POLITICA
Qué significa el rechazo in limine que la Corte Suprema le aplicó a Cristina Kirchner
La causa Vialidad, que involucra a la expresidenta Cristina Kirchner, sumó un nuevo capítulo. La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión clave que podría acelerar el proceso judicial y tener un impacto significativo en el futuro político de la exmandataria.
El rechazo “in limine” significa que la Corte Suprema desestimó la recusación presentada sin siquiera entrar a analizar el fondo de la cuestión. La Corte consideró que la presentación era inadmisible desde el principio, ya sea por cuestiones de forma o por falta de fundamentos sólidos.
“De acuerdo con la tradicional doctrina de esta Corte, que se ha mantenido inalterada a lo largo de toda su historia, cuando las recusaciones planteadas por las partes son manifiestamente inadmisibles deben ser desestimadas de plano”, señaló el fallo.
El fallo de la Corte, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, argumenta que la recusación es un “mecanismo de excepción que debe ser interpretado de manera restrictiva”.
Según el fallo, la defensa basó su recusación en declaraciones de Lorenzetti del 1° de mayo y en notas posteriores, pero la Corte determinó que “ninguno de los hechos invocados como fundamento de la pretendida causal de recusación, con la única excepción de las declaraciones de fecha 1° de mayo de 2025 y las dos notas posteriores referidas, fue invocado en tiempo oportuno”. Además, consideró que las declaraciones de Lorenzetti del 1° de mayo “no revisten la entidad mínima necesaria para dar trámite a la recusación intentada”.
Además, afirmaron que el recurso solo puede ser utilizado para casos muy particulares, no siendo este uno de ellos. “El instituto de la recusación con causa es un mecanismo de excepción, de interpretación restrictiva, con supuestos taxativamente establecidos, para casos extraordinarios, teniendo en cuenta que su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional del juez natural”, expresa el fallo.
La decisión de la Corte Suprema acorta los tiempos para que el máximo tribunal defina si confirma la condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos dictada contra la expresidenta en la causa Vialidad. De ser ratificada esa sentencia, Cristina Kirchner deberá empezar a cumplir su pena de prisión.
La causa Vialidad, iniciada en 2016, investigó el presunto direccionamiento de 51 obras públicas viales en Santa Cruz hacia el empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se analizaron posibles sobreprecios, demoras y trabajos inconclusos. El fiscal Diego Luciani acusó a Cristina Fernández de Kirchner de ser jefa de una organización que favoreció a Báez, solicitando su condena por asociación ilícita y administración fraudulenta.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 absolvió a la expresidenta por asociación ilícita, pero la condenó por administración fraudulenta, imponiéndole la pena máxima de 6 años. La Cámara de Casación Penal confirmó esta sentencia en noviembre de 2024, rechazando el recurso extraordinario de la defensa.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
POLITICA
Con un comunicado, la embajada de Rusia rechazó la acusación sobre una presunta campaña de desprestigio contra Milei
Este jueves se conoció una campaña de desinformación presuntamente impulsada desde Rusia para perjudicar al presidente Javier Milei. Según detalla la investigación, la operatoria incluyó el financiamiento de cientos de artículos publicados en medios digitales argentinos con el fin de afectar la imagen del mandatario.
Tras la difusión del informe, el Gobierno advirtió que va a avanzar “hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”.
Desde la embajada de Rusia respondieron con un escueto: “Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de los materiales antirrusos en los sitios web argentinos”.
Asimismo, indicaron que “los ‘investigadores’ han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025. Como era de esperar, al igual que entonces, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”.
“Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común, y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas”, concluyeron.
La postura del gobierno argentino
Javier Milei sostuvo que el “espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”.
“Los “periodistas” y “medios” vinculados a esto son solo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, escribió en su cuenta de X.
La SIDE ya había advertido sobre esta operatoria a fines de 2025. En un comunicado oficial, indicó que el caso fue puesto en conocimiento de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal en octubre del año pasado. Según precisaron, se trataba de una estructura con antecedentes en maniobras de injerencia internacional que buscaba consolidar redes de influencia en el país.
Respecto de la publicación de los contenidos, el informe señala que, en muchos casos, los artículos ingresaban a los medios a través de intermediarios como agencias, consultoras o voceros externos. Varios de esos textos carecían de firma o estaban atribuidos a autores inexistentes, algunos de ellos generados mediante herramientas de inteligencia artificial.
Los datos surgen de un informe elaborado por un consorcio internacional de periodistas. De acuerdo con los documentos analizados —una filtración de inteligencia rusa de más de mil páginas—, la estructura responsable, conocida como “La Compañía”, habría desembolsado alrededor de US$283.000 para la difusión de más de 250 notas y columnas de opinión en al menos 23 portales del país. El material fue examinado en Argentina por el sitio Filtraleaks, en el marco de un trabajo conjunto con organizaciones periodísticas internacionales.
Rusia
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccessi. Lo hizo tras conocer que el funcionario accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación, algo que según le dijeron fuentes de la cartera a TN ella no cuestiona, pero choca con el “perfil bajo” que pretende cultivar en su área.
En los últimos días se conoció que un grupo de miembros del equipo económico y legisladores oficialistas obtuvieron créditos hipotecarios de hasta US$350.000 en el Banco Nación, la principal entidad pública de la Argentina, y desde la oposición presentaron un pedido de informes para conocer detalles de la operatoria.
Desde la entidad bancaria le aseguraron a TN que se cumplieron los requisitos y descartaron cualquier tipo de irregularidad: “No hay excepciones. El que califica, accede”, manifestaron.
Desde el oficialismo rechazaron los cuestionamientos y argumentaron que “en cualquier país la gente saca créditos”. De este modo, buscaron bajarle el tono a la polémica y desestimaron las denuncias por presuntas irregularidades.
Cuál es la normativa del Banco Nación
El Banco Nación, en su reglamentación, señala que los créditos para el sector público pueden solicitarlos personas que trabajen en relación de dependencia, clientes pertenecientes a Empresas con Capital mayoritariamente estatal y empleados de las empresas pertenecientes al Grupo YPF, que cobren sus haberes a través de esa casa.
La edad límite para la cancelación de las obligaciones de los préstamos que se acuerden será de 85 años inclusive.
En todos los casos se admiten hasta dos usuarios titulares y hasta dos codeudores, quienes deberán ser familiares directos (padres, hijos o hermanos) y cumplan con los requisitos correspondientes para la obtención del presente crédito hipotecario.
Sandra Pettovello, Banco Nación
POLITICA
Temen dilaciones: La Corte quiere apurar en el Consejo los cambios en el sistema de selección de jueces
El proyecto de la Corte Suprema para modificar el proceso de selección de jueces inició esta semana su camino dentro del Consejo de la Magistratura al ser girado, como un expediente más, a la Comisión de Reglamentación, la primera parada de muchas.
El tratamiento ordinario que recibió la iniciativa generó malestar entre los impulsores. Esperaban una mejor recepción y una mayor agilidad en el trámite.
Desde su presentación, el proyecto recibió amplias expresiones de respaldo, ya que limita la inicidencia de la política en la elección de jueces y reduce los márgenes de arbitrariedad.
La iniciativa fue firmada por dos de los ministros de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, e introduce modificaciones en distintas instancias del proceso, pero recalibra, especialmente, el peso que tienen las entrevistas personales, una instancia cuestionada que, en palabras de Rosenkrantz, se utiliza para “reescribir el orden de mérito” de los candidatos.
Los efectos de esa “discrecionalidad” quedaron a la vista en la ventana hacia el pasado que abrió el lunes el envío al Senado del pliego de Emilio Rosatti, hijo del ministro de la Corte Horacio Rosatti. Tal como contó , en parte gracias a los puntos que ganó en la entrevista personal, Emilio Rosatti saltó del cuarto al primer lugar en ese ranking de mérito.
Rosatti, presidente del máximo tribunal, no firmó la acordada, aduciendo que él también preside el Consejo, donde debe debatirse la iniciativa. Sí participó de su presentación, el lunes, en una ceremonia de gran pompa judicial en el Palacio de Tribunales.
El nuevo reglamento apunta a poner nuevos límites al Consejo -donde se inicia el proceso de selección de jueces- para “limitar la injerencia” de la política. Dispone, por ejemplo, que los concursos se realicen con un banco de preguntas que se corregirá mediante un multiple choice o que las entrevistas personales solo puedan dar puntos al candidato con un límite del 10%.
“Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados”, dijo Rosenkrantz, el lunes, durante la presentación.
Respecto de las entrevistas personales, el ministro sostuvo que son una fuente permanente de queja “en los aspirantes serios”, que alteran el orden de mérito “sin parámetros claros ni límites cuantitativos”.
Los caminos
“Si lo dilata [al proyecto de la Corte dentro del Consejo], va a estar deshonrando el mandato que le impartieron como presidente de la Corte y por ende del Consejo”, dijeron respecto a Rosatti en una de las vocalías de la Corte.
El malestar surge porque la acordada mayoritaria de la Corte no recibió un trato especial y ahora la iniciativa podría iniciar una larga peregrinación entre escritorios del Consejo y entremezclarse con otros proyectos similares.
“Dependerá de cómo se trabaje en las comisiones”, advierte una fuente del órgano respecto a los tiempos, que son inciertos.
Es que el texto deberá tratarse primero en la Comisión de Reglamentación -hay una reunión prevista para el jueves- y luego en la de Selección; recoger allí sus dictámenes, para después sí recalar en el pleno del Consejo. Compite junto a otra docena de proyectos orientados en el mismo sentido, que no han logrado grandes avances en el último año.
Formalmente, había al menos dos caminos alternativos al que se tomó: llevar la propuesta directamente al plenario previsto para el próximo 14 de abril y tratarlo “sobre tablas”, lo que requiere para su aprobación una mayoría agravada; o buscar darle un dictamen sin retoques profundos en una comisión conjunta, integrada por las de Reglamentación y de Selección.
Ninguna de las alternativas contaba con apoyo suficiente, en parte porque cualquiera de ellas habría sido abrirle la puerta del Consejo de par en par a la Corte.
Algunos constitucionalistas mostraron reparos en la forma en que la Corte presentó la iniciativa. Andrés Gil Domínguez sostuvo en redes que “la CSJN no quiso intervenir ‘lateralmente’ en el debate, sino que dotó al texto de una investidura institucional reforzada, con pretensión de autoridad y de irradiación sobre todo el sistema judicial argentino”.
El volumen que ganó el asunto, habiendo tantos otros proyectos en el Consejo, produjo en algunos consejeros la sospecha de que en el fondo del proyecto se libra una batalla interna de la Corte, que tuvo en este tema un realineamiento, con Rosenkrantz y Lorenzetti en la misma vereda.
Aún aquellos que ven con buenos ojos volver a sopesar el peso de las entrevistas defienden el camino adoptado por el Consejo, afirmando que es el habitual y respeta el “procedimiento interno”.
Las mismas fuentes del Consejo, sin embargo, reconocen amplios márgenes de mejora posibles. Es que no solo las entrevistas han quedado ensombrecidas en distintos concursos, sino también los exámenes escritos, cuyo contenido no se publica.
proyecto de la Corte Suprema para modificar el proceso de selección de jueces,amplias expresiones de respaldo,saltó del cuarto al primer lugar,Federico González del Solar,Conforme a
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