POLITICA
Que los jueces no paguen Ganancias le cuesta al Estado más de $ 760.000 millones de recaudación

Tal como se dio durante el kirchnerismo, el Gobierno vuelve a meter presión sobre la Justicia al advertir que por la no retención del Impuesto a las Ganancias a jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial, el fisco dejará de recaudar $ 766.864,9 millones durante 2025. El dato podría reavivar un debate que el peronismo quiso instalar en 2022, pero fracasó al no reunir los apoyos en el Congreso.
Durante el año pasado, la AFIP, hoy convertida en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se perdió de sumar $ 490.870,9 millones por la exención a los judiciales, según datos del Ministerio de Economía, que comanda Luis «Toto» Caputo. El costo fiscal de este beneficio viene en un ascenso galopante porque en 2023, la cifra fue de $ 285.728 millones mientras que el año anterior, es decir 2022, había alcanzado los $ 123.033 millones.
Lo que resulta apabullante es la comparación entre lo que deja de percibir el Estado y lo que ingresa del impuesto a las Ganancias desde el Poder Judicial. Para este año, el Gobierno prevé una recaudación de $ 10.367 millones por este tributo entre jueces, fiscales y funcionarios judiciales mientras que durante 2024, la cifra se ubicó en $ 9.082 millones, según los números que fueron publicados en el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó recientemente en la Cámara de Diputados.
Un dato a tener en cuenta es que este gravamen se aplica para los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial que ingresaron a partir de 2017, mientras que aquellos que fueron designados con anterioridad al 31 de diciembre de 2016 continúan exentos de pagar este gravamen, según el protocolo acordado por el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Mauricio Macri.
Además, según se informó en el Congreso, aquellos judiciales que quedaron alcanzados por el impuesto a las Ganancias pagan por el salario básico y no por la antigüedad y otros items que se incluye en el recibo, lo que también marca una diferencia respecto del resto de los contribuyentes que tributan por sus sueldos.
Sin embargo, las tensiones entre el poder político y el judicial siempre estuvieron presentes. Durante el último gobierno K, el entonces ministro Sergio Massa quiso eliminar la exención para que todos los empleados judiciales paguen el tributo y lo incluyó en una separata del proyecto de Presupuesto 2023, el último aprobado por el parlamento, a partir de una propuesta elaborada por el ahora ex diputado Marcelo Casaretto (Entre Ríos).
De esta manera, el tigrense buscaba engrosar la recaudación en $ 237.000 millones. La medida avanzó en el tratamiento en comisión, tuvo despacho de mayoría, pero cuando se trató en el recinto en la votación en particular fue rechazada al contabilizar 134 votos en contra y 116 a favor. En aquel proyecto de Presupuesto, el peronismo quiso que el impuesto también alcance a los jubilados del Poder Judicial, pero tampoco pasó la votación en particular de la Cámara Baja.
Ahora, desde el gobierno de Javier Milei, se informó que el haber promedio del haber de un jubilado o pensionado del Poder Judicial y del Ministerio Público está $ 5.974.500. Mientras que el haber máximo -ese régimen no tiene tope- que el Estado está pagando en la actualidad es $ 17.715.371. Todos estos datos fueron dados por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, y corresponden a febrero de 2025 sobre una base de 6.007 beneficios previsionales, entre jubilados y pensionados del Poder Judicial.
Pero según recordaron protagonistas del momento en que se hizo el último intento en el Congreso para que los jueces paguen Ganancias, en 2022, los representantes de la Asociación de Magistrados pidieron una audiencia en Diputados al ver que avanzaba la reforma para ofrecer alternativas a lo que se estaba discutiendo en la comisión de Presupuesto. Fueron recibidos justo dos días antes de que el tema se tratara en el recinto.
Paralelamente, los representantes de los jueces también llegaron a pedir una entrevista con Cristina Kirchner, entonces vicepresidenta y titular del Senado, quien los citó para el día después del tratamiento de la ley en la Cámara Baja. Cuentan que como la votación terminó rechazando la propuesta de Casaretto, los representantes de los jueces no asistieron al encuentro con la ex presidenta.
El último choque entre la política y la justicia por Ganancias se dio a partir de la aprobación del paquete fiscal, el año pasado y que restituyó la cuarta categoría. Justamente, la Federación Judicial Argentina (FJA) presentó una medida cautelar para suspender la aplicación de la Ley 27.743, que restableció el gravamen, al advertir que la normativa es inconstitucional.
Por su parte, la Corte Suprema ya dijo que la Constitución protege la irredimibilidad del salario de los magistrados, y advierte que el pago de Ganancias es una disminución de los sueldos.
En la actualidad no hay propuestas para que los jueces paguen Ganancias que estén dentro de la agenda legislativa.
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POLITICA
Causa Cuadernos: uno por uno, quiénes son los 25 arrepentidos que podrían ser determinantes

El jueves 6 de noviembre comenzó el juicio por Causa Cuadernos, a cargo del Tribunal Oral Federal 7, que tiene como imputados principales a Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, el chofer, Oscar Centeno,y el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación, Roberto Baratta.
Leé también: Dura acusación a Cristina Kirchner en el inicio del juicio de los Cuadernos: “Intervino en asociación ilícita”
El juicio se realizará íntegramente de manera virtual y desde la semana que viene comenzarán a declarar los empresarios y exfuncionarios arrepentidos. Son 25 los imputados que se acogieron a esta figura para lograr un mejor acuerdo en caso de resultar condenados.
Los arrepentidos deberán ratificar lo que declararon ante la fiscalía para mantener su acuerdo y evitar ser denunciados por falso testimonio.
La lista completa de arrepentidos incluye a:
- Ernesto Clarens: financista señalado como uno de los principales recaudadores.
- Rodolfo Armando Poblete: exejecutivo de la firma Hidrovía S.A
- Víctor Fabián Gutiérrez: exsecretario privado de Cristina Kirchner.
• Enrique Pescarmona: fundador del grupo Impsa.
• Francisco Valenti: del grupo Impsa.
• Miguel Aznar: presidente de Vial 3, empresa que tenía la concesión de la Ruta 9.
• Alberto Taselli: empresario del sector energético.
• Gabriel Pedro Losi: de LOSI S.A.
• Patricio Gerbi: titular de la empresa Coarco.
• Marcela Sztenberg: directora de la constructora Equimac.
• José López: exsecretario de Obras Públicas.
• Benjamín Romero: de la empresa EMEPA.
• Jorge Balan: de Electroingeniería.
• Claudio Uberti: exfuncionario del Ministerio de Planificación.
• Juan Chediack: expresidente de la Cámara de la Construcción.
• Aldo Roggio: titular del Grupo Roggio.
• Claudio Glazman: del grupo Roggio.
• Jorge Neira: de Electroingeniería.
• Carlos Wagner: expresidente de la Cámara de la Construcción.
• Héctor Alberto Zabaleta: exdirectivo de Techint.
• Armando Loson: del grupo Albanesi.
• Héctor Javier Sánchez Caballero: de Iecsa.
• Ángelo Calcaterra: exdueño de la constructora Iecsa.
• Juan Carlos de Goycoechea: de la constructora Isolux.
• Oscar Centeno: exchofer y autor de los cuadernos.
La declaración de los 25 arrepentidos constituye una pata fundamental de la acusación, a cargo de la fiscal Fabiana León, y que ahora deberán juzgar Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.
La causa comenzó con las anotaciones de Centeno, quien registró detalladamente el supuesto circuito de coimas entre empresarios de la obra pública y funcionarios del gobierno durante las presidencias de Néstor Kirchner(2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015).
La investigación, que comenzó en 2018 con el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, reveló un presunto esquema sistemático de recaudación ilegal de fondos a cambio de contratos de obra pública, involucrando miles de millones de dólares.
Para la fiscalía, los acusados “integraron una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.
La investigación asegura que “el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411, CABA –domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández-, en la Residencia Presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos”.
Leé también: El mensaje de Cristina Kirchner antes del arranque del juicio por los cuadernos de las coimas
Cistina Kirchner llega al juicio como supuesta jefa de la asociación ilícita, imputada por recibir fondos a través de intermediarios. El exministro de Planificación, Julio De Vido, está señalado como el organizador del circuito de sobornos y quien supervisaba los contratos. Está procesado por asociación ilícita y cohecho.
Según la acusación, Baratta era el encargado de recaudar las coimas y viajaba con Centeno para realizar las entregas. El chófer fue uno de los primeros en acogerse a la figura del arrepentido para negociar una condena menor a cambio de su testimonio.
¿Qué confesaron los empresarios al momento de convertirse en arrepentidos? Varios delitos: millones en coimas, cartelización de contratos, coimas por represas, concesiones aeroportuarias, subsidios en energía, entre otros. El testimonio de los arrepentidos es una pata central de la acusación y la mayoría identificó a Cristina Kirchner y a De Vido como las cabezas de la organización.
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POLITICA
Falleció Dylan, el perro de Alberto Fernández: “Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad”

La noticia del fallecimiento de Dylan fue comunicada por Alberto Fernández este miércoles a través de su cuenta de Instagram. “Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura”, escribió el expresidente.
Fernández añadió en su mensaje: “Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio. En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido”.
Dylan en la foto de la Quinta de Olivos
Dylan era de raza collie, nació en Pilar el 6 de enero de 2016 y albergó una gran presencia en las redes sociales. En Instagram, la cuenta de la cacumuló más de 46.000 seguidores, y en Twitter cerca de 21.000.
El vínculo entre Fernández y Dylan se popularizó durante la presidencia 2019-2023, cuando el perro acompañó actos oficiales y aparecía en publicaciones desde la Quinta de Olivos o Puerto Madero.

Dylan y Alberto Fernández en helicóptero durante la pandemia
En su emotivo posteo final, el expresidente concluyó: “Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”.
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POLITICA
Piqueteros y organizaciones sociales preparan una ofensiva para diciembre contra el Gobierno de Milei

Los movimientos sociales y piqueteros se preparan para un diciembre de alta tensión con el Gobierno nacional. Diversas organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Bloque Piquetero y Territorios en Lucha avanzan en conversaciones para coordinar acciones conjuntas antes de fin de año, mientras buscan sumar a gremios y sindicatos afiancen a una ofensiva política y callejera contra las políticas económicas de Javier Milei. “Va a ser un diciembre difícil”, sintetizaron y resonó a advertencia.
Funcionarios de la Casa Rosada, en diálogo con Infobae, afirman estar “preparados” para un fin de noviembre y el último mes de 2025 de “alta conflictividad y movilizaciones en todo el país”. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, sostuvieron que la política de “tolerancia cero a los piquetes” se va a mantener. Y recordaron: “Los gerentes de la pobreza pueden amenazar todo lo que quieran, pero les recuerdo que de diez mil piquetes a año pasamos a cero corte arterias como la Avenida 9 de Julio”.

Dirigentes de la conducción de la UTEP le confirmaron a Infobae que trabajan en “un documento propositivo” que se presentará en los primeros días de diciembre, en coincidencia con la intención del Poder Ejecutivo de avanzar con una reforma laboral. “Será una propuesta integral desde la economía popular para discutir el rumbo del país”, señalaron desde la organización.
En diálogo con este medio, el secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo, adelantó que se está gestando una acción conjunta con distintos sectores del campo popular: “Estamos trabajando para hacer una movida importante a principio de diciembre con todos los movimientos sociales, populares y aquellos que se reivindican piqueteros. Algunos sectores sindicales también”. La ruta de las medidas de fuerza será cerrada, acordada, en los próximos días.
Gramajo explicó que, además de la coordinación territorial, la UTEP elabora un documento para instalar un debate público sobre la situación de millones de trabajadores que quedan fuera de la discusión sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno: “Estamos trabajando un borrador de documento donde vamos a plantear la problemática de los 10 o 12 millones de trabajadores que no discute la reforma laboral”. Y agregó: “Nosotros tenemos propuestas para intervenir en esta discusión. El debate principal está puesto en los trabajadores formales, pero el Gobierno intenta construir un relato público de que esta reforma va a resolver el problema de la informalidad, y sabemos que no es así”.

El dirigente también anticipó que también participarán en otros debates de la agenda oficial: “Por supuesto, también vamos a intervenir en la discusión sobre la política de los vouchers que supuestamente quiere implementar el Gobierno, que no es más ni menos que repetir el fracaso de Mauricio Macri y Alberto Fernández” con programas alternativos a lo que fue el programa Potenciar Trabajo que fue dato de baja por la Libertad Avanza y trasformado en Volver al Trabajo y Acompañamiento Social y que fue anunciado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP durante sus primeros 12 años de vida, también participará de manera activa en las marchas y movilizaciones. El dirigente ya mantiene conversaciones en el partido bonaerense de La Matanza con Juan Carlos Alderete, el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). “Nuestro pueblo está hambreado. Tenemos que pelear. No solo Milei, Caputo y Pettovello quitaron la comida a los comedores y merenderos comunitarios, con auditorias nunca realizadas, además nuestra conquista más importante que fue el Salario Social Complementario está en la mitad de la mitad de un salario mínimo, vital y móvil. Es indigno que se gane 78 mil pesos al mes trabajando 14 o 12 horas todos los días en las distintas actividades de la economía popular”, aseguró el integrante del Frente Patriótico por la Justicia Social.

“El hambre no espera”, reforzó la idea el dirigente del Movimiento Misioneros de Francisco y recordó que su principal convocatoria para las próximas movilizaciones -y las que ya encabezó- “es por el salario social complementario”.
“Se viene un diciembre duro”
En paralelo, dirigentes y militantes de movimientos sociales y sindicatos que integran la Multisectorial de La Matanza debatieron las próximas medidas para “enfrentar las políticas económicas del Gobierno nacional”. El encuentro se realizó en la Escuela Amarilla de Gregorio de Laferrere, donde los presentes coincidieron en “salir a las calles” y reanudar las movilizaciones de manera progresiva.
Entre los participantes hubo representantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la CTA Autónoma de La Matanza, Barrios de Pie, el Partido Comunista local, el Sindicato de Canillitas, la Federación Argentina Azul; el Frente Patriótico por la Justicia Social y un Ala de Clubes de Barrios, personal del Hospital Paroissien y la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines.
Los distintos sectores reconocieron que “se viene un diciembre duro” y acordaron “retomar las movilizaciones en forma paulatina para frenar las políticas de ajuste de Milei” con mayores concentraciones y protestas en las proximidades de las fiestas de Navidad y Fin de Año. También ratificaron su apoyo al gobernador bonaerense Axel Kicillof y cuestionaron el rol de la CGT, a la que acusaron de ser “funcional al Gobierno”.

En declaraciones a Radio Universidad, el secretario general de la CTA Autónoma distrital, Beto Galeano, sostuvo que “la democracia no es solo votar cada dos años, sino también expresarse libremente”.
El dirigente gremial también expresó: “La disputa es en las calles. Lo vamos a hacer junto a una buena parte de nuestro pueblo, que no es suicida, pero tampoco tiene miedo a las represiones y no se va a quedar de rodillas en su casa. Estamos dispuestos a ser el canal de expresión de las rebeliones populares”, afirmó.
El sindicalista reclamó “un modelo de país completamente distinto, con trabajo y salarios dignos”, y advirtió que buscarán “no repetir los errores del gobierno de Alberto Fernández”.
A su turno, El líder de la CCC, Juan Carlos Alderete, apuntó contra “la entrega del país a Estados Unidos por parte de los sectores oligárquicos que trabajan para dejar en la ruina al pueblo”. Explicó además que la Multisectorial de La Matanza había interrumpido sus reuniones “por las distintas tareas asumidas durante la cuestión electoral”, pero que ahora retomarán la coordinación de acciones.
Entre las definiciones de la Multisectorial, el referente de la CCC señaló que se resolvió lanzar una Jornada Nacional de Lucha el 28 de noviembre, que tendrá su epicentro en La Matanza, pero que, según adelantó, será coordinada a nivel federal junto a otras organizaciones de todo el país.
“La falta de trabajo es sinónimo de hambre”, explicó el exdiputado nacional, quien añadió que la jornada buscará visibilizar la situación social y rechazar las reformas previsional y laboral que impulsa el Gobierno, a las que calificó como intentos de “dividir al movimiento obrero”.

Agenda de movilizaciones
Mientras tanto, la UTEP definió un cronograma de acciones para los próximos días. El viernes 14 de noviembre realizará una concentración de la rama de trabajadores y trabajadoras del espacio público frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación, a las 10 de la mañana. Reclamarán la apertura de una mesa de diálogo para la regularización del sector, denunciando persecuciones, decomisos y estigmatización por parte de fuerzas estatales.
En tanto, el 26 de noviembre, coincidiendo con la convocatoria del Consejo del Salario, habrá una nueva movilización a las puertas de la Secretaría de Trabajo. Exigirán el acople del Salario Social Complementario al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), su actualización, un bono de fin de año y la continuidad del programa durante 2026.
Con el calendario social y político en tensión, y diciembre en el horizonte, las organizaciones de base buscan volver a ocupar las calles como escenario central de disputa con el Gobierno libertario.
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