Karina Milei volvió a mover fichas en silencio y se aseguró un lugar propio en uno de los organismos más sensibles del sistema institucional. Con su aval, Mónica Almada fue designada por los próximos ocho años en la Auditoría General de la Nación (AGN), el principal órgano de control externo del Estado, responsable de fiscalizar la gestión de este Gobierno y de los que le sigan.

El nombramiento se concretó durante la última sesión de la Cámara de Diputados, que se extendió hasta la madrugada y culminó con una votación coordinada entre La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerismo. En ese acuerdo, el oficialismo logró sumar una pieza propia en la AGN, un ámbito estratégico que deberá revisar procesos de alta sensibilidad política, desde compras y contrataciones hasta auditorías complejas sobre el uso de fondos públicos.

Almada inició su carrera en el radicalismo porteño. Fue secretaria de Educación durante la gestión de Fernando de la Rúa como jefe de gobierno de la ciudad y, en 1998, ingresó como directora del Banco Ciudad. Su paso por la entidad terminó abruptamente en 2002, tras quedar involucrada en un episodio controvertido en el final de la convertibilidad.

Tres días antes de la implementación del “corralito” bancario, en diciembre de 2001, Almada retiró de manera anticipada un plazo fijo por 314.600 pesos/dólares que tenía depositados en el Banco Ciudad. La operación, realizada fuera del horario bancario y en condiciones excepcionales, encendió sospechas de información privilegiada, ya que la medida había sido dispuesta por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, con quien Almada mantenía −y mantiene− una relación personal.

Según las crónicas de la época, el entonces presidente del Banco Ciudad, Roberto Feletti, pidió su renuncia al considerar que el dinero “no estaba disponible” y que el retiro se produjo el último día de funcionamiento normal del sistema financiero. Almada devolvió posteriormente los fondos y argumentó que había precancelado el plazo fijo para concretar una operación inmobiliaria que finalmente no realizó. Dijo entonces estar “profundamente avergonzada” por lo ocurrido. El episodio derivó en su salida del banco, a pedido del entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra.

Tras ese escándalo, Almada se mantuvo durante años fuera del foco público. Se desempeñó como asesora en la Cámara de Diputados vinculada a Pro y, ya durante la presidencia de Mauricio Macri, regresó a la función pública como directora y luego vicepresidenta de Nación Seguros. En ese período consolidó también vínculos políticos y personales: es pareja de Enrique “Quique” Pinedo, hermano del exsenador y diputado Federico Pinedo, relación que la sostuvo políticamente durante sus años de bajo perfil.

Su desembarco en LLA se dio de la mano de Cavallo, quien supo tener un vínculo fluido con Javier Milei hasta que cuestionó la política cambiaria del Gobierno y pasó a ser descalificado públicamente por el Presidente como uno de los “econochantas”. Aun así, Almada logró reacomodarse. “Se hizo amiga del entorno de Karina”, explican en filas libertarias.

Llegó al Ministerio de Economía y ocupó por algunos meses, durante 2024, la jefatura de la Unidad de Articulación Estratégica de Áreas Económicas y Productivas, bajo la órbita de Luis Caputo. Desde allí, según quienes compartieron su paso por la Secretaría de Producción, se presentaba como la mano derecha de Juan Pazo, entonces secretario del área y hasta hace pocos días titular de la ARCA, el organismo recaudador.

En ese breve período, su estilo dejó huella. Entre trabajadores del área circulaba el apodo “Mónica desalmada”, un juego de palabras con su apellido que aludía −según relatan− a un trato áspero y distante con el personal. “No emitía ni un buenos días ni un hasta luego”, describen quienes la conocieron en esa etapa. Su paso, sin embargo, fue corto y su salida nunca terminó de explicitarse.

Pese a ello, su perfil alineado con la lógica libertaria y su cercanía con el núcleo duro del poder le valieron la confianza de Karina Milei y, según pudo reconstruir este medio, también de Eduardo “Lule” Menem, uno de los hombres de mayor influencia en el despacho de la secretaria general de la Presidencia.

Ahora Almada ocupará una banca en la AGN, el organismo encargado de fiscalizar la legalidad, la gestión y el uso de los recursos públicos por parte de la administración nacional. Entre otros temas de alta sensibilidad política, deberá intervenir en auditorías sobre compras, contrataciones y procesos clave, como el envío de 37 toneladas de oro del Banco Central a Londres, ocurrido hace poco más de un año y del que no se tienen detalles.

Su designación forma parte de una estrategia más amplia de la hermana presidencial para ganar posiciones en organismos de control y de justicia, ámbitos en los que el oficialismo todavía carece de una estructura propia consolidada.