El Gobierno publicará en los próximos días un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la ley de inteligencia, con el que le dará mayor poder a la SIDE, que pasará a controlar todo el sistema de espionaje y tendrá autoridad para requerir información a cualquier organismo del Estado, además de sumar facultades, como la posibilidad de detener a personas ante pedido judicial o hechos de flagrancia.

El documento, que fue firmado ayer 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y todo el gabinete, reordena la estructura de toda el área, crea agencias, disuelve otras y unifica tareas para facilitar el intercambio de datos.

Entre otros puntos, se incorporan definiciones que hasta ahora no estaban explícitamente incluidas en la normativa vigente, como la caracterización del trabajo en este sector como de naturaleza reservada.

“Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”, señala el artículo 2° bis del texto del DNU al que accedió Infobae.

El decreto también detalla el concepto de contrainteligencia y las acciones que se incluyen dentro de ese campo.

“Las actividades de ejecución de Contrainteligencia incluyen evitar acciones de infiltración, fuga de información clasificada, espionaje, atentados contra el orden constitucional, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades constituidas del sistema republicano de gobierno, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general“, se aclara.

En cuanto a la estructura, la SIDE continúa como organismo principal, pero se modifican y reordenan varias de sus dependencias: la Agencia de Seguridad Nacional cambia su nombre y pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberseguridad es reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), con foco en el ámbito digital, y la antigua División de Asuntos Internos es sustituida por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI).

La norma también amplía y especifica las atribuciones de la SIDE. La coloca al frente de la planificación del esfuerzo estatal en materia de obtención y análisis de información estratégica, le otorga la conducción del Sistema de Inteligencia Nacional y la vincula con otros organismos nacionales y extranjeros en la materia.

Se dispone, por caso, que podrá solicitar datos a cualquier organismo del sector público y coordinar acciones con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se le asignan funciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo, la elaboración de análisis geoespacial y la gestión criptográfica del Estado.

Uno de los puntos más novedosos del decreto es la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un ente descentralizado y bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que tendrá la responsabilidad de “planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones en materia de ciberseguridad destinadas a proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos (…) y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales”.

Para su puesta en marcha, se transfieren bienes, patrimonio y personal que anteriormente estaban asignados a funciones de ciberseguridad en la ex Agencia Federal de Ciberseguridad.

El decreto crea además dos ámbitos de coordinación interinstitucional. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional reúne a los organismos de espionaje con áreas especializadas que cumplen tareas similares dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y otros entes con competencias afines. Su finalidad es facilitar el trabajo conjunto y la articulación permanente bajo la conducción de la SIDE.

Por otro lado, la Comunidad Informativa Nacional involucra a sectores con capacidad de generar datos relevantes para el análisis estratégico del Estado. Allí se incluyen ministerios, autoridades de documentación e identificación, Migraciones, Aduanas, organismos del área nuclear y otros entes.

“La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de la Presidencia de la Nación establecerá la organización, el funcionamiento y los procedimientos técnicos mediante los cuales los miembros de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) y la Comunidad Informativa Nacional (CIFN) deberán suministrar la información“, marca la norma.

El texto dedica un párrafo específico a la protección de instalaciones, bienes y empleados de los organismos incluidos en el sistema. Se establece que estos podrán proveerse sus propios mecanismos de seguridad y repeler o hacer cesar agresiones que los afecten.

También, en el artículo 19, se prevé que, “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.

Por último, el decreto contempla la reasignación del personal de los organismos que cambian de denominación o se disuelven y precisa cómo será la continuidad funcional de las estructuras existentes mientras se completa el proceso de reorganización.

Javier Milei,Javier Milei,Conforme a,,»Fenómeno barrial». Milei celebró que quedó en el podio de un ranking de líderes mundiales del diario británico The Telegraph,,»Orgullosamente». Javier Milei difundió un mensaje de Año Nuevo y aseguró que el Gobierno “cumplió todas sus promesas»,,»No existen los Robin Hood». La AFA salió a defenderse luego de que la Justicia hallara el contrato de Tapia con Faroni,Javier Milei,,»Fenómeno barrial». Milei celebró que quedó en el podio de un ranking de líderes mundiales del diario británico The Telegraph,,»Orgullosamente». Javier Milei difundió un mensaje de Año Nuevo y aseguró que el Gobierno “cumplió todas sus promesas»,,Dos años de Milei. Según una encuesta, el 41% apoyaría al Presidente en un intento de reelección en 2027

El gobernador Hugo Passalacqua anunció hace unos días una moratoria en el pago del impuesto automotor provincial. A fin de buscar el éxito de la medida, habrá beneficios significativos para los que adhieran.

“Informo que, entre el 1° de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2026, estará vigente el Régimen Especial de Regularización de Obligaciones Tributarias del Impuesto Provincial al Automotor”, posteó el mandatario en su cuenta de X.

El esquema “prevé la condonación de hasta el 100 % de intereses y multas, en función de la fecha de adhesión, la forma de pago y la cantidad de cuotas elegidas”, agregó.

La provincia del litoral enfrenta una situación de ahogo financiero. Debió postergar para enero el pago de aguinaldo del personal político, la cúpula de la Justicia y el poder legislativo. Además, estuvo a punto de suspender la vigencia del programa de incentivos al consumo. Un aporte nacional permitió su extensión hasta marzo.

Sin embargo, Misiones no solicitará por ahora anticipos de coparticipación tal como hizo Entre Ríos. “La provincia le viene pidiendo a Nación que le pague lo que le debe: Anses y consenso fiscal”, dijo a Infobae una alta fuente del Gobierno misionero. Se trata de los recursos para atender el déficit de la caja de jubilaciones no transferida y de las compensaciones por los acuerdos de 2017, firmados durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Jamás solicitamos que nos den un adelanto de «copa». Queremos lo que nos pertenece”, agregó. Por otro lado, marcó que existe una mora del 40% en el pago del tributo.

En este orden, el Gobierno provincial enfrenta otro problema con el impuesto automotor. La alícuota en Corrientes es menor, por lo tanto muchas empresas y familias misioneras registran allí sus vehículos.

En tanto, la medida suscitó cuestionamientos de la oposición. Adrián Núñez, presidente de la LLA Misiones y legislador provincial, aseguró en diálogo con este medio que la moratoria “vuelve a reproducir un problema estructural: desalientan el cumplimiento voluntario y en tiempo, y terminan premiando al contribuyente incumplidor.

Cuál es el alcance del régimen de regularización del impuesto automotor

Para ponerse al día con el tributo, el Gobierno estableció un esquema de quita de multas e intereses. Dependerá del mes en el que el contribuyente adhiera al plan. Gozarán de una reducción del 100% de las penas los que se sumen en enero, siempre y cuando paguen al contado o con una entrega del 50% y el saldo hasta en tres cuotas. Esto implica que abonarán a valor histórico.

Si se elige otro esquema de cancelación, la rebaja de multas e intereses será menor.

Para explicar el alto nivel de morosidad, Belén Gregory, titular de la ATM (Agencia Tributaria de Misiones), apuntó a la crisis económica. “Las familias están endeudadas en todo el país. Pagar impuestos no es la prioridad, sino los gastos del hogar. Por eso se tomó la decisión”, sostuvo en declaraciones a medios locales.

Ni siquiera el programa Ahora Patente, que subsidiaba una parte del pago del compromiso, actuó como incentivo para sostener el nivel de cumplimiento de los contribuyentes.

Cuáles son los cuestionamientos opositores

Núñez sumó otra crítica ética a la moratoria: “El mensaje implícito es claro. Quien paga tarde, paga menos. Quien cumple, no recibe ningún beneficio. Esto erosiona la cultura tributaria y genera inequidad horizontal”, esgrimió.

Por otro lado, reseñó que el impuesto automotor “es de naturaleza provincial, pero no puede soslayarse que aproximadamente el 75% de lo recaudado se distribuye a los municipios. Esto obliga a preguntarse si la decisión fue previamente consensuada con los intendentes. Una moratoria implica resignar recursos que muchos municipios pueden tener ya presupuestados”. Esto afectaría ”su planificación financiera y autonomía real”, razonó.

En otro orden, marcó que no se trata de una rebaja del impuesto ni de un alivio fiscal hacia el futuro. En 2026, el tributo “no se reduce, no se difiere ni se flexibilizan sus vencimientos. La medida se limita exclusivamente a regularizar deuda pasada. Por lo tanto, no hay una política tributaria de estímulo, sino simplemente un mecanismo de cobro diferido. Además, deja expuesto una situación alarmante: los altos impuestos generan incumplimientos crónicos, siendo necesario una revisión estructural de la matriz tributaria de Misiones”, concluyó.