POLITICA
Quién es Leonel Chiarella, el hombre de Pullaro que se convirtió en el presidente de la UCR más joven de la historia

A los 15 años participó de la creación del Centro de Estudiantes de su escuela; a los 26 asumió como concejal y a los 30 fue elegido intendente de Venado Tuerto. Hoy, con 36 años, Leonel Chiarella se convirtió en el presidente del Comité Nacional de la UCR más joven de la historia. Llegó impulsado por Maximiliano Pullaro después de una breve danza de nombres de dirigentes de peso que rechazaron el puesto, en medio de profundas internas, la pérdida de representatividad parlamentaria y una crisis de identidad que atraviesa al partido centenario desde la irrupción de Javier Milei. Su nuevo rol marca el triunfo de la estrategia de los fundadores de Provincias Unidas hacia 2027 y consolida el liderazgo del gobernador santafesino.
El nombre de Chiarella apareció como plan B tras la negativa de varios dirigentes con trayectoria a hacerse cargo de la sucesión de Martín Lousteau. El último en rechazar ese lugar fue Gustavo Valdés, quien dejó la gobernación de Corrientes en manos de su hermano Juan Pablo, pero prefirió no quedar atrapado en las contradicciones y disputas que conviven hoy en la UCR. Aunque no tiene un alto nivel de conocimiento nacional, su postulación no despertó resistencias internas. En algunos sectores creció la expectativa de que el partido finalmente inicie un proceso real de recambio generacional.
Ni siquiera Lousteau se animó a hablar de renovación cuando asumió en 2023. “Tengo más de 50 años, no se puede hablar de renovación”, bromeó entonces en su despacho de Alsina al 1700. Chiarella, en cambio, llega con la credencial de haber terminado en 2019 con más de dos décadas de gobiernos peronistas en Venado Tuerto y de haber sido reelecto en 2023 con más del 83% de los votos. En total, lleva seis años de gestión municipal con superávit fiscal.

Nacido el 18 de diciembre de 1988, comenzó su militancia a los 15 años en la Escuela Técnica 483 “El Industrial” de Venado Tuerto, donde integró la creación del Centro de Estudiantes que luego presidió en 2006. También fue parte de la Juventud Radical, que presidió a los 18. Ya en Rosario, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Rosario, militó en la Agrupación Estudiantil 1983, integró el consejo directivo y fue ayudante de cátedra en Derecho Constitucional I y II durante cuatro años. Participó además en distintas organizaciones no gubernamentales. En 2015 fue electo concejal, cargo que ejerció hasta 2019.
En su equipo destacan su gestión en obra pública, que incluye una red de jardines para la primera infancia —entre ellos el único jardín maternal nocturno del país—, nuevas salas de salud y políticas culturales y deportivas. También remarcan la articulación público-privada con las principales empresas instaladas en la ciudad. En diálogo con Infobae, fue uno de los primeros intendentes en advertir por el estado de las rutas desde la llegada de La Libertad Avanza al Poder Ejecutivo.
Durante un encuentro en Panamá en 2025 fue seleccionado como uno de los alcaldes más innovadores de América Latina por la Red de Innovación Local (RIL), que destacó su liderazgo en tecnología aplicada a la gestión municipal. Venado Tuerto, además, fue certificada como Ciudad Eficiente: la primera de Santa Fe y la quinta del país, a partir de políticas de desarrollo productivo y empleo. Su primera gestión había recibido reconocimientos por el enfoque en seguridad, la pavimentación, la instalación de luminarias LED y programas de apoyo a emprendedores, capacitación en oficios y desarrollo cultural.
Este viernes se convirtió en el presidente más joven de los 134 años de historia del radicalismo. Hasta ahora, el más joven había sido el cordobés Gabriel Oddone —que asumió con 41 años tras la muerte de Marcelo T. de Alvear en 1942— seguido por Hipólito Yrigoyen, que llegó al cargo con 45 en 1897. Chiarella deberá conducir un partido atravesado por históricas internas, debilitado por la caída en la representación parlamentaria y por la ruptura de bloques. También deberá gestionar un vínculo complejo con el gobierno de Javier Milei, mientras cinco gobernadores radicales buscan cuidar sus territorios y preparan sus propias reelecciones para 2027.
Tendrá el respaldo de los gobernadores que integran Provincias Unidas, que lograron conformar un bloque de 22 diputados. El sector de Gerardo Morales y Lousteau apuesta a un perfil opositor a La Libertad Avanza, mientras que Pullaro impulsa un vínculo menos confrontativo pero pragmático para negociar las necesidades de su provincia.
Aunque el entorno del gobernador intenta despegarlo de cualquier disputa por el liderazgo interno, su intervención en esta elección lo fortalece para las próximas batallas estratégicas. Pese a la derrota electoral de octubre, Pullaro logró imponer a su vicegobernadora, Gisela Scaglia, como presidenta del bloque de Provincias Unidas, en una pulseada que terminó imponiéndose sobre el peronismo de centro. Es el dirigente que gobierna la provincia más populosa del radicalismo, mantiene vínculos estrechos con sus pares peronistas y radicales y promete impulsar un candidato presidencial para 2027 dentro del espacio de centro.
POLITICA
El Gobierno presentó la Ley Hojarasca para derogar normas “obsoletas” y simplificar el sistema legal

El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso el proyecto de ley conocido como Ley Hojarasca, con el objetivo de avanzar en una depuración del sistema normativo argentino mediante la derogación de leyes consideradas “obsoletas” o innecesarias.
Según se detalla en los fundamentos, la iniciativa apunta a “reducir la sobreabundancia normativa que caracteriza al ordenamiento jurídico argentino”, al sostener que la acumulación de leyes a lo largo del tiempo generó “un sistema complejo, muchas veces contradictorio y de difícil aplicación”.
En esa línea, el texto advierte que la existencia de normas en desuso no es inocua, ya que “genera incertidumbre jurídica y aumenta los costos de cumplimiento para los ciudadanos y las empresas”. Por eso, propone avanzar en una revisión integral que permita eliminar aquellas disposiciones que “han perdido vigencia práctica o han sido superadas por normativa posterior”.
El proyecto también se inscribe en la estrategia de desregulación del Gobierno. De acuerdo con los fundamentos, el objetivo es “promover un marco normativo más claro, accesible y eficiente”, reduciendo la intervención estatal en ámbitos donde se considera innecesaria.
Leé también: Se dilata el debate por la Ley de Glaciares: el oficialismo convocará a una audiencia con gobernadores mineros
Además, se remarca que la iniciativa busca ordenar el sistema legal bajo criterios de racionalidad, al señalar que “la proliferación de normas sin una adecuada depuración atenta contra la seguridad jurídica”, uno de los ejes centrales de la política económica oficial.
Además, el texto sostiene que la medida permitirá avanzar hacia un esquema más simple y previsible, al destacar que “un ordenamiento jurídico claro y coherente resulta esencial para el desarrollo de las actividades económicas y el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
Noticia que está siendo actualizada.-
Gobierno, Congreso
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La válvula que pudo haber provocado la tragedia, eje de los análisis técnicos en la octava audiencia del juicio oral por el ARA San Juan

EL CALAFATE.- El análisis de los incidentes registrados en el ARA San Juan mientras realizaba una navegación de prueba, el comportamiento de la válvula ECO19 por donde ingresó agua al submarino y el análisis del mensaje que podría haber desencadenado la tragedia, fueron este jueves los ejes del debate en la séptima audiencia del juicio por el hundimiento del submarino el 15 de noviembre del 2017, en el que perdieron la vida 44 tripulantes.
Uno de los documentos que se mostró a los cinco testigos, que se presentaron a propuesta del Ministerio Público Fiscal, fue el informe de patrulla elevado por el capitán de Fragata Pedro Martín Fernández, -comandante del ARA San Juan- sobre la navegación realizada entre el 1 y el 19 de julio de 2017, en la antesala de la tragedia. Tenía el propósito de entender cuál era el estado de deterioro del submarino, como antecedente de lo que pudo ocurrir cuatro meses después.
El informe del capitán Fernández reportó que el 6 de julio se produjo un ingreso de agua de mar al ventilador de la batería de proa durante una maniobra de esnórquel. “Fue una navegación tranquila durante todo el período, pero tuvimos una emergencia; me encontraba cargando baterías, estaba propulsando y tuvimos un ingreso de agua en el ventilador de proa”, declaró como testigo el suboficial segundo electricista César Alberto Figueroa, quien fue tripulante del ARA San Juan entre 2016 y 2017.
“Detecté que la válvula ECO19 tenía una pequeña abertura y que no estaba cerrada por completo”, y detalló el suboficial e introdujo la posibilidad de una apertura accidental. Señaló que a bordo suele haber personal en comisión o de la escuela con “poca experiencia”, y que alguien pudo haberse apoyado involuntariamente sobre la manivela de la válvula y girarla, provocando su apertura.
La válvula ECO 19 es de ventilación manual y que comunica la proa con la popa. Según los manuales del fabricante, siempre debe permanecer cerrada durante la navegación. Solo está autorizada su apertura en puerto para la carga de batería, según las explicaciones técnicas expuestas en la audiencia.
Tras el viaje, el capitán reportó que el 13 de julio la tripulación modificó la posición de la válvula Eco-19 para intentar ventilar el buque y reducir los niveles de CO2. En el mismo viaje el comandante reportó que el submarino zarpó con un solo periscopio en servicio, se informó una disminución de los niveles de aceite hidráulico, sin poder detectar el origen de la fuga, en tanto que se reportaron fallas en el acoplador del sistema de comunicación de alta frecuencia (HF).
Sobre este informe fue consultado el capitán de Navío Gabriel Eduardo Attis, una de las voces técnicas más citadas en la causa debido a su rol como inspector del Arma Submarina y presidente del Consejo Asesor del Arma Submarina durante 2017. Ese año un informe que forma parte de la causa. Según su criterio de experto con 40 años en la fuerza, consultado sobre la prueba realizada durante la navegación sobre la válvula ECO 19, consideró que era potestad del comandante del barco realizar esas pruebas.
“Los submarinistas estamos adiestrados para navegar solos y resolver nuestros problemas solos, somos muy técnicos, somos de agarrar un plano y seguirlo. Uno trabaja permanentemente para conocer el barco”, afirmó al explicar por qué se suelen realizar pruebas y se preguntó: “¿Esta bien?, no, porque se rompe una preparación de mecanismos. Pero el comandante puede hacerlo, si lo ve viable de hacer. Si es comandante puede decidir hacerlo en el mar y cuando vuelve lo tiene que informar”, detalló Attis, quien tuvo palabras de elogio para quien fuera el último comandante del ARA San Juan. “Era un excelente oficial, un gran profesional, un gran comandante”, afirmó en referencia a Fernández.
Ante una consulta del presidente del Tribunal, Mario Reynaldi, Attis no dudó en asegurar que en su último viaje el ARA San Juan estaba en condiciones de navegar. “El capitán Fernández dijo que estaba preparado para navegar, por supuesto, es la gran responsabilidad de él. No somos kamikaze, tenemos una máquina de guerra, un montón de gente a nuestro cargo, que me está mirando a ver si hago bien o mal”. Y agregó: “Cada vez que nos preguntamos si el buque estaba para navegar, hablemos de la idoneidad del capitán Fernández, quien era por demás idóneo y yo no lo pongo en duda de ninguna manera”. Habló con voz serena, pero lo tomó la emoción ante el recuerdo de sus camaradas fallecidos.
El juicio que indaga sobre presunta responsabilidad de cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina -el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide, el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa– lo instruye el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, presidido por Mario Reynaldi.
El 15 de noviembre de 2017 se informó un cortocircuito y principio de incendio provocado por el ingreso de agua de mar al tanque de baterías N° 3 a través del sistema de ventilación. Fue a las 6 de la mañana, a través de un texto denominado SITREP. “Batería de PROA fuera de servicio. Al momento en inmersión propulsando con circuito dividido sin novedades de personal mantendré informado”, sostenía el informe.
“¿Con ese mensaje estamos con certeza de que el buque bajó a plano seguro?“, le consultó el presidente del Tribunal. “Por supuesto”, afirmó Attis y descartó que ese mensaje haya sido de emergencia: “Si usted tiene emergencia, dice estoy en emergencia y no lo dice por el circuito escrito, o saca el teléfono satelital o VHS y dice ´mayday mayday´, buque en emergencia. Si está en emergencia, saca un mensaje de emergencia”.
Attis, retirado de la fuerza, declaró durante horas y explicó con un lenguaje claro y didáctico el funcionamiento de diferentes mecanismos de la nave. Fue consultado por su hipótesis sobre lo que desencadenó la fatalidad del submarino. “Entramos en el plano de las suposiciones y las ideas. Mi impresión es que el submarino en algún momento de su ida navegando a plano de seguridad, tuvo algún evento súbito, que hizo que quedara sin propulsión, un blackout de máquinas. Puede haber pasado que haya saltado la propulsión, no la hayan podido reconectar”.
En tanto que sumó otra hipótesis: el submarino durante la noche estaba cargando baterías cuando se vio interrumpida la acción por el principio de incendio. Por lo tanto, puede no haber cargado todas las baterías e intentó volver a cargarlas y no pudo ascender.
Las audiencias del juicio oral se retomarán a partir del 6 de abril en la sede del TOFC de Río Gallegos, donde además de una veintena de testigos se espera la ampliación de la declaración indagatoria de Villamide, solicitada por su defensa.
Mariela Arias,Conforme a
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El gobierno porteño reforzó la seguridad y el control en la Villa 31 y avanza con el plan de reordenamiento

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un plan de ordenamiento en la Villa 31 para reforzar la seguridad y frenar el crecimiento del asentamiento. Desde este jueves, se implementaron operativos en los accesos con retenes policiales y la peatonalización de calles, todo con el objetivo de impedir el ingreso de materiales de construcción y detener la expansión edilicia que alteró la dinámica del barrio durante los últimos años.
Según informó el Gobierno porteño, la estrategia busca “fortalecer la integración y garantizar que la Ciudad sea una sola: con las mismas obligaciones, los mismos derechos y las mismas reglas para todos, vivan donde vivan los vecinos”. El plan, que responde a una preocupación persistente sobre el crecimiento desordenado de la Villa 31, apunta a frenar prácticas que pusieron en jaque la seguridad y la convivencia en el barrio, donde residen aproximadamente 45 mil personas en condiciones precarias, distribuidas en un área de 72 hectáreas frente a la terminal de Retiro.
En la presentación de las nuevas medidas, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó: “Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”.
De acuerdo con lo comunicado por el Ejecutivo local, el plan de control de accesos modificó la circulación en cinco de las 13 entradas al barrio, que se convirtieron en calles peatonales.
Además, tres accesos pasaron a contar con puestos policiales permanentes y se sumaron a otros tres preexistentes, mientras que dos calles cambiaron de sentido y se instalaron bolardos para restringir el paso. También se implementaron controles itinerantes y rotativos, con la intención de reforzar los operativos de fiscalización y la vigilancia urbana.
Durante el operativo especial de este jueves, hubo controles policiales en los accesos de Colibrí y Ramos Mejía —junto a la estación de Ómnibus de Retiro—, en Yaguareté e Islas Galápagos —próximo al Paseo del Bajo y al Ministerio de Educación de la Ciudad—, y en Colibrí y Alberto Chejolán (ex calle 14), vecina al Barrio Saldías.
Las autoridades señalaron que estos procedimientos buscan frenar el ingreso de materiales que alimentan el crecimiento edilicio sin habilitación, una problemática que cobró fuerza tras la sanción de la Ley 6.129 en 2016, la cual estableció la urbanización del barrio, pero no logró contener la expansión irregular ni propiciar un ordenamiento territorial efectivo.
En palabras de Jorge Macri, “tiramos abajo un búnker y seguimos mejorando la seguridad. Y no podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos”.

El Gobierno de la Ciudad puso el foco en los operativos contra las ocupaciones ilegales y el desalojo de veredas tomadas, muchas de las cuales se usaban como depósitos improvisados por cartoneros o patios anexos a viviendas.
También se removió un lavadero de autos que obstruía la circulación en una zona peatonal y se desalojó una gomería montada en un micro inutilizado que ocupaba gran parte de una vereda.
El plan contempló la clausura de corralones de materiales de construcción no autorizados, en línea con la normativa que prohíbe ese tipo de establecimientos dentro del barrio para evitar un crecimiento sin regulación y reducir riesgos estructurales y de seguridad.
En la Villa 31, la informalidad propició la especulación y la aparición de negocios ilegales, según la información difundida por el Ejecutivo porteño.

Entre las prácticas más frecuentes, figura la venta de “espacios aéreos”, como los techos de las casas, y el alquiler de viviendas, que oscila entre $300 mil y 1 millón de pesos mensuales, mientras que los locales comerciales alcanzan valores de entre 1,5 y 1,8 millones de pesos por mes.
De este modo, quienes operan en la informalidad aprovechan la necesidad de quienes buscan alquilar, pero no reúnen los requisitos exigidos por las inmobiliarias en otros barrios de la Ciudad.
El plan cuenta con la intervención conjunta de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Espacio Público, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y la Secretaría Legal y Técnica, en un esfuerzo coordinado para lograr que la urbanización de la Villa 31 avance hacia un modelo bajo regulaciones claras y un marco de convivencia común.
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