CÓRDOBA.- A días de que se cumplan 50 años del último golpe militar, el Juzgado Federal 3 de Córdoba comunicó que se logró la identificación genética de 12 personas que estaban desaparecidas a partir de restos hallados durante excavaciones realizadas el año pasado en terrenos de la Guarnición Militar de La Calera, donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla.

En un comunicado oficial, la Justicia precisó que el resultado surge de los análisis realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja detalló que se trata de un “resultado parcial» de las investigaciones y afirmó que, una vez finalizado el proceso de notificación a los familiares directos de las víctimas, habrá mayores precisiones públicas sobre las identidades confirmadas.

Las excavaciones en el sector denominado “Loma del Torito” se realizaron entre septiembre y noviembre pasados como parte de las investigaciones judiciales destinadas a localizar e identificar restos de personas desaparecidas durante la última dictadura.

En esas excavaciones se encontraron un fémur y partes de cráneos, entre otros fragmentos óseos. Oportunamente Silvana Turner, integrante del EAAF, indicó que el hallazgo fue posible gracias a “un sistema con imágenes comparadas que permitió identificar diferencias en el sedimento alterado”.

Las excavaciones se realizaron en el marco del expediente 35009693/1998, iniciado hace casi 40 años por una denuncia de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y familiares de desaparecidos.

El Equipo de Antropología Forense, apuntó el Juez al momento de esos hallazgos, ha desplegado un “método extraordinario” de exploración en las 3.200 hectáreas de La Perla, utilizando tecnología de punta, como un avión equipado con un sistema láser, para identificar fosas clandestinas.

El centro clandestino La Perla funcionó entre mediados de 1976 y finales de 1978.

Según el Archivo Provincial de la Memoria, pasaron por allí unas 2500 personas, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas. Fue creado cuando Luciano Benjamín Menéndez, uno de los hombres fuertes en los años más sangrientos de la dictadura, ya que era jefe del Tercer Cuerpo del Ejército.

El fiscal federal Carlos Rívolo pidió la declaración indagatoria del jefe de sistemas de la Droguería Suizo Argentina, Hernán Daniel Díaz, acusado de impedir a las autoridades el acceso a los correos electrónicos de la firma investigada en la causa por la venta de medicamentos con supuestos sobreprecios y cartelización a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En este expediente está proceso el extitular de la Andis Diego Spagnuolo y otras 18 personas. Otros procesados son Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, entre otros, implicados en supuestas negociaciones ilícitas con la entidad.

La investigación reveló un esquema de corrupción que involucra la manipulación de compras y supuestamente comprometió los recursos destinados a personas con discapacidad.

En los albores de este expediente, iniciado luego de que se difundieron audios que mencionaban el cobro de coimas del 3% del precio por parte de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el juez federal Sebastián Casanello allanó la droguería Suizo Argentina. Era una de las firmas proveedoras de los medicamentos.

En ese procedimiento Iglesias intervino para impedir el acceso al servidor de mails de la empresa, por lo que fue denunciado por Casanello por resistencia a la autoridad.

Los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2025, durante el allanamiento en la empresa situada en la avenida Monroe 801 de la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo de la medida era realizar una “copia espejo” de los correos electrónicos institucionales de una decena de directivos de la firma para recabar evidencia digital sobre el caso investigado.

Durante el operativo, el personal de la Superintendencia de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad identificó a Hernán Díaz como la única persona presente con los privilegios de administrador y los conocimientos técnicos necesarios para acceder al sistema.

Cuando los agentes le solicitaron que realizara el “blanqueo de claves” (reseteo de contraseñas) para poder exportar los correos, Díaz reconoció saber cómo hacerlo, pero se negó a colaborar.

Según consta en el acta del procedimiento, el jefe de sistemas se justificó afirmando que carecía de “la autorización”.

Para el fiscal Rívolo, el argumento de Díaz no tiene sustento legal frente a un mandato judicial. “La invocación de instrucciones o falta de autorización por parte de superiores jerárquicos o del representante legal de la empresa no constituye, en principio, causa de justificación válida frente a un mandato judicial, cuyo cumplimiento reviste carácter obligatorio y de orden público”, dijo.

El fiscal remarcó que la medida se encontraba amparada en una orden legítima, clara y vigente.

Además, destacó que la negativa de Díaz provocó un daño directo a la investigación en curso, ya que la Justicia no pudo acceder a las casillas de correo requeridas.

“La actitud adoptada por Hernán Daniel Díaz obstruyó el procedimiento en lo que se refiere al blanqueamiento de las claves y comprometió su éxito”, explicó el fiscal Rívolo.

Ahora será el juez federal Julián Ercolini quien decidirá si avanza sobre el empleado de la droguería Suizo Argentina.

El expediente de la causa ANDIS está ahora en manos del juez federal Ariel Lijo con la intervención del fiscal Franco Picardi. El fiscal, tras los primeros procesamientos, trabaja en una segunda etapa sobre la operatoria de los laboratorios y droguerías que proporcionaban los medicamentos, incluida la Suizo Argentina, pero aún no pidió ninguna medida.

En paralelo, la Cámara Federal analiza los procesamientos de los funcionarios y empresarios y los planteos de las defensas para declarar nula la causa por el origen de los audios, que se conocieron al inicio de la investigación.