El Gobierno promulgó dos leyes clave: la de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, y la de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud.

Ambas normas fueron sancionadas por el Congreso, pero su ejecución quedó postergada hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, tal como establece el artículo 5° de la Ley 24.629.

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Financiamiento universitario: recursos y salarios garantizados

La Ley 27.795 busca asegurar la continuidad y sostenimiento de la educación universitaria pública. Entre sus principales medidas se destacan:

• Actualización automática de los presupuestos universitarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
• Recomposición salarial de docentes y no docentes, que debe garantizarse con carácter remunerativo y bonificable, incluyendo la plena incorporación de sumas no remunerativas.
• Convocatoria obligatoria a paritaria nacional, con actualización mensual no inferior a la inflación.
• Revisión y fortalecimiento de programas de becas estratégicas y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.

A pesar de estas disposiciones, la aplicación de la ley quedó condicionada a que el Congreso defina cómo se financiarán los gastos adicionales, tal como ocurre con la ley de emergencia pediátrica.

Emergencia pediátrica: atención garantizada, pero sin ejecución inmediata

La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias nacionales de salud por un año. Sus objetivos son:

• Garantizar acceso equitativo y de calidad a servicios de salud pediátrica, incluyendo hospitales de referencia y prácticas de alta complejidad.
• Asegurar continuidad y condiciones laborales dignas para residentes y profesionales de la salud, con recomposición salarial mínima equivalente a noviembre de 2023.
• Priorizar recursos para programas críticos como neonatología, trasplantes, oncología pediátrica y cirugía cardíaca infantil.

Sin embargo, según el decreto 760/2025, la ley queda suspendida hasta que el Congreso incluya partidas específicas en el presupuesto nacional, debido a que la actual situación financiera del Ministerio de Salud no permite afrontar el gasto sin afectar otros programas esenciales.

Qué implica la suspensión en la puesta en marcha de las leyes

• La promulgación formal significa que las leyes existen y están vigentes.
• La postergación impide que se asignen fondos, se actualicen salarios o se implementen programas hasta garantizar el financiamiento.
• Esta medida se justificó en evitar desfinanciar otros programas sanitarios y educativos esenciales mientras se resuelven los recursos necesarios.

En la práctica, tanto universidades públicas como hospitales pediátricos deberán esperar la asignación presupuestaria antes de recibir los beneficios que las leyes establecen.

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En las elecciones legislativas nacionales 2025 que se llevan a cabo este domingo 26 de octubre se implementa por primera vez a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP), en la cual se agrupa toda la oferta electoral. Esta incluye todos los candidatos a diputados y senadores nacionales, según lo que se define en cada provincia. Para que los electores indiquen su sufragio, deben marcar la opción que elige en uno de los casilleros blancos que se podrá ver junto a la lista de cada fuerza política. En ese sentido, muchas personas se preguntan si es necesario llevar una lapicera al momento de acercarse a las urnas.

De acuerdo a lo informado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), a los electores se les proveerá la BUP y una lapicera por las autoridades de mesa al momento de votar. Por lo tanto, no es necesario que cada uno de ellos cuente con algo para escribir para sufragar.

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El organismo destacó que las lapiceras con las que se votará este domingo son “indelebles”. Esto significa que la tinta no se puede borrar. Por lo tanto, cada votante debe asegurarse de marcar la opción que desea con sumo cuidado.

Si se comete un error, la CNE explica que el elector debe doblar la boleta y acercarse e a las autoridades de mesa para informar las circunstancias. Luego, debe entregar la papeleta, que se repondrá por otra. Se dejará constancia del cambio en una acta labrada al efecto, la que será remitida con el resto de la documentación al cierre del acto electoral.

Las elecciones legislativas de 2025 introducen la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio nacional, un instrumento que busca modernizar y transparentar el proceso electoral. Su objetivo primordial es garantizar la presencia de la totalidad de la oferta electoral en cada centro de votación, y así eliminar la posibilidad de que falten boletas de algún partido.

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El diseño de la BUP se concibió para facilitar la visualización y la elección por parte del electorado. Los partidos políticos se organizan verticalmente en columnas, mientras que las categorías de cargos a elegir se presentan horizontalmente en filas. Al lado de cada cargo, se dispondrá una casilla en blanco para que el votante marque con una tilde a su candidato o lista de preferencia. Este formato busca simplificar la identificación de las opciones disponibles.

Es importante destacar que habrá dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción, debido a la variación de cargos a elegir. Por un lado, los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía color. Para el caso de la lista de diputados, tendrán como máximo los nombres y apellidos de los primeros cinco candidatos de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior. En todos los casos se incluirá la fotografía color de los primeros dos postulantes.

El proceso de votación con la BUP es el siguiente:

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El elector debe entregar su DNI para que se verifique su identidad y si puede votar. Una vez chequeado esto, el votante recibirá la boleta, firmada por la autoridad de mesa, y una lapicera

En la cabina de votación, marcar el casillero del candidato o lista elegida (una marca por categoría).

Doblar la boleta por la línea punteada y depositarla en la urna. Finalmente, firmar el padrón y recibir la constancia de voto y el DNI.

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El próximo 26 de octubre, se celebrarán las elecciones legislativas 2025 en Argentina en las que se elegirán 127 diputados y 24 senadores. Las bancas del Senado a renovar corresponden a las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los comicios definirán la integración del nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre, lo que afectará el equilibrio político y las chances de gobierno de Javier Milei de impulsar reformas y garantizar la gobernabilidad. Desde el punto de vista opositor, les permitirá ampliar la capacidad de bloqueo y de negociación para promover las iniciativas de su interés.

Por primera vez, el proceso contará con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para la elección de cargos legislativos en todo el país. Esta modalidad, incorporada por la Ley N.º 27.781, tiene como objetivo aumentar la transparencia y equiparar la competencia electoral entre las distintas agrupaciones.

La BUP concentra todos los candidatos de los distintos partidos y alianzas en una sola hoja oficial, reemplazando el sistema previo de boletas partidarias múltiples. De esta manera, se prevé reducir inconvenientes relacionados con la manipulación y la posible ausencia de boletas en los cuartos oscuros.

Quiénes pueden votar en las elecciones legislativas nacionales

El voto en Argentina tiene carácter universal, igual, secreto, libre y obligatorio. La universalidad garantiza que todas las personas argentinas, sin distinción de sexo, raza o religión, poseen el derecho al sufragio desde los 16 años si son nativos o desde los 18 si son naturalizados

En el caso de los ciudadanos argentinos que residen en el extranjero, el voto tiene carácter optativo. La normativa establece que quienes tengan domicilio registrado fuera del país antes del 19 de abril de 2025 podrán participar en la elección.

Los residentes en el exterior tienen la posibilidad de votar de manera presencial en el consulado o embajada que les corresponda según su lugar de residencia, o bien optar por la modalidad postal.

Además, el Código Nacional Electoral reconoce el derecho al voto a los presos y personas detenidas que estén bajo prisión preventiva, siempre que figuren en el Registro de Electores Privados de Libertad, elaborado por la Cámara Nacional Electoral.

Los documentos válidos para ir a votar

Además de figurar en el padrón electoral, los ciudadanos deben presentar en los centros de votación un documento cívico personal oficial que acredite su identidad frente a las autoridades de mesa:

• Libreta de enrolamiento/libreta cívica
• DNI libreta verde
• DNI libreta celeste
• Tarjeta del DNI libreta celeste, que contiene la leyenda “No válido para votar”.
• DNI tarjeta

El elector puede votar presentándose con libreta de enrolamiento o libreta cívica siempre que no haya gestionado el DNI. También podrá votar si se presenta, por ejemplo, con un DNI triplicado y en el padrón figura que se le otorgó un duplicado.

No se permite el uso del DNI en el celular ni de un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral, aunque sí los electores podrán sufragar si presentan una versión posterior al documento registrado en la nómina oficial.

Quiénes no están obligados a ir a votar

Mediante la Ley de Ciudadanía Argentina (26.774), conocida como “Ley de Voto Joven”, los jóvenes de 16 y 17 años que sean argentinos nativos o por opción pueden elegir representantes políticos y participar en votaciones nacionales. Se trata de un sufragio optativo, no obligatorio.

Las personas mayores de 70 años también están exceptuadas de asistir a la votación.

Otros grupos de personas que están exceptuados de concurrir a votar son:

• Los jueces y sus auxiliares que por disposición del Código Electoral deben asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial.
• Los que el día de la elección se encuentren a más de quinientos (500) kilómetros de distancia del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables, debiendo presentarse en el día de la elección a la autoridad policial más cercana, la que extenderá una certificación escrita.
• Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto. Los certificados deberán ser emitidos por los médicos del servicio de sanidad nacional y en su defecto, por médicos oficiales, provinciales o municipales, y en defecto de estos por médicos particulares.
• El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio.

Qué pasa si tengo que trabajar el día de la votación

En caso de que una persona deba trabajar el día de la elección, la legislación establece el derecho a recibir autorización por parte del empleador para concurrir a votar o para desempeñar funciones en el comicio.

La autorización debe otorgarse sin que se realice ninguna deducción del salario, ni implique recargo de horario o compensación posteriormente.

Qué pasa si estoy en el exterior el día de la votación

Una persona que está en el exterior en el día de votación, no puede votar.

Por otro lado, para justificar la no emisión, si una persona se encuentra a más de 500 kilómetros de distancia de su lugar de votación el día de los comicios, debe presentarse ante la autoridad policial más cercana para solicitar una constancia que justifique el motivo de su ubicación. Otro documento que puede efectuarse es mediante la presentación de pasajes aéreos o pasaporte.

Cómo justificar la ausencia en los comicios

Si una persona no pudo ir a votar, debe justificar el motivo de la ausencia. Este trámite se realiza en la secretaría electoral más cercana al domicilio. En caso de enfermedad, es necesario solicitar un certificado médico para presentarlo como respaldo de la inasistencia. Sea cual fuere el motivo, existe un plazo de 60 días posteriores a la elección para entregar los documentos y justificar la ausencia.

Si no se presenta la justificación, corresponde abonar una multa a través del Registro de Infractores.

En caso de no efectuar el pago, quien figure como infractor no podrá realizar trámites en organismos públicos durante un año.