POLITICA
Quién es Eva Mieri y por qué la detuvieron
La Policía Federal Argentina detuvo este miércoles a Eva Mieri y a otras tres personas por orden de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Los arrestos se produjeron en el marco de una causa judicial por agresiones al domicilio de José Luis Espert, que ya suma cinco implicados, entre los que se encuentra una funcionaria del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Alesia Abaigar.
Eva Mieri es la presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria en Quilmes y una dirigente cercana a la intendenta Mayra Mendoza y al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.
Su arresto se produjo en el marco de la investigación por su presunta participación en el ataque a la casa del diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, el pasado 17 de junio.
La Justicia la investiga como una de las personas supuestas involucradas en la planificación y ejecución del escrache. Junto a ella, la PFA detuvo a Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes. Con estas nuevas capturas, el número de implicados bajo arresto en la causa asciende a cinco.
El hecho ocurrió el 17 de junio, entre las 18 y las 19:30, en el domicilio del diputado en San Isidro. Según consta en el expediente judicial, un grupo de aproximadamente siete personas, con los rostros cubiertos con pasamontañas y las manos con guantes, ejecutó un acto de amedrentamiento. Los agresores colgaron un pasacalle en la reja de la vivienda con la leyenda “Acá vive la mierda de Espert”.
También esparcieron bosta de caballo en el frente de la residencia y arrojaron 51 volantes con el mensaje: “Espert sos una mierda… con Cristina no se jode”. Para realizar la maniobra, los atacantes utilizaron al menos dos vehículos cuyas patentes taparon con cinta adhesiva negra para evitar su identificación.
La primera detenida en el caso fue Alesia Abaigar, una funcionaria del Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires y militante de La Cámpora. Su arresto se concretó el martes de la semana pasada, después que los investigadores identificaron su automóvil Renault Clio en las cercanías de la casa de Espert el día del ataque.
Además de los vehículos, la investigación determinó que uno de ellos, una camioneta Chevrolet, pertenece a una empresa que cedió su uso a la Municipalidad de Quilmes. En el marco de los procedimientos también fue arrestada y luego liberada la madre de Abaigar, Eva Teresa Pietravallo, de 69 años, por ser portadora de una cédula azul del vehículo de su hija.
El abogado de Abaigar, Daniel Llermanos, busca relativizar la gravedad del hecho y asegura que su defendida, de comprobarse su participación, solo debería recibir una multa. El letrado, vinculado a la asociación Abogados Solidarios, de afinidad con el kirchnerismo, presentó un pedido de nulidad de la declaración de su clienta y solicitó su arresto domiciliario por una “enfermedad autoinmune”.
La causa, por ahora, se caratula como “averiguación de delito”, aunque la jueza Arroyo Salgado y el fiscal Federico Iuspa investigan la posible comisión de delitos graves como atentado al orden público, coacción simple o agravada y la pertenencia a una organización que busque imponer ideas o alentar el odio por motivos políticos.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
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POLITICA
La familia de Julio De Vido denunció las condiciones de detención en Ezeiza tras la condena por la tragedia de Once
La familia de Julio De Vido, preso en el Hospital Penitenciario Central del Complejo de Ezeiza tras ser condenado por la tragedia de Once, denunció que el exministro sufre “pésimas” y “gravísimas” condiciones de detención, por lo que expresaron preocupación por el estado de su salud. En ese sentido, responsabilizaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y advirtieron que presentarán un hábeas corpus si no se resuelve su situación.
Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, relató a Infobae que este viernes por la tarde acudió al penal de Ezeiza para realizar una visita y notó que el ex funcionario estaba “deshidratado”. “La situación es cruenta y fea. Bullrich es la responsable del Servicio Penitenciario y evidentemente su crueldad llega. Alguien ordenó que esto suceda”, agregó.
Minnicelli denunció que desde que De Vido llegó a Ezeiza no tuvo acceso a sus pertenencias: “Estaba con una camiseta térmica y hacía 30 grados. Todavía no le habían entregado su bolso, que estaba en revisión”. También describió las malas condiciones de la alimentación que le proveen, que —señaló— no responde a una dieta adecuada para diabéticos insulinodependientes. “En el desayuno le habían dado cinco panes. La harina metaboliza en azúcar, es veneno para él”, detalló.
Según relató, durante la mañana del viernes De Vido solicitó agua caliente para prepararse un mate cocido y tampoco se la dieron. “Pidió bañarse y no lo dejaron. No puede comunicarse porque hay un solo teléfono con tarjeta al que puede acceder una sola vez hasta las 20 y nadie le explica cómo funciona. No accede a su medicación”, sumó.
Tras visitar a su esposo, Minnicelli hizo una presentación ante el juez y envió un oficio al Hospital Penitenciario Central con la denuncia sobre las condiciones en las que se encuentra. En caso de no haber respuesta, advirtió a este medio que presentarán un hábeas corpus. “Julio cumple 76 años el 26 de diciembre; es decir, que el 27 es el primer día de sus 77. Quiero saber quién o quiénes y por qué lo están tratando así”, reclamó.
La condena
De Vido fue condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta, al probarse que no controló debidamente el uso de los fondos públicos asignados a Trenes de Buenos Aires (TBA). También recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En cambio, los jueces lo absolvieron por el delito de estrago culposo.
La tragedia de Once dejó 52 muertos y más de 700 heridos el 22 de febrero de 2012. El martes, la Corte Suprema rechazó las apelaciones sobre la condena del ex ministro. De Vido pedía su absolución por considerar que la causa prescribió, mientras que el Ministerio Público Fiscal pretendía aumentar la pena.
No es la primera vez que el dirigente peronista está detenido. En octubre de 2017, tras perder sus fueros como diputado nacional, fue apresado por primera vez en el marco del caso Río Turbio. Estuvo preso en Marcos Paz mientras avanzaban otras investigaciones de corrupción en su contra. Salió del penal dos años después y continuó bajo prisión domiciliaria los seis meses siguientes, según dispuso el Tribunal Oral Federal N°1. En marzo de 2020 recuperó la libertad y, desde entonces, no había vuelto a estar tras las rejas.
Este año, el ex ministro también fue declarado culpable en primera instancia por irregularidades en la adquisición de 11 buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009, y recibió otra condena a cuatro años de prisión. En 2022 ya había sido condenado, también a cuatro años, por la compra de “trenes chatarra” a España y Portugal durante el gobierno de Néstor Kirchner.
La agenda judicial de De Vido continúa con otros procesos en curso: la causa Cuadernos, que comenzó la semana pasada, y el caso Skanska, en el que el fiscal general Abel Córdoba pidió cinco años de prisión para el ex ministro.
La prisión domiciliaria
De Vido buscó evitar su detención por dos vías. Primero, su abogado pidió suspender la orden de detención que se concretó este jueves. La defensa había presentado horas antes un recurso de reposición in extremis ante la Corte Suprema para que el máximo tribunal volviera a revisar el fallo que dejó firme la condena, pero no prosperó.
“La defensa persigue una suspensión de facto de la ejecución de una sentencia firme, carente de receptación normativa que así lo autorice”, sintetizaron los magistrados al rechazar el planteo, en una resolución de siete páginas a la que accedió este medio.
La segunda estrategia de la defensa fue pedir que De Vido acceda a la prisión domiciliaria. El ex ministro tiene 76 años y padece afecciones de salud que, hasta ahora, no fueron certificadas por los magistrados. En las próximas horas, el defensor Maximiliano Rusconi presentará estudios clínicos y documentación para sostener que De Vido no está en condiciones de cumplir su condena en prisión.
POLITICA
Una empresa de Piccirillo vendió US$250 millones en un año: el “pasa manos” y los secretos del blue
Elías Piccirillo era conocido como “El rey del dólar blue” por la fortuna que operaba a diario. En la City, lo apodaban de una manera menos glamorosa: “El Hombre de Negro (HDN)”. Su popularidad llegó de la mano de Jesica Cirio. Duró muy poco. Una pelea con otro financista lo llevó a la cárcel. Estuvo casi ocho meses en Ezeiza. Desde este viernes cumple con prisión domiciliaria en un departamento de 37 m2, en Banfield. Pero sus problemas están lejos de aclararse. Casi dos años después, el Banco Central lo investiga por la operatoria del dólar blue. Un sumario en curso contra una de sus casas de cambio, Arg Exchange, revela que en 2023, en pleno auge del cepo, vendió US$250 millones a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos. En su momento, no levantó ninguna alarma a las autoridades de turno. El expediente expone, además, algunos de los actores principales de ese mercado ilegal.
La investigación del BCRA, en curso desde fines de 2024, se entrecruza con una causa incipiente por presunto lavado de dinero contra Piccirillo y otro financista, Francisco Hauque, en los tribunales de Comodoro Py.
El nombre de Piccirillo y la casa de cambio “Arg Exchange” son parte de un rompecabezas que los investigadores buscan completar. Ante una consulta de , la entidad que preside Santiago Bausili se limitó a decir que “inició una serie de investigaciones de operatorias cambiarias llevadas a cabo durante 2022 y 2023 que involucran a algunas pocas entidades financieras y a un número mayor de casas y agencias de cambio, con acceso a los dólares de las reservas internacionales del BCRA”. En su respuesta, el BCRA también advirtió que “hay indicios para sospechar que muchas de las compras en el MULC (mercado único de libre de cambios) durante el período investigado no están basadas en operaciones genuinas”.
Una de las casas de cambio en la mira es la de Piccirillo. El empresario apareció en Arg Exchange en 2022, con un 90 por ciento de las acciones. El accionista minoritaria era Matías Bocca, un nombre que se repite en otras agencias. Y como presidente ya estaba Martín Migueles.
Los movimientos de Arg Exchange revelan que se activó en 2023. Entre enero y diciembre de ese año, compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. La cifra exacta, entre el 26 de enero y 19 de diciembre, fue de US$251.933.029, según los registros a los que accedió . Esto significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.
Solo en el mes de octubre, en sintonía con la tensión cambiaria previa a las elecciones presidenciales, la sociedad de Piccirillo y Migueles compró más de 80 millones de dólares.
La Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRT concluyó, en junio pasado, que Arg Exchange “realizó una actividad no permitida”. La resolución sostiene que dichas operaciones se habrían realizado “al adquirir divisas a valores oficiales destinadas a abastecer el mercado paralelo” y agrega que “no se considera debidamente justificado el origen de los fondos”.
La maniobra sospechosa
¿A quién le compraba los dólares? En los registros del Banco Central se destacan el Banco MasVentas (US$24.200.000) y varias agencias que ahora están suspendidas o con sumarios abiertos: Rosario Cambio, Fast Cambio, Cambio Belgrano, Cambio Dem, Atlántida del Rosario Servicios, y el Banco Sucrédito, de Salta, donde Piccirillo terminó desembarcando, según el mismo declaró ante la Justicia.
“Los dólares siempre salían de una entidad financiera y luego comenzaban a circular por una cadena de casas de cambio. La ultima agencia, la que le vendía a un cliente fuera del mercado, quedaba afuera del ruedo en apenas dos semanas porque no podía justificar los números”, cuenta un financista que conoció el circuito desde adentro y prefiere mantener el anonimato.
Piccirillo, según esa misma fuente, llegó a operar hasta 20 millones de dólares en un solo día.
Las operaciones millonarias que realizaba Arg Exchange encendieron las alarmas del Banco Central recién en 2024, tras el cambio de gobierno. La investigación interna derivó en un sumario que incluye a Piccirillo y Migueles, tal como adelantó .
Migueles recién se notificó de los cargos hace dos semanas: tuvo que ir personalmente al BCRA, donde le entregaron un pen drive con todas las pruebas. “No hay ninguna operativa prohibida. El Banco Central monitoreaba las operaciones de las agencias todos los días, casi en tiempo real, ahora no puede decir que no sabía nada”, dicen sus abogados.
consultó al Banco Central para saber qué funcionarios estaban a cargo de controlar a las agencias durante 2023, pero no obtuvo respuesta.
De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso este medio, a Piccirillo y Migueles se los acusa de “adquirir divisas a valores oficiales destinadas a abastecer el mercado paralelo”. “Arg Exchange efectuó operaciones de venta de divisas a otros operadores de cambio que no justificaron el origen de los fondos transados y que, a su vez, abastecieron a otras entidades...”, detalla el sumario. Por esta razón, el texto habla de una “operatoria de intermediación”.
¿Cómo fueron las ventas? Durante 2023, “Arg Exchange” vendió a otras entidades financieras o cambiarias casi la misma cifra que compró, US$251.961.040. Mas allá del volumen, los investigadores pusieron el foco en los “clientes” de esa casa de cambio. Ahí aparecieron varias agencias vinculadas al “Rey del Blue”.
En el listado de compradores se destaca Intercash, con casi 84 millones de dólares, Cambio Imperial (US$66.835.000), Gis Cambio (US$53.960.400) y Andie SRL (US$13.100.000).
En Gis Cambio aparece, otra vez, Matías Bocca, socio minoritario de Piccirillo. Según reportes del BCRA, era dueño del 30% de las acciones de esa casa de cambio. Estaba de los dos lados del mostrador.
Bocca también es mencionado en otro sumario contra Free Charge. Allí se encuentra conectado con María Fernanda Sena Argis, exsocia del financista Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La mujer declaró ante el BCRA que le vendió sus acciones de Free Charge a Bocca en 2021.
Arg Exchange cumplía el rol de intermediaria en la cadena que explotaba el negocio del dólar blue: compraba grandes cantidades y vendía casi los mismos montos. Las ventas a clientes eran casi inexistentes. Apenas un 0,002% de las ventas totales registradas en todo 2023.
Algo similar ocurría con las entidades que le compraban los dólares. El Banco Central habla de un “pase de manos”. “Esa situación constituye una alerta que no podía ser ignorada por la entidad, puesto que implicó su participación en un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”, se puede leer en el sumario del BCRA.
Los investigadores distinguieron dos grupos bien diferenciados entre las entidades que le compraban a Arg Exchange. Algunas entidades como Cambio Imperial, Andie, Centenera, Intercash y Eden terminaron suspendidas o revocadas para operar porque había indicios de “un origen y destino ilegal de los fondos utilizados y de las divisas adquiridas”. Y el segundo grupo revendía los dólares a otros operadores que terminaban cometiendo las presuntas irregularidades.
El informe menciona el caso puntual de Gallo Cambios. En mayo de 2023, esa casa de cambio le compró a Arg Exchange y le terminó revendiendo la misma cantidad a Andie. En el mercado, esa dos agencias se la adjudican a Piccirillo.
Al momento de impulsar el sumario contra “Arg Exchange”, que recién fue cerrada en febrero de 2025, la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA pidió tener en cuenta “la responsabilidad de los accionistas de la entidad”. Por eso las intimaciones también fueron contra Migueles (como presidente), Tomás Schulze (vice), Hernán Rodrigo Nion (vice) y Piccirillo (accionista mayoritario).
En el mercado financiero aseguran que toda la operatoria del blue, que dejó millonarias ganancias, funcionó por la falta de controles del Banco Central de ese momento.
En una causa judicial contra Piccirillo hay chats y audios que apuntarían a funcionarios del BCRA. “Escucha tengo que hacer cosas, ponerla a Romina, meterla a Romina en un expediente, meterlo a Jaime en un expediente, meter al boludo (no se escucha), tenés que mandar una manifestación a puerta de la casa de Romina, una manifestación al Banco Central, manifestación en todos lados…”, le dijo Francisco Hauque a Piccirillo en uno de los audios aportados como prueba.
En el entorno de los financistas aseguran que aludían a Romina García, inspectora general de Supervisión de Entidades no Financieras. Esa funcionaria sigue en su cargo. consultó al Banco Central sobre los controles a cargo de esta funcionaria, pero no emitió comentarios.
Otra financiera que cayó por el blue
Gran parte de las entidades que operaban como compradores y vendedores de Arg Exchange se repiten en otros sumarios abiertos por el Central. Es el caso de Mega Latina, una casa de cambio que operó más de 413 millones de dólares en 2023.
Ese expediente del BCRA, al que accedió , revela que casi 328 millones provenían del Banco de Servicio y Transacciones (BST), y que Mega Latina le vendió casi el mismo monto a Gallo Cambios, investigada por el caso de Arg Exchange.
Sobre las ventas de Mega Latina, el sumario del BCRA destacó que ocurrieron “especialmente entre junio y agosto” de 2023. De hecho, en ese período la casa de cambio retiró “en efectivo por caja” los casi US$328 millones que le compró al BST.
Las autoridades del Central describieron que ese dinero fue vendido “en efectivo a otros operadores de cambio”. Luego, el documento explica que dichas contrapartes (algunos de los que le compraron dólares a Mega Latina) “recibieron transferencias en pesos en sus cuentas sin haber registrado operaciones a su nombre”. Con esto, la entidad monetaria reforzó su hipótesis sobre posibles operaciones blue, además de reiterar la falta de documentación que acredite el origen lícito de los fondos.
La defensa de Mega Latina rechazó la acusación en su contra: sostuvo que “las operaciones cursadas no se encontraban prohibidas y que la exigencia de la que se responsabiliza a la entidad surge de la interpretación antojadiza de un supuesto exceso en el negocio autorizado”. El mismo argumento que plantean las defensas de Migueles y Piccirillo.
El sumario de Mega Latina acaba de finalizar con sanciones millonarias, aunque todavía se pueden apelar. Según una resolución firmada por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, Juan Curutchet, la firma deberá pagar una multa de $34.588.463.033.
Solo las operaciones de Arg Exchange y Mega Latina superan los 700 millones dólares. Es solo el comienzo. El “pase de manos” del blue tuvo decenas de beneficiarios. Y muchos más responsables.
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Son cinco gobernadores de diferentes extracciones partidarias, pero con objetivos concurrentes: conseguir obras y recursos para sus provincias, despegarse de la oposición a ultranza que plantea el peronismo alineado con Cristina Kirchner, y apoyar las reformas que propuso Javier Milei para llevar al Congreso, según pudo confirmar Infobae.
Los peronistas Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y el tucumano Osvaldo Jaldo, más el misionero Hugo Passalacqua (que responde al caudillo Carlos Rovira) y el neuquino Rolando “Rolo” Figueroa podrían integrar este frente, que tendría una traducción en el Congreso, con un formato que todavía no está resuelto.
“Puede ser un bloque único o un interbloque. Todavía se está definiendo”, reveló anoche una fuente con acceso a varios de los mandatarios mencionados. Aunque tentaron al santiagueño Gerardo Zamora, hasta ahora el gobernador y futuro senador se mantiene orbitando en el kirchnerismo. “Es un hombre de Estado. Nadie piensa que vaya a hacer lo que quieren en San José 1111″, admitió a Infobae una fuente cercana a Cristina Kirchner.
La versión trascendió antes de la reunión que esta mañana tuvo Sáez con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, que concluirá la semana que viene el recorrido por las provincias con gobernadores dispuestos a negociar acuerdos perdurables con la Casa Rosada.
Jaldo ya tiene un bloque propio, denominado Independencia, que está corrido Unión por la Patria, que ayer perdió dos diputados por San Luis. El armado de esta nueva bancada “federal” convivirá con otro sector, también dialoguista, que es Provincias Unidas. “No está prevista una integración con ellos, más allá de que podamos votar en el mismo sentido”, abundó el portavoz.
El gobierno de Milei ya tiene garantizada una bancada oficialista que orilla los 100 diputados, junto con el PRO, que después de la reunión de Mauricio Macri confirmó que tendrá un bloque propio, aunque apoyará las reformas que anunció la Casa Rosada para ser tratadas en sesiones extraordinarias, entre diciembre y febrero.
El nuevo sector de esos cinco gobernadores podría aportar entre 25 y 30 diputados y senadores. “Las cuentas se van a poder hacer cuando haya una decisión definitiva y se saquen la foto”, consignaron las fuentes partidarias.
Las cinco provincias estuvieron representadas en la reunión que encabezó Javier Milei después de la victoria categórica en las elecciones y tuvieron contactos formales e informales con el Gobierno, que tiene como prioridad la aprobación del Presupuesto, la modernización laboral, la reforma tributaria y el endurecimiento del Código Penal.
Son iniciativas que requerirán de una mayoría de, al menos, 129 diputados y 37 senadores, un número que está al alcance de la Casa Rosada. Más lejos quedó el núcleo más duro del peronismo, que se opone a las reformas.
En las últimas horas, hubo una declaración pública que abonó la posibilidad de la construcción de ese frente. Si bien no se refirió al tema, en una entrevista con LN+, Jalil se mostró en contra de que “la agenda política la vaya a manejar el Conurbano” y recordó que Osvaldo Jaldo ya tiene un bloque propio. “Nos tienen que dejar a los gobernadores la posibilidad de negociar”, afirmó.
“A mí me gustaría que un presidente del bloque sea del interior y que el diálogo sea parte de la política y el consenso. No hay una sola verdad, sino que la verdad se ha demostrado cuando se vota. Cuando pasa la votación, uno tiene que escuchar al pueblo, a quien ha votado, y tomar las decisiones”, afirmó.
Cuando habló Jalil, todavía no había trascendido la negociación entre los cinco gobernadores.
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