De manera sorpresiva, el ahora ex director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, les envió a sus empleados una carta en la que anunció que dejó el cargo para continuar su carrera con otros proyectos personales, aunque se trató de una decisión que la cúpula del Gobierno ya venía analizando desde hacía tiempo.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes de la Casa Rosada, su apartamiento de la gestión se dio por varios motivos, algunos de índole técnica, otros políticos y también personales.

Según revelaron personas al tanto de lo ocurrido, el saliente funcionario tuvo en el último tiempo una relación tensa con el ministro de Economía, Luis Caputo, de quien depende en el organigrama estatal.

Estos cruces generaron preocupación en las autoridades nacionales, que consideraron que los cambios en las herramientas para calcular la inflación era la oportunidad para reemplazarlo.

Otra de las razones tuvo que ver con su pasado partidario en el Frente Renovador, que encabeza Sergio Massa. De hecho, Lavagna ingresó al INDEC bajo la presidencia de Alberto Fernández, en el marco del acuerdo entre los diferentes sectores del peronismo.

“Venia a los tiros con ‘Toto’ y varios más. Media mal la balanza turistica y, sumado a eso, respondia a (Sergio) Massa. Además, con el nuevo sistema de medicion, se necesita otro perfil”, explicó a este medio una fuente oficial.

Tan solo unos días atrás, una de las cuentas libertarias en las redes sociales, llamada “Kukardos siendo domados”, recordó este hecho durante una discusión que tuvo en X con Malena Galmarini.

Todo comenzó cuando la ex titular de AySA, en un mensaje contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, defendió la gestión de su esposo en el Palacio de Hacienda y acusó a la actual administración por los datos de inflación.

“El INDEC lo maneja un funcionario nombrado por ustedes, que viene específicamente del Frente Renovador de tu marido”, le contestó el usuario.

Ante esto, Galmarini intentó defenderse argumentando que no es un dirigente de su espacio “ni lo fue” y que, además, se quedó tras el cambio de Gobierno, por lo que le pidió que lo asuma “como propio ya”.

Por su parte, Caputo anunció este lunes que el que era segundo en el INDEC, Pedro Lines, asumirá como nuevo titular del organismo y aseguró que la decisión de hacer el reemplazo responde a la implementación de la nueva fórmula de inflación, prevista para enero.

“Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”, aseguró el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia.

En cuanto al nuevo director, remarcó que “es un funcionario de excelente trayectoria, intachable” y recordío que, “cuando estaba la sospecha de la manipulación de (Guillermo) Moreno, incluso él se fue”.

La dimisión del economista surge a días de la puesta en marcha de una nueva canasta para la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que empezará a reflejarse en el dato de inflación de enero.

La implementación de esta fórmula era un compromiso que el equipo económico tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la última revisión, y en la que los técnicos vienen trabajando desde la gestión de Alberto Fernández.

En su carta de despedida que les envió a los empleados, Lavagna sostuvo que cree que es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, “con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa”.

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February 2, 2026,Conforme a

Mientras el Gobierno avanza con la reforma laboral que Javier Milei busca aprobar en el Senado el próximo 11 de febrero, organizaciones piqueteras de izquierda, sectores del sindicalismo combativo y agrupaciones afines votaron un plan de lucha que tendrá su primer punto alto este miércoles 4, con una movilización al Congreso Nacional. La protesta comenzará a las 17 horas y finalizará con un acto en Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde se realizará una “radio abierta a todos los sectores que quieren apoyar la lucha contra la reforma laboral”.

La protesta se da en el marco del inicio del período de sesiones extraordinarias, convocadas por el Poder Ejecutivo hasta el 27 de febrero, con la reforma laboral como uno de los proyectos centrales de la agenda oficial. Según anticiparon distintas organizaciones, la jornada del miércoles será parte de una secuencia de acciones que apunta a confluir en una movilización masiva y un paro nacional el día en que la iniciativa sea tratada en la Cámara alta.

En ese escenario, trabajadores de la empresa Lustramax, que mantienen un conflicto abierto por despidos en la planta de Tortuguitas, se convirtieron en uno de los ejes de articulación de la protesta. Desde allí, junto a la Mesa de Coordinación Obrera de Zona Norte, impulsaron plenarios abiertos durante el último fin de semana en distintos puntos del país para discutir cómo enfrentar la reforma.

“Con la exigencia a la CGT de paro activo y movilización masiva el día que se trate la reforma laboral, estamos preparando una lucha en serio contra un proyecto que pretende seguir recortando derechos y conquistas. No es modernización laboral, quieren más esclavitud”, señalaron los delegados que se reunieron para votar el plan de lucha.

Leandro Gómez, delegado de Lustramax, apuntó directamente contra la dirigencia sindical tradicional. “Frente a la inacción de gran parte de la conducción sindical, que mira para otro lado o directamente negocia nuestros derechos, decidimos empezar a autoorganizarnos. Nuestro futuro y el de nuestras familias está en juego y no vamos a esperar pasivamente”, afirmó.

Los plenarios se realizaron en Lomas de Zamora (ATE Sur), Tortuguitas, La Plata y Jujuy, con la participación de cientos de activistas, delegados y dirigentes de sindicatos recuperados y comisiones internas combativas. También asistieron referentes de la izquierda como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Vilma Ripoll y Christian Castillo, quienes respaldaron la iniciativa.

Según coincidieron los participantes, uno de los puntos centrales fue la caracterización de que la CGT y las principales centrales sindicales no sólo no están organizando una respuesta contra la reforma laboral, sino que algunos sectores estarían negociando con el Gobierno y los gobernadores. En ese marco, se votó exigir un paro nacional activo el día de la sesión en el Congreso y organizar columnas para “rodear el Parlamento”, además de medidas regionales como cortes y protestas en las provincias.

El encuentro también resolvió reforzar la solidaridad con los conflictos en curso en diversas empresas, a los que los organizadores definieron como un intento de “quebrar por hambre” a los trabajadores. Para ello, propusieron la creación de un fondo nacional de lucha.

La movilización del miércoles 4 de febrero fue convocada en conjunto con organizaciones piqueteras y agrupaciones de jubilados, que este lunes realizarán un plenario autoconvocado para ultimar detalles de la protesta. Desde esos sectores advirtieron que la reforma laboral también impactará directamente sobre el sistema previsional, al redirigir aportes patronales a un fondo destinado a cubrir indemnizaciones por despidos.

“Vamos por el paro, la movilización y un plan de lucha. A los jubilados nos afecta de lleno esta ley”, señalaron en un comunicado, en el que también invitaron a periodistas a acompañar las actividades “ante la amenaza de perder su propio estatuto”.

Es muy probable que el día que se trate el proyecto de “modernización laboral” —como lo llama el Gobierno— en el Senado, los piqueteros confluyan con los movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto con algunos sectores del sindicalismo como las CTA y gremios como la UOM y Bancarios.

Mientras el oficialismo apuesta a reunir los votos necesarios en el Senado, desde el sindicalismo combativo y las organizaciones piqueteras de izquierda anticipan que la conflictividad aumentará en las próximas semanas. El objetivo declarado es llegar al 11 de febrero con una movilización masiva y sostener medidas de fuerza si el proyecto avanza, en un clima de creciente tensión entre el Gobierno libertario y los sectores que se sienten directamente amenazados por la reforma.