POLITICA
Qué medidas deberá aplicar la Argentina para que EEUU acepte incluirla entre los países que no necesitan visa

El presidente Javier Milei ya firmó con la secretaria del departamento de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, una carta de intención para que la Argentina sea aceptada en el programa de exención de visa para viajes cortos, por lo que ahora comenzará un proceso de adaptación de los controles migratorios que son necesarios para obtener ese beneficio con el que el país contó hasta el 2002.
Desde que se conoció la noticia, las autoridades nacionales, y especialmente el área de Cancillería, se encargaron de aclarar que la flexibilización de las normas de ingreso al territorio norteamericano -por periodos de hasta 90 días, por turismo o trabajo- no serán automáticas, sino que, muy por el contrario, se trata de un proceso extenso y complejo que demandará muchos meses.
“Sería muy difícil que sea en menos de un año, no sé si algún país lo ha hecho en menos de ese plazo”, remarcó la funcionaria de la administración de Donald Trump horas después de que se formalizara el acuerdo en la Casa Rosada.
No obstante, se trata de un nuevo gesto de acercamiento geopolítico de Milei con la administración republicana, que viene endureciendo su política fronteriza.
En este sentido, fuentes diplomáticas destacan que se trata de “una señal clara de confianza institucional y de cooperación bilateral excepcional”.
“La tendencia internacional es restrictiva: crisis humanitarias, flujos migratorios irregulares y preocupaciones de seguridad han llevado a muchos países a cerrar puertas. Por eso esto es una excepción estratégica”, señalaron.
Para quienes trabajaron en esta iniciativa, este “es el resultado de un proceso técnico complejo, que apunta a reforzar la seguridad de ambos países”.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, este acuerdo es tan solo un primer paso y ahora el gobierno libertario deberá avanzar con una serie de modernizaciones en el sistema migratorio, principalmente en aquellos vuelos que tengan como destino final a EEUU.

Si bien las normas que se empezarán a implementar “dependerán de los requisitos que pidan” las agencias estadounidenses, hay varios puntos con los que ya tiene previsto comenzar la gestión de Milei.
Una de estas iniciativas es la de fortalecer la entrega de pasaportes electrónicos, los cuales se introdujeron hace más de una década, pero de manera paulatina y de forma dispar en las diferentes provincias.
Este documento cuenta con un chip ubicado dentro de una de las tapas, que guarda los datos biométricos y de seguridad de su portador, para así facilitar los controles fronterizos automatizados.
Incluso, el año pasado la Argentina se incorporó al Directorio de Claves Públicas de la ONU (PKD, por sus siglas en inglés), un mecanismo de intercambio de información entre todas las naciones participantes.

De esta manera, cuando una persona presente su pasaporte a las autoridades locales o extranjeras, el organismo internacional ayuda a confirmar que el mismo sea legítimo y que no haya sido manipulado.
Por otra parte, el Gobierno ya fue informado respecto de que debe bajar la tasa anual de denegación de visados de turismo, la cual el Departamento de Seguridad estadounidense exige que sea menor del 3% en aquellos países que se postulen para el Programa Visa Waiver.
De acuerdo con cifras oficiales, el último dato registrado corresponde al año fiscal del 2024 y el número correspondiente a esos rechazos a nivel local fue de poco menos del 10%, lejos de los estándares necesarios.
Si bien el endurecimiento de las normas depende de la Embajada en Buenos Aires, la gestión de Milei puede colaborar facilitando el entrecruzamiento de datos públicos de aquellas personas que realicen el trámite.
De hecho, este mismo lunes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó un acuerdo paralelo con Noem que establece “la cooperación para identificar prófugos, combatir el narcotráfico y blindar las fronteras” de ambas naciones.
“Avanzar con este programa de exención de visa no solo facilita la vida a quienes viajan, sino que mejora la reputación internacional de la Argentina, refuerza la atracción de inversiones y profundiza un vínculo bilateral que ya es estratégico“, remarcaron las fuentes diplomáticas.
Según la información que surge de los registros internos de Migraciones, en lo que va del 2025 -hasta junio último-, un total de 239.573 argentinos viajaron a los Estados Unidos, mientras que el año pasado fueron 438.460 los que lo hicieron.

El número viene creciendo de manera sostenida en el último tiempo, aunque lo mismo ocurre con los estadounidenses que vienen al país y que recientemente lo hicieron en cantidades récord.
Excepto por un breve periodo que corresponde a la época de la pandemia del coronavirus, la cantidad de norteamericanos que eligieron a la Argentina como destino turístico subió considerablemente.
De los poco más de 300 mil que lo hicieron en el 2015, por ejemplo, ascendieron aproximadamente 431 mil en el 2019, para después decrecer considerablemente por las complicaciones sanitarias.
El año pasado, en tanto, se registró un total de 563.409 ciudadanos estadounidenses que ingresaron al país, mientras que entre enero y junio pasados ya lo hicieron 277.784, incluso más que los argentinos que viajaron a los Estados Unidos.
Actualmente, son 42 las naciones incluidas en el programa de exención de visa, entre las cuales están Alemania, Italia, Israel, Japón, el Reino Unido, España, Portugal, Suiza, Noruega y Chile, por citar algunos ejemplos.
En caso de que la Argentina acceda a este reducido grupo, quienes quieran ir a EEUU solamente tendrán que tramitar el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA), al igual que deben hacer aquellos que cuentan con ciudadanía de algunos de los países mencionados.
Si bien también deben informar a las autoridades norteamericanas cada vez que planeen viajar a ese territorio, se trata de un procedimiento mucho más sencillo, que se puede hacer de forma online y que cuesta unos pocos dólares (aproximadamente USD20).
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POLITICA
El Gobierno limita su ofensiva al plano judicial y no sale a confrontar con la AFA por el paro del fútbol

En medio de un llamativo silencio casi total, el Gobierno buscó hoy mantener distancia del escándalo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que anunció un paro de todas las categorías para la semana próxima, cuando tengan que prestar declaración indagatoria el titular de la institución, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino.
La decisión de no confrontar en el plano discursivo se contrapone, sin embargo, a la línea que prima en el Gobierno respecto de su ofensiva judicial y administrativa contra la AFA.
De hecho, este martes vencía el plazo para que tanto la AFA, como la Super Liga, presentaran un pedido de mayores explicaciones que le había hecho la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre una documentación presentada previamente.
Mientras que la Super Liga lo presentó, la jornada cerró sin novedades de la AFA. Si bien podría llegar a presentarla mañana temprano sin mayores contratiempos, las autoridades esperan para ver cómo proceder. Si la AFA no lo presenta, por la tarde podrían conocerse novedades. Así lo confirmaron a fuentes del área.
Se trataría de la primera avanzada después de conocido el paro de la novena fecha del torneo (en este caso de primera división), aunque el plazo ya estaba dado de antemano. La IGJ, junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), constituyen los dos pilares sobre los que avanza el Gobierno legalmente.
Lejos de esos avances, en las filas del Ejecutivo eligieron el silencio. “No opinamos sobre el tema” y “es un tema AFA- Justicia”, fueron algunas de las definiciones, lacónicas, desde el corazón libertario ante la consulta de . Fueron en sintonía con las primeras respuestas por la decisión del paro, en el atardecer del lunes.
No es la primera vez que el oficialismo elige esa posición en el caso, en el que deslizan que cualquier declaración política sobre el tema podría derivar en un dolor de cabeza si Tapia o Toviggino reclaman ante organismos deportivos internacionales. Creen que no hay necesidad y que, con lo que ya hay en la Justicia sobre ambos, “es más que suficiente”.
Pese a ese silencio que eligió la administración libertaria en las últimas horas, fuentes de la Casa Rosada dejaron trascender que “no hay una decisión de desacelerar” en la arremetida que en los últimos meses dirigieron contra las autoridades del fútbol argentino.
Las fuentes consultadas afirmaron que se mantiene “la idea de ir a fondo” y en ese sentido apuntaron a que la idea, a través de la ARCA, que presentó en diciembre la denuncia que llevará en los próximos días a Tapia y Toviggino a indagatoria por primera vez, es “seguir adelante, a full”.
La ARCA es querellante en el caso, además de haber sido denunciante por la inexistencia de aportes de la AFA, lo que la convierte en capaz de pedir medidas de prueba o diferentes acciones en el expediente. “Todo lo que encontremos lo vamos a llevar a la Justicia”, definen.
“No hay vuelta atrás”, dijo otra de las fuentes consultadas. A lo que confirmó que a través de la ARCA y la IGJ se seguirá con los caminos iniciados a fines del año pasado.
A la denuncia inicial de ARCA, por la retención indebida de tributos, por la que fueron citados Tapia y Toviggino por el juez en lo penal económico Diego Amarante, el organismo le agregó una presentación a fines del mes pasado, que involucra el presunto uso de facturas apócrifas.
Esto fue denunciado por el organismo luego del cruce de datos con bases de contribuyentes y de un intercambio de notificaciones entre la ARCA y la AFA. En la Casa Rosada no dudaron, al momento de la presentación, en considerar que el material terminará convirtiéndose en una de las “principales denuncias” contra Tapia y Toviggino.
Ese nuevo escrito, ARCA puso en la mira el uso de facturas presuntamente apócrifas con un monto estimado en más de $376 millones, aunque desde el vamos aclararon que no es la cuantificación final, por lo que podría ascender aún más.
En paralelo a lo que sucederá este miércoles y lo que pasará con la ARCA, el otro dispositivo que está en marcha es el de la IGJ, que discute la sede que la AFA dispuso en Pilar, para eludir sus controles. Eso está en la Cámara de Apelaciones y será objeto de fuertes consecuencias.
“Todo lo que encontramos está en las respectivas instituciones. Es la justicia la que interviene ahora”, completaron en referencia a la denuncia que la ARCA y ese movimiento de la IGJ.
En línea con la premisa de no confrontar políticamente, el único que habló públicamente en las últimas horas fue Daniel Vítolo, titular de la IGJ, quien aseguró en referencia al material que se le reclama a la AFA: “Deben dar muchas explicaciones sobre la utilización de los fondos, el cumplimiento de los objetivos de la asociación civil que ellos dirigen las vinculaciones que tienen con otra asociaciones civiles como es el caso de la Superliga”. Fue en diálogo con la señal TN.
“A nadie le viene bien un domingo sin fútbol. Ni a la AFA, ni al Gobierno, pero si nos enfrentamos es muy fácil explicar por qué no hay fútbol”, dijo una de las voces consultadas. Y sumó: “A diario se conocen noticias de desmanejos. No hay mucha duda de qué pasa”.
En la Casa Rosada también consideraron que “queda en evidencia el corporativismo del fútbol argentino”, que cerró filas para apoyar la decisión en apoyo a Tapia y Toviggino.
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POLITICA
Julián López, ministro de Justicia de Córdoba: “Celebramos la media sanción de la ley de baja de edad de imputabilidad”

En una entrevista en Infobae en vivo, Julián López, ministro de Justicia de Córdoba, advirtió sobre las dificultades que enfrenta la provincia para implementar la nueva Ley Penal Juvenil: “El aporte incluido en la ley es mínimo en comparación con lo que invirtió Córdoba solamente en infraestructura”.
En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, López trazó un diagnóstico sobre la situación actual: “Vivimos en un estado de descomposición de la seguridad en general. Cuando hay descomposición social, hay aumento de la pobreza y la indigencia, y automáticamente también aumenta la delincuencia”. El ministro hizo hincapié en el crecimiento de delitos graves cometidos por jóvenes y en la percepción de impunidad que genera en la sociedad.
Reforma en Córdoba y límites del sistema federal
López explicó que Córdoba aprobó a principios de 2025 una reforma del Código de Procedimientos Penal Juvenil: “Se generaron distintas herramientas, sobre todo para jóvenes que vienen de cometer raids delictivos importantes, con dieciocho, veinte ingresos en poco tiempo al sistema correccional”. Relató que, pese a los avances, la aplicación se ve condicionada por las competencias nacionales: “Muchas normas se declaran inconstitucionales y otras son de difícil aplicación cuando el derecho de fondo contrasta con el derecho de forma que pueden aplicar las provincias”.
El ministro argumentó que la baja de la edad de imputabilidad aporta respuestas ante delitos graves: “Celebramos esta media sanción de la ley, para que aquellos chicos que cometen delitos graves puedan encontrar una respuesta del Estado y que sea parte de un régimen diferencial”. Descartó que se trate de igualar el régimen penal juvenil al de mayores: “No es así porque tiene topes, incluso para los años que se le pueden dar a un joven que comete un delito, incluso un homicidio”.
La inversión provincial y los desafíos de infraestructura
Al ser consultado por el financiamiento, López detalló: “El año pasado el gobernador Martín Llaryora anunció la licitación para una obra muy grande, con una inversión de casi 18 mil millones de pesos para este penal juvenil, el campus Papa Francisco, que va a permitir el tratamiento de alrededor de 250 jóvenes”. Destacó que la infraestructura fue pensada para adolescentes entre 16 y 18 años, pero la baja en la edad de imputabilidad obligará a hacer adecuaciones: “Habrá que hacer adecuaciones necesarias para jóvenes de menor edad, entre 14 y 15 años”.
El ministro expresó la preocupación compartida con otras provincias por el escaso acompañamiento nacional: “Sabemos que hay incluido en la ley un aporte que es mínimo, creo que es de 23 mil millones, es mínimo en comparación. Cuento lo que invirtió Córdoba solamente en infraestructura, eso sin contar profesionales, equipos técnicos, infraestructura extra y muchas cuestiones que van a ser necesarias”. Subrayó también la responsabilidad provincial: “Cuando Nación no puede acompañar, las provincias muchas veces toman la decisión de hacerlo eficiente”.
Casos paradigmáticos y la “Ley Joaquín”
López compartió historias que marcaron su gestión en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia: “Un joven apodado el Pistolero ingresó y egresó 18 veces del sistema correccional. Provenía de un espacio sin contención familiar ni social. Hasta que cumplió los 16 años no se pudo dictar una pena privativa de libertad, porque la legislación no lo permitía”.
Narró el caso de Joaquín Esperanti, asesinado a los 14 años por un amigo de la misma edad en Laboulaye: “Fue un hecho muy traumático. Hablé mucho con los padres de la víctima. Por ser menor de edad el victimario, la familia ni siquiera pudo constituirse en querellante, no pudo acceder a la prueba, no podía discutir muchas cuestiones procesales”. Este caso derivó en la presentación de la “Ley Joaquín”, destinada a garantizar derechos de las víctimas: “El gobernador la ha firmado y la ha enviado a la Legislatura para garantizar los derechos de las víctimas”.
Sobre el proceso para los menores no imputables, López admitió: “En estos casos, el joven queda a la buena del juez de menores y se lo priva de la libertad sin juicio ni condena justa. La ley que baja la edad de imputabilidad viene a poner una situación de justicia que no existía, donde los victimarios también tendrán la posibilidad de un juicio justo, de declarar, de tener un abogado”.
El ministro defendió la gradualidad de la reforma: “El proyecto aprobado tiene que ver con la proporcionalidad y el gradualismo. En los casos de homicidio o lesiones graves, permite el tratamiento temprano y rápido, hace que el sistema sea más eficiente y evita que los jóvenes entren en un raíl delictivo de mayor crecimiento”.
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julián lópez
POLITICA
Anunciaron otro interbloque en el Senado: se aliaron Provincias Unidas, partidos provinciales y Pro

CÓRDOBA.- Impulso País es el nombre que eligieron para el interbloque que constituyeron los siete senadores provenientes de Provincias Unidas, partidos provinciales y el PRO. Ya notificaron de su creación a Victoria Villarruel, presidenta de la cámara baja. Con una “visión federal y productiva” buscan “coordinar una agenda legislativa que priorice el desarrollo regional, el trabajo y la búsqueda de consensos racionales en el Congreso», aseguran.
Está integrado por los senadores Alejandra Vigo (Córdoba) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) del bloque Provincias Unidas; Edith Terenzi (Despierta Chubut); Beatriz Ávila (Independencia, de Tucumán) y Enrique Goerling (Misiones), Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa) del PRO.
En las últimas horas en el Senado hubo varios movimientos. Por un lado, Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) dejaron el interbloque Popular que conduce José Mayans. En paralelo, Patricia Bullrich logró imponer a la jujeña como vicepresidenta de la Cámara, desplazando de ese sitial a un representante del kirchnerismo.
Al anunciar la creación de Impulso País, los legisladores sostuvieron que el interbloque se constituye como “una herramienta legislativa al servicio del crecimiento de las provincias y el fortalecimiento de las instituciones nacionales” y plantearon que buscarán consensos que “permitan superar el estancamiento y proyectar a la Argentina hacia un futuro de desarrollo sostenible”.
Este martes Vigo, esposa de Juan Schiaretti, fue reelecta como vicepresidenta segunda del Senado. La tucumana Ávila supo estar distanciada del gobernador Osvaldo Jaldo, pero la relación mejoró el año pasado.
El nuevo interbloque esta semana se mostrará actuando en las sesiones del jueves y viernes. En la primera se tratarán las modificaciones al régimen penal juvenil, la ley de Glaciares y el pliego que nomina a Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea (UE). En la segunda, volverá a votarse la reforma laboral.
Otro senador cordobés, Luis Juez, ayer anunció su pase formal al bloque de La Libertad Avanza, luego de haber integrado el monobloque del Frente Cívico.
dejaron el interbloque Popular,logró imponer a la jujeña,Gabriela Origlia,Conforme a
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