ROSARIO.-El contador Gabriel Mizzau quedó preso en su domicilio este viernes, luego de que el juez federal Eduardo Rodrígues Da Cruz avaló el pedido de los fiscales para acusarlo formalmente por lavado de activos en favor de los bienes del jefe narco Esteban Alvarado.

Mizzau admitió en la audiencia que, a la par de los trabajos que hacía para el entorno del narcotraficante que está preso en el penal de Ezeiza, le llevaba las cuentas al exjuez federal Marcelo Bailaque, que renunció a partir del 1° de julio pasado y se encuentra detenido en su domicilio.

La imputación contra Mizzau es importante en esta causa, porque cierra el círculo contra el exjuez federal, acusado de encubrir al narcotraficante más poderoso de Rosario.

A pesar de que los fiscales pidieron la prisión efectiva de este contador, Rodrígues Da Cruz dispuso la detención domiciliaria del acusado. Es la misma condición en la que están el propio Bailaque y el financista Fernando Whpei.

El 11 de junio de 2024, reveló que Mizzau compartía sus trabajos profesionales entre el jefe narco rosarino y el exmagistrado. Esto ocurrió en el lapso en el que Bailaque tenía a cargo la instrucción de dos causas contra Alvarado, una por narcotráfico y otra por lavado de dinero. El exjuez, que renunció a partir del 1° de julio pasado, luego de que el presidente Javier Milei aceptara su dimisión, admitió en diálogo con que Mizzau era su amigo y que era su contador personal.

Luego de esta publicación, la diputada provincial Lionella Cattalini presentó una denuncia judicial, que derivó en allanamientos contra Mizzau, y comenzó una investigación que Avanzó sobre el papel que tuvo este contador en las maniobras de lavado en un esquema de empresas que había montado Rosa Capuano, expareja de Alvarado. Esta red, según explicó Iglesias, servían para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

En una audiencia que comenzó al mediodía y se extendió hasta la tarde, los fiscales de PROCUNAR Diego Iglesias y de PROCELAC Juan Argibay desplegaron una batería de pruebas sobre el rol que tuvo Mizzau para generar maniobras de lavado de activos en favor de Alvarado.

Mizzau constituyó la empresa Logistica Santino SRL, una firma que se dedicaba al transporte, y firmó los balances de esta compañía, según figura en la causa. Además, pidió la habilitación municipal de otra empresa llamada Sagrado Corazón, que también pertenecía a la constelación de firmas que tenían como objetivo mover dinero que generaba el narcotraficante.

Iglesias detalló que no era una simple relación profesional la que tenía Mizzau con el entorno de Alvarado, y eso demuestra –según explicó- las 536 llamadas que el contador le hizo a la expareja de Alvarado, que era la que se encargaba de las empresas porque el jefe narco se encontraba, en un principio detenido en la provincia de Buenos Aires, y después prófugo.

Los fiscales expusieron en la audiencia uno de los 3000 audios que fueron extraídos del Iphone que Alvarado arrojó al lago en Río Tercero, donde estaba escondido.

En un mensaje de Telegram, el capo narco que le dijo a su abogado personal que se “juntara con el contador, que está bastante cagado, para buscarle la vuelta”. La intención de Alvarado era salvaguardar los bienes que había adquirido en ese tiempo, entre ellas, una mansión en el country Funes Hill.

La investigación contra Mizzau fue clave para que los fiscales avanzaran contra las maniobras que había hecho Bailaque en favor de Alvarado, como rechazar las intervenciones telefónicas que había pedido la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) sobre el entorno de Alvarado en 2013 sin ninguna justificación.

La pasividad de Bailaque fue clave, según la visión de Iglesias, para el crecimiento de este narcotraficante, que no sólo engrosó su patrimonio, sino también provocó altos niveles de violencia, con decenas de asesinatos.

A la par de este caso, Bailaque, que se encuentra detenido en su departamento, está siendo investigado en otras dos causas, que tienen como coprotagonista al financista Fernando Whpei, y al exjefe de ARCA Carlos Vaudagna, que se plegó a la figura del arrepentido.

En marzo pasado, el exjefe de ARCA Rosario se presentó como arrepentido y admitió que en esa cena en la casa de Bailaque le dijeron que le iba a llegar una denuncia anónima contra el financista Claudio Iglesias, que era falsa, y que él debía llevar, cuando el entonces juez fedral estuviera de turno.

El magistrado no delegó el caso en la Fiscalía Federal, como acostumbraba hacer con todos los expedientes, y ordenó allanamientos contra Iglesias. A la par, Whpei le pidió al empresario extorsionado el pago de 200.000 dólares para que la causa no avanzara. Iglesias pagó una parte de ese monto, en dos reuniones que mantuvo con el financista en sus oficinas en el Museo de la Democracia, en pleno centro de Rosario.

Esta no fue la única maniobra que compartieron Bailaque y su “amigo” Whpei. Esta trama tiene que ver con el manejo de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, que tras la caída de Herme Juárez, alias Vino Caliente, a quien lo habían procesado por lavado de dinero, fue intervenida.

Los miembros de la cooperativa, por fuera de Vino Caliente, pretendían que se normalizara la compleja situación legal, luego de dos intervenciones. En mayo de 2021 trabajadores de la cooperativa denunciaron ante la Cámara Federal de Rosario que la intervención, a cargo de Rubén Pasqualino primero y Daniel Sorrequieta después, había transferido 10.000.000 de pesos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, una financiera que pertenecía al Grupo Unión, que está controlada por los hermanos Fernando y Guillermo Wphei.

En la recusación, los miembros de la cooperativa de estibadores señalaron que tuvieron una conversación con Fernando Whpei en el Museo de la Democracia en la que les dijo que era amigo del juez Bailaque y que ofrecía tomar el dinero de la cooperativa porque reportaría mejor interés. El dinero había sido transferido al Grupo Unión y al Banco Coinag.

“Fernando Whpei les informó que tenía muy buena relación con el juez Bailaque, jactándose de una estrecha amistad y confianza de muchos años, que habría ofrecido ayudarlos con la normalización de la cooperativa a raíz de su relación con el magistrado y que les iba a facilitar el proceso de regularización de la entidad. Sostuvieron que para lograr ese objetivo Whpei les manifestó que uno de sus abogados sería designado interventor de la cooperativa”, señala la recusación presentada por los estibadores.

Bailaque rechazó en ese momento la recusación al argumentar que la inversión, es decir el manejo de los fondos por parte de la mutual a cargo de Whpei, decidida por la intervención de la cooperativa, había sido buena y que los fondos estaban protegidos. Pagaban una tasa de interés más alta que los bancos.

La camarista federal Elida Vidal mantuvo el caso en manos de Bailaque, aunque después un fallo de la Cámara Nacional de Casación ordenó, con argumentos lapidarios de Angela Ledesma, revisar el caso. Lo tomó el camarista Fernando Barbará, que consultó a Bailaque si era como decían los estibadores denunciantes amigo personal de Fernando Whpei. El magistrado respondió: “Nunca negué que somos amigos”.

El fiscal Federico Reynares Solari acusó a Bailaque que no expuso su relación con el financista Fernando Whpei cuando era relevante que lo hiciera: en el momento en que los gremialistas denunciaban que precisamente por ese vínculo no podía ser el juez que dispusiera los destinos de fondos millonarios de la cooperativa portuaria. Lo que aparece como trasfondo es que los financistas guionaron la causa para beneficiarse. Y que en esa trama fue clave la relación de “amistad” que tenían con el magistrado.

Whpei ya fue investigado en otras causas de lavado de dinero, y que –según se comprobó- una de las mutuales de ese conglomerado, llamada Siempre Joven, giró fondos millonarios a la firma Los Sauces SA, que administraba los bienes de la familia Kirchner.

Con base en Rosario, Whpei tuvo un despegue económico descomunal en las últimas dos décadas, a partir de obtener otorgar créditos con las mutuales a empleados públicos de 16 provincias, a través de códigos de descuento. Es decir, los préstamos a suma fija se descontaban de los salarios de los empleados estatales. Se sospecha que Whpei financió varias campañas políticas en Santa Fe, de un arco ideológico transversal, con respaldos económicos a La Cámpora y a sectores de Juntos por el Cambio.