POLITICA
Qué personas son mencionadas en la presentación judicial del Gobierno por los audios de Karina Milei

El Gobierno argentino presentó una denuncia ante la Justicia Federal por una supuesta operación de inteligencia ilegal. La denuncia se produjo tras la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia. Debido a ello, el Ministerio de Seguridad solicitó allanamientos a periodistas y un canal de streaming.
La denuncia del Gobierno, impulsada por el Ministerio de Seguridad, señala a varias personas como presuntos responsables de la difusión de los audios. Entre ellos se encuentran los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, el principal accionista del canal de streaming Carnaval, Pablo Toviggino, y el abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano. El Gobierno acusa a Bindi de ser el supuesto responsable de la filtración de los audios.
El Ministerio de Seguridad solicitó a la Justicia allanar el canal de streaming Carnaval, el cual fue el primero en difundir los audios. Además, pidió allanar los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Pablo Toviggino y del abogado Franco Bindi.
Adicionalmente, el Gobierno consiguió una medida cautelar que ordena el “cese de la difusión” de los audios atribuidos a Karina Milei que hayan sido “grabados en la Casa de Gobierno”. Esta medida busca evitar la propagación de las grabaciones a través de cualquier medio de comunicación, ya sea escrito, audiovisual o redes sociales.
Según la denuncia presentada ante la Justicia Federal, a la que tuvo acceso , la filtración de los audios forma parte de una supuesta operación de inteligencia ilegal destinada a “desinformar” y “desestabilizar” el proceso electoral. El Gobierno sostiene que la maniobra consistió en la “captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios”.
La presentación judicial califica las conductas ilícitas como un “ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional, prohibida por la Ley 25.520 (de Inteligencia)”. Además, se argumenta que el propósito de los autores de la supuesta operación es “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.
La presentación del Gobierno destaca que las grabaciones podrían haberse realizado incluso en la propia Casa Rosada, “lo que constituye una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”. Además, se sugiere que esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, “con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó a través de la red social X que “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido“.
La denuncia del Gobierno se basa en la Ley de Inteligencia Nacional, la cual prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas. En este sentido, la presentación solicita “medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y preservar la transparencia del proceso electoral”.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cecilia Devanna.
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POLITICA
Pese al respaldo de Javier Milei a Manuel Adorni, crece la inquietud dentro del Gobierno por el impacto en la gestión

Javier Milei decidió volver a respaldar públicamente a Manuel Adorni, pero el gesto no logró aplacar del todo la inquietud interna en el Gobierno.
En la Casa Rosada aseguran que el funcionario sigue firme, aunque admiten que aumentó la desconfianza sobre su situación patrimonial, el manejo político del tema y la posibilidad de que aparezcan nuevas revelaciones en las próximas semanas. El oficialismo empezó a ponerle plazos a esa evaluación y ya asume que abril será un mes clave para definir si la tensión se estabiliza o no.
La decisión política del Presidente fue darle aire y mostrarse con él en público, primero con la reunión reservada en Olivos y luego con su presencia en el acto por Malvinas. A eso se le sumó un comunicado oficial que anunció una ronda de reuniones de Adorni con ministros para revisar planificación y metas de gestión 2026/2027, en una señal de continuidad. En Balcarce 50, sin embargo, reconocen que el impulso de la agenda fue leído también como una forma de contener los rumores sobre una salida y de ganar tiempo frente al avance del frente judicial y mediático.
Puertas adentro, la discusión ya no pasa solo por si Adorni resiste, sino cuánto daño adicional puede provocarle al Gobierno. Hay sectores que ven como sensible la declaración de la escribana que intervino en la compra del departamento de Caballito y otros que hablan de una ventana de quince días para medir si baja la exposición. En todos los casos aparece la misma preocupación: casi nadie en la mesa política tiene certeza sobre si ya se blanquearon todas las posibles vías de cuestionamiento o si todavía pueden aparecer datos nuevos sobre patrimonio, inmuebles o viajes que vuelvan a correr el eje de la agenda oficial.
El frente más delicado sigue siendo el judicial. La causa que tramita en Comodoro Py incorporó medidas sobre el departamento que Adorni compró en Caballito y sobre los viajes privados a Punta del Este, mientras el Gobierno prepara documentación para responder a requerimientos del juzgado.
También pusieron el foco sobre el crédito de US$200.000 vinculado a dos jubiladas y sobre la trazabilidad de pagos asociados a esos traslados. En el entorno del jefe de Gabinete mantienen cautela y repiten que, por ahora, no creen que esos movimientos vayan a complicarlo de manera decisiva, pero admiten que el expediente se transformó en el principal ordenador de su futuro político.
La crisis dejó además un impacto político que ya nadie niega en privado. En varios despachos oficiales circulan mediciones que muestran que el caso empezó a golpear la imagen del Gobierno y del propio Milei, y que una mayoría social considera que Adorni debería renunciar.
Esa lectura explica otra definición que se repite en el oficialismo: el jefe de Gabinete sigue, entre otras cosas, porque el Presidente no encontró un reemplazo confiable y competitivo para un cargo que articula gestión, comunicación y vínculo interno entre ministerios. En Nación reconocen que no hay hoy un sucesor “mileísta” claro y que cualquier salida abre una disputa nueva dentro del oficialismo.
A ese cuadro se suman los reproches por el manejo de la crisis. Funcionarios de distintas áreas cuestionan que no se haya conformado una mesa específica para ordenar la respuesta política, jurídica y comunicacional, y le achacan a Adorni haber quedado como su propio estratega. También hay críticas cruzadas por la falta de coordinación previa a la conferencia de la semana pasada y por no haber anticipado todos los flancos sensibles. En el karinismo vinculan parte de ese desorden a la ruptura de confianza con Santiago Caputo y sus equipos, mientras otros sectores prefieren bajar el tono y esperar a que la situación se decante antes de impulsar movimientos más bruscos.
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En el Ejecutivo, la discusión sobre Adorni ya disparó en paralelo cálculos sobre otros cambios. En despachos oficiales ponen la mira sobre áreas sensibles como ARCA, la SIDE y Salud, bajo la lógica de que una eventual salida del jefe de Gabinete no sería un hecho aislado, sino el comienzo de una nueva etapa de reacomodamientos.
El anuncio de próximas reuniones de Adorni con los ministros de Seguridad, Salud y Defensa buscó mostrar normalidad, pero incluso en algunas carteras admitieron que no estaban al tanto del esquema cuando se comunicó oficialmente. Ese detalle reforzó entre funcionarios la idea de que la gestión del caso sigue siendo más reactiva que ordenada.
Es por eso que en la Casa Rosada conviven hoy dos definiciones parciales. La primera es que Milei no quiere soltarle la mano a Adorni en medio de las tensiones. La segunda es que esa decisión ya quedó atada a una evaluación de corto plazo, con Semana Santa y abril como estación de prueba. Si no aparece nueva información y la espuma baja, en Balcarce 50 creen que podrá sostenerse. Pero si la causa avanza, se suman revelaciones o el costo político sobre el primer mandatario sigue creciendo, el caso Adorni puede convertirse en el disparador de otras modificaciones.
Manuel Adorni, Gobierno
POLITICA
Amplían la denuncia contra Adorni y no descartan pedir que se cite a las jubiladas que le hicieron el préstamo

El jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta una ampliación de denuncia judicial formalizada el lunes por los diputados Esteban Paulón, Pablo Adrián Juliano y Maximiliano Ferraro, quienes solicitan esclarecer el origen y las condiciones financieras de la compra de dos propiedades: un departamento en Caballito y una vivienda en el Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz.
Según la denuncia, que fue difundida por el diario La Nación, el Jefe de Gabinete habría conseguido un préstamo no bancario de dos personas para comprar el departamento en la zona de Caballito. Operación que realizó sin vender otra propiedad a pesar de que su declaración jurada de 2024 muestra una escasez de ahorros.
Además, según las publicaciones, la compra se hizo a un menor precio del mercado y con un préstamo de USD 200.000 que le hicieron las dueñas anteriores, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Las supuestas acreedoras del dinero utilizado por Adorni negaron conocer al funcionario o recordar algún vínculo, lo que incrementó las dudas sobre la operación.
Los documentos del Registro de la Propiedad Inmueble señalan como involucrada a la escribana Adriana Nechevenko, cuya citación como testigo fue solicitada, con el objetivo de precisar su actuación y detallar la documentación firmada en dichas transacciones.

La presentación judicial advierte que no constan detalles sobre el costo financiero, la tasa de interés ni los plazos del préstamo. Por la condición de funcionario, la denuncia recuerda la obligación de Manuel Adorni y su cónyuge de declarar bienes y operaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF), en cumplimiento de la Resolución 192/2024 publicada el 6 de diciembre de 2024 en el Boletín Oficial.
Además, los denunciantes pidieron extender la investigación y que el juzgado determine las medidas necesarias para revisar el financiamiento de los inmuebles adquiridos por el jefe de Gabinete.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni formalizó la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito el 18 de noviembre de 2025, una operación que alcanzó los USD 230.000. La transacción, documentada en la escritura de compraventa, quedó asentada en el Registro de la Propiedad Inmueble, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, según surge de un informe de dominio obtenido por La Nación mediante un trámite regular.
La estructura financiera de la operación de compra, el préstamo de ambas jubiladas, fue consignada en el informe registral. Allí se detalla que el crédito hipotecario por USD 200.000 le permitió a Adorni completar la adquisición del departamento, quedando las dos jubiladas como acreedoras en partes iguales.
Los investigadores también buscan determinar la titularidad y el origen de los fondos utilizados en la operación, así como eventuales vínculos entre los actores involucrados.
En noviembre de 2025, además de la operación en Caballito, el funcionario adquirió una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, partido de Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de su esposa. Pese a estos movimientos, en su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni no había informado la venta de su anterior inmueble en Parque Chacabuco.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una batería de medidas de prueba en el expediente por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni. El requerimiento, confirmado por fuentes judiciales, incluye oficios a registros de la propiedad, vehículos y movimientos financieros con el objetivo de identificar activos no declarados tanto del jefe de Gabinete como de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. La fiscalía fundamentó la solicitud en la existencia de “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente que tramita el juez Lijo.
POLITICA
El caso Adorni genera malestar dentro del PRO, pero no acompañará el pedido de interpelación en el Congreso

Con algunas idas y vueltas, el PRO es uno de los aliados clave del Gobierno de Javier Milei desde el comienzo de su gestión, aunque en el último tiempo comenzó a despegarse. El partido fundado por Mauricio Macri busca recuperar protagonismo en la política argentina y a la vez, mantener su identidad.
En ese proceso, el oficialismo se vio atravesado por el escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el uso de vuelos privados para viajar al exterior, vacaciones en destinos paradisíacos y hasta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Hasta hay un pedido de interpelación en marcha por parte de la oposición en Diputados. El PRO está incómodo con esta situación.
“Creo que fue un error, sobre todo porque el mensaje que siempre quiere dar este gobierno es otro”, aseguró un dirigente de primera línea del partido. Y agregó: “Los argentinos están haciendo un esfuerzo enorme para sacar el país adelante”.
Otro legislador cercano al expresidente Macri hizo hincapié en la retórica del Ejecutivo. “El Gobierno construyó su legitimidad y su apoyo social sobre la base de la austeridad, de terminar con los privilegios y del ‘no hay plata’”. Y apuntó: “Eso tiene que valer para todos”.
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En ese sentido, nadie en el PRO va a defender abiertamente a Adorni. En eso, hay un consenso general. “La verdad es que trabajar de sol a sol es la obligación básica de cualquier funcionario público, para eso se jura en el cargo”, apuntó a TN alguien que está en el partido desde sus inicios.
Tampoco están conformes con las respuestas del jefe de Gabinete ante los cuestionamientos, ni en la postura tomada por él ni el Gobierno en general. “No creo que haya sido una buena respuesta, más allá que no tengo dudas del esfuerzo y de la importancia que tiene el viaje a EE.UU . para atraer inversiones clave para el país”.
De todas maneras, que haya un acuerdo para no defender, no implica vía libre para atacar. “No vamos a prestarnos a nada”, indicaron desde el bloque del PRO en Diputados a este medio, con referencia al pedido de interpelación a Adorni que piden no pocos en la oposición. “Lo importante de verdad hoy es que Argentina pueda conseguir inversiones en un mundo cada vez más complicado y convulsionado”, remarcaron.
Pese a no estar de acuerdo con la conducta de Adorni, no quieren ser funcionales a lo que consideran “la oposición destructiva”. “No creo que tenga tanta importancia más allá de la cuestión política y de ejemplaridad”, expresó un referente de peso en el PRO. Y sentenció: “Desde el Congreso tenemos desafíos mucho más importantes que interpelar al Jefe de Gabinete por esto”.
Los pedidos de interpelación a Adorni
Desde principios de marzo, el bloque de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, presentó un pedido de interpelación en los términos del artículo 101 de la Constitución. La iniciativa busca que Adorni dé explicaciones sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.
Entre los puntos incluidos, se solicita información sobre el traslado, alojamiento y gastos de su esposa en Nueva York en el marco de una comitiva oficial, con detalle de la partida presupuestaria utilizada.
También se pide un informe sobre un viaje reciente a Uruguay en un avión privado, incluyendo la modalidad de pago, el origen de los fondos y la identidad de quien financió el traslado, dado que —según la oposición— no estaría vinculado a funciones oficiales.
El temario contempla, además, cualquier otra utilización indebida de recursos públicos que surja durante la interpelación o de hechos de público conocimiento.
En tanto, los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade impulsaron otro pedido de interpelación que también alcanza a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de las derivaciones del caso de la criptomoneda LIBRA.
PRO, Manuel Adorni, Congreso
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