No es la primera vez que Ariel García Furfaro ingresa a un penal. Anoche, 20 de agosto de 2025, en el federal de Ezeiza; el 3 de septiembre de 2002 en la Unidad Penal N° 9 de La Plata. Hace veintitrés años fue condenado a siete años de prisión por homicidio simple en grado de tentativa contra un empleado de un restaurante de su propiedad, Rafael Francisco Lupa Cayo, a quien roció con alcohol y lo prendió fuego. La víctima sobrevivió. Sufrió graves quemaduras en el 65% de su cuerpo. A los cuatro años, ya recibido de abogado en la cárcel fue liberado. Su primer cliente fue un compañero de reclusión, Aníbal González Igonet, conocido como “El Loco del Martillo”, hasta ese momento, con casi 43 años tras las rejas, el preso más antiguo, luego condenado por ser un asesino serial de mujeres. Consiguió su liberación. Hace un día, el dueño de un pequeño imperio farmacéutico integrado por HLB Pharma Group SA; Laboratorios Ramallo SA y Droguería Alfarma SRL, se entregaba ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria y puesto a disposición del juez federal Ernesto Kreplak. El magistrado había dictado una orden de detención. Lo acusa de ser uno de los responsables de la elaboración de al menos dos lotes de fentanilo contaminado asociado, hasta ahora con la muerte 96 pacientes.

Ariel García Furfaro comenzó su ascenso social y relaciones políticas, judiciales y comerciales, como ayudante en la verdulería de su padre que en 2012 se trasformó en una cadena que nació en la Avenida Carabobo al 600 en el barrio porteño de Flores, a la cual llamó Colina. Debajo del nombre similar a la agrupación de Alicia Kirchner, pero sin K, un letrero anuncia “Precios más bajos que el INDEC”. La presidente de esa sociedad es Nilda Furfaro, su madre jubilada de casi 70 años. Anoche ella también fue detenida en su departamento de la calle Yerbal al 1000, en el barrio de Caballito de la Ciudad de Buenos Aires por ser accionista y vicepresidenta del laboratorio HLB Pharma.

La verdulería Colina de Flores sigue operando con éxito. Hasta ayer, uno de los que pesaban papas y batatas era Diego, el hermano menor de Ariel. También fue esposado por las fuerzas federales, junto al tercero de sus hermanos, Damián. El magistrado comprobó que los tres “llevaban el control de las actividades de los laboratorios”.

La quinta detenida del clan familiar fue, Olga Luisa Arena, la abuela de 88 años. El 18 de diciembre de 2024, día en que se produjo el lote contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii identificado con el número 31202, la señora Arena figuraba como “presidenta de HLB Pharma Group SA” en la Inspección General de Justicia. En el Boletín Oficial consta que el 2 de junio de 2023 renunció como presidente de la sociedad anónima Jorge Pedro Dimopulos y asumió, por pedido de su nieto, la titularidad de la empresa sobre la que nunca tomó una sola decisión.

-¿Por qué nombró a su mamá y a su abuela de casi 90 años al frente de HLB Pharma, pero también en el directorio de Laboratorios Ramallo (elaborador exclusivo del primero)?, le preguntó Infobae a García Furfaro.

-Estaba pasando por un divorcio muy traumático y no tenía otras personas de confianza para poner, respondió.

El diálogo se dio en el departamento de su madre, que además figura como domicilio legal de la sociedad. Mientras Ariel García hablaba, Nilda Furfaro le acercaba una taza de té con el saquito dentro y un plato con tostadas y queso untable.

La caída del conglomerado farmacéutico significó la pérdida del poder que fue construido a fuerza de relaciones políticas, judiciales y comerciales. HLB Pharma Group SA era uno de los proveedores de medicamentos de la mayoría de las administraciones públicas provinciales del país. También de intendencias de la provincia de Buenos Aires de todos los colores políticos.

Un ejemplo, el 13 de mayo de 2025, fecha en que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) inhibe la producción de medicamentos de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma y prohíbe al sistema de salud de la Argentina utilizar el fentanilo elaborado por las empresas de García Furfaro, el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, informó que se detectaron “más de 540.000 ampollas de fentanilo de la firma distribuidas en 16 provincias, con Santa Fe (302.000), Córdoba (251.000) y Buenos Aires (126.000) como principales destinatarias”.

Si bien Ariel García Furfaro supo tener algún destello público al irrumpir en el mercado de las hortalizas y frutas con precios económicos, su nombre saltó a la opinión pública en 2020 al participar de la delegación oficial del Ministerio de Salud del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández que viajó a Rusia para traer a la Argentina la vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V.

Según el relato de García Furfaro, los funcionarios de entonces, entre los que se encontraban Carla Vizzotti, quien sería a la postre ministra de Salud ante el despido de Gines González García por el escándalo del “vacunatorio VIP”, HLB Pharma sería el distribuidor de al menos 50 millones de dosis de vacunas. Pero la operación naufragó. Él sostiene que lo defraudaron y denunció judicialmente González García; otros, en cambio, afirman que en Moscú le bajaron el pulgar por sus antecedentes penales y porque la ANMAT, ya en el gobierno de Mauricio Macri, había abierto expedientes por “desvío de calidad” de algunas partidas de sus medicamentos, desde agua destilada, pasando por ibuprofeno y Propofol.

El juez Kreplak acumula en su despacho más de 150 de esos expedientes. Sin embargo, hasta que el 2 de mayo de 2025 el Hospital Italiano de La Plata no denunció ante el organismo regulatorio la vinculación de pacientes fallecidos con el fentanilo de HLB Pharma, las autoridades, sobre todo del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), a cargo de Gabriela Mantecón Fumado, como mínimo aletargaron las decisiones sobre las irregularidades que se detectaban en las inspecciones en las plantas de Ramallo y HLB Pharma.

La justicia también investiga si esa falta de acción formó parte de una aceitada cadena de complicidades que favorecieron al empresario. El propio ministro Lugones abrió un sumario interno para deslindar responsabilidades y actuar en consecuencia.

No es la primera vez que un laboratorio de García Furfaro salta a la tapa de los portales y los diarios. En 2016 era socio mayoritario de Apolo, cuya planta rosarina, ubicada en el barrio Tablada explotó luego del supuesto sobrecalentamiento de una caldera. Los directivos de la sociedad fueron procesados por estrago culposo agravado y lesiones graves culposas estrago culposo, pero acordaron realizar trabajos comunitarios y quedó en el olvido.

Después del incidente, García Furfaro y otros socios, se mudaron a un parque industrial de la ciudad de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires y montaron el Laboratorio Ramallo. Años después García Furfaro adquirió el paquete mayoritario de HLB Pharma ubicado en San Isidro.

Si bien el empresario niega sus vínculos con el kirchnerismo, hay datos públicos que van en otro sentido. En 2024, participó de una reunión con Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria. Hubo fotos, vídeos y besos.

HLB Pharma Group SA también coincidía en su dirección legal con la empresa de vuelos privados Top Air SA propiedad del empresario de Santa Cruz Lázaro Báez, condenado en la causa conocida como “Ruta del dinero K”: Yerbal 1021. El departamento de Nilda Furfaro, el mismo en que le servía la taza de té cuando este medio fue a entrevistarlo.

Los otros detenidos

Además de la familia García Furfaro, ayer también fueron detenidos directivos y responsables de los laboratorios vinculados al fentanilo mortal: El director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran. Los directores técnicos de Laboratorios Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y el director técnico de HLB Pharma, José Antonio Maiorano. Por último, los accionistas y autoridades de Laboratorio Ramallo: su presidente Horacio Tallarico y su director suplente, Rodolfo Labrusciano.

Los procedimientos estuvieron a cargo de dos de las fuerzas federales a cargo de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional.

“Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas. Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido. La GNA y la PSA hicieron un operativo impecable, a pedido de la Justicia. Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad”, escribió Bullrich, en su cuenta de X con las fotos de algunos de los detenidos. Poco después agregó: “Este es Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado. El último que faltaba, detenido”, apuntó la ministra, para luego concluir: “Ser amigo del poder kirchnerista no te salva”.

Las otras causas

El empresario ya había sido procesado por el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola por su presunta participación en cinco operaciones de contrabando de mercadería proveniente de China a través de HLB Pharma y Alfarma SRL. Según la denuncia de Aduana habría utilizado documentación falsa. Las maniobras se realizaron entre marzo y agosto de 2022, y por un monto de U$D 5.040.000 de dólares, cuando ante las autoridades chinas se declararon solo U$D 555.920, lo que arrojó una diferencia U$D 4.484.080. Es decir una “sobrefacturación” del mil por ciento. El juez Yadarola procesó a Furfaro, sin prisión preventiva, como “coautor” de una serie de infracciones al Código Aduanero que se resumen en la figura de contrabando y le trabó un embargo por 25.000 mil millones de pesos. Como presidenta de la sociedad también fue procesada y embargada la abuela Olga Luisa Arena.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció también denunció por lavado de dinero a HLB Pharma Group. Acusó al laboratorio de supuesta infracción al artículo 303 inciso 1 del Código Penal.

A partir de hoy el juez federal Ernesto Kreplak comenzará a tomar declaración indagatoria a los detenidos. “Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, señaló la fiscal María Laura Roteta en el dictamen a través del cual le solicitó a Kreplak las detenciones a la que se dieron lugar y remarcó que “la real dimensión del brote aún no está plenamente determinada”.

En el comunicado oficial publicado en el sitio Fiscales se afirma que: “Las graves falencias estructurales que se verificaron, en estos tres meses de investigación, en los procesos de producción del medicamento a partir de las distintas medidas probatorias practicadas -entre ellas, el reciente informe del prestigioso Instituto Malbrán- resultaron determinantes para que los lotes de fentanilo (N° 31.202 y 31.244) salieran al mercado contaminados y se distribuyeran en todo el país, exponiendo a miles de pacientes a un riesgo sanitario concreto“. Y se remarca: “Estamos frente a un caso dramático, grave, que exige una actuación rápida pero también rigurosa y profesional”.