POLITICA
¿Qué hacemos con Cristina?
La condena contra Cristina Fernández de Kirchner reavivó al panperonismo, generó tensión social y dejó al gobierno de Javier Milei como un espectador ausente frente a una posible crisis.
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En la madrugada del domingo, un operativo de seguridad liderado por la Policía Metropolitana de Buenos Aires desalojó el acampe desplegado en la intersección de las calles San José y Humberto Primo por los manifestantes que apoyaban a Cristina Fernández de Kirchner desde el momento en que se conoció la condena. El operativo incluyó algunas escenas de violencia acotada y una publicación en la cuenta de X de la fuerza policial en la que se anunciaba la liberación de la zona. No duró demasiado: apenas un rato después los simpatizantes de la exvicepresidente volvieron a ocupar el lugar, y Cristina salió varias veces al balcón de su domicilio de San Juan 1111 para saludarlos.
Unas horas antes, en la mañana del sábado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió en una entrevista radiofónica que su posición personal era que Cristina debía ser beneficiada con la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta su condición de mayor de setenta años y exvicepresidente de la Nación, además de cuestiones de orden público, aunque dejó en claro que el gobierno no intentaría involucrarse en una decisión que correspondía al poder judicial.
Ambos hechos reflejan con claridad las dos posiciones preponderantes dentro del oficialismo, el establishment y la derecha argentina: Cristina presa sin domiciliaria, con una detención que incluya escenas de escarnio, es el escenario preferido por el macrismo, el poder económico liderado por Clarín y Techint y Patricia Bullrich y sus mandantes. También lo es el de los mercados, siempre y cuando pueda garantizarse el orden social. El problema es que el gobierno no puede asegurarlo, y ha sido un convidado de piedra en la resolución de una larga disputa en la que no se le permitió ser más que un espectador, habida cuenta su nula influencia sobre el arco judicial. Aunque en la práctica libertarios y kirchneristas vienen trabajando conjuntamente en la agenda legislativa, Santiago Caputo pretende “despegarlo” de la trama, aunque reclamando el mérito falaz de que Javier Milei fue el presidente en cuya gestión Cristina fue presa, sumando así a la domesticación de la inflación su exitosa lucha contra la corrupción. De ahí la intervención mediática de Francos.
El temor a que la situación se desmadre en caso de concretarse una marcha multitudinaria de acompañamiento a la exvicepresidente a su entrega en los tribunales de Comodoro Py el próximo miércoles causa urticaria dentro de un gobierno nacional que parece desaparecido de la escena política desde hace diez días. Javier Milei pasea por el mundo sin razón oficial alguna, prácticamente al margen del desenlace del affaire Cristina, y ya ha sido advertido en las páginas de Clarín de que no debe involucrarse en la cuestión, a riesgo de ser el próximo condenado. Pese a eso, la tensión en la derecha subsiste y alcanza alto voltaje. Por lo pronto ya han conseguido victimizar a Cristina sin quererlo, han propiciado un acercamiento de las diversas tribus del panperonismo que desde hace años no paraban de confrontar, y han conseguido que decenas de intendentes de todo el país, gobernadores, movimientos sociales y gremios hayan anunciado públicamente su participación activa en la marcha, incluso disponiendo medidas de fuerza sindicales. La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), por su parte, señaló que no convocaría a un paro, pero que activaría su capacidad de movilización en caso de que se le negara la reclusión domiciliaria. En síntesis, en lugar de conseguir la demonización definitiva de la exvicepresidente terminaron empoderándola, con su domicilio como templo de referencia de una especie de religión civil que reconoce en el local del Partido Justicialista (PJ) su centro operativo.
Mirando los hechos con raciocinio desapasionado, cabría preguntarse si una decisión tan polémica como la que adoptó la Corte Suprema en tiempo récord podría haber generado otro resultado. El camino adoptado, bajo la presión de los plazos electorales, fortaleció en cambio la interpretación sobre la proscripción y lawfare, a punto tal que, si bien más de la mitad de los argentinos la considera culpable, un 42 por ciento no duda de su inocencia. Una nueva grieta que nada contribuye a consolidar la convivencia democrática.
El gobierno nacional, aliado del kirchnerismo, y algunos sectores de la Justicia, prefieren la asignación de prisión domiciliaria y el cumplimiento de los trámites administrativos de manera virtual, para evitar el desplazamiento físico de Cristina e impedir una marcha que se presume como multitudinaria. Para la paz social sería la solución más madura, pero no parece ser la posición de los sectores de la derecha más extrema. Mucho menos pueden aceptar las imágenes de una Cristina sonriente, en el balcón de su departamento, exhibiéndose ante sus seguidores y tuiteando con generosidad sus críticas sobre los “tres monigotes” de la Corte Suprema, sus mandantes y sobre un gobierno que estaría conduciendo a la Argentina a un nuevo salto al vacío, repitiendo recetas económicas que demostraron sus consecuencias, desde José Alfredo Martínez de Hoz hasta acá.
Para la ministra Patricia Bullrich y para muchos de los ultras, una movilización masiva con aplicación de su protocolo anti-piquetes generaría las condiciones adecuadas para una batalla campal de consecuencias impredecibles. Para la gobernabilidad de la sociedad y para la vigencia de la convivencia democrática eso tendría consecuencias letales. Para los más sobrios, “Cristina lo hizo de nuevo”, ya ganó aunque a costa de la pérdida de su libertad formal y su exclusión definitiva de la vida institucional, a punto tal que la confrontación entre el cristinismo y el kicillofismo se procrastinó, aunque sus fundamentos subsistan.
¿Qué, hacemos, con, Cristina?
Apenas unas horas después de la sanción de los cambios en el régimen de protección de glaciares, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó la primera ofensiva judicial contra la nueva ley. Se trata de una acción de amparo colectivo por el que solicita declarar la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la reforma, junto con una medida cautelar para suspender su aplicación en todo el país.
La demanda fue presentada ante la Justicia Federal de Santa Rosa y fue firmada de manera conjunta por el gobierno pampeano, la Universidad Nacional de La Pampa, la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos y la Fundación Chadileuvú (Fuchad).
Los demandantes sostienen que la ley aprobada esta madrugada por la Cámara de Diputados introduce cambios regresivos en la protección ambiental y vulnera derechos constitucionales.
En el escrito judicial se solicita que se declare la “inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la Ley Nº 27.804”, al considerar que la reforma “introduce reformas regresivas al régimen de presupuestos mínimos contenido en la ley de glaciares” y lesiona derechos colectivos de raigambre constitucional, como el derecho al ambiente sano y al acceso al agua.
Además, reclaman la suspensión inmediata de la norma hasta que haya una sentencia definitiva. Argumentan que permitir su aplicación mientras se discute su validez podría generar “daños ambientales graves e irreversibles”. Según plantean, la nueva legislación habilita actividades “susceptibles de alterar ecosistemas” y aseguran que eso introduce un riesgo concreto para el ambiente “cuya recomposición podría resultar extremadamente compleja, cuando no directamente imposible”.
Hasta esta madrugada, la ley de glaciares sancionada en 2010 confería una protección total sobre el ambiente glaciar y periglacial por considerarlo reserva estratégica de recursos hídricos y proveedor de agua para las cuencas hidrográficas. El Instituto de Nivología y Glaciología (Ianigla) ya inventarió casi 17.000 cuerpos de hielo a lo largo de la Cordillera de los Andes y las islas del Atlántico Sur.
La nueva ley, en cambio, establece que esa protección regirá “hasta tanto” las provincias que contienen glaciares comprueben, mediante estudios técnicos más profundos, qué áreas cumplen con esa función hídrica y cuáles no. Las zonas en las que se verifique que no son reservas de agua se podrán sacar del inventario del Ianigla y habilitar allí proyectos productivos, hasta ahora prohibidos.
El eje del planteo judicial es que los cambios vulneran el principio de presupuestos mínimos ambientales previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Para los demandantes, el nuevo esquema rompe el estándar uniforme de protección que debe fijar la Nación.
La demanda sostiene que el estado nacional tiene la obligación de garantizar “un piso uniforme de tutela que de ninguna manera puede quedar librado a determinaciones variables o fragmentarias de cada jurisdicción”, especialmente cuando se trata de bienes ambientales interjurisdiccionales como los sistemas glaciares y las cuencas hídricas.
“La Pampa no posee glaciares en su territorio, pero depende de manera directa de los procesos hidrológicos que se originan en regiones cordilleranas que alimentan, entre otros, la cuenca del río Colorado y otros sistemas históricamente conflictivos para la provincia”, explican los demandantes en el texto.
En ese sentido, el escrito afirma que la reforma configura una regresión normativa, ya que -señala- reduce el nivel de protección establecido por la ley vigente sin una justificación constitucional suficiente.
Otro de los puntos centrales del amparo es la crítica al proceso legislativo que derivó en la sanción de la reforma. Los demandantes sostienen que se violaron los estándares de participación pública previstos en el Acuerdo de Escazú.
Según la presentación, las audiencias públicas convocadas en el Congreso “se configuraron como instancias meramente formales, carentes de toda eficacia real y sustantiva”, pese a que cientos de miles de ciudadanos se inscribieron para participar.
sanción de los cambios en el régimen de protección de glaciares,pic.twitter.com/Elt3c2hOVT,April 9, 2026,Delfina Celichini,Conforme a
POLITICA
Diputados: crece la preocupación en el oficialismo por el desgaste de Adorni y la oposición redobla la presión
La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya impacta en el oficialismo y abre tensiones internas en el bloque de La Libertad Avanza, en medio de la avanzada opositora para forzar su interpelación en Diputados.
El intento del miércoles pasado dejó una señal de alerta: aunque la oposición no logró habilitar el tratamiento por falta de una mayoría agravada, sí consiguió reunir los votos suficientes para mostrar que puede construir una mayoría circunstancial.
En paralelo, crece la inquietud dentro del oficialismo. Según pudo saber TN, algunos legisladores —especialmente los que se sumaron desde otros espacios— reclaman una definición política frente al desgaste de la figura de Adorni, reflejado también en encuestas.
“Es fundamental que se resuelva esta situación. No nos dejan hablar del tema como quisiéramos. Están cerrados en defender lo indefendible”, admitió, en reserva, un diputado libertario que se incorporó el año pasado.
La presión de la oposición
En la Cámara baja, la oposición ya trabaja para insistir con la interpelación. El primer intento fue impulsado por la diputada de Unión por la Patria, Paula Penacca.
La votación terminó con 124 votos a favor y 118 en contra, pero no alcanzó el umbral de tres cuartas partes necesario para habilitar el debate. Aun así, el resultado encendió alarmas en el oficialismo.
El dato clave: hubo ausencias de aliados habituales del Gobierno —como legisladores vinculados a gobernadores— que podrían inclinar la balanza en una próxima sesión.
Desde la oposición ya anticipan que insistirán. Incluso no descartan avanzar con una moción de censura.
“Es un papelón, una vergüenza. No pueden explicar sus propiedades ni sus viajes. Es un acto claro de corrupción”, lanzó Penacca durante la sesión.
Una fecha clave: 29 de abril
El foco ahora está puesto en el 29 de abril, cuando Adorni deberá presentarse en la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión.
Allí enfrentará más de 4000 preguntas enviadas por los legisladores, muchas de ellas vinculadas a su patrimonio, sus viajes al exterior y el financiamiento de esos traslados.
En el oficialismo no descartan que la oposición intente, antes de esa fecha, convocar a una sesión especial para reactivar la interpelación.
Preocupación en el bloque libertario
La interna libertaria empieza a asomar. Esta semana hubo una reunión de bloque encabezada por Gabriel Bornoroni, donde, si bien el caso no fue el eje central, sí apareció en las conversaciones.
“Yo no me sumaría a una operación así. Si la Justicia está actuando, hay que esperar”, sostuvo un diputado de la primera hora en defensa del jefe de Gabinete.
Sin embargo, el bloque no es homogéneo. Para alcanzar su volumen actual, La Libertad Avanza sumó dirigentes provenientes del PRO, la UCR y otros espacios, lo que explica las distintas miradas internas frente a la crisis.
El respaldo de Milei, por ahora firme
Por el momento, el presidente Javier Milei mantiene su respaldo a Adorni y descarta cambios en el Gabinete.
En la bancada oficialista esperan una definición más clara después de la presentación del 29 de abril, aunque admiten que la presión política podría escalar en los próximos días.
Mientras tanto, la oposición ya se organiza para volver a la carga. Y en el oficialismo, el caso Adorni dejó de ser solo un problema judicial para convertirse en un frente político abierto.
Manuel Adorni, Diputados, La Libertad Avanza
POLITICA
La Ciudad anunció un plan de viviendas orientado a familias de clase media y oficiales de la policía
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó este jueves un plan de viviendas para familias de clase media y policías durante un acto en el barrio de Parque Chacabuco. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indicó que los recursos del Instituto de la Vivienda (IVC), antes destinados a la urbanización de barrios populares, se utilizarán para facilitar el acceso a la propiedad mediante obras y créditos hipotecarios.
La iniciativa proyecta la construcción de 379 hogares en un plazo de tres años. Las construcciones se distribuirán en Villa Soldati, Constitución y Parque Chacabuco, barrio donde se utilizará un terreno sobre avenida La Plata que perteneció al IVC y estuvo ocupado por más de 20 años.
“Con la plata que antes se destinaba a regalar viviendas en las villas, vamos a construir nuevas para familias de clase media y para policías”, dijo Macri. El funcionario calificó el estado previo de los predios como “una muestra del abandono”.
El edificio de Parque Chacabuco se ubicará junto al Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC 42). Contará con nueve pisos y 53 departamentos de diversas dimensiones. La obra incluirá un parque interno, cocheras y salones de usos múltiples. En Villa Soldati se edificarán 190 inmuebles. En Constitución se prevén 136 departamentos. En total, se destinarán $13.171 millones para este proyecto.
Según informaron fuentes oficiales, la política crediticia del Banco Ciudad fija condiciones especiales para la policía: los uniformados podrán acceder a préstamos en UVAs con una tasa fija del 7% anual, con una cuota que no superará en ningún caso el 25% de los ingresos netos del solicitante o de su grupo familiar.
El GCBA destacó que, de los 30.587 efectivos que integran la fuerza de la Ciudad, solo 5350 viven en la Capital Federal, mientras que otros 25.237 residen en la provincia de Buenos Aires.
Para el resto de los porteños, el gobierno de la Ciudad subsidiará dos puntos de la tasa de interés (previamente del 9,5%) para que el valor final se ubique en un 7,5% más UVAs.
El Banco Ciudad dispuso créditos para la primera casa por un monto máximo de 150 millones de pesos, mediante líneas de financiamiento que tienen un plazo de devolución de 20 años y alcanzan a empleados en relación de dependencia, autónomos y monotributistas.
facilitar el acceso a la propiedad mediante obras y créditos,ingresos netos del solicitante o de su grupo familiar,Jorge Macri,GCBA,Ciudad de Buenos Aires,Conforme a,,Tensión. Con Rosatti a la cabeza, el Consejo advirtió que no aprobará a libro cerrado el proyecto de la Corte sobre selección de jueces,,Quieren ascender a un magistrado ligado al kirchnerismo. Avanza el nombramiento de 70 nuevos jueces y el oficialismo busca aprobarlos antes del 15 de mayo,,Reforma aprobada. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires celebró la sanción de la ley de glaciares,Jorge Macri,,No solo en hospitales. Los porteños tendrán prioridad en todos los servicios que ofrece la Ciudad,,Legislatura porteña. Pro tendrá su primer test del año como tercera minoría y llega a la sesión con tensiones internas,,En fotos. De la noche especial de Guillermo Francella a los besos de Andrea Frigerio y la salida de Adrián Suar y su novia
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