POLITICA
Rechazan un pedido de “probation” de un empresario en la causa de los cuadernos de las coimas
La Justicia rechazó el pedido de un empresario procesado en la causa de los cuadernos de las coimas para verse beneficiado con una “probation”, es decir la suspensión del juicio a prueba, a cambio de una compensación económica a las víctimas o la realización de tareas comunitarias.
Se trata de Hugo Alfredo Kot, de la empresa Cartellone, quien solicitó evitar el próximo juicio oral y público que debe comenzar el 6 de noviembre. Además, propuso suspender el juicio cambio del pago de una suma de dinero como reparación.
Es un beneficio que está permitido cuando se dan todos estos requisitos. Tiene que haber acuerdo del fiscal, deben ser delitos penados con menos de tres años de prisión, y tratarse de personas sin otros antecedentes penales. Además, no debe haber funcionarios involucrados en el caso.
En este caso, la fiscal de juicio Fabián León se opuso a que Kot obtenga ese beneficio que le permitiría evitar el juicio oral y agotar la causa con la reparación del daño y cumplir determinadas reglas de conducta por un período de tiempo inferior a tres años. Por ejemplo presentarse ante la autoridad judicial, no cometer delitos, fijar domicilio, entre otros.
El principal argumento de la fiscal León es que en esta causa hay funcionarios públicos involucrados, como por ejemplo Cristina Kirchner que es la principal acusada.
El mismo argumento fue recogido por el tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.
Los jueces señalaron que la opinión negativa de la fiscal era suficiente para rechazar el pedido. Entendieron que “es vinculante» para ellos el acuerdo del fiscal sobre la probation, independientemente de si el tribunal comparte o no esos fundamentos. Dijeron que “el consentimiento del fiscal es un requisito de admisibilidad del beneficio”.
León dijo que su oposición se basó luz “en la intervención de funcionarios públicos en los hechos, en los criterios de política criminal fijados por la Procuración General de la Nación, en los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de corrupción y en la posibilidad de requerir eventualmente una pena superior al límite establecido para el instituto».
El juez Castelli, en su voto, planteó que en su criterio, la opinión del fiscal no es vinculante, no obstante se opuso a que se otorgue el beneficio y acompañó a sus colegas.
El juez Castelli enfatizó que la “suspensión del proceso a prueba constituye un mecanismo excepcional y alternativo de resolución del conflicto y que a pesar de que la situación de Kot podría ajustarse a las pautas de la probation, “resultan atendibles los argumentos expuestos en el dictamen negativo del Ministerio Publico Fiscal“ sobre la intervención de funcionarios públicos en los hechos”.
Hugo Alfredo Kot es un directivo de la empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A., una compañía de la familia Cartellone. Fue procesado por el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas en el tramo que investiga la cartelización de la obra pública y el supuesto pago de sobornos.
Se le imputaron delitos de cohecho como partícipe. en la firma tenía posición de relevancia junto a Tito Biagini, presidente de la empresa. Apareció ligado al caso por supuestos contactos con Ernesto Clarens, el financista en el esquema de recaudación, que mencionó que se contactaba con él para los pagos de la empresa Cartellone.
Los números telefónicos asociados a Kot registraron comunicaciones con Clarens en fechas cercanas a algunos de esos supuestos pagos. Aunque Kot negó la veracidad de los pagos, el tribunal encontró suficientes elementos para vincularlo. la Cámara federal confirmó ese procesamiento y está elevado a juicio,
Mas de 150 personas serán juzgadas desde el 6 de noviembre en la causa de los cuadernos de las coimas. Un centenar son empresarios. Entre los funcionarios, la principal es Cristina Kirchner. Se juzgará una maniobra que consistió en un mecanismo de recaudación de sobornos que pedían los funcionarios a os empresarios para mantener sus contratos de obra pública.
Empresarios declararon como “arrepentidos” admitieron estos pagos y funcionarios reconocieron los cobros. Los pagos quedaron registrados en los cuadernos del chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno que registró sus viajes, y la sumas de dinero que recogía en las sedes de las empresas. Con el rechazo de la suspensión del juicio a prueba de Kot, deberá enfrentar el juicio oral con el resto de los acusados.
POLITICA
Tras el escándalo, el Gobierno quiere que la ANDIS pase al Ministerio de Salud para controlar las licitaciones
La Casa Rosada está evaluando hacer cambios administrativos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo involucrado por el escándalo de los audios de su entonces director ejecutivo, Diego Spagnuolo, que acusó un presunto entramado de coimas de funcionarios con la droguería Suizo Argentina.
“Estamos estudiando la viabilidad de que deje de ser un organismo descentralizado y que el Ministerio de Salud pase a tener una mayor responsabilidad sobre ella”, afirmó una alta fuente de la cúpula presidencial. Esta intención se habría acelerado y tomado en cuenta en los últimos días.
La ANDIS, tal y como se conoce hoy en día, se creó bajo la administración nacional de Mauricio Macri bajo el Decreto 698/2017. En ese entonces se determinó que fuera un organismo descentralizado, que son el tipo jurídico-administrativo que con más frecuencia impera en la Administración Pública Nacional.
¿Qué implica que tenga esa naturaleza? Que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. Como componente adicional, organismos como la ANDIS son quienes elaboran sus trámites licitatorios, siendo responsables del denominado “Servicio Administrativo Financiero” de estos procesos. Este es el mismo caso que el Instituto Nacional del Cáncer (INC) o la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).
Hasta la semana pasada, la administración de Diego Spagnuolo inició 31 procesos licitatorios, según se desprenden de datos del portal Comprar. El mismo día en el que se echó al entonces titular, se implementó una decisión igual con Daniel Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud del ANDIS y un amplio conocedor de los procesos y convenios para la compra de medicamentos y otros insumos.
Por su carácter de organismo descentralizado, los funcionarios sanitarios no podían ver la composición ni el desarrollo de esos procesos. “Ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números, antes no lo podíamos hacer y quedaba todo a su disposición”, indican en el Gobierno. Esto sucede por el decreto publicado el viernes pasado que dispone la intervención y le otorga facultades de gobierno y administración al nuevo funcionario encargado de esa tarea, Alejandro Vilches, hasta entonces secretario de Gestión Sanitaria y funcionario de extrema confianza del ministro Mario Lugones.
Con la llegada de Vilches, en el Ministerio de Salud sienten que por primera vez tienen a un funcionario propio bajo la administración política del organismo. Por caso, Spagnuolo no respondía ni al primer ministro de Salud de Milei, Mario Russo, ni a Lugones. Había sido una designación propiciada por el propio mandatario libertario.
Hay quienes recuerdan un caso similar al actual. A comienzos de año, Lugones determinó junto a la Presidencia de la Nación que había que intervenir la conducción del Hospital Bonaparte. El entonces director no acataba las órdenes sanitarias y se optó por esta modalidad. “Si es que sucede, lo de la ANDIS podría ser algo similar”, afirman.
La pregunta que circula en relación a esta decisión -proveniente de la Casa Rosada- es si el oficialismo tiene la posibilidad de hacer este cambio administrativo, algo que fue muy habitual verlo durante la vigencia de las facultades delegadas en materia administrativa que regían durante la Ley Bases, las cuales ya vencieron.
Muy cerca del Presidente dicen que pueden encontrar el recoveco legal para efectuarlo. Un importante abogado administrativista que prefirió que su nombre no sea revelado indicaba a Infobae que “en base a las facultades que le asigna al Presidente el art. 99, inciso 1) de la Constitución Nacional sería una medida de organización interna de la Administración Pública nacional, de la cual el Presidente es el superior jerárquico”.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Los funcionarios Lugones y Vilches evitaron dar explicaciones en Diputados por la polémica en el área de Discapacidad
El ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, evitaron aparecer hoy en Diputados para explicar el escándalo que sacude a su área. Los funcionarios estaban citados a un plenario de las comisiones de Salud y Discapacidad, pero no se presentaron ni notificaron su ausencia.
En la reunión informativa, la oposición anticipó que avanzará con las interpelaciones, pedidos de informe y la creación de una comisión investigadora sobre el tema. El martes que viene la comisión de Discapacidad se volverá a reunir para tratar cuatro proyectos.
Del plenario tampoco participaron ninguno de los 18 integrantes del oficialismo y de Pro. Algunos de los ausentes son, entre otros, Lilia Lemoine y Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, como Silvia Lospennato y Martín Maquieyra, del macrismo.
La citación fue formalizada por los peronistas Pablo Yedlin y Daniel Arroyo, presidentes de ambas comisiones, tras la difusión de audios atribuidos al extitular de la Andis Diego Spagnuolo en los que alude a un presunto cobro de coimas. En las escuchas se menciona a Eduardo “Lule” Menem como articulador y a Karina Milei como supuesta beneficiaria.
“No hemos tenido respuesta y tenemos la idea de que no van a venir”, dijo Yedlin sobre los funcionarios al comienzo del plenario. “No es la primera vez que nos pasa que invitamos a ministros y no vienen. Lamentablemente nos pasa parecido con los pedidos de informes que no se contestan y con las interpelaciones. Por el caso $LIBRA se interpeló al ministro de Economía –Luis Caputo– y todavía estamos esperando que venga”, recordó.
Arroyo, autor de la emergencia en discapacidad -vetada por Javier Milei, aunque insistida por Diputados-, describió una situación colapsada: trabajadores de talleres protegidos que cobran $28.000 al mes, transportistas que no pueden cubrir los traslados por el costo del combustible, acompañantes terapéuticos que cobran con meses de demora y centros de día al borde del cierre. “Ni bien el Senado rechace con dos tercios el veto es una obligación de la Andis poner en marcha la ley”, advirtió.
El faltazo de Lugones y Vilches reforzó la línea del oficialismo de no dar explicaciones públicas. Ayer, Eduardo y Martín Menem -este último, titular de la Cámara baja- salieron a contestar y repitieron el mismo libreto: calificaron el material como “falso” y denunciaron una “operación” ligada a la campaña electoral.
Lugones, por su parte, movió fichas sin romper el silencio. Sin comunicado oficial, hizo saber a periodistas acreditados en la Casa Rosada que ordenará un sumario interno y una auditoría integral sobre la Andis en las próximas horas.
Yedlin y Arroyo convocaron también a los autores de los proyectos que buscan esclarecer los hechos a través de interpelaciones a funcionarios, pedidos de informe y la creación de una comisión investigadora.
La batería de proyectos cayó primero en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz. Allí, el oficialismo intentará ganar tiempo. La respuesta opositora, ya ensayada en otras discusiones, será el emplazamiento: forzar en el recinto que las comisiones se abran a tratar los expedientes en plazos acotados. Lo anticipó Yedlin: “No nos va a quedar alternativa que en la próxima sesión emplazar a Asuntos Constitucionales por todos estos proyectos”, explicó.
Juan Marino, de UP, subrayó la ausencia de los funcionarios. “Nos abre todo un debate sobre qué hacer con Andis”. Y sentenció: “Todos los días vemos el espectáculo morboso del laberinto de la corrupción del oficialismo, que todos terminan en Karina Milei y los Menem”.
Esteban Paulón, del socialismo, enfatizó que lo que está en juego es “la institucionalidad y la palabra presidencial”. Tras ello, pidió por la creación de la comisión investigadora, que él impulsa. El diputado llevaba una remera con la leyenda “No era estúpido”, en alusión a la especulación de la ex Canciller, Diana Mondino, sobre el caso $LIBRA.
Sabrina Selva, de UP, cuestionó la dilación del presidente de la Cámara para comunicar la insistencia a la emergencia de Discapacidad al Senado, que tendrá la palabra final. “En el medio están las personas con discapacidad”, lamentó Selva, después de exigirle celeridad a Menem.
Como la única representante de la UCR, Natalia Sarapura remarcó que “se ha hecho costumbre” para el oficialismo “hacer silencio ante el escándalo”. La jujeña dictaminó: “Sin duda son indecentes”.
Los nombres detrás de cada iniciativa trazan un apoyo nutrido. Unión por la Patria activó tres iniciativas: Victoria Tolosa Paz pidió interpelar a Diego Spagnuolo; Selva solicitó citar a Lugones y a Karina Milei -reclamo que replicó la izquierda-; y Andrea Freites presentó un pedido de informes que pone la lupa en las contrataciones de la Andis con Suizo Argentina, el registro de proveedores y los presuntos “retornos” mencionados por el exfuncionario.
Desde el socialismo, Paulón y Mónica Fein, con la firma de Margarita Stolbizer, impulsan la interpelación a la secretaria General y la creación de una comisión investigadora.
En Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño reclamó la presencia de Lugones y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El hilo conductor es el mismo: todas las iniciativas orbitan alrededor de los audios y del presunto esquema de corrupción en Discapacidad.
escándalo,Eduardo,Martín Menem,ordenará un sumario interno y una auditoría integral,emplazamiento,Diana Mondino,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,,Presuntas coimas. Avanza el análisis de los teléfonos: mensajes borrados, un celular roto y un Samsung que no pueden abrir,,Pelea en el clan Menem. Dos familiares de Lule y Martín toman distancia desde La Rioja por las presuntas coimas,,Análisis. Efecto Chocolate o fiesta de Olivos, la clave detrás del nuevo escándalo,Cámara de Diputados,,En el Congreso. La oposición busca interpelar a Karina Milei y presionar a Francos por el escándalo,,Lo aprobó Diputados. ¿Conviene cambiar el huso horario? Esta es la opinión de los especialistas,,»Gobierno corrupto e inmoral». El fuerte cruce entre Sturzenegger y López Murphy por el voto del diputado contra el veto a la ley de discapacidad
POLITICA
En medio del escándalo por los audios de Spagnuolo, el Gobierno modificará el sistema de contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad
El Gobierno definió modificar el sistema de contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo en los que denuncia un presunto cobro de coimas en el organismo. Se trata de la primera medida que tiene en la mira el Ejecutivo luego de los avances de la Justicia sobre la causa.
La Casa Rosada tiene previsto quitarle la autarquía financiera al organismo descentralizado, de forma que no pueda definir sus comprar y contrataciones sin intervención del Ministerio de Salud. “La idea es que las decisiones de adquisición pasen a la órbita de la administración central y que la ANDIS no ejecute el procedimiento de forma directa”, expresan en Nación.
Leé también: El Gobierno frena el aumento de las prestaciones en Discapacidad mientras define la judicialización de la ley
Noticia que está siendo actualizada.-
Gobierno, Discapacidad
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