“Si bien ya hemos hecho avances en materia de legislación laboral, a partir del 11 de diciembre vamos a continuar con la reforma laboral”, afirmó Javier Milei hace 10 días en la Bolsa de Comercio. Pero, ¿qué propuestas concretas se están elaborando en el Gobierno? Se supone que la agenda laboral que impulsan los libertarios surgirá del consenso multisectorial alcanzado en el Consejo de Mayo, que este lunes tendrá su segunda reunión para avanzar con ese temario clave.

Pero en la dirigencia de la CGT, que participa del Consejo a través de Gerardo Martínez (UOCRA), ya se prendieron luces de alerta: se enteraron que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quiere promover de nuevo algunas modificaciones laborales contenidas en el polémico DNU 70 que frenó la Justicia, como la limitación de las cuotas solidarias (principal sostén del financiamiento del aparato sindical), el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo y la descentralización de la negociación colectiva, propuestas que irritan a los sindicalistas.

Stuzenegger, autor intelectual del decreto 340 de reglamentación del derecho de huelga que suspendió la justicia laboral, es parte del ala dura del Gobierno y tiene un papel relevante en el Consejo de Mayo, que es presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, exponente del sector dialoguista del oficialismo.

No son los únicos que inciden en los temas laborales: también tienen voz y voto el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los interlocutores más confiables para el sindicalismo, además del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Hay charlas informales y reservadas de algunos de estos funcionarios con dirigentes gremiales, y de allí creció la inquietud de la CGT por una percepción: el Gobierno está en campaña y muchas de las ideas para modificar la legislación laboral están teñidas por la necesidad de conseguir votos de un sector del electorado.

Los líderes cegetistas, de todas formas, apuestan a tratar de negociar en el Consejo de Mayo para que las propuestas laborales que surjan de allí no sean las más perjudiciales para el poder sindical. Aun así, saben que si Milei gana por amplio margen las elecciones nacionales del 26 de octubre, se impondrá el ala dura de la administración libertaria e intentarán avanzar con los cambios más extremos de la legislación laboral.

Desde la cúpula cegetista, dirigentes como Martínez vienen conversando desde hace meses con el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, para llegar a consensos básicos sobre la producción y el empleo. En un guiño a la CGT, el jefe industrial se pronunció en favor de actualizar la legislación laboral, pero se centró en “los convenios colectivos de los años 70 que ya no reflejan la realidad productiva actual” y sostuvo: “Tenemos que generar incentivos para contratar, y hoy sucede lo contrario. Hay muchos mecanismos que desincentivan el empleo formal”.

En ese escenario es donde la CGT mira de reojo a Sturzenegger, el abanderado de una reforma laboral que irritará a la dirigencia gremial, aliado al ministro Caputo, una suerte de prócer intocable para el Presidente, y sus ideas le resultan funcionales a Karina Milei para soñar con la reelección de su hermano y, de paso, condicionar a Santiago Caputo, con el que mantiene una dura interna.

Del lado moderado del Gobierno, cada vez con menos peso específico, se proponen suavizar algunas propuestas que equivalen a una ruptura con el sindicalismo, como la eliminación de las cuotas solidarias. Los dialoguistas del gabinete nacional creen que no hay que eliminar las cuotas solidarias sino establecer que sólo pueden descontarse del sueldo de los trabajadores si hay una contraprestación explícita por ese pago mensual.

El DNU 70 puso en pie de guerra a la CGT apenas iniciado el gobierno de Milei porque ponía en jaque a las cuotas solidarias, que, desde los años 90, es el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos a afiliados y no afiliados de un porcentaje del sueldo pactado con los empresarios en los convenios colectivos de trabajo.

En rigor, el DNU 70 autorizaba el pago de esas cuotas solidarias a los sindicatos “sólo si existía un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. Que era, en la práctica, una forma de complicar al extremo el sistema que sostiene actualmente el funcionamiento de los gremios. En diciembre de 2023, lo graficó de manera dramática el líder del Sindicato de Comercio, Armando Cavalieri: “Tenemos 1 millón y medio de trabajadores que aportan todos los meses a las arcas del sindicato y si de repente esto (la cuota solidaria) no lo tenemos más, desaparecemos como sindicato».

Finalmente, el capítulo laboral del DNU 70 quedó frenado en la Justicia tras una presentación de la CGT y cuando el Gobierno negoció con un sector de la oposición el texto de la Ley Bases, el de las cuotas solidarias fue uno de los 42 artículos eliminados de la versión original del proyecto para lograr los votos y poder sancionarlo.

El temor de la CGT es que un Milei fortalecido en las urnas se rinda ante la tentación de avalar el proyecto de Democracia Sindical impulsado por la UCR y el PRO (y algunos libertarios) en la Cámara de Diputados: en esa iniciativa, que aún no tiene dictamen, figura directamente la prohibición de las cuotas solidarias, además del fin de la reelección perpetua y otras propuestas que imponen fuertes controles y límites al sindicalismo.

Uno de los puntos de la reforma laboral que el Gobierno cree que serían aceptados por la CGT es la posibilidad de fraccionar las vacaciones, tal como lo contempla el proyecto de ley de Promoción de Inversiones y Empleo, presentado en la Cámara Baja por la diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Diez, en coautoría con otros 14 colegas del mismo bloque y que apoyaría el PRO.

Esa misma iniciativa contiene otros cambios en la Ley de Contrato de Trabajo que apoya el Gobierno y rechaza la CGT como la modificación del principio de irrenunciabilidad, la limitación del empleado para rechazar los cambios en la forma y modalidades en las que se desarrolla el trabajo, la desregulación de la jornada laboral, el endurecimiento del régimen de licencias por enfermedad y la nueva habilitación a los ticket canasta como parte del salario, entre otros.

Sin embargo, en la propia CGT aseguran que no saben nada acerca de las propuestas laborales en danza ni sobre reflotar el DNU 70. “A nosotros no nos consta y creo que no hay oportunidad para que eso ocurra”, dijo Gerardo Martínez en diálogo con Infobae.

“Puede ser que ellos estén en este momento en un estado de campaña y por lo tanto quieran promover eso -enfatizó-. Pero dentro de las conversaciones que estamos teniendo de eso no se habló y sí se habló del consenso y de una agenda de trabajo donde hay derechos y deberes de todas las partes para buscar un mecanismo que sea virtuoso y que atienda las necesidades de una Argentina competitiva, que gane mercado y que atraiga las inversiones. Y hay muchas cosas que pueden depender de los actores sociales, pero la gran mayoría, el 80%, depende de las tres G: Gobierno, gobernabilidad y gobernanza».

¿La CGT acepta discutir la modernización laboral? Sobre este tema hay también fuertes diferencias entre los sindicalistas. Algunos no quieren cambiar ni una coma más de la legislación del trabajo, mientras que otros están dispuestos a debatirlo, con ciertos límites, como es el caso de Martínez, de la fracción dialoguista.

Para el líder de la UOCRA, “con el mismo volumen e importancia que tiene para el Gobierno el tema macroeconómico, financiero e inflacionario, es necesario trazar un camino de la misma dimensión que esté vinculado a la producción, el trabajo y el crecimiento”.

“Para eso el diálogo es una llave maestra -agregó- y nos da la oportunidad a los empresarios y a los trabajadores de analizar objetivamente cuáles son los factores que impiden que el producto argentino sea competitivo, y ahí nos encontramos con que el costo argentino tiene un nivel de influencia muy importante. Tanto la UIA como la CGT entienden que el valor de la productividad es una dimensión fundamental para el trazado de esa competitividad que necesitamos tener».

Martínez señaló que “la productividad no solamente tiene que ver con la capacidad de nuestros trabajadores, sino con la formación y la capacitación profesional que tengan. Para eso es necesario comprender que el salario no tiene un nivel de incidencia importante dentro del costo argentino. En ese proceso consideramos que la modernización laboral planteada desde lo que significa la productividad y la competitividad es un valor que nosotros estamos en condiciones de discutir”.

Pero, ¿qué tipo de modernización laboral está dispuesta a debatir la CGT? “Es aventurado adelantar qué cambio hay que hacer -resaltó Martínez-, pero sabemos que la posibilidad de jerarquizar la vía de la discusión por convenio, el trazado de modernización que se debe dar entre las partes en la negociación colectiva, es una herramienta que va a generar resultados concretos y beneficiosos para toda la Argentina”.

Y agregó: “Una cosa es la campaña y el cliché de la reforma laboral y lo que observamos es que los países modernos y desarrollados han actuado de una manera en que privilegian la relación bilateral dándole una jerarquía a la convención colectiva de trabajo”.

Desde este lunes, con la nueva reunión del Consejo de Mayo, se dará otro paso hacia la nueva reforma laboral, en principio definiendo la agenda de esos cambios por acordarse en esa instancia de diálogo. Por la tarde, la mesa chica ampliada de la CGT analizará nuevamente su participación en esa mesa de negociaciones.

Pero todo lleva a proyectar la nueva reforma en el Congreso recién para cuando asuman los legisladores elegidos en octubre: las conclusiones del Consejo de Mayo estarán en diciembre. Eso quiere decir que lo que suceda en las urnas acelerará, frenará o condicionará el contenido de esa tan temida modernización laboral.