A una semana de haber asumido como ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques empezó a tomar las primeras decisiones de alto impacto político e institucional de su gestión. En una entrevista con Infobae, confirmó que este mes comenzará a enviar al Senado una primera tanda de pliegos para cubrir vacantes judiciales y que entre mañana y el martes firmará la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino, quienes deberán revisar los balances de la entidad.

Se trata de dos definiciones relevantes para un Ministerio que enfrenta una agenda cargada desde el inicio. Por un lado, el Gobierno busca empezar a descomprimir un sistema judicial que arrastra más de 300 cargos vacantes entre jueces, fiscales y defensores, una situación que afecta el funcionamiento de distintos fueros en todo el país. Por otro, deberá resolver un expediente administrativo iniciado en la gestión anterior del ministerio, en el marco de la investigación sobre los manejos contables en la AFA.

Según explicó el funcionario, la decisión de avanzar con los pliegos responde a una instrucción directa del presidente Javier Milei, con quien habló sobre el funcionamiento del sistema judicial el mismo día de su jura. “Milei quiere una Justicia cercana a la gente, confiable, rápida. El servicio de justicia tiene una deuda con la sociedad, el presidente quiere saldarla y ese es su objetivo”, afirmó Mahiques.

En esa conversación, agregó, también abordaron otros temas de la agenda judicial que interesan particularmente al jefe de Estado, entre ellos, el impulso al juicio por jurados en el ámbito federal, una figura prevista en la Constitución desde 1853 pero que todavía no fue implementada en ese nivel.

Respecto del envío de pliegos al Senado, el ministro explicó que el Ministerio de Justicia está terminando de actualizar la información administrativa y los antecedentes de los candidatos que integran las ternas elaboradas por el Consejo de la Magistratura. Una vez completado ese proceso, comenzará a enviar una primera tanda de nominaciones para avanzar con las designaciones.

Mahiques aclaró que el criterio para esa primera etapa no será político sino de funcionamiento. “La prioridad son los fueros que están colapsados”, explicó. Entre ellos mencionó al fuero de familia, al civil, al penal ordinario de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires y a la Cámara Penal Económica, donde —según describió— la falta de magistrados ya impacta directamente en el servicio de justicia.

La otra decisión concreta que dejó la entrevista tiene que ver con la AFA. El ministro confirmó que entre mañana y el martes firmará la designación de los veedores propuestos durante la gestión anterior, quienes deberán revisar los balances de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Según explicó, al llegar al ministerio pidió el expediente —que tiene cerca de 400 fojas—, lo analizó personalmente y concluyó que no presentaba irregularidades administrativas. Por eso, está prevista la inminente designación de Rubén Miguel Pappacena, un contador que integra el cuerpo de peritos de la Corte; y del abogado Agustín Ortiz de Marco, experto en derecho civil y comercial.

El funcionario detalló que el trámite ya inició el circuito interno previo a su firma, que incluye la intervención del nuevo titular de la Inspección General de Justicia. Una vez completado ese paso, señaló, firmará la resolución para formalizar la designación de los veedores.

Durante la entrevista con Infobae, Mahiques también detalló otras prioridades de su gestión. Entre ellas, mencionó la implementación del sistema acusatorio en las jurisdicciones donde todavía no rige, el envío al Congreso del proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el Gobierno y la apertura de un diálogo institucional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sobre el sistema acusatorio, sostuvo que el proceso de implementación debe continuar, aunque advirtió que su aplicación requiere que estén dadas determinadas condiciones institucionales y operativas. Según planteó, para que el modelo funcione es necesario contar con fiscales suficientes, infraestructura, capacitación, recursos humanos y herramientas tecnológicas adecuadas.

En ese contexto, adelantó además que ya solicitó una reunión formal con los integrantes de la Corte Suprema. Según explicó, uno de los principales temas que espera abordar con el máximo tribunal será la cobertura de vacantes judiciales, una preocupación que el máximo tribunal viene señalando desde hace tiempo.

El ministro también se refirió al proyecto de reforma del Código Penal que el Gobierno presentó el año pasado y que incluye un endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas. Según explicó, antes de enviarlo al Congreso quiere que especialistas vinculados a los jueces de la Corte puedan revisar el texto y emitir una opinión técnica sobre el trabajo realizado.

“Es una deuda histórica”, sostuvo el funcionario al referirse a la necesidad de actualizar el Código Penal, que tiene más de cien años de vigencia. En ese sentido, señaló que el proyecto tiene más de 900 artículos y que su intención es terminar de estudiarlo junto con expertos antes de avanzar con el envío al Parlamento.

En el tramo final de la entrevista, Mahiques rechazó las especulaciones políticas que surgieron en las últimas semanas sobre su llegada al ministerio en medio de las discusiones que rodean al fútbol argentino. “No vengo a salvar ni a perseguir a la AFA”, afirmó.

LA ENTREVISTA A JUAN BAUTISTA MAHIQUES

—Primero quiero que me cuente cómo fue el desembarco en el Ministerio y cuáles son las prioridades sobre las que está trabajando hoy.

—Fue un desembarco lindo. Yo conozco este ministerio, ya trabajé acá entre 2015 y 2019. Así que llegué y conocía a mucha gente.

—¿Lo encontró cambiado el Ministerio?

—No, poco. Pero llegar como ministro… la vez pasada que estuve lo había imaginado, en algún momento lo había soñado. Así que llegar como ministro fue muy emotivo, muy fuerte. Un lindo desembarco y un lindo desafío.

—La propuesta para llegar a ser ministro la explicó varias veces, pero quiero que la reconstruya. Concretamente, ¿fue una convocatoria de Karina Milei, de Santiago Viola? ¿Cómo fue el contacto para que usted termine tomando este compromiso?

—Fue la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien me lo ofreció formalmente. Lógicamente lo había hablado con el Presidente de la Nación. Pero quien me lo ofreció formalmente fue ella. Inmediatamente lo acepté porque es algo que me interesa muchísimo y me gusta. La verdad es que en esta semana que llevo estoy muy contento y feliz de estar acá.

—Hay muchos temas para hablar: las ternas de candidatos a jueces, la definición del Código Penal, qué va a pasar con la Corte Suprema. También quiero hablar sobre la AFA, pero primero quiero meterme en el tema de los jueces, porque el propio presidente Javier Milei planteó que era una de sus prioridades para este año legislativo. ¿Cómo están trabajando y qué se puede esperar para los próximos días o semanas?

—Sí, el Presidente lo tiene como un objetivo prioritario. Quiere que haya una Justicia ágil, rápida, cercana a la gente. Y si hay una justicia sin jueces y sin fiscales, esa velocidad, esa agilidad y esa cercanía no se pueden dar. Entonces la prioridad —o una de las prioridades— es esa. Lo hablamos con el Presidente el día que asumí. Estamos actualizando todos los datos y todos los expedientes de los candidatos de las ternas y, en breve -cuando estemos en condiciones administrativas de mandar los candidatos- los mandaremos.

—Quiero hacerle una pregunta técnica. Durante los primeros dos años de gestión del presidente Javier Milei, tal vez con otro ministro, con Mariano Cúneo Libarona, se hablaba sobre la definición de las ternas y el tema de completar la Justicia. Con todos esos expedientes que estaban tramitados, ¿qué van a hacer? ¿Van a revisar, van a proponer otros? ¿Cómo va a ser operativamente esa definición?

—El procedimiento para la designación de un magistrado es muy complejo, porque intervienen todos los poderes del Estado…

—Porque son trescientos cargos, más o menos. ¿O más?

—Hasta donde tengo entendido, 313.

—Entre jueces, camaristas y fiscales.

—Entre jueces, defensores y fiscales de distintas instancias. La designación de un magistrado es un proceso muy complejo en el que intervienen todos los poderes del Estado. Una vez que llega al Ministerio de Justicia, después de todo ese proceso —salvo excepciones, que las hay—, el Consejo de la Magistratura ya hizo un trabajo previo. Ese organismo es el encargado de evaluar, sancionar o incluso remover a aquellos magistrados que no tengan las capacidades o la idoneidad necesarias.

Una vez que alguien está en una terna es porque, en principio, demostró capacidad, idoneidad y valores. Pasó exámenes escritos, orales y audiencias en el Consejo de la Magistratura. Es decir, todos los que llegan a una terna son personas capacitadas para ejercer la magistratura.

Después, el Presidente tiene la facultad de elegir uno de esos tres candidatos y mandar ese pliego al Senado. ¿Qué ha pasado estos dos años? O más, porque en realidad el gobierno anterior tampoco cubrió vacantes. Yo desconozco cuál fue el motivo por el cual no se mandaron pliegos. Yo llego y tengo claro que es una prioridad, que es una deuda que hay que saldar y, lo más importante, que el Presidente quiere hacerlo. Entonces elegiremos de esa terna un candidato, evaluando sus antecedentes, y lo mandaremos al Senado.

—Usted publicó la semana pasada que iban a revisar la situación impositiva y los antecedentes de cada uno de esos ternados. ¿Por qué había que hacer eso? ¿No se había hecho antes?

—Sí, pero es un trámite administrativo que se tiene que actualizar. En el medio hay concursos que vienen desde 2017 o 2018. Yo, estando en el Consejo de la Magistratura como representante del Ejecutivo, aprobé concursos que todavía están acá.

—Claro, volvió a encontrarse con esos expedientes de antes.

—Sí. En ese transcurso se actualizaron varias veces los antecedentes y las condiciones impositivas. Pero en el medio esa situación puede haber variado esa situación. Entonces, antes de mandarlos hay que volver a actualizarlos y asegurarse de que esté todo en orden.

Lo mismo pasa con los conjueces. Hay una lista amplia que aprobó el Consejo de la Magistratura y que también hay que actualizar, en cuanto a antecedentes y condiciones impositivas para poder mandarla al Senado y que el Senado pueda aprobarla. Hoy no tienen acuerdo del Senado y esa es otra de las razones por las cuales hay vacantes que terminan siendo subrogadas por jueces, que incluso están en otra provincia, a 400 kilómetros de distancia.

—Respecto de esas listas y de esa definición, ¿el Presidente o usted como ministro tienen alguna prioridad sobre qué cubrir primero? Porque en algún momento trascendió que iban a ser los camaristas. También está la cuestión de Comodoro Py, donde hay cuatro vacantes de jueces y eso hace muy complejo el funcionamiento de ese fuero. ¿Hay alguna prioridad?

—Sí. Puntualmente en el caso de Comodoro Py, los concursos todavía están en trámite en el Consejo de la Magistratura.

—Siguen todavía.

—Sí. La de los jueces y la de los fiscales, en la Procuración General. Se llamó a concurso hace poco, así que es un trámite que todavía falta y no hay ninguna vacante para cubrir que esté acá en el Ejecutivo: ni los juzgados de primera instancia, ni de la Cámara de Casación, ni de la Cámara Federal. No hay nada acá en el Ejecutivo.

—Bien.

—En cuanto a las prioridades, desde mi punto de vista, son los fueros que están colapsados. Hay fueros que están realmente colapsados. El fuero de familia está colapsado, el fuero civil está colapsado. El fuero penal ordinario de instrucción de la Capital Federal está con la mitad de sus miembros. La Cámara Civil.

—Cámara Penal Económica.

—La Cámara Penal Económica tiene cuatro vacantes de seis. Esos son los lugares que necesariamente hay que cubrir con urgencia, porque no dan abasto. Los jueces no dan abasto, tienen mucho trabajo. La justicia civil, la justicia penal ordinaria, la justicia de familia… hay mucho trabajo y hay mucha vacancia. Entonces creo que esas son, por lo menos desde mi punto de vista, las prioridades.

—Porque uno piensa en la Justicia y en las vacantes de los tribunales y lo primero que piensa es si va a haber alguna prioridad, entre comillas, política sobre esas coberturas. ¿Hay algún criterio que no sea de funcionamiento? ¿Se entiende la pregunta?

—No hay una prioridad política. Hoy la prioridad para cubrir las vacantes de la Justicia es que la Justicia funcione bien, para que dé la respuesta que tiene que dar. Y la Justicia del día a día, la Justicia cercana a la gente, es la justicia penal de instrucción, civil, de familia, comercial.

—La semana pasada trascendió —y pudimos confirmar— que hubo varias reuniones, tanto acá en el Ministerio como en la Casa Rosada, para tratar este tema. ¿Hubo alguna definición? ¿Hablaron sobre la cuestión política de los apoyos legislativos que pueden tener estas propuestas? Y le pregunto también: ¿hay alguna fecha concreta de cuándo van a elevar esos pliegos?

—Estos pliegos los vamos a elevar en cuanto estemos en condiciones administrativas de hacerlo.

—¿Fecha?

—En breve. Estoy esperando que me traigan los expedientes con las actualizaciones e inmediatamente mando algunos pliegos, una tanda de pliegos. Esos pliegos no debieran tener inconvenientes.

—¿Podría ser en marzo?

—Sí, mi idea es que sea en marzo.

—En semanas entonces.

—Si es por mí, en días. Pero no quiero decir algo porque estoy esperando las condiciones administrativas para mandarlos.

—Le quiero hacer una pregunta antes. ¿Qué le dijo el Presidente? Porque usted no lo conocía personalmente.

—No, lo conocí el día de mi jura.

—Es atípico que eso ocurra.

—Evidentemente confía en el criterio de la Secretaría General de la Presidencia.

—Digo, que un presidente tome la decisión de nombrar a un ministro al que no había conocido antes es singular, o al menos atípico.

—Puede ser que no sea habitual.

—¿Y en esa primera charla de qué hablaron? ¿Qué le dijo el Presidente?

—Me dio tranquilidad, me manifestó su apoyo y su confianza en mi desempeño. Y me dijo lo que quería.

—Lo que se pueda contar, ¿qué le dijo?

—Quiere una justicia cercana a la gente, confiable, rápida. El servicio de justicia tiene una deuda con la sociedad, porque los tiempos no son lo que la sociedad pretende. Tampoco necesariamente tienen que ser los tiempos de la Justicia lo que la sociedad pretende; son tiempos diferentes. Pero está claro que hay una deuda y el Presidente quiere saldarla, y ese es su objetivo. Después, puntualmente, hablamos de temas que a él le interesan, como el juicio por jurados.

—A ver.

—Es una deuda de la Constitución del 1853 que el presidente tiene claro. La idea es que haya una injerencia popular en las decisiones judiciales, que se instaure de una vez por todas el juicio por jurados. Es un tema que vamos a estudiar y proyectar para que, de una vez por todas, en el ámbito federal se puedan dar y podamos tener juicios por jurado.

—Retomamos el tema de la política. El gran problema que tuvieron este gobierno y gobiernos anteriores es la falta de acuerdo político para que esos jueces sean nombrados. ¿Ustedes tienen una estrategia para eso? ¿Cree que van a tener los votos? ¿Qué rol puede tener el kirchnerismo en esa discusión?

—Yo creo que no debería haber problema, porque ese problema existió para acuerdos que requerían mayorías agravadas. En el caso de un magistrado de primera instancia, de Cámara o de tribunales inferiores —que no sean la Corte Suprema, la Procuración o la Defensoría General— la mayoría es simple. Hoy el Gobierno, con sus aliados y con senadores que entienden que es necesario cubrir las vacantes del sistema judicial, entiendo que no debería haber problema.

Es lo lógico que pase en un sistema democrático, que pasó siempre. Y en este proceso ni siquiera se intentó, porque no es que se mandaron los acuerdos y se rechazaron. Hubo un rechazo a acuerdos que requerían mayoría agravada. Con mayoría simple no hubo ningún rechazo.

—Entre esas listas de primeros magistrados van a haber de provincia, me imagino.

—¿Juzgados federales de provincia?

—Juzgados federales de provincia.

—Probablemente sí, probablemente haya alguno. Hay un montón de vacantes: tribunales orales, cámaras.

—Algunos con competencia electoral incluso.

—Sí, hay algunos con competencia electoral.

—Vinculado a este tema, a partir de la aprobación de la reforma laboral está la eliminación —o la disolución paulatina— de la Justicia Nacional del Trabajo. Hubo recursos judiciales y amparos contra esa decisión. ¿Cuál va a ser el trabajo que va a hacer el Gobierno sobre ese tema?

—Ya hubo un rechazo de una medida cautelar que presentó la CGT. Es una causa que está en trámite. Sobre el tema no tengo mucho más para decir.

La Justicia Laboral es una justicia que también está diezmada por las vacantes. La Cámara laboral, si mal no recuerdo, tiene la mitad de sus integrantes y la otra mitad está vacante. En ese sentido, ese traspaso a la Justicia local —o que quede como una Justicia de transición para ocuparse de los temas que hoy existen en la Justicia Nacional del Trabajo— pareciera ser menos conflictivo, porque hay muchísimas vacantes.

Ahora, también hay que evaluar si parte de la Justicia Laboral tiene algún tipo de injerencia a nivel federal. Hay temas que pueden considerarse federales, temas gremiales y demás. Es un tema que hay que estudiar.

—No es que le van a bajar la persiana y de un día para el otro desaparece la Justicia Nacional del Trabajo.

—No. De un día para el otro no puede desaparecer una estructura como la Justicia Laboral. Sí hay una ley y hay que tener en cuenta que la Justicia local de la ciudad de Buenos Aires tiene que tener una Justicia Laboral, como la tienen todas las provincias. Después hay que evaluar si hay temas de la justicia laboral que pueden ser de competencia federal o no. Eso es algo que hay que estudiar. Lo que sí está claro es que la ciudad de Buenos Aires tiene que tener una justicia local del trabajo y de todos los fueros.

LA CORTE Y EL RÉGIMEN ACUSATORIO

—Otro de los temas vinculados con las vacantes es la Corte Suprema y también la Procuración, que requieren mayorías agravadas en el Senado de dos tercios. ¿Qué definición hay? Porque el Presidente planteó que no iban a pactar con el kirchnerismo para esas designaciones.

—No hay mucha más definición, ya lo dijo el Presidente.

—Está claro, pero la Corte que piensa usted, ¿es una Corte para completar vacantes como la actual o podría tener otra fisonomía distinta a la de cinco miembros?

—Yo ya lo dije en varias oportunidades: la Corte hoy funciona muy bien. Incluso, según las estadísticas, está dando respuesta a más expedientes de los que podía resolver teniendo la integración completa.

Hoy no es el momento para discutir la integración de la Corte. Lo dijo el Presidente: no están dadas las mayorías. Cuando se entienda que se puede acceder a un diálogo y llegar a los dos tercios para completar la Corte, la Procuración y la Defensoría General —que también está vacante— se hará. Hoy no están dadas las condiciones. No es una necesidad principal, ni una prioridad del Gobierno cubrir esa vacante.

—¿La Procuración tampoco?

—No, tampoco. Hasta que no haya una posibilidad de acuerdo razonable para llegar a los dos tercios…

—Se lo pregunto porque está en plena aplicación el sistema acusatorio, donde el rol del procurador general va a tener una relevancia mayor que la que tiene ahora. ¿Piensan que podría ser parte del mismo paquete, jueces de la Corte y procurador, o es una definición que todavía no está?

—No, para mí es una definición que no está: que sea jueces de la Corte y procurador al mismo tiempo, no lo sé. Lo que sí sé es que para implementar el sistema acusatorio hay que estar en condiciones. Implementarlo por implementarlo, por decir “lo implementamos en tal o cual lugar”, para mí es un error, es destinarlo al fracaso si no están dadas las condiciones.

¿Cuáles son las condiciones? Tener magistrados, infraestructura, tecnología, recursos humanos y capacitación. Si no está todo eso, implementarlo para mí es un error. Eso lo tengo claro, muy claro.

—¿Esa es una definición que usted compartió con el Presidente?

—Sí.

—Porque la gestión anterior quería acelerar ese proceso, independientemente de todo esto que está contando usted. ¿Para usted es mejor “parar la pelota” hasta que estén dadas todas las condiciones y después aplicarlo?

—Yo creo que hay que implementarlo. El Presidente cree que hay que implementarlo. No hay duda de que hay que implementarlo. De hecho, es hasta extraño que en parte del país se aplique y en parte no. Tan extraño que hoy la Cámara Federal de Casación tiene que resolver expedientes de provincias con sistema acusatorio y de provincias con sistema mixto.

Que hay que implementarlo, no hay duda. Ahora, la gestión anterior habrá entendido que en los lugares donde se implementó estaban dadas las condiciones, y está bien. Pero ahora hay que evaluar si en los lugares donde queda implementarse están dadas esas condiciones.

—Ahora, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires —que tal vez fue más tema de agenda por su lugar en la agenda pública— tienen dudas y están planteando que faltan recursos, funcionarios y capacitación. ¿Usted comparte ese análisis que hicieron, por ejemplo, asociaciones de magistrados?

—Sí. La provincia de Buenos Aires ya tiene algunas jurisdicciones donde se aplica. Las próximas jurisdicciones, si mal no recuerdo, eran La Plata y San Martín. Yo llegué hace una semana, pero estamos viendo. Sí sé, porque vengo del sistema, que hay lugares donde faltan un montón de fiscales. Entonces me parece que es sentido común.

—La ciudad de Buenos Aires es un ejemplo.

—Me parece que es sentido común. Si faltan fiscales, que son los encargados, a partir de la implementación del sistema acusatorio, de llevar adelante la investigación, pareciera que el sentido común indica que hasta que esos lugares no se cubran —o por lo menos en un porcentaje alto— no tiene sentido aplicarlo.

Eso es un detalle, pero otro es capacitarlos. Hay que capacitarlos, ponerles recursos humanos, tecnología y estructuras edilicias.

—Sí, computadoras, sillas, todo. Y eso no está todavía garantizado.

—En algunos lugares sí y en otros no.

—Hablo, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires…

—Bueno, la ciudad de Buenos Aires, seguro. Es evidente: le faltan cuatro fiscales de doce.

—Imposible aplicarlo…

—Difícil.

EL DEBATE POR EL NUEVO CÓDIGO PENAL

—Hay otro tema que quedó pendiente de la gestión anterior: el nuevo Código Penal que se había presentado. De hecho, el propio Presidente lo presentó con el anterior ministro y con Patricia Bullrich en su condición de ministra. ¿Qué va a pasar con ese Código Penal, que establecía un endurecimiento de las penas y sumaba tipos penales? Era un trabajo muy grande. ¿Qué va a pasar con ese proyecto?

—Un gran trabajo: 913 artículos, si mal no recuerdo. Lo estoy leyendo, pero quiero que tenga un visto por parte de la Corte Suprema, obviamente por los expertos, así como participaron muchos profesores y magistrados.

—Yo lo escuché decir que quería que lo vea la Corte. ¿La Corte no había visto ese proyecto?

—No, la Corte no estaba convocada, no fue parte. Entonces, así como participaron un montón de profesores y magistrados, me parece bueno y saludable que los expertos que la Corte designe para este tema lo vean y emitan su opinión, siempre académica. Después de eso, sí mandarlo. A ver: es una deuda pendiente, histórica. El Código Penal tiene más de cien años.

—Una de las leyes que se aprobó, además de la reforma laboral —que incluía el capítulo de la justicia laboral— fue la baja de la imputabilidad. ¿El Ministerio tiene alguna tarea para la aplicación de esa ley, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años?

—Sí. Es una tarea que se tiene que llevar adelante entrelazando el Ministerio.

—Porque los diputados y senadores levantaron la mano y aprobaron, pero después hay que empezar a implementar eso, que implica un montón de cosas.

—Un desafío enorme.

—Por eso le pregunto.

—Un desafío enorme, donde la última opción es la pena privativa de la libertad. Pero en el medio hay que hacer un trabajo intensísimo entre distintos ministerios del Gobierno: el Ministerio de Seguridad, de quien hoy depende el Servicio Penitenciario; todos los organismos o áreas de las que dependen las medidas alternativas a la pena.

El tema de las tobilleras electrónicas; el Ministerio de Capital Humano, que también tiene que aportar en todo lo que es contención. Es un trabajo enorme, dificilísimo, que se va a empezar a llevar a cabo ahora. De hecho, ya me reuní con la ministra de Seguridad para hablar, entre otras cosas, de este tema.

—Vamos a entrar ya en el tramo final del reportaje, sobre el tema AFA. No sé si queda algún tema relevante de los que está trabajando desde el Ministerio que no hayamos tocado y que quiera mencionar.

—No, a grandes rasgos es lo que hablamos. Mis prioridades son la cobertura de vacantes, la implementación del Código Procesal Penal, el envío del Código Penal y la implementación del juicio por jurados. Después hay muchísimos temas.

EL VÍNCULO CON LA CORTE SUPREMA

—Con el tema de la Corte, ¿usted se va a reunir con los jueces del máximo tribunal?

—Sí, ya le pedí una reunión formal a la Corte.

—¿Y tiene fecha?

—Todavía no tuve respuesta, pero será en breve.

—Fuentes de la Corte dicen que recibieron bien su designación. ¿Usted tiene alguna relación con los ministros de la Corte?

—No sé cómo lo recibieron. Sí conozco a los ministros de la Corte, por supuesto. Tengo la mejor imagen de ellos. Muy buena relación institucional, así que entiendo que será en breve la reunión. Es una presentación formal, protocolar.

—¿Tiene algún tema específico para hablar con ellos, además del Código?

—La Corte está preocupadísima por la cobertura de vacantes. Hace mucho tiempo que está exhortando a que se cubran. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, es también el presidente del Consejo de la Magistratura. Es decir, hay una necesidad explícita de la Corte respecto de la cobertura de vacantes. Ese va a ser, entiendo, el primer y principal tema.

LA AFA Y EL GOBIERNO

—Pasemos al tema de la AFA. Uno de los temas relevantes que tiene que definir -y que tiene cierta urgencia o cierta prioridad- es la designación de veedores. Quería saber cómo está ese trámite, porque hasta donde sabíamos, o lo que había trascendido públicamente, el trámite había terminado y estaba a la espera de su firma. ¿Cómo está ese tema?

—Es un tema administrativo. Cuando llegué, pedí el expediente, lo miré el fin de semana. Son cerca de cuatrocientas fojas. Quería ver que no hubiera ninguna irregularidad en la propuesta de los veedores de la gestión anterior.

—Lo que había trascendido era que el expediente estaba arriba del escritorio del ministro esperando la firma. ¿Eso cómo está?

—No, eso no es así. Primero porque no existe expediente físico como para que esté arriba de un escritorio. Es todo digital. Cuando llegué el expediente estaba en guarda, entonces pedí que lo saquen para que me lo impriman y poder verlo.

Lo vi, lo estudié y confirmé que el trámite no tenía problemas administrativos ni ninguna irregularidad. Entonces pedí que empiece el camino para que me llegue a la firma. En ese proceso interno de los trámites administrativos tenía que pasar primero por el nuevo titular de la IGJ.

—Alejandro Ramírez.

—Alejandro Ramírez, que hoy salió su designación. Así que él lo estará firmando hoy o mañana y me lo elevarán a mí. A más tardar entre lunes y martes estaré firmando la designación.

—¿Y van a ser las mismas personas que había propuesto la gestión anterior?

—Las mismas personas que propuso el anterior inspector General de Justicia.

—Porque una de las sorpresas cuando usted llegó fue que se fue el anterior titular de la IGJ, que había tenido un perfil muy alto, Daniel Vítolo. También se fue el titular de la UIF y varios funcionarios que trabajaban con Cúneo Libarona. ¿Por qué tomó esa decisión?

—No entiendo por qué causó sorpresa. Si quieren ponerle “purga”, pónganle el nombre que quieran, pero es lo que hacen todos los ministros cuando llegan. Es la lógica: llega un ministro y llega con su gente de confianza para cada una de las áreas.

Yo llegué y, como es habitual, pedí la renuncia a todos los funcionarios políticos. En este caso puntual, por el perfil que había tenido el anterior inspector General de Justicia, se generó todo un revuelo cuando en realidad no debería haberse generado.

Elegí a una persona intachable, con antecedentes en la materia. Después ustedes se hicieron eco de algunas particularidades, como que había litigado contra la AFA o que estaba a favor de las sociedades anónimas deportivas, cosas que yo ni siquiera había visto ni tenido en cuenta. Lo que sí tuve en cuenta es que es una persona intachable y por eso lo puse en el lugar que ocupaba el doctor Vítolo.

—Queda la Secretaría de Derechos Humanos y también la Oficina Anticorrupción. ¿Ya tiene definidos esos cargos?

—Sí, la Oficina Anticorrupción ya tiene nombre. Es una jueza de la ciudad de Buenos Aires que además es consejera de la Magistratura, con más de 27 años en la Justicia.

—¿Quién es?

—Gabriela Zangaro.

—¿Todavía no está definido el subsecretario de Derechos Humanos?

—No, todavía estamos evaluando perfiles. También designamos al titular de la UIF, otra persona intachable, Matías Álvarez.

—Fiscal, ¿no?

—Fiscal federal coadyuvante de la Procuraduría de Narcotráfico. Trabajó en temas de narcotráfico y lavado de dinero, estaba trabajando en Rosario. Personas de carrera, sin ningún alineamiento político. La verdad que estoy muy contento con el equipo que estamos armando.

—Esta semana estuvieron ante la Justicia Pablo Toviggino, como tesorero, y Claudio Tapia, como presidente de la AFA, por una de las causas presentadas por ARCA. ARCA es un organismo del Gobierno, la IGJ también. ¿Cómo ve usted este tema desde su lugar de ministro? La AFA plantea que es víctima de una persecución política.

—En mi rol de ministro no tengo nada que decir sobre causas en trámite. Hay muchas causas en trámite, esta es una de ellas. Hay otras en distintas jurisdicciones y en distintas instancias. Todo está muy atravesado y mezclado.

Como ministro de Justicia, me parece imprudente hablar para un lado o para el otro. Lo único que puedo decir es que es un tema que me es ajeno, que no tengo absolutamente nada que ver y lo miro desde otro lugar.

—Se lo pregunto porque técnicamente usted va a poner la firma sobre una decisión que afecta a la AFA.

—No sé si afecta o no. Es lo que corresponde. Hay una investigación y sospechas de que algunos balances por ahí no fueron como dicen. Un organismo del Gobierno propuso que vayan veedores para ver si eso es así o no, y yo seguí con esa lógica.

—Se lo pregunto también porque surgieron muchas especulaciones sobre si su llegada al ministerio tenía que ver con encontrar algún tipo de acuerdo con la AFA. El presidente lo dijo que con su designación no iban a “salvar” a Tapia y Toviggino.

—En primer lugar, ratificarlo: yo, ni nadie viene a salvar a nadie. A nadie. No es nuestra función, no es mi función. Nadie me lo pidió. No vengo a salvar ni a perseguir a nadie. Yo tengo otra función. Mis facultades no son salvar o ayudar o perseguir a alguien. Me generó sorpresa tanto revuelo que se armó por si yo conocía o no a alguien en mi vida privada anterior a ser ministro y cómo se le dio tanta trascendencia.

—Y la última pregunta tiene que ver con su padre. En el Congreso está el pliego para extender la función judicial de Carlos Mahiques, que está próximo a cumplir 75 años. También trascendió un supuesto cumpleaños en una propiedad atribuida a Pablo Toviggino. ¿Su padre o usted estuvo allí?

—Yo vi esas imágenes que pasaron hasta el cansancio, donde decían que había una fiesta con karaokes, con casinos y que nosotros estábamos. Todo falso. Jamás participamos de una fiesta así.

Mi padre está transitando el proceso para que el Senado —si Dios quiere— le dé acuerdo para seguir cinco años más. Mi padre hace 52 años que está en la Justicia y para mí es un ejemplo.

—¿Por qué?

—Por la vocación que tiene. Yo nací y mi padre ya era juez. Tenía tres o cuatro años y mi padre era juez. En mi casa había amenazas, el teléfono sonaba a cualquier hora. Yo me crié con eso, vi y viví toda mi vida la pasión con la que se desempeñaba en cada función: primero como juez provincial, después como camarista, como fiscal, como juez nacional, hasta llegar a donde está hoy. Obviamente está en un lugar que genera muchas cosas. En el medio hay gente que lo quiere y gente que no lo quiere.

—¿Usted se reconoce como parte de la “familia judicial”?

—Sí. Soy de una familia en la que hay varios integrantes que son o fueron magistrados.

—¿Eso es una virtud o un defecto para este cargo?

—Ni virtud ni defecto. Soy alguien que conoce el sistema. Vengo de adentro de la Justicia. Toda mi vida estuve en la Justicia. Tengo 45 años y estoy desde los 19. Nunca estuve del otro lado. Conocer el sistema, con sus falencias y sus virtudes, creo que es una virtud para ocupar un lugar desde el que se puede ayudar, redireccionar cosas que no están bien y corregir. Yo lo vería como una virtud.

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El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se prepara para una jornada decisiva este domingo, en la que se celebrarán elecciones internas en 16 municipios en los que no se replicó el acuerdo alcanzado para el consejo del partido a nivel provincial. Es que, de fondo, la disputa aún no resuelta entre sectores alineados con Axel Kicillof –quien encabezará la lista de consenso a nivel provincial como presidente del Consejo del Partido– y el kirchnerismo, encabezado por Máximo Kirchner, junto a fuerzas de poder local, sigue latente en distintos ámbitos. El objetivo es definir el liderazgo partidario en distritos donde la unidad resultó inalcanzable y reconfigurar la estructura peronista bonaerense.

Entre los 16 municipios hay 128.896 afiliados en condición de votar. El distrito con mayor peso electoral será General Pueyrredón (Mar del Plata), donde 31.347 afiliados están convocados a elegir sectores del cristinismo –con la figura de la senadora provincial Fernanda Raverta como terminal política– y una coalición que representa al MDF (Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Kicillof), encabezada por Adriana Donzelli, quien cuenta con el respaldo del exintendente y actual concejal Gustavo Pulti. El dirigente tiene su propio espacio llamado Acción Marplantese, pero tracciona en la interna del PJ de General Pueyrredón. Por su parte, el candidato de la lista 4 —“Patria sí, colonia no”, que respalda Raverta— es Daniel Di Bartolo, sindicalista del gremio de docentes privados SADOP.

Esta convocatoria a internas locales presenta un caso particular: el distrito de Navarro, inicialmente incluido entre los municipios en disputa, fue excluido de la jornada tras el retiro de la lista apoyada por el intendente Facundo Díz. La Junta Electoral del PJ proclamó triunfadora a la nómina encabezada por el exintendente Santiago Maggiotti. “Proclamar como vencedora de los comicios internos para elegir el consejo distrital a la lista correspondiente al distrito Navarro cuyo candidato a presidente es Santiago Alejandro Maggiotti”, dice la resolución difundida en la noche del último viernes del órgano que comanda el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

La lupa en el conurbano

En la Primera sección electoral, tres municipios concentran la atención por la magnitud de sus internas. En Morón, el principal foco de tensión gira en torno a la pugna interna de Nuevo Encuentro: el intendente Lucas Ghi apoya la candidatura de Claudio Román, mientras Martín Sabbatella respalda a la camporista Paula Majdanski. Tanto Ghi como Sabbatella no figuran como afiliados formales al partido. El padrón de Morón suma 17.176 afiliados. Esta instancia entre los dos dirigentes ya se replicó cuando fue la negociación por la lista a concejales en la última elección legislativa. El resultante de lo que suceda este domingo preparará el escenario hacia 2027 en el orden local.

El distrito San Miguel anticipa una competencia ajustada con tres listas inscriptas, aunque solo dos concentran la disputa central porque representan a los principales actores de peso en el distrito y casualmente forman parte del MDF de Kicillof. Por un lado, Juanjo Castro, presidente local del PJ, se presenta con el apoyo de Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense. Por el otro, Santiago Fidanza reúne a la línea de Andrés Larroque, titular de Desarrollo de la Comunidad. Fidanza es subsecretario en el ministero que comanda Larroque. La tercera nómina, de perfil kirchnerista, es encabezada por Héctor Fernández, líder de Peronismo Militante que reconoce a CFK en su conducción.

En Tres de Febrero continúa la rivalidad entre el kirchnerismo, que postula al camporista Juan Debandi para continuar al frente del partido -hoy es el presidente-, y Alejandro Collia, ministro de Salud provincial durante la gobernación de Daniel Scioli.

El interior de Buenos Aires también elige

La competencia se replica en numerosas jurisdicciones del interior bonaerense. En San Nicolás (Segunda sección), Cecilia Comerio, dirigente de La Cámpora, concejala y titular del consorcio del Puerto San Nicolás, enfrenta a Sebastián Vignoles del MDF, ante un padrón de 7.109 afiliados. En Zárate, 6.485 personas están habilitadas para elegir entre Ana María Almirón, alineada con Sergio Berni y Agustina Propato, y Leandro Matilla, presidente PJ local y referente del MDF.

En la Tercera sección, Magdalena tendrá la única interna, con 1.385 afiliados. Es uno de los pocos municipios donde no gobierna el PJ. Allí, competirán Mirna Gurina, de La Cámpora, y Juan Carlos García, del MDF. El PJ designó a un camporista de peso para que oficie de delegado en la elección: se trata del senador provincial Emmanuel González Santalla.

La Cuarta sección suma dos competencias: en Junín, tres listas se disputan el escenario. Fernando Burgos encabeza una nómina integrada por referentes de La Cámpora, el MDF y sectores próximos al Frente Renovador de Sergio Massa; Cristina Tejo lidera una lista respaldada por agrupaciones como Primero la Patria (CFK) y Barrios de Pie (MDF); mientras que Claudio Camilo, dirigente gremial municipal, cuenta con apoyo de algunos sindicatos. El padrón local es de 6.790 afiliados. En Lincoln, el exintendente Jorge Fernández busca revalidar su conducción frente a Nicolás Rosas del MDF.

En la Quinta sección, además de Mar del Plata, destacan Balcarce (3.195 afiliados), con competencia entre el dirigente Eduardo Guzmán, algo más cercano al kirchnerismo y Sergio Aranaga con distintas terminales del MDF. La Cámpora había presentado una lista pura que no fue aceptada por la Junta. En Lobería (1.177 afiliados), se presentan tres listas: José Orbaiceta (peronismo local), Natalia Beraza (La Cámpora) y Eva Toledo (MDF).

En la Sexta sección electoral hay disputas. Una en Coronel Suárez (2.198 afiliados), entre María Alesandra Santarossa (La Cámpora) y Damián Meier (peronismo local); y en Tornquist (1.268 afiliados), entre Alberto José Musso (afín a Sergio Bordoni y cercano a Massa) y Juan Carlos Gisler por el oficialismo PJ.

La Séptima sección mantiene el esquema de contiendas entre La Cámpora (que controla distritos populosos como Azul y Olavarría) y los sectores cercanos a Kicillof. En Roque Pérez, Eliana Gasparini (hija del exintendente Juan Carlos Gasparini respaldada por el kirchnerismo y el Frente Renovador) se mide con Homero Salas del MDF. La particularidad es que el exintendente formaba parte del MDF, mientras que su hija reporta a La Cámpora. En Saladillo, Diego Yanson (de La Cámpora y con apoyo del massismo) enfrenta a Fabián Salguero del MDF; espacio que actualmente conduce el partido bajo la figura de Danilo Mengarelli, quien será el primer candidato a congresal del PJ por ese distrito dentro de la lista 2. Roque Pérez cuenta con un padrón de 788 afiliados, mientras Saladillo suma 2.586 afiliados.

Hernán Cappiello,Conforme a