POLITICA
Qué es el Consejo de Mayo y cuáles son sus funciones

El Gobierno de Javier Milei busca herramientas para impulsar su agenda de reformas. Una de ellas es el Consejo de Mayo, un órgano que promete ser clave en la articulación de políticas a largo plazo. A pesar de haber sido creado hace casi un año, su puesta en marcha efectiva se concreta este martes 24 de junio.
El Consejo de Mayo es un órgano colegiado consultivo creado por el Gobierno nacional con el objetivo de debatir y elaborar proyectos de leyes y actos administrativos necesarios para implementar los lineamientos acordados en el Pacto de Mayo. Este pacto, firmado por el presidente Javier Milei y 19 gobernadores el 9 de julio de 2024 en Tucumán, establece una serie de principios económicos y sociales que el Gobierno busca concretar.
En esencia, el Consejo de Mayo actúa como un asesor del Gobierno, que articula e implementa medidas basadas en el Pacto de Mayo. Entre sus funciones se destacan:
Para cumplir con estos objetivos, el Consejo tiene la facultad de solicitar informes y asistencia a diferentes jurisdicciones y organismos del Estado, promover estudios y debates públicos, y convocar a los sectores alcanzados por las iniciativas que allí se gesten.
El Consejo de Mayo está compuesto por representantes de diversos sectores:
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, preside el Consejo y es responsable de convocar las reuniones plenarias, proponer un plan de trabajo y supervisar las tareas técnicas y administrativas. María Cecilia Domínguez Diacoluca, del equipo de Sturzenegger, actúa como secretaria técnica.
El Consejo debe reunirse al menos una vez cada 30 días, aunque puede celebrar sesiones extraordinarias. Para iniciar una reunión, es necesaria la presencia del jefe de Gabinete y el quorum de la mayoría de sus miembros. Los acuerdos se adoptan por consenso y se remiten al Presidente para su consideración. En caso de no haber consenso, se eleva el acuerdo mayoritario junto con las posiciones minoritarias. Si hay empate, el presidente del Consejo tiene el voto decisivo.
La demora en la puesta en marcha del Consejo de Mayo se debió a varios factores. Según fuentes oficiales, hubo dificultades para obtener propuestas consensuadas de los diferentes sectores involucrados. Además, los cortocircuitos entre el Gobierno y los gobernadores por la obra pública y la escasez de recursos, así como las tensiones con los gremios y la falta de acuerdo entre los empresarios, también contribuyeron a la demora.
El Gobierno justificó la modificación del reglamento que permitió integrar el Consejo sin propuestas consensuadas y argumentó la necesidad de no dilatar más las tareas encomendadas.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
actualidad política,política
POLITICA
“Montoneros, una historia visual”: el nuevo libro de María O’Donnell con claves para el debate sobre los setenta

Montoneros, una historia visual es el cuarto libro de María O’Donnell sobre la guerrilla peronista y el más ambicioso: en lugar de centrarse en un episodio, abarca el ciclo completo. O’Donnell inició esta serie en 2015 con Born, el relato del secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, y la continuó con Aramburu (2020) y Born/Quieto (2023). Ahora narra desde el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu en 1970 hasta la derrota de la organización a comienzos de los ochenta: una década en la que Montoneros pasó de ser la guerrilla urbana más poderosa de América Latina a extinguirse.
Esta investigación rigurosa, en un contexto de renovado debate político sobre aquel período, sobresale también por su narración visual: el diseñador Fernando Rapa integró texto, fotografías, documentos de época, portadas de revistas, panfletos y fichas de inteligencia, muchos inéditos.
A continuación, un fragmento del Capítulo 4 de Montoneros, una historia visual. Es 1975 y la organización alcanza su máxima capacidad militar a la vez que se distancia de la realidad nacional. El gobierno usa un fallido asalto del recién formado Ejército Montonero para escalar la represión mientras la conducción penaliza a los militantes que hablen bajo tortura.
De una guerrilla a un Ejército Montonero
Jorge Rafael Videla se estrenaba por esos días como jefe del Ejército y La Opinión anticipó: “Las Fuerzas Armadas participarán activamente en la represión del extremismo, sin que eso signifique un despliegue en todo el país como el de Tucumán desde febrero pasado”.
En simultáneo, el Ejército Montonero irrumpió en acción, con todo y uniforme —pantalón, chaqueta y gorra azules— el 5 de octubre. Una unidad de combate asaltó el Regimiento 29 de Infantería del Monte, en Formosa, cerca de la frontera con Paraguay.
Habían secuestrado poco antes un avión de Aerolíneas Argentinas, que volaba desde Buenos Aires a Corrientes, y lo habían desviado al aeropuerto de Formosa, que también controlaban. Trece guerrilleros quedaron a cargo del Boeing 737 y otros veintiséis, en seis autos, se dirigieron al regimiento —donde contaron con la complicidad de un soldado que les abrió el portón— para “recuperar” armamento. Era domingo y los guardias, en su mayoría conscriptos que cumplían el servicio militar obligatorio, repelieron el ataque.

La escena, según el relato de Montoneros: “Nos tirotean. Este tiroteo comienza a los dos o tres minutos de haber iniciado el asalto. A partir de ese momento el fuego es impresionante […] Una verdadera batalla: los soldados —armados o desarmados en algunos casos— desobedecieron la orden de rendición, en todos lados presentaron una fuerte resistencia, y en algunos lugares esa resistencia fue suicida”.

Mataron al oficial Ricardo Massaferro —hijo de un militar que se había alzado con Juan José Valle contra Aramburu—, al sargento Víctor Sanabria y a diez conscriptos de dieciocho y diecinueve años. Murieron doce montoneros; los demás escaparon en el avión a una pista ilegal en Rafaela, Santa Fe. En el cuartel quedaron veinticuatro muertos; en las horas siguientes, tres vecinos de la zona, sin conexión con el ataque, fueron asesinados por el Ejército.

“Victoria del Ejército Montonero”, tituló Evita Montonera con un triunfalismo divorciado de los hechos. A pesar de los muertos y de que sólo habían obtenido cincuenta de los doscientos fusiles que esperaban llevar, evaluaron que la incursión había sido “exitosa”. Sólo criticaron un aspecto de la planificación: no habían tenido en cuenta el “bajísimo nivel de conciencia de la población de la zona”. Una señal de la disociación creciente entre sus acciones y la percepción de la opinión pública.
Código de disciplina montonero: “Se puede ganar” a la tortura

El ataque al cuartel de Formosa facilitó que los militares obtuvieran vía libre para escalar el experimento represivo en Tucumán, ya sin límite geográfico. Con Isabel Perón de licencia, el presidente interino Ítalo Luder promulgó un decreto para habilitar “las operaciones militares y de seguridad que fueran necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.
Si antes el objetivo principal a “aniquilar” había sido el ERP, ahora los montoneros se sumaban a esa categoría.

Gran parte de los actores políticos aceptaron las nuevas medidas, de carácter cada vez más excepcional. “Los acontecimientos —evaluó [la historiadora Marina] Franco— son inseparables de la escalada represiva gubernamental de los años previos. Sólo el conjunto de esos procesos, sumado a los efectos de las acciones guerrilleras de carácter cada vez más terrorista, pudo permitir que en 1975 los sectores militares pusieran en marcha y de manera abierta sus prácticas clandestinas de represión con relativa libertad de acción”.

La voz del radical Hipólito Solari Yrigoyen se alzó sola para denunciar el uso sistemático de apremios ilegales —picana, simulacros de fusilamiento y otras prácticas ilegales— por parte de los organismos de seguridad. Con la extensión de esos recursos a las fuerzas armadas, Montoneros identificó a la tortura como la principal amenaza a su supervivencia. Al mismo tiempo, sin embargo, relativizó la magnitud del desafío: “Es un combate y se puede ganar”, sentenció.

Un artículo en Evita Montonera argumentó, con una estadística casera, que los militantes podrían soportarla. Estimaron entre ochocientos y mil el número de “compañeros caídos en manos del enemigo”, el noventa y cinco por ciento de los cuales había atravesado “con éxito la tortura sin entregar ningún dato de importancia”. El silencio absoluto se impuso como un deber moral: “No hay salvación individual: el compañero que canta no alivia su situación y se destruye como persona, porque ha traicionado a los suyos”.

El margen de tolerancia que contemplaba el primer código de disciplina interno —veinticuatro horas a partir de la detención se consideraba un tiempo razonable para que se pusieran a resguardo bienes y personas ligadas al militante— dejó de existir oficialmente con la imposición del Código de Justicia Penal Revolucionario, en octubre de 1975. Se propuso un modelo de héroe absoluto, ya que no se establecía un límite de horas de silencio. Durara lo que durara el interrogatorio, durara lo que durara el tormento, quien hablara incurriría en el delito de traición.

A quienes pudieran encontrarse en esa situación, la publicación montonera aconsejó: no quedarse mudos, tener una historia plausible preparada y repetirla sin contradicciones; no creer nada de lo que dijera la policía, aunque sonara verosímil; no usar lenguaje militante; tener un domicilio “limpio” para entregar; “arbitrar los medios” para que los compañeros se enterasen en caso de caída; no llevar encima papeles “innecesarios”; recordar que “al que más sabe, más le dan” y “mostrarse como que ya se ha llegado al límite, exagerando siempre la manifestación de dolor, porque en general la tortura cesa cuando consideran que el detenido no da más”.

El nuevo código —que rigió a todos los integrantes de la organización sin distinción de rango— agregó entre las faltas la “conspiración”, la “deslealtad” y la “insubordinación”: figuras útiles contra críticas y desobediencias. Entre las sanciones enumeraba: pérdida del rango, detención en las cárceles del pueblo, quita de recursos en la clandestinidad, destierro, trabajos forzados, traslados dentro del país, expulsión y el fusilamiento —la pena de muerte a disposición de la cúpula— en casos de delación, mientras la represión recrudecía.




Montoneros,María O’Donnell,Pedro Eugenio Aramburu,autopsia,La Celma,historia Argentina,documentos judiciales,libro,expediente,diagramas
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el precio de la nafta y las reacciones por el 44° aniversario de Malvinas

Se cumplen 44 años del comienzo de la Gesta de Malvinas. Este 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, nos encuentra unidos en la memoria y el reconocimiento.
Tres protagonistas de nuestras Fuerzas Armadas –@Ejercito_Arg, @Armada_Arg y… pic.twitter.com/iqqCorxvFJ
— Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) April 2, 2026
Es miércoles en la ciudad de Buenos Aires. Hace calor de verano, con 77% de humedad. El sol da en el balcón del primer piso de la Casa Rosada. Antes llovió. Por los pasillos pasa el jefe de la bancada libertaria en Diputados, Gabriel Bornoroni; también el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; viene con carpetas y portafolios una delegación de la cartera de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger; entran y salen funcionarios de las oficinas de Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem, y de la zona reservada para la plana mayor presidencial.
Leé la nota completa acá
Hace pocas horas, en un encuentro con otros funcionarios del Gobierno, Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía, formuló el siguiente diagnóstico: “Hice todo lo que se podía hacer. Acordé con el Fondo. Arreglé con los bancos multilaterales. Conseguí el cheque de Trump. Sin embargo, el índice de riesgo sigue sin bajar. Ya no depende de la gestión económica. Depende de la situación política. Si se altera la gobernabilidad es imposible que se recupere la confianza”.
Leé la nota completa acá
2 de abril de 2025, malvinas, 2 de abril, javier milei, política, islas malvinas, guerra de las malvinas,horizontal
POLITICA
El Gobierno adelantará fondos a 12 provincias y fija un tope de $400.000 millones

El gobierno de Javier Milei avanzará con un esquema de adelanto de coparticipación para 12 provincias, con un límite total de $400.000 millones. La medida será oficializada por decreto y apunta a aliviar las necesidades financieras de los distritos sin que deban recurrir al endeudamiento en el mercado.
La decisión se tomó en medio de la baja de la recaudación que afecta a la Nación y a las provincias. Se trata también de un guiño a los gobernadores, que necesitan fondos frescos para pagar salarios. Todo en la antesala de nuevos debates en el Congreso de la Nación, donde el Gobierno necesitará el respaldo de los mandatarios para avanzar con las reformas.
Leé también: YPF anunció una medida para estabilizar el precio de la nafta por 45 días
Por ello, Javier Milei tiene listo un decreto para habilitar adelantos de coparticipación a doce provincias. Se trata de partidas que, a diferencia de los más discrecionales Aportes del Tesoro Nacional (ATN), les corresponde a los distritos por ley, pero que el Gobierno otorgará antes de tiempo.
Según fuentes oficiales, el monto máximo se definió en base a un análisis de la situación fiscal de cada provincia. Los fondos que se otorguen deberán ser devueltos antes de fin de año.
Uno de los puntos centrales del esquema es la tasa de interés: el Gobierno fijó un 15% para estos adelantos, un nivel considerablemente menor al que enfrentan las provincias si buscan financiamiento en el mercado, donde las tasas pueden ubicarse entre el 30% y el 45%.
Leé también: La recaudación tributaria cayó en marzo y quedó por debajo de la inflación por octavo mes consecutivo
El objetivo, explican en la Casa Rosada, es ofrecer una alternativa más accesible que permita cubrir necesidades de liquidez sin agravar el costo de la deuda provincial.
El beneficio alcanzará a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Este mecanismo ya había sido aplicado en enero de 2026, cuando el Gobierno autorizó un adelanto similar para la provincia de Entre Ríos.
Según se indicó, es “una política habitual”. Entonces, en vez de que todos los meses pidan, en este caso las provincias le indicarían al Gobierno qué es lo que necesitan.
Gobierno, provincias, fondos
POLITICA2 días agoDos jubiladas que le habrían prestado dinero a Manuel Adorni negaron conocerlo
POLITICA2 días agoQuiénes son las dos acreedoras del préstamo con el que Adorni compró su departamento en Caballito
POLITICA20 horas agoEl Gobierno reevalúa la estrategia de comunicación por el caso Adorni y mide el impacto en la imagen de Milei
















