POLITICA
Quién es Ahmad Vahidi, el siniestro líder militar iraní que está prófugo de la justicia argentina acusado de la voladura de la AMIA
Ahmad Vahidi fue designado como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán tras la muerte de Hossein Salami, abatido durante ataques israelíes contra el régimen persa. Su nombramiento se da en un momento de alta tensión regional y genera repercusiones internacionales por su historial y la gravedad de las acusaciones que enfrenta, entre ellas, su participación en el atentado a la AMIA en Buenos Aires.
Vahidi, de 66 años, nació en la histórica ciudad de Shiraz, situada al suroeste de Irán y a unos 900 kilómetros de Teherán. Su vínculo con la Guardia Revolucionaria comenzó con el surgimiento de la Revolución Islámica en 1979, cuando se integró a esa estructura militar, una suerte de ejército paralelo que responde únicamente al líder supremo de Irán.
La Guardia Revolucionaria es descripta como “parte del aparato operativo del régimen, responsable de la realización de atentados en todo el mundo, el más famoso de ellos en 1994”, en referencia al ataque contra la mutual judía argentina.
Su trayectoria en el mapa del poder iraní resulta ilustrativa. El cargo que ocupó al frente de las Fuerzas Quds —la unidad de élite responsable de operaciones en el extranjero— fue heredado posteriormente por el general Qassem Souleimani, quien murió en 2019 tras un ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad. Vahidi pertenece además a un reducido círculo de asesores con acceso directo al líder supremo y compone el Consejo Superior, un organismo que define las principales estrategias del régimen, entre ellas las decisiones sobre el acuerdo nuclear.
Desde noviembre de 2007, Vahidi integra la base de datos de Interpol por una alerta roja activa que lo acusa de “homicidio calificado, doblemente agravado (por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y graves calificadas, reiteradas y daños múltiples agravados por odio racial o religioso”. Estas acusaciones surgen especialmente por su presunta participación intelectual en el atentado a la AMIA en Buenos Aires, que dejó un saldo de 85 muertos en 1994.
El fiscal Alberto Nisman lo identificó como uno de los principales responsables de la planificación del ataque. De acuerdo a la investigación judicial, Vahidi, por entonces comandante de la Fuerza Quds, participó en la reunión en la que se resolvió concretar el atentado y delegar la ejecución en Hezbollah del Líbano.
Estados Unidos también exige su captura y lo colocó en su lista negra en 2010. En 2019, la Unidad de Información Financiera de Argentina y el fiscal Sebastián Basso solicitaron que Vahidi y otros seis imputados en la causa AMIA fueran incluidos en el registro argentino de terroristas. La UIF ya había determinado que Vahidi y Moshen Rezai lideraron los análisis sobre la propuesta de atentar en Argentina en el seno de la inteligencia iraní.
En 2021, Vahidi asumió el Ministerio del Interior de Irán, cargo que ocupaba cuando el gobierno argentino requirió su detención durante una visita oficial a Pakistán y Sri Lanka. La Cancillería argentina señaló entonces que integraba una comitiva iraní en el exterior. Interpol emitió en ese marco una Circular Roja, y Argentina solicitó cooperación internacional para su arresto conforme a los tratados vigentes.
A lo largo de su carrera, Vahidi ha ocupado cargos de alto rango: en 2009 fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, pese a su situación judicial internacional. Ese respaldo interno consolidó su prestigio dentro de la teocracia iraní. También ocupaba ese puesto cuando, en 2013, Argentina e Irán firmaron el Memorándum para intentar avanzar en la causa AMIA bajo el gobierno de Cristina Kirchner.
Luego de la muerte del fiscal Nisman en 2015, las nuevas autoridades judiciales y la Unidad de Información Financiera mantuvieron la presión sobre los acusados internacionales.
El reciente ascenso de Vahidi al frente de la mayor estructura militar iraní ocurre mientras crecen los enfrentamientos en la región y la Argentina reitera su reclamo de justicia y su demanda de cooperación internacional para la detención de los responsables del atentado de 1994.
Vahidi permanece en la lista de los más buscados de Interpol. Su influencia en la política y la estrategia de seguridad nacional lo ubica al frente de una de las instituciones de mayor poder dentro del régimen iraní.
Cuál fue el rol de Vahidi en el ataque a la AMIA
Ahmad Vahidi, flamante jefe militar de Irán, era el comandante de las Fuerzas Quds cuando ocurrió el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, episodio en el que murieron 85 personas y hubo 151 heridos. Sobre él recae la acusación de ser uno de los autores ideológicos del ataque y de haber participado en una reunión clave donde se definió la realización del atentado, que terminó siendo uno de los crímenes más graves de la historia argentina.
En noviembre de 2006, el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba responsables intelectuales del caso, incluyendo a Vahidi. También figuran en la lista roja de Interpol Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada iraní en Argentina; y desde 2009, Samuel Salman El Reda.
Vahidi, al igual que Fallahijan, habría estado presente en la presunta reunión de 1993 en Mahshad, donde, según la investigación de la UFI AMIA, se habría decidido el ataque. Según el dictamen firmado por el fiscal Alberto Nisman ese año, Vahidi no tuvo un rol pasivo sino que impulsó la propuesta de que Argentina fuera el país objetivo del atentado, planteo que luego fue evaluado por el Comité de Asuntos Especiales.
El dictamen señala que Vahidi habría presentado su iniciativa en la llamada “oficina de inteligencia”, donde integraba el núcleo de decisión. Después de avalar el objetivo argentino, el liderazgo de la operación se delegó en el entonces ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan, mientras que la ejecución quedó a cargo de Vahidi, jefe de la Fuerza Quds.
En 2011, ya como ministro de Defensa de Irán, Vahidi viajó a Bolivia para participar en actos conjuntos con autoridades locales, pero el gobierno de ese país dispuso su salida tras conocer su identidad y antecedentes. En esa ocasión, compartió actividades oficiales con la ministra boliviana María Cecilia Chacón, entre ellas la graduación de pilotos de aviación y la inauguración de la Escuela de Defensa del ALBA, ambas en Santa Cruz de la Sierra.
La visita provocó una dura reacción tanto en la comunidad judía como en la política argentina. El entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, calificó la presencia de Vahidi como “una provocación”, mientras que la DAIA solicitó que la Cancillería presentara una protesta diplomática formal y reclamara la inmediata detención del funcionario iraní. “Esta inadmisible presencia en el país hermano agravia a la memoria de las víctimas, a la comunidad que representamos y a la sociedad argentina en su conjunto”, manifestaron desde la entidad.
El repudio del gobierno argentino
El gobierno argentino expresó un rechazo contundente al nombramiento de Ahmad Vahidi como comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, por su rol investigado en el atentado a la AMIA. El repudio se hizo público a través de un comunicado oficial en el que también se condenaron los recientes ataques de Irán contra Israel. Desde la Casa Rosada se recordó que Vahidi tiene un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol desde 2007 y que, según las investigaciones judiciales, encabezó la mesa de decisiones que definió el objetivo de atacar en suelo argentino, con el fin de enviar un mensaje político al mundo.
El comunicado calificó la designación de Vahidi como “una provocación inaceptable” y como un agravio a la memoria de las 85 víctimas fatales del atentado de 1994. Además, se recordó que la Unidad Fiscal AMIA solicitó recientemente la instrumentación del juicio en ausencia para avanzar con el juzgamiento de Vahidi y de otros acusados por el atentado terrorista más grave en la historia argentina. El gobierno nacional insistió en que no debe existir ningún tipo de privilegio ni amparo internacional para los responsables, y ratificó su compromiso con la búsqueda de justicia.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó este viernes a la polémica por cómo se van a contar los votos de la elección legislativa nacional que se hace el próximo domingo en todo el país y planteó cómo él va a analizar los resultados.
El tema generó una amplia discusión en la que tuvo que intervenir la Cámara Nacional Electoral. Es que el Gobierno, apalancado porque La Libertad Avanza (LLA) compite con ese mote en todas las provincias, buscó mostrar en el escrutinio provisorio que se publicará ese mismo domingo un consolidado nacional de votos.
Disconforme, la oposición pidió que los resultados se expresen solo por provincia y la Justicia les dio el aval.
Fuerza Patria es el sello que lleva la mayor parte del peronismo, pero no está presente con esa denominación exacta en todos los territorios. Hay gobernadores que se referencian en ese espacio pero que usarán otros nombres, por ejemplo, el de Formosa, Gildo Insfrán, cuyos candidatos compiten con “Frente de la Victoria”. Otra situación similar es la de Santiago del Estero, donde el gobernador, Gerardo Zamora, va al frente de la boleta de diputados del Frente Cívico (aunque se referencia en el kirchnerismo) y la de Fuerza Patria lleva al frente a José Emilio “Pichón” Neder.
“Comparemos con el balotaje y miremos si pinta el país de violeta. ¿Cómo se mide? Para mí es tan fácil como eso. Vamos a ver cuántas provincias pinta de violeta Milei», sentenció Kicillof en Radio 10 esta mañana sobre cómo analizarán en el búnker opositor los resultados.
“Vamos a ver cuántas de las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires pinta de violeta Milei, no los votos totales de LLA, porque ese es el único sello con presencia en todas las provincias», planteó el gobernador y reparó en lo que pasa en el peronismo, que también está presente “en todas las provincias” pero bajo diferentes denominaciones o con listas divididas.
Además de que pidió ver cuáles gana el oficialismo y cuáles no, Kicillof propuso otra vertiente de análisis. “Supongamos que Milei saca 35%. Siendo el gobierno nacional ellos y con las bravuconadas de Milei, que 65% no lo quiera, en un gobierno a mitad de mandato, [quiere decir que] 65% no está de acuerdo con la motosierra. Así se mide si gana o no”, consideró el gobernador y siguió: “Se mide en cuánta gente apoya esta cosa y cuánta gente no. En cuántas provincias gana y cuántas no. Milei va a querer comparar con mejunjes que va a armar. Gildo no va con el nombre Fuerza Patria, pero ¿qué es? ¿Y Quintela? ¿Lo sumamos o no?“.
Con el aire que le dio a Fuerza Patria el triunfo por trece puntos en la elección bonaerense del 7 de septiembre, Kicillof -artífice del desdoblamiento más allá del rechazo de Cristina Kirchner– sostuvo que si el peronismo vuelve a imponerse el domingo romperá con 20 años sin haber ganado una elección intermedia.
De vuelta, el gobernador criticó a Milei y a su gestión. “La política económica de Milei está matando”, aseguró y cuestionó, también, el nombramiento del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, al frente de la Cancillería, sobre todo por sus vinculaciones con el banco JP Morgan.
Con 30 años en el sector financiero, Quirno comenzó su carrera en la oficina de Buenos Aires de ese banco antes de ser transferido a Nueva York, donde fue corresponsable como managing director del equipo de M&A para América Latina y también miembro del Comité de Gerenciamiento Regional. En el mismo JP Morgan trabajaron el ministro Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.
Según Kicillof, ese banco tiene demasiada injerencia en las políticas de Milei. Su CEO, Jamie Dimon, está en este momento en la ciudad de Buenos Aires y tiene previsto reunirse con el Presidente en un encuentro privado.
legislativa,el próximo domingo en todo el país,CEO, Jamie Dimon,Axel Kicillof,Elecciones 2025,Conforme a,,Santa Fe. Scaglia cerró la campaña junto a Pullaro en Rosario: “El domingo vamos a romper la grieta”,,El avance de Santiago Caputo. Incómodo, Francos se recluye y espera una charla con Milei para decidir su futuro,,Guerra de narrativas. A las urnas, con apenas un par de certezas,Axel Kicillof,,Catalejo. Fantasmas,,Fuerza Patria. El peronismo cierra la campaña con Kicillof y Massa en el escenario, y un mensaje de Cristina Kirchner,,»Es muy oscuro». Kicillof cuestionó la intervención del JP Morgan en el mercado para frenar el dólar
POLITICA
Jones Huala volvió a iniciar una huelga de hambre porque le Justicia revirtió el permiso para que lo trasladen a una cárcel de seguridad media
La Justicia Federal retrotrajo la autorización que le había otorgado al líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala a una cárcel de seguridad media y ahora le negó el traslado, a partir de la oposición que planteó el Ministerio de Seguridad de la Nación a la derivación.
El magistrado había autorizado que Jones Huala sea trasladado de la cárcel de Rawson – donde está detenido desde junio- a la de Esquel, solicitada para acortar distancias con Bariloche, donde reside la familia del convicto.
En la misma decisión ordenó a las autoridades penitenciarias, con carácter de “urgente”, gestionar el cupo para alojarlo en la U14, que a diferencia de la anterior es de seguridad media.
La manda generó la suspensión, por parte del convicto, de abandonar la huelga de hambre líquida que había iniciado como método de reclamo para obtener su traslado.
Sin embargo el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Dirección Correccional, se opuso al traslado, argumentando que la dependencia de Esquel no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para alojar al líder de la RAM, a quien consideran un detenido “peligroso”.
Esa sugerencia oficial alteró la decisión del juez Gustavo Zapata, quien cambió de opinión y rechazó el traslado, afirmando que la opinión del Consejo Correccional – que evalúa la conducta de los internos – es prioritaria.
A partir del cambio, Jones Huala retomó la huelga de hambre (sólo ingiere líquidos) y a través de su defensa aseguró que la va a sostener por tiempo indefinido, hasta obtener la autorización a su traslado.
El mapuche está detenido de forma preventiva desde junio pasado, luego de ser denunciado por supuesta Asociación ilícita calificada, luego de justificar el uso de métodos violentos para la defensa de la causa mapuche, durante la presentación de su libro “Entre Rejas Antipoesía incendiaria”.
El expediente, encuadrado bajo la figura de delito complejo, podría extender la preventiva hasta 2 años, aunque por ahora la Justicia ordenó que permanezca detenido hasta el 6 de diciembre.
El director del Régimen Correccional de la Nación, Gabriel Aquino, fue quien oficializó el rechazo del Ministerio de Seguridad al traslado de Jones Huala.
Detalló los antecedentes del mapuche, en los que mencionó la condena que cumplió en Chile por el incendio de una propiedad privada y la portación de un arma de elaboración casera.
Mencionó que se convirtió en líder y creador de la RAM, no cuenta con domicilio fijo y alterna su residencia entre distintas ciudades de la Patagonia.
Sin mencionar delitos cometidos en el país, el funcionario argumentó que los establecimientos penitenciarios son diferenciados por categorías, siendo la de Rawson – donde está alojado actualmente el mapuche- de máxima seguridad, y la de Esquel, donde pretende ir, es de seguridad media y no cuenta con las medidas para alojarlo.
La defensa del mapuche, ejercida por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, cuestionó el rechazo judicial al traslado. “El Juez ahora deniega el traslado de Facundo (Jones Huala), por el momento, hasta que se expida el Consejo Correccional. Un papelón” aseguraron los defensores.
Insistieron en que el traslado le permitiría a la familia del líder de la RAM estar cerca del detenido. Esquel está a 400 kilómetros de Bariloche y Rawson, donde se encuentra alojado actualmente, a más de 900.
“El juez se desentiende de sus obligaciones con la Constitución y los tratados internacionales y pone por encima de ellos un reglamento administrativo, lo que es claramente absurdo” sentenciaron.
Dijeron que la defensa “hará todos los trámites engorrosos y burocráticos que ahora han servido de excusa para resolver algo distinto a lo decidido antes”.
Plantearon además que el Consejo Correccional de la Unidad 6 demorará en emitir su dictamen y vaticinaron que su opinión será adversa, bajo el argumento de que Jones Huala “es terrorista, peligroso y que no aconsejan el traslado”.
Desde las 8 de la mañana de este viernes 24 de octubre rige la veda electoral en todo el país. Se trata de un período de 48 horas previo al inicio de las elecciones 2025 en los que la idea es que los ciudadanos tengan un tiempo de reflexión para decidir su voto sin recibir publicidades, propuestas políticas ni mensajes tendientes a direccionar su elección en uno u otro sentido.
En este marco es muy importante saber qué no se puede hacer y cuáles son las multas vigentes por infringir esta normativa prevista por el Código Electoral Nacional. Las reglas alcanzan tanto a candidatos y partidos políticos como a medios de comunicación y ciudadanos comunes.
Leé también: ¿Qué pasa si no voto en las elecciones? Multa por no votar el 26 de octubre
Con la veda electoral se pretende garantizar que el electorado tenga un tiempo de reflexión libre de presiones políticas y publicitarias. Por esa razón, dos días antes de la apertura de las mesas empieza a regir este impedimento que le pone freno a las campañas y, además, no permite difundir encuestas ni realizar actividades que puedan influir en la decisión de los votantes.
La veda electoral, que ya está rigiendo, se extenderá hasta el domingo a las 21, es decir tres horas después de finalizados los comicios.
¿Qué no se puede hacer durante la veda electoral?
El artículo 71 del Código Electoral Nacional es claro sobre las actividades que no se pueden realizar:
- Reuniones de electores durante las horas de la elección.
- Espectáculos populares al aire libre o en lugares cerrados, fiestas teatrales, deportivas y cualquier tipo de reunión pública.
- Venta de bebidas alcohólicas: los locales deben permanecer cerrados hasta tres horas después del cierre de los comicios.
- Portación de armas, uso de banderas, divisas o distintivos partidarios durante el día de la elección, desde 12 horas antes y hasta tres horas después de finalizada la votación.
- Actos públicos de campaña y la difusión de encuestas o sondeos preelectorales, desde 48 horas antes del inicio de la elección y hasta el cierre de las mesas.
- Tomar fotografías de la boleta durante el acto electoral.
Entre las actividades que sí se pueden hacer normalmente están las reuniones privadas, siempre que no se difundan mensajes políticos. Tampoco hay restricciones para la circulación de personas ni para la actividad comercial que no esté expresamente vedada.
El incumplimiento de la veda puede derivar en multas para ciudadanos y candidatos, así como en sanciones para medios y organizaciones políticas. En los casos más graves, la Justicia Electoral puede ordenar arrestos o suspender actos en curso para garantizar el respeto de la norma.
Elecciones 2025: las multas por romper la veda electoral
Aquellas personas que no respeten la veda en estas elecciones podrán ser denunciados por violar el Código Electoral y en caso de que se compruebe la falta quedan expuestos a sanciones económicas y hasta a penas de prisión. Esto es así porque la normativa dice que “se impondrá prisión de 15 días a 6 meses a las personas que expendan bebidas alcohólicas”.
Esa norma también reprime, en el artículo 131, con la misma pena de 15 días a 6 meses de prisión al “empresario u organizador de espectáculos públicos o actos deportivos que se realicen en el lapso previsto” de prohibición por la autoridad electoral.
En el artículo 140 se penaliza con 2 meses a 2 años de prisión a quien “con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo”. Mientras que el artículo 141 determnar una pena de hasta tres años de cárcel para quien “utilizare medios tendientes a violar el secreto del sufragio”.
Leé también: Elecciones 2025: paso a paso, cómo es el proceso para votar con la boleta única de papel
A los ciudadanos, además, se les podrá cobrar una multa entre $10.000 y $100.000 si no respetan los límites de emisión y publicación de avisos publicitarios en los medios de comunicación. Lo mismo aquellos que realicen actos de campaña fuera del plazo establecido para ese fin.
La ley electoral también prevé multas de entre $10 mil y $100 mil pesos “a toda persona física o jurídica” que viole la restricción de difundir sondeos durante la veda. Sin embargo, los medios pueden publicar información sobre los candidatos que no esté relacionada con encuestas, ya que la ley no lo prohíbe y todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. La legislación tampoco hace referencia a las redes sociales.
Elecciones 2025, veda, Externo
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