A 40 años del Juicio a las Juntas militares que se inició el 22 de abril de 1985, el fiscal adjunto de aquel histórico proceso, Luis Moreno Ocampo, rememoró cómo el proceso judicial por delitos de lesa humanidad impactó en su entorno más íntimo.

“Mi vieja lo amaba a Videla. Mi vieja iba a misa con Videla y decía que era como su, como su papá. Entonces, no creía lo que yo le decía”, narró el abogado y ex fiscal general de la Corte Penal Internacional, sobre la admiración de su progenitora, Mercedes Pérez Amuchástegui, hacia el represor.

Según Moreno Ocampo, el punto de inflexión llegó cuando su madre leyó en La Nación el testimonio de Adriana Calvo de Laborde, sobreviviente de la dictadura militar, que brindó una de las declaraciones clave sobre la maquinaria de represión ilegal y desaparición de personas.

“Cuando pasó el testimonio de Calvo de Laborde, que tuvo un bebito, su bebita en el asiento de un patrullero y lo contó a La Nación, mi vieja leyó La Nación y me llamó al día siguiente”, rememoró. Acto seguido, comparó el momento con la reconstrucción ficcional que hizo la película “Argentina, 1985″, que protagonizó Ricardo Darín y dirigió Santiago Mitre. En una escena, aparece Pérez Amuchástegui, que habla por teléfono con su hijo y se entera de los crímenes cuando le llega, desde la radio, la voz de Calvo de Laborde. En realidad, se había enterado por la lectura del diario. «Me dijo una frase que es mejor que en la película. La frase es: “Yo todavía no quiero a Videla, pero vos tenés razón, tiene que ir preso”, subrayó Moreno Ocampo.

El relato fue difundido como adelanto del ciclo de entrevistas Voces, organizado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que se estrenará este viernes por el 40° aniversario del Juicio a las Juntas.

Moreno Ocampo también relató las profundas divisiones familiares provocadas por su rol en el juicio. “Quien nunca me perdonó fue mi tío, que es coronel, que le fue a ver a Videla y le hizo la promesa de que nunca más me iba a dirigir la palabra”, señaló en el anticipo del ciclo del Colegio Público de Abogados, y que reprodujo el sitio El Canciller. “Y treinta años después, estaba reviejo, y en una fiesta de casamiento, mi hermana le dice: “Che, ahí está Luis, hablá con él”. “¡No puedo, no puedo! ¡Le di mi palabra al general Videla!”. Y para él la palabra era todo. Yo amaba a mi tío que ha aferrado su palabra», recordó.

En entrevistas previas, el fiscal adjunto había detallado que su familia materna estaba compuesta en su mayoría por militares y que su decisión de estudiar Derecho se originó en las discusiones políticas que mantenían su padre y su tío, implicado en el golpe de Estado de 1966. “Quise estudiar Derecho por eso, para arreglar el país”, afirmó Moreno Ocampo en otras declaraciones.

Según el ex fiscal adjunto, para un coronel -como su tío- que un miembro de la familia cuestionara al general Videla “era una traición”. “Aquello me sirvió mucho para mi trabajo posterior en La Haya: aprendí que me iban a aplaudir o a criticar y que tenía que ignorar a los que me criticaban y a los que me aplaudían, hacer mi tarea”, sostuvo en una entrevista en el diario El País.

En el mismo reportaje, Moreno Ocampo aclaró que su madre era “mucho más buena” de lo que aparece en la película 1985. “Era muy dulce, pero sí, para ella, Videla nos había salvado de la guerrilla”, puntualizó.

El Juicio a las Juntas se sustentó en la labor del fiscal Julio César Strassera, quien asumió la acusación central apoyándose en el exhaustivo informe “Nunca más” elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). La investigación permitió juzgar a los integrantes de las cúpulas militares como Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, entre otros, por delitos cometidos durante la dictadura de 1976.

Strassera, nacido en Comodoro Rivadavia y fiscal federal desde los años de dictadura —cargo en el que había sido designado por la propia junta militar— enfrentó una transformación de su rol tras el retorno democrático. De acuerdo con testimonios y sobrevivientes citados en este contexto, durante la dictadura Strassera rechazó algunos hábeas corpus, maltrató a detenidos y sobreseyó a sospechosos de la Masacre de San Patricio, episodio en el que fueron asesinados miembros de la congregación palotina en una iglesia de Villa Urquiza. Sin embargo, al serle asignada la acusación en el incipiente proceso democrático, la responsabilidad que asumió marcó tanto su vida profesional como la historia argentina.

El joven Luis Moreno Ocampo se sumó al equipo de Strassera como fiscal adjunto. La fiscalía seleccionó los casos más emblemáticos que evidenciaban el plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición de personas implementado por las Juntas Militares. La estrategia se focalizó en cerca de 300 casos representativos sobre una base inicial de más de 700.

Hernán Cappiello,Corrupción,PJ Partido Justicialista,Conforme a,Corrupción,,Fallo dividido. La Justicia confirmó que Cristina no deberá pagar $22.300 millones en la demanda civil por Vialidad,,Escándalo en España. Se cierra el cerco sobre el clan Sánchez: su esposa y su hermano cada vez más complicados por casos de corrupción,,Sobornos. Un exejecutivo de Odebrecht reclamó otra vez que se cierre la causa y la Justicia lo rechazó

El decreto 682/2025 del Poder Ejecutivo, que suspendió transitoriamente el cobro de retenciones a las exportaciones hasta el 31 de octubre o hasta agotar un cupo de USD 7000 millones, generó una fuerte reacción en el Congreso. La medida se agotó en apenas 72 horas y abrió un debate sobre la eliminación definitiva de los derechos de exportación.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan Manuel López advirtió que “el decreto recientemente dictado, lejos de ser una solución de fondo, constituye la continuidad de una práctica consolidada en los últimos años: la utilización de mecanismos excepcionales para forzar la liquidación de divisas y atender desequilibrios externos de corto plazo”.

“Tal como ocurrió con los distintos ‘dólar soja’ implementados por el exministro Sergio Massa, se trata de medidas transitorias y limitadas que tienden a concentrar los beneficios en un grupo reducido de empresas, sin representar un alivio significativo para la mayoría de los productores”, agregó.

Lee también: El Banco Central vuelve a aplicar una de las medidas del cepo al dólar para las personas físicas

López agregó que “las medidas adoptadas posteriormente por el propio Gobierno implicaron un costo fiscal incluso mayor al que hubiera supuesto la aprobación de la ley, pero sin generar los beneficios de estabilidad y previsibilidad que desde el Congreso buscábamos asegurar”.

Durante este año, la Comisión de Agricultura avanzó en el análisis de distintos proyectos para eliminar las retenciones, impulsados principalmente por diputados de Córdoba. Sin embargo, no se lograron dictámenes de comisión, pese a las reuniones convocadas por Atilio Benedetti.

Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal) criticó con dureza la última decisión oficial: “Lo vivido en los últimos días con las retenciones supera todas las predicciones. Del ‘te las bajo un poco y te las vuelvo a subir’, pasamos al ‘te las bajo a cero por 30 días o por 72 horas, lo que ocurra primero’. Y ocurrió”.

El diputado señaló además que “cuando algunos todavía estaban haciendo números, otros ya tenían todo resuelto. Incluso hubo barcos chinos listos para cargar en apenas 72 horas. Fue tan rápido que hasta el secretario del Tesoro de los Estados Unidos exigió como condición urgente volver a subir las retenciones porque los productores americanos entraban en zona de riesgo”. Y remató: “Retenciones cero, por ley y permanentes”.

Leé también: La oposición insiste en que un eventual acuerdo económico con los Estados Unidos deberá pasar por el Congreso

Desde la UCR, el jefe del bloque, Rodrigo de Loredo, reclamó aplicar controles: “Esta práctica especulativa debe ser sancionada mediante la aplicación de la ley 26.351, que obliga a los exportadores a demostrar la tenencia de la mercadería antes de declararla. La ley está vigente y tiene que aplicarse”. Recordó que en 2018 la Secretaría de Agroindustria comprobó irregularidades en empresas como Amaggi, Alimar, Alicampo y Oca Cereales, que derivaron en sanciones de la AFIP.

Pedido de informes desde UxP

Por su parte, Eduardo Valdés (UxP) presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique los alcances del decreto: la nómina de empresas beneficiadas, el volumen exportado, los montos de divisas ingresados al Banco Central y las retenciones que el Estado dejó de percibir.

Leé también: El Gobierno rechazó las críticas del campo por el fin de las retenciones: “Fue una medida extraordinaria”

“En apenas 48 horas, las principales cerealeras agotaron el cupo de 7000 millones de dólares. Fue una maniobra a medida de los grandes jugadores. Miles de productores quedaron afuera y el fisco perdió más de 1500 millones de dólares en retenciones. Un saqueo legalizado”, dijo Valdés.

El legislador cuestionó además la falta de controles: “Ni siquiera exigieron tener el grano en la mano para registrar las ventas. Eso es abrirle la puerta de par en par a la especulación. Ya lo vivimos en el pasado y por eso existe la Ley Martínez Raymonda. Pero este Gobierno prefiere hacerse el distraído. Está claro que el presidente gobierna para las grandes cerealeras y no para el pueblo argentino”.

La llamada Ley Martínez Raymonda, presentada en 2007 por el entonces diputado Rafael Martínez Raymonda (Demócrata Progresista), establece que los exportadores que registren ventas agropecuarias mediante Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) deben acreditar de modo fehaciente la tenencia o adquisición de esos productos al momento de registrarlos. La norma sigue vigente.

Diputados, Retenciones, Congreso de la Nación, coalicion civica