POLITICA
Qué se sabe de las valijas que entraron sin control en un vuelo privado
Semanas atrás, el periodista Carlos Pagni reveló en LN+ el caso de la llegada de un vuelo desde Miami el 25 de febrero con al menos diez bultos de equipaje sin control. La única pasajera del jet privado fue Laura Arrieta, empleada del empresario Leonardo Scatturice que integró el comité organizador de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que tuvo lugar a principios de diciembre en Buenos Aires en el Hotel Hilton y en donde disertó Javier Milei, entre otros referentes libertarios.
Cuando se dio a conocer la noticia por parte de Pagni, el vocero Manuel Adorni tildó el hecho como “imposible” e incluso afirmó que Arrieta había llegado solo con un carry on y una mochila. “Es fácticamente imposible que alguien haya visto a alguien con diez valijas”, dijo el portavoz, que afirmó que todo el equipaje fue debidamente chequeado. Pero los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez aportaron pruebas que demostrarían lo contrario.
En las últimas horas, Navas Rial y Rodríguez presentaron en la Justicia un dictamen en el que reconstruyeron cómo fue la llegada de Arrieta con los bultos de equipaje que, advirtieron en su presentación, no fueron controlados.
En tanto, según detalló la Aduana, el avión en cuestión quedó en situación de tránsito en un hangar del aeropuerto hasta el día 5 de marzo, cuando partió con destino final a París, “en donde también se efectuaron los trámites de rutina sin que se registraran novedades”.
Los bultos en cuestión venían en la aeronave propiedad de Leonardo Scatturice -accionista de Flybondi y uno de los nexos entre el Gobierno y el círculo cercano al presidente Donald Trump- que llegó a Aeroparque y en donde también iba Arrieta.
El dictamen de 47 paginas que presentaron los fiscales, al que accedió , detalló que de los al menos diez bultos de equipaje que llegaron al país solo fueron declarados cinco y que no fueron debidamente controlados.
En su presentación, los fiscales dijeron: “Del material fílmico aportado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria se constata que el punto operativo contaba con tecnología de control no intrusivo (escáner) y con un dispositivo tipo “semáforo” destinado a activar el mecanismo de revisión selectiva. No obstante, se observa que, mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero (…) hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje“.
El dictamen advierte, además: “Durante el mismo lapso -entre las 08:56 y las 09:20 horas-, comenzaron a ingresar otros pasajeros al mismo sector, todos los cuales, sin excepción, fueron sometidos al control de equipajes mediante escáner”.
Y sostiene: “Esta diferencia en el tratamiento resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control. Tampoco se trató de un procedimiento aleatorio accionado por el semáforo u otro dispositivo automatizado, sino que, tal como se aprecia en las imágenes, el desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”.
El dictamen advierte además que se puede observar a la pasajera Arrieta con un “comportamiento inusual”.
Los fiscales dan cuenta en su dictamen del testimonio de un agente que informó que “el traslado de la pasajera hacia la zona de arribos internacionales y la descarga del equipaje demoraron más de lo habitual, aproximadamente entre 15 y 20 minutos”, y que “vio descender a la pasajera de la aeronave portando un teléfono celular -sin poder precisar si era propio o ajeno-, el cual fue entregado a una agente de Aduana”.
Este martes, Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), habló del caso y defendió el accionar del equipo aduanero; se trata del primer funcionario mileísta en referirse a la polémica tras conocerse las nuevas imágenes.
“Se impulsó una denuncia penal que recayó en el juzgado N°2 de Pablo Yadarola, con lo cual, la lógica indica que si hubiésemos querido ocultar algo lo último que hubiésemos hecho es iniciar este procedimiento nosotros mismos», indicó este martes el funcionario y sumó: “Cuando hicimos este sumario, la Aduana no detectó ninguna irregularidad y la Justicia continuó investigando. Ahora es tiempo de darle al juzgado de Pablo Yadarola la posibilidad de seguir adelante con la investigación”.
En diálogo conA24, el funcionario dijo que “no se escanea el 100% de las valijas y del equipaje que viene a la República Argentina”, por lo que no habría ninguna irregularidad ante la falta de control en esta situación. “Es increíble que nos estén acusando por esto con la cantidad de reformas que hicimos para flexibilizar los procesos aduaneros”, planteó.
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En medio de su viaje a Estados Unidos para promover inversiones para la Argentina y en medio de la escalada bélica en Medio Oriente, el presidente Javier Milei analizó el panorama mundial, elogió el trabajo de la administración de su par estadounidense Donald Trump y adelantó que para mitad de este año los conflictos habrán llegado a su fin, incluso lo que él mismo definió como “el régimen cubano”.
“Es de esperar que la guerra tenga un corto alcance. Y, en paralelo, el gobierno de Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia. Al mismo tiempo que por decantación caerá Cuba“, consideró el jefe de Estado.
En una entrevista radial que brindó desde Nueva York, a donde viajó para participar de la Cumbre “Escudos de las Américas” y de la inauguración de la Argentina Week 2026, Milei explicó que los procesos bélicos van a haber “encontrado su final” para la segunda mitad de 2026. “Incluida la liberación de Cuba”, detalló.
“En ese contexto, es muy probable que los precios se acomoden. Así es que cuando la Argentina, por una cuestión estacional dada el invierno, pueda tener algún faltante de gas, no pague precios exorbitantes”, explicó en diálogo con Radio Now y añadió: “Esto no es ni más ni menos una situación transitoria, un deterioro transitorio que puede tener la economía mundial, pero en donde la consecuencia va a ser un reordenamiento político muy fuerte: básicamente China va a quedar más aislado en términos de que muchos de sus socios, la situación va a ser más pura y limpia».
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POLITICA
Las impactantes multas que el Gobierno aplicará contra dos gremios por haber adherido al paro de la CGT
El Gobierno aplicará multas millonarias contra los sindicatos La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA) por incumplir la conciliación obligatoria en sus conflictos y adherir al paro nacional de la CGT el 19 de febrero pasado. Según afirmaron a Infobae fuentes oficiales, el gremio de conductores de locomotoras deberá pagar 21 mil millones de pesos, y el de choferes de colectivos, 70 mil millones de pesos.
Consultados por Infobae, en ambos sindicatos aseguraron que hasta el momento no les llegó la notificación oficial de las sanciones y prefirieron no opinar hasta que puedan analizar esa comunicación.
La medida establece un precedente relevante en materia de sanciones por no cumplir con la conciliación obligatoria y podría escalar en un enfrentamiento de mayor intensidad entre el Poder Ejecutivo y el sindicalismo.
La CGT ya anticipó su rechazo a las multas contra los dos gremios del transporte y atribuyó la medida del Gobierno a un acto de “persecución política y sindical”.
“Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el Gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas, del aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones”, agregó.
Además, la CGT resaltó: “Si a las autoridades del Gobierno les preocupa la altísima adhesión al último paro convocado por esta central obrera, tienen que saber que es con trabajo que se disminuye la conflictividad social, no con persecución política y sindical”.
Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también condenó la sanción impuesta y se solidarizó con los dos sindicatos. En la entidad conducida por Juan Carlos Schmid advirtieron que “estas acciones constituyen un grave antecedente de presión sobre las organizaciones sindicales y una señal preocupante de avance sobre derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos el derecho constitucional a la organización y a la huelga”.
La Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, verificó el desacato de ambos sindicatos a la conciliación obligatoria el 19 de febrero pasado y dio inicio a sumarios administrativos. El comunicado de Capital Humano para anunciar esta decisión dijo que “las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado».
Las multas económicas, que se graduarán según la fecha exacta de la infracción y el universo de trabajadores implicados, serían solo una de las consecuencias. La ley prevé además la posibilidad de quitar la personería a los sindicatos que violen la conciliación obligatoria.
Según Capital Humano, la aplicación de estas sanciones busca “resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”.
La Fraternidad, encabezada por Omar Maturano, interpretó que la conciliación obligatoria sólo regía para su propio conflicto salarial y no podía aplicarse a una protesta general de la CGT por otros motivos.
Por su parte, la UTA, bajo la dirección de Roberto Fernández, argumentó que en esos días la conciliación obligatoria había sido dispuesta únicamente para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los trabajadores del AMBA.
La conciliación obligatoria, de acuerdo con la ley, impone que sindicatos y empleadores abran una instancia de negociaciones durante 15 días—prorrogables por otros cinco—en la Secretaría de Trabajo. Durante ese plazo, ambas partes deben retroceder al estado anterior al conflicto, absteniéndose de tomar o continuar medidas de acción directa, bajo pena de sanción.
La última vez que el Estado impuso multas de este tipo fue durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca sancionó al Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, con una multa de $809.790.710 mediante la Resolución N° 27.768 del 19 de julio de 2018. En ese caso, la infracción correspondió a la violación de la conciliación obligatoria en un conflicto salarial por un bono de fin de año para 182.797 trabajadores camioneros.
El sindicato de Moyano rechazó el pago y cuestionó el proceso, lo que derivó en que ya bajo la gestión de Alberto Fernández, el entonces ministro de Trabajo Claudio Moroni declarara en 2020 la “nulidad” del expediente. Según esa resolución, “no se identificó clara ni concretamente el número de los trabajadores afectados a la infracción imputada”.
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POLITICA
Un ministro de Kicillof criticó a los concejales de LLA que proponen bajar tasas en 116 municipios
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, hombre de máxima confianza del gobernador Axel Kicillof, criticó el movimiento coordinado de los concejales de La Libertad Avanza que presentaron proyectos para reducir o eliminar tasas en 116 municipios bonaerenses.
Les pidió que “dejen de mentir” y subrayó que esos cargos que definen los municipios tienen un impacto menor al 1% sobre la carga tributaria de la producción agrícola e industrial.
“Le pedimos al gobierno nacional y a los concejales de La Libertad Avanza que dejen de mentir, que dejen de llevar adelante operaciones de distracción. Les pedimos que se pongan a trabajar con proyectos que tengan como objetivo favorecer la producción, no destruir la producción”, subrayó Bianco en una conferencia de prensa que ofreció este lunes por la mañana, junto a los ministros Augusto Costa (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica) y Estela Díaz (Mujeres y Diversidad).
El funcionario consideró que el gobierno nacional impulsa “permanentes ataques, operaciones de prensa e intentos judiciales de limitar la autonomía de los municipios en materia de fijar sus tasas”, con el argumento “de que en la Argentina los problemas de los comercios, de la producción agropecuaria e industrial tienen que ver con la excesiva aplicación de tasas municipales”. Y resaltó: “Queremos desmentir que esto sea una causa importante”.
Para cuestionar la iniciativa libertaria, motorizada por Sebastián Pareja (diputado nacional y presidente del partido La Libertad Avanza bonaerense), Bianco tomó un índice elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). “El 93,6% de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria tiene que ver con los impuestos nacionales, que ¡Oh, casualidad!, mayoritariamente son impuestos nacionales no coparticipables. Es decir, que la recaudación se la queda [el presidente Javier] Milei. El 56,5% son impuestos no coparticipables; el 37,1%, impuestos coparticipables. Solo el 5,7% de la carga tributaria sobre la producción agropecuaria es de impuestos provinciales. Apenas el 0,7% corresponde al impacto de las tasas municipales», dijo el ministro de Gobierno provincial.
En su cruzada contra la avanzada de los concejales libertarios, Bianco apeló también a un dato relevado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). “El otro indicador que estuvimos analizando es del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. El profesor Agustín Lódola [que dirige ese laboratorio] muestra que las tasas municipales explican solo el 0,9% del valor agregado bruto, a precios de mercado, en el promedio de las cadenas productivas de la Argentina”, indicó el funcionario kicillofista.
La Libertad Avanza presentó proyectos en los municipios en los que tiene representación con ediles con el objetivo de eliminar 138 tasas municipales, reducir otras 120 y simplificar 11. Según la información que difundieron usinas libertarias para apuntalar la seguidilla de iniciativas, Buenos Aires es el distrito con el promedio de tasas más alto del país. “El 81% de esas tasas no tienen una contraprestación clara”, afirmó Pareja al justificar el movimiento coordinado de los concejales mileístas.
Bianco, por su parte, subrayó que los inconvenientes productivos del país se derivan de las políticas nacionales y no del peso de las tasas municipales. “Es una mentira que el problema de la competitividad, de la producción y la generación de empleo en la Argentina tiene que ver con las tasas municipales; eventualmente, tendrá que ver con el sistema tributario nacional. Pero sabemos que el problema de la producción tiene que ver con otra cosa: con la apertura importadora, con la apreciación cambiaria, con la destrucción del mercado interno, con la caída de los ingresos de la población en la Argentina”, afirmó el ministro de Gobierno bonaerense.
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