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Quién es Fred Machado, el empresario investigado por narcotráfico que se convirtió en una sombra para la campaña de Espert

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SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En abril de 2021, Federico Andrés “Fred” Machado era detenido en el aeropuerto de Neuquén. Estados Unidos, país en el que estaba radicado desde la década de los ‘90, lo acusaba de formar parte de una estructura criminal dedicada al blanqueo de dinero y narcotráfico, y sobre él pesaba una alerta roja de Interpol. Desde ese momento, Fred Machado cumple prisión domiciliaria en una mansión que posee en Viedma, en el km 20 de la ruta 1, a la vera del río Negro.

Dos años antes de su detención en la Patagonia, al empresario de 57 años se lo vinculó con el actual diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. Durante la campaña de 2019, cuando el economista se postulaba para presidente, Machado fue visto en un acto suyo en Viedma y le facilitó un avión para trasladarse. Espert le agradeció públicamente su apoyo.

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“En enero o febrero de 2019 yo agradecí a una persona que me habían presentado que quería presentar mi libro en Viedma. Obviamente le agradecí, si me llevó en su avión. Si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos”, dijo hace unos días Espert, tras la aparición en la Justicia de Estados Unidos de un documento que sostiene que el economista recibió 200.000 dólares de Machado.

José Luis Espert preside la Comisión de Presupuesto en Diputados y resiste a una embestida de la oposiciónRicardo Pristupluk

Si bien hace seis años admitió que el empresario le prestó un avión privado y una camioneta blindada para movilizarse, sobre las últimas acusaciones Espert solo dijo que se trata de una “operación” y una “campaña sucia” del kirchnerismo.

Lo cierto es que Machado es dueño, entre otras cosas, de una empresa de aviones y está acusado de lavar dinero de los carteles del narcotráfico con emprendimientos mineros en Guatemala. En 2021 se dio a conocer que el argentino operaba una mina ilegal en Chiquimula: en enero de ese año fueron capturados tres camiones cargados con minerales preciosos extraídos de la empresa Minas del Pueblo, propiedad de Machado, que operaba sin tener licencia de extracción.

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En la causa que se tramita en Estados Unidos por tráfico trasnacional de drogas, lavado de dinero y crímenes financieros, Machado fue acusado junto a otras siete personas. De acuerdo a la acusación en el juzgado del Distrito Este de Texas, los ocho se dedicaban a la comercialización de aviones. Las aeronaves eran registradas a nombre de corporaciones extranjeras o individuos para luego ser exportadas. Miles de aviones fueron asentados en Onalaska, un pueblo del este de Texas que no tiene aeropuerto.

Alfredo «Fred» Machado
, el narcotraficante al que relacionan con José Luis Espert. Cumple una condena en prisión domiciliaria en Viedma desde 2021, a la espera de la extradición a Estados Unidos si es que la justicia argentina la autoriza

Machado es dueño de South Aviation, una empresa de aviación con sede en Florida. Junto a otras siete personas, fue acusado de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para quebrantar las normas de exportación y conspiración para quebrantar el registro federal de aeronaves. La acusación detalló aproximadamente 350 millones de dólares en presuntas actividades delictivas desde 2016 hasta 2021.

“Logramos asestar un golpe significativo a las organizaciones criminales transnacionales de todo el mundo al exponer un esquema de lavado de dinero y tráfico de drogas perpetuado por sofisticados cárteles de la droga”, afirmó en febrero de 2021 Ryan L. Spradlin, agente especial de Homeland Security Investigations (HSI) en Dallas. Afirmó que varias de las aeronaves registradas y exportadas ilegalmente fueron utilizadas por organizaciones criminales transnacionales en Colombia, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guatemala y México para contrabandear grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos.

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Asimismo, la acusación formal imputó por separado a Debra Mercer, Kayleigh Moffett y Machado por participar en un esquema de fraude relacionado con la adquisición de aeronaves. Según se expuso, Machado habría reclutado a inversionistas para que invirtieran en depósitos de compra de aeronaves para transacciones de venta que nunca se concretaron. Los inversionistas presuntamente depositaron sus fondos en una cuenta de depósito en garantía de Wright Brothers Title Company, propiedad de Mercer y Moffett. Machado habría utilizado esos fondos para fines distintos a la compra de aeronaves.

Cuando su situación se complejizó en Estados Unidos, Machado volvió a la Argentina (llegó en un vuelo procedente de México), donde finalmente fue detenido. En abril de 2022, el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva declaró procedente la extradición de Fred Machado a Estados Unidos y mantuvo la detención domiciliaria hasta que se lo traslade al país requirente.

“Hay un pedido de extradición que duerme desde hace tres años en el cajón de los impresentables de la Corte Suprema. En la causa por la que pidieron la detención de Machado en 2021 ya fue condenada a 16 años Debra Mercer, socia de Fred Machado en Estados Unidos. En sus estados contables verán pronto los movimientos financieros a Espert”, advertía hace un mes en el Congreso el diputado por Río Negro Martín Soria, al referirse al “flagelo de la narcopolítica”.

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Los hermanos Federico y Gastón Machado se criaron en el barrio Constitución de Trelew (Chubut). Se instalaron luego en Viedma, donde montaron una fábrica de puertas y ventanas que fue epicentro de múltiples estafas. Gastón se mudaría después a Guatemala, donde lideró la construcción de una torre de 37 pisos con departamentos de lujo que nunca tuvo permisos de construcción. Federico se instaló a principios de los 90 en Miami. Menos de 20 años después estuvo vinculado con los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos del brigadier general José Juliá, jefe de la Fuerza Aérea Argentina durante el menemismo. A través de South Aviation, Machado le entregó a Gustavo Juliá un Hawker con el que, entre 2009 y 2010, comenzó a volar a Europa. En 2012, Juliá fue condenado a 13 años de cárcel en España por el contrabando de 944 kilos de cocaína.

Años más tarde, el empresario Machado comenzó a ser acusado de financiar campañas políticas en diversos países de la región. Según trascendió, la camioneta negra blindada que usaba Espert en 2019 estaba a nombre del primo y supuesto testaferro de Machado, Claudio Ciccarelli. “Los vínculos de Espert con el narcotráfico siguen más vigentes que nunca. Todos se acuerdan de la foto de la revista Noticias, con el financista de la campaña, Fred Machado. Le daba los aviones además de muchas otras cosas. Todos se acuerdan que Espert fue en campaña a mi querida provincia, a Viedma. ¿Quiénes estaban en la presentación de su libro? El narcotraficante y financista Fred Machado y un pelado, que es Claudio Ciccarelli, dueño de la camioneta negra blindada. Ciccarelli estuvo en las gradas de este Congreso. ¿Quién lo dejó entrar? ¿Espert o su actual pareja, la dipunarco de mi provincia Lorena Villaverde?”, disparó Soria en Diputados.

Los diputados Soria, Villaverde y EspertArchivo

Consultada por , desde el entorno de la diputada libertaria Villaverde indicaron que no posee ni tuvo ningún tipo de relación con Machado. “Tampoco tiene pareja. La persona que consignan como su pareja es conocido de ella, ya que es muy reconocido en Viedma, pero no tienen una relación”, sumaron sobre su supuesto vínculo con Ciccarelli.

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Por su parte, Soria aseguró que Ciccarelli, de 49 años, “vivía con su madre y de golpe se hizo millonario”, al tiempo que señaló que hace dos años intentó quedarse con una mina de oro en Neuquén. El hombre de Viedma que dice concentrar su actividad en canteras de arena y en la logística de camiones le respondió: “Nunca he sido acusado ni imputado por delito alguno. Es falso que mantenga relación de pareja con la persona mencionada por el diputado. También es falso que sea testaferro de nadie”.

En 2022, Ciccarelli creó la firma Eco Friendly para quedarse con la concesión de la mina de Andacollo, que estaba paralizada desde 2020 y en proceso de salvataje. La transferencia aún no se concretó y sigue en manos de la Justicia. En su estancia con 200 metros de costa de río en las afueras de Viedma, Machado también espera definiciones judiciales.


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Declara ante el juez el piloto que facturó el vuelo privado de Manuel Adorni desde Punta del Este

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El piloto que facturó el vuelo privado que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hizo junto a su familia desde Punta del Este pidió declarar ante el juez federal, Ariel Lijo. El magistrado ayer dispuso un operativo en la empresa que hizo los vuelos, Alpha Centauri S.A., para recabar información contable y bancaria.

Se trata de Agustín Issin, de 46 años con amplia experiencia en aviación comercial y privada.

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Según registros, Issin compró el paquete de vuelos el 9 de febrero y opera habitualmente desde Uruguay, donde figura con domicilio en un complejo de Solanas.

La trayectoria de Issin muestra que voló aviones de línea para Latam, se desempeñó en firmas como Sunny Sky, Jet Clipper, American Logistic y Royal Class, y actualmente trabaja como piloto corporativo en Consultatio, la empresa del empresario Eduardo Constantini. También cuenta con habilitación para manejar helicópteros.

Lijo exigió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informes de la situación fiscal tanto de Alpha Centauri como del periodista Marcelo Grandio, que es amigo de Adorni y tiene programas en la TV Pública. De acuerdo a un recibo que tiene en su poder la Justicia, y al que accedió TN, la empresa, productora, Imhouse SA, de la que Grandio es accionista, pagó el viaje de ida en cuestión a Punta del Este.

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El regreso, en cambio, formó parte de un paquete de diez vuelos contratado por el broker y piloto Issin a Alpha Centauri por 42.250 dólares en efectivo, con una factura emitida el 9 de marzo por alrededor de 3.000 dólares para ese tramo.

Lijo busca determinar si hubo algún acuerdo comercial previo entre Grandio –cuya productora realiza contenidos para medios estatales– y el Gobierno, o si se trató de un beneficio personal. También se investiga si este fue el único vuelo operado por Alpha Centauri para Grandio o el broker Issin, y si existen otros movimientos similares.

La causa se inició a partir de denuncias de diputados nacionales, entre ellos Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, y se centra inicialmente en determinar si el financiamiento del viaje por parte de terceros podría configurar el delito de dádivas.

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Estos operativos responden a una de las tres causas penales que involucran al jefe de Gabinete en Comodoro Py. Las otras dos refieren al uso del avión presidencial para trasladar a su esposa, Bettina Angeletti, en un viaje oficial a Nueva York y a la compra de una propiedad en un country que no habría sido declarada en tiempo y forma.

Adorni, en declaraciones públicas, sostuvo que pagó parte del viaje y que su patrimonio fue construido durante sus más de 25 años en el sector privado, antes de asumir funciones públicas.

Manuel Adorni

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El juzgado federal de Campana suma otra causa contra la AFA, mientras busca conservar el caso de la quinta

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Mientras la Cámara de Casación aún debe decidir de manera definitiva qué tribunal investigará el caso de la quinta de Pilar ligada a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el juez federal de Campana Adrián Gonzalez Charvay sumó un nuevo expediente contra la organización del fútbol.

Este magistrado conserva -al menos hasta el momento- el caso sobre quiénes son los verdaderos dueños de la mansión en Pilar, que se le adjudica a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y ahora sumó la causa por supuesto desvío de unos 300 millones de dólares fondos cobrados por la AFA en los Estados Unidos que involucra al empresario Javier Faroni y su mujer.

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El juez federal de Zárate-Campana Adrián González Charvay

Es que la jueza de instrucción Paula Petazzi, que llevaba ese caso de fraude, denunciado por el agente FIFA Guillermo Tofoni, se declaró incompetente y envió el expediente a Campana, a solicitud del propio juez González Charvay.

Este es el juzgado donde la AFA quiere que queden todos sus expedientes, pues piensa que le irá mejor allí que en otras jurisdicciones.

La última palabra de todos modos la tiene la Cámara Federal de Casación Penal, que convocó a una audiencia para el 30 de abril entre los acusados y la fiscalía. Luego decidirá.

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Los jueces de Casación Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky resolverán si el caso, donde se investiga a los verdaderos dueños de una mansión de Pilar valuada en 20 millones de dólares, tramita en Campana o en la justicia federal o penal económico de la Capital Federal.

El empresario Guillermo Tofoni, quien denunció a Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino por presunta defraudación

Esta decisión de competencia seguramente arrastrará al resto de las causas contra la AFA.

Ahora, la jueza Petazzi resolvió acumular en Campana los expedientes por lavado de activos y uso de sociedades “fantasma” en el exterior.

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El centro del escándalo radica en un presunto “despojo total para la AFA de alrededor de 300 millones de dólares”.

Según la hipótesis que unifica los expedientes, la cúpula directiva integrada por el presidente y su tesorero Toviggino, en presunta complicidad con Érica Gabriela Gillette y Javier Horacio Faroni, habrían orquestado maniobras de vaciamiento mediante la sociedad estadounidense TourProdEnter LLC.

La quinta de Pilar bajo investigación Ricardo Pristupluk

Esta firma fue contratada para gestionar de manera exclusiva la comercialización de partidos amistosos, derechos y patrocinios de la Selección Nacional.

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A cambio, la empresa retenía una comisión del 30% que “no tendría justificación alguna” y oficiaba como vehículo para canalizar el dinero hacia sociedades fantasma radicadas en el extranjero, evitando que los fondos millonarios ingresaran a las cuentas oficiales y balances de la AFA, de acuerdo con la hipótesis bajo investigación.

La ruta del dinero incluye giros ajenos a la vida institucional de la AFA, como la transferencia de US$40.000 enviados a la cuenta de María Florencia Sartirana, señalada en la denuncia como pareja de Toviggino.

El argumento por el cual enviaron esta causa a la justicia federal de Campana es que la jueza entendió que ocultar ingresos millonarios a través de una “red internacional de intermediarios financieros” y cuentas offshore generó una posible afectación al sistema tributario argentino y a las arcas del Estado. Y eso, dijo, impactó en las declaraciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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En segundo lugar, el tribunal argumentó que el supuesto fraude interno en la AFA es inescindible de los posteriores actos de blanqueo de capitales.

Dividir ambas causas significaría entorpecer la búsqueda de la verdad y duplicar recursos, dijo la magistrada que entendió que la presunta administración fraudulenta es el “delito precedente” del lavado de activos.

La resolución desestimó el reclamo del empresario querellante Guillermo Tofoni, que pretendía que la defraudación se juzgara en los tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires bajo el argumento de que la sede central de la AFA se ubica en la calle Viamonte y los contratos se firmaron en esa jurisdicción.

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El tribunal determinó que separar los episodios de fraude y los de lavado “conllevaría un escándalo jurídico conectado con la inseguridad jurisdiccional” ante el riesgo de dictar resoluciones contradictorias.


Hernán Cappiello,Conforme a

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Un docente agredió a estudiantes libertarios en la Universidad Nacional de Lanús

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En el marco de una actividad estudiantil, un docente de la Universidad Nacional de Lanús (UNLA) agredió ayer a alumnos y militantes de la agrupación Crear + Libertad, vinculada a La Libertad Avanza.

El agresor fue identificado como Juan Tumini. En las imágenes, se observa el momento del ataque por parte de Tumini a los integrantes de la organización universitaria.

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“Te dije que no me filmes. Te voy a tirar el celular si me filmas así nomás”, comienza el envío. Acto seguido, Tumini mira a cámara e intenta agarrar el dispositivo. “No agredas”, remarcó uno de los militantes, pero el docente respondió a golpes de puño: “Te voy a cagar a trompadas. Tomatelas, tomatelas. Tomatelas porque te cago a trompadas”.

Luego, el celular cae al piso y la acción se vuelve difusa, mientras se escuchan más agresiones y una voz pide: “Pará que lo vas a matar, boludo. Pará”. Inmediatamente aparece una mujer y grita: ”No me calmo nada, te vas. Esta universidad para nosotros es todo, es la vida, ¿entendés? Así que te vas, te están echando los docentes. Te vas“.

Finalmente, otra mujer se acerca a hablar con la persona que filma y le dice: “Acá hay mucha gente que es hijo de desaparecidos. Ustedes vienen a hablar de eso, es obvio que te van a cagar a trompadas”.

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En otro video, y en plena agresión, se observa a una mujer en actitud violenta: “¿Me vas a pegar? Mirá que me paro de manos, carajo». Mientras que otro determinó que “a los fachos se los combate”.

“En esta universidad no tenés espacio”, determinó una alumna en un último envío, donde además también criticaron a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Y hasta al propio presidente norteamericano, Donald Trump.

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La respuesta de LLA

Desde La Libertad Avanza (LLA) de Lanús señalaron a Infobae que cinco alumnos de la UNLA estaban en una mesa repartiendo folletos en una zona del predio. Sin embargo, indicaron que se acercaron militantes de la agrupación “La Granate – Cámpora” y del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) “diciendo que LLA está vetada y tiene la entrada prohibida” al establecimiento. Y apuntaron que los estudiantes libertarios “eran todos mandados” por Ignacio “Nacho” Moroni, concejal por el partido violeta.

A su vez, apuntaron que Juan Tumini es docente de diseño. Y que también estuvieron presentes en la agresión Emanuel Carloni, director de intendencia; Marcela Méndez, coordinadora de discapacidad; María Laura Oliver, empleada en infraestructura; Manuel Murphy, empleado de secretaría académica; Sofía Martinez, empleada de sonido y alumna de Audiovisión.

En un ambiente exterior, un hombre de camiseta negra eleva el brazo en un gesto amistoso entre un grupo de personas, reflejando un momento de camaradería.

“Estábamos unos compañeros y yo haciendo un stand con mesita propia con un banner repartiendo folletos y charlando con estudiantes que se acercaban intrigados por la propuesta. En cuestión de cinco minutos viene una banda de como cinco o seis personas (de las cuales cuatro al menos eran hombres de más de 35 años y con cierta robustez corporal) a patotearnos y amenazarnos”, relató a Infobae Thiago Salvatori, uno de los alumnos agredidos.

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Salvatori contó que se mantuvieron en forma pacífica, pero advirtieron que Tumini se apersonó junto a Carloni. Y que, luego de ver que era filmado, “se puso como loco e intentó robarle” los celulares a dos de sus compañeras».

“Cómo no pudo, empezó a propiciarle golpes a mi compañero, hasta tirarlo en una zanja que había detrás. Es en este momento que mi compañero golpea su cabeza contra el piso, justo al lado de una especie de cordón. No contentos con esto, siguieron arrastrando a mi compañero como 15 metros entre tres personas, mientras que otros me agarraban para que no pudiese ayudarlo”, graficó.

El agresor fue identificado como Juan Tumini

Y sumó: “Cuando me logro liberar intento que lo suelten y, ante la imposibilidad de eso, tuve que golpearlos yo también hasta que logré que se la agarren conmigo y suelten a mi compañero. Es ahí donde le gritó a mi compañero ‘andate Julián’ y pudimos salir corriendo los dos”.

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“Por suerte me encuentro bastante bien físicamente, pero bastante alterado con lo que se vivió ayer. Vi como casi matan a un amigo”, concluyó a este medio.

Desde las redes sociales, Moroni indicó que “una patota kirchnerista” agredió físicamente “a miembros de La Libertad Avanza de Lanús». También informó que realizaron una denuncia penal por “el acto mafioso, donde nuestros jóvenes recibieron golpes de puño” y “amenazas de muerte”. Y repudió que Julián Aguilar, uno de los militantes, terminó con una costilla fisurada. “Exijimos al rector, Daniel Bozzani, su inmediata intervención para identificar a cada uno de los agresores”, concluyó el concejal.

La voz de la UNLA

La Universidad Nacional de Lanús expresa su más firme repudio ante los hechos ocurridos en la jornada de ayer. La universidad pública debe ser, ante todo, un ámbito de convivencia donde se garantice la libertad de expresión política en todas sus manifestaciones. El respeto por la pluralidad de ideas es un pilar innegociable de nuestra vida académica y democrática”, respondió la UNLA desde sus redes sociales.

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Además, confirmaron que realizarán las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. Y que aplicará las sanciones correspondientes a los responsables, conforme al estatuto y las normativas vigentes.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un campus seguro, plural y en paz. Nos solidarizamos con los estudiantes afectados y llamamos a toda la comunidad universitaria a velar por el respeto mutuo”, cerró el comunicado del establecimiento universitario.

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