mucho que Brasil tenga otro candidato. Tal vez sea algo muy doloroso para mí porque siempre trabajé muy cerca de Brasil. Pero el proceso evolucionará y tal vez, en algún momento, tenga ese apoyo de Brasil”, expresó.

Un perfil diplomático

Grossi defendió su trayectoria profesional para marcar distancia de las lecturas ideológicas sobre su postulación. “Tengo una trayectoria de 40 años en la diplomacia, gran parte de ella muy próximo a Brasil. Nadie podría afirmar que tengo una asociación y una visión política en particular. Soy un diplomático profesional. Entiendo que sea tentador decir que hay una candidatura de izquierda y otra de derecha. Esto no ayuda a nadie en América Latina”, concluyó.

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