CÓRDOBA.- Mientras la Cámara de Diputados se dispone a tratar esta semana en comisión el proyecto de ley para limitar los decretos de necesidad y urgencia (DNU), ya se iniciaron gestiones del presidente de la Cámara, Martín Menem, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, para que algunos gobernadores impulsen a sus legisladores a no aprobarlo. Hasta ahora ese número no está −por lo que podría demorarse el tratamiento en el recinto−, aunque sí tienen los votos necesarios para sostener el seguro veto presidencial.

El proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, establece un plazo de 90 días de corrido para que los DNU sean aprobados “con mayoría absoluta” por las dos cámaras del Congreso. Ante el silencio del Congreso o el voto negativo de una de las dos cámaras, el DNU cae de manera automática.

En la actualidad, los DNU rigen desde su publicación y si el Congreso no se pronuncia, son convalidados, lo que se conoce como “sanción ficta”. También alcanza para ratificarlos que una sola de las cámaras lo apruebe. Así lo establece la Ley 26.122, impulsada en 2006 por la entonces senadora Cristina Kirchner, en beneficio del presidente Néstor Kirchner. Desde que rige esa ley, el Poder Ejecutivo tiene más herramientas y facilidades para legislar que el Congreso.

Los números que todas las partes usan como base del cálculo de lo que podría pasar con la iniciativa es el de la votación que se registró en Diputados cuando la oposición pidió tratar el expediente sin dictamen. No logró la mayoría especial necesaria: sobre 231 legisladores (26 ausentes), 142 levantaron la mano a favor y 88 en contra.

De repetirse ese esquema el sostenimiento del veto está garantizado, pero además el oficialismo descuenta que podría sumar algunos apoyos más entre los ausentes. En cambio, para conseguir que se rechace directamente el proyecto tienen que dar vuelta votos de un número más amplio de diputados. “En plena campaña, es difícil”, plantearon desde una gobernación que varias veces jugó aliada con los libertarios.

“Hay gobernadores a los que no les gusta nada esa iniciativa, menos los que tienen posibilidades o aspiraciones de llegar a la Casa Rosada”, sostienen desde Interior. El tema fue parte de las conversaciones que Catalán tuvo con algunos de los mandatarios con los que se reunió, como el tucumano Osvaldo Jaldo, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz. Los diputados que responden al salteño rechazaron tratar el proyecto, mientras que los tres del tucumano estuvieron ausentes.

Por supuesto, alineados con la Casa Rosada están los socios electorales de La Libertad Avanza (LLA): Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). Los libertarios también cuentan como propios los votos de los legisladores que responden al misionero Hugo Passalaqua y al sanjuanino Marcelo Orrego.

Desde ese sector califican a la iniciativa de “sin sentido” y sostienen que no sólo afecta a la actual gestión sino a los próximos gobiernos. Enfatizan que, en el caso del libertario, es todavía más necesario que el proyecto no avance, porque aun con un triunfo en octubre no va a tener mayoría en el Congreso.

Para el oficialismo es clave poder frenar la iniciativa. La ponen en el mismo nivel de importancia que la aprobación del presupuesto 2026. En las conversaciones que vienen teniendo con gobernadores e incluso con diputados, los representantes del oficialismo subrayan que se encuentran con otra disposición al diálogo.

“Hemos aprendido”, le aseguró un negociador a un mandatario e inmediatamente añadió que “después del 26 de octubre” podrán comprobar que es así. Después de la promesa de auxilio financiero de los Estados Unidos, que descomprimió la crisis cambiaria, la capacidad de gestión política del oficialismo está en el centro del análisis.

En el bloque de mandatarios de Provincias Unidas hay posiciones diferentes. Los diputados que responden al correntino Gustavo Valdés y al cordobés Martín Llaryora ya votaron por la afirmativa cuando se intentó aprobar el proyecto, que en el Senado fue impulsado por la cordobesa Alejandra Vigo. En cambio, los legisladores alineados con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) no apoyaron.

COMODORO RIVADAVIA.- Con una agenda de sello industrial y una lista de gestos políticos en bloque para demostrar “músculo político”, Puerto Madryn será el epicentro el próximo martes de un nuevo encuentro de Provincias Unidas. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres recibirá a Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz) y se espera la confirmación de Claudio Sadir (Jujuy).

Más que una foto conjunta, el objetivo es dejar en claro que los mandatarios tienen capacidad de coordinación y que no están dispuestos a quedar atrapados en la grieta entre kirchnerismo y mileísmo. Se espera sumar a la lista de presentes al candidato a diputado nacional por Córdoba Juan Schiaretti.

El gesto de Provincias Unidas llega en un momento cargado de tensión. La Casa Rosada decidió limitar la vigencia de las “retenciones cero” a las exportaciones, una medida que encendió los reclamos de varias provincias productoras. Torres apuesta a poner sobre la mesa el malestar de Chubut frente a lo que considera un incumplimiento del Gobierno nacional: la promesa de eliminar los derechos de exportación al petróleo no convencional. “Se hicieron sacrificios locales, incluso con los gremios y Nación no cumplió”, insisten en su entorno.

El martes, Torres se subirá otra vez al reclamo: según aseguró, eliminar las retenciones a la exportación de petróleo apunta a completar el esquema de incentivos que ya generó la provincia, a través de la baja de regalías en determinadas áreas, para recuperar la actividad en una cuenca madura como San Jorge.

Por eso, Torres dice que Chubut ya hizo el esfuerzo y también lo hicieron los sindicatos del sector, al aceptar determinadas modificaciones en esquemas de trabajo y al pasar rubros remunerativos a no remunerativos, entre otras medidas acordadas para bajar costos de producción del sector. Según sostiene y en un contexto en el que todas las grandes inversiones son absorbidas por Vaca Muerta, la quita de retenciones al petróleo convencional significaría una mejora indirecta para el pecio del petróleo de Chubut en el mercado interno.

Comparativamente, producir un barril de petróleo en Vaca Muerta cuesta entre 5 y 7 dólares. En la cuenca San Jorge, dependiendo de las áreas, los costos de producción pueden ir desde los 40 a los 60 dólares. Con las políticas de incentivo buscarían acercar ese costo por debajo de los 30 dólares, ya que no se puede aspirar a igualar a Vaca Muerta, por razones vinculadas a su mayor productividad.

La jornada en Madryn pretende comenzar, según anticiparon los organizadores en Chubut, con una visita a la planta de Aluar. Se espera que los gobernadores recorran las instalaciones de Javier Madanes, dueño de la compañía y referente de un sector particularmente golpeado por los aranceles que Estados Unidos impuso a las importaciones.

En el armado de Provincias Unidas creen que Aluar sintetiza la narrativa que quieren instalar: industria nacional que reclama reglas claras para competir en el exterior y protección frente a decisiones externas.

La conferencia de prensa posterior, programada en el Hotel Rayentray, tendrá a Torres como anfitrión y a sus aliados. Estarán presentes la diputada Ana Clara Romero y el vicegobernador Gustavo Mena, referentes de Despierta Chubut, la fuerza con la que el mandatario competirá en las elecciones de octubre.

En el corto plazo, el espacio tiene previsto llevar su agenda a Jujuy y a la Ciudad de Buenos Aires, territorio del senador Martín Lousteau. No todos están de acuerdo con un encuentro porteño: mientras algunos confían en que la presencia de dirigentes con recorrido legislativo amplíe el espectro, otros advierten que el verdadero capital del espacio está en la gestión concreta de cada provincia.

En paralelo, circula la idea de extender la experiencia a nivel municipal. Algunos intendentes patagónicos ya tantean la posibilidad de conformar un bloque de “Ciudades Unidas” que replique, en escala local, la dinámica de los gobernadores.

En este contexto, Provincias Unidas enfrenta tres dilemas inmediatos. El primero, llegar fortalecidos a las elecciones de octubre y romper con la lógica de la polarización. El segundo, persuadir a gobernadores que hoy juegan en solitario para que se sumen al bloque: se mencionan los nombres de Marcelo Orrego (San Juan), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Rolando Figueroa (Neuquén). El tercero, construir volumen legislativo, en particular en el Senado, donde imaginan un interbloque que pueda aglutinar a radicales no alineados con La Libertad Avanza, Pro y peronistas no kirchneristas. Los más optimistas proyectan un grupo de hasta veinte senadores.

El entusiasmo, no obstante, convive con advertencias. Una incorporación equivocada, que termine respondiendo a acuerdos con la Casa Rosada, podría derivar en fracturas, reconocen puertas adentro. Para Torres, la reunión del martes es algo más que un encuentro institucional. Es la oportunidad de mostrarse como articulador de un frente que busca construir identidad propia y capitalizar el malestar con el Gobierno nacional.