Mañana, los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7, Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, comenzarán a juzgar a la expresidenta Cristina Kirchner, una veintena de exfuncionarios, un financista y 64 empresarios de primera línea en la causa de corrupción más grande del país.

Sus biografías profesionales marcan largos recorridos en la Justicia federal, formación en la Corte Suprema y fallos que incluyeron condenas contra militares y funcionarios del kirchnerismo. También una polémica con resonancias internacionales, que atravesó ya tres mandatos presidenciales y continúa abierta.

Méndez Signori

Ingresó al Poder Judicial en 1987. Tres años más tarde fue designado secretario del Juzgado federal N° 1, cargo que mantuvo hasta el año 2000, cuando fue nombrado prosecretario letrado de la Corte Suprema.

Permaneció allí hasta su designación en 2016 como juez del tribunal que preside.

Participó como juez subrogante del juicio a la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una organización parapolicial de ultraderecha integrada por círculos nacionalistas, católicos y peronistas que actuó en Mar del Plata entre 1975 y 1976.

Se condenaron secuestros, torturas y homicidios de militantes políticos, sociales y estudiantiles cometidos por la organización.

El juez también integró el Tribunal que en diciembre último condenó a cadena perpetua a Horacio Luis Ferrari, conocido como “Pantera”, un exoficial de la Armada Argentina por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 240 víctimas de la ESMA.

El lunes último, ante un nuevo intento por parte de un grupo de empresarios para sacar del juicio oral algunas de las declaraciones de los “arrepentidos”, el juez volvió a ratificar en su voto que estos elementos formarían parte del debate oral, al marcar que no se habían violado las garantías de las defensas –como sostenían las defensas– y que los empresarios no habían pasado de “imputados” a “testigos” por haber firmado un acuerdo de colaboración con la Justicia.

Castelli

Fue durante 9 años secretario de un Tribunal Oral de la Ciudad, donde participó en la preparación de la causa por AMIA.

Luego fue nombrado juez federal de Morón, donde estuvo otros 9 años, hasta 2011, cuando, con acuerdo del Senado y la firma de la expresidenta Cristina Kirchner, fue nombrado camarista en el Tribunal Oral N° 3 de San Martín.

En 2018, llegó al Tribunal Oral Federal N° 7 de Comodoro Py como parte del cuestionado traslado de jueces que llevó adelante el expresidente Mauricio Macri mediante decreto.

Junto al juez Castelli, recalaron también los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a una de las salas de la Cámara Federal y se inició un conflicto todavía sin resolución definitiva.

El movimiento de Macri fue duramente criticado por la oposición, especialmente por el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura.

Sus consejeros sostuvieron que los nombramientos eran inválidos e inconstitucionales, porque violaban las normas que regulan la llegada de los jueces a los cargos y porque rompían el criterio fijado por la Corte de que los traslados debían ser “laterales”, para respetar la jerarquía de los cargos.

Por eso, el juez Castelli fue menos cuestionado que el traslado de sus colegas Bruglia y Bertuzzi -que pasaron de jueces a camaristas-, pero volvió a quedar bajo el reflector cuando se realizó el sorteo del juicio por los Cuadernos y el caso recayó en el tribunal que integra.

En 2020, Alberto Fernández dejó sin efecto esos corrimientos a través de un decreto y el juez Castelli interpuso un amparo.

El caso trepó a la Corte Suprema, que señaló que el traslado constituía una permanencia provisoria y que los jueces debían volver a sus cargos anteriores, pero solo cuando se realizara el concurso definitivo por las vacantes, por lo que los magistrados fueron restituidos en sus lugares, pero de manera temporal.

El caso cobró nueva dimensión cuando los jueces denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se cursa un pleito activo.

En abril del año pasado, con el presidente Javier Milei, se dio inicio a un proceso de “solución amistosa” por parte del Estado argentino que aún no ha concluido.

Canero

Entre 1980 y 1992 trabajó en diferentes juzgados federales como oficial y prosecretario. Luego se desempeñó como secretario de Cámara en el Tribunal Oral Número 9 por ocho años.

En 2001, ingresó a trabajar en la Corte Suprema como secretario letrado, cargo que tuvo hasta 2016, cuando se convirtió en juez de este tribunal.

Algunos hitos de su recorrido como juez fueron la condena al dirigente Luis D’Elía por la toma que hizo junto a un grupo de militantes de una comisaría en La Boca, en junio de 2004; su participación en uno de los tramos del juicio por lesa humanidad en el centro clandestino de detención conocido como “Puente 12”; y también en el tercer juicio por el atentado a la AMIA, integrando el tribunal que juzgó como partícipe del ataque a Carlos Alberto Telleldín, que resultó absuelto.

Canero integró a su vez el tribunal que condenó al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, y al exministro de Planificación, Julio De Vido, a ocho y cuatro años de prisión, respectivamente, por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, entre 2004 y 2005.