POLITICA
Reforma laboral: el debate en la mesa política, el vínculo con la CGT y los gobernadores y el pedido de Milei
La operación en marcha para la sanción de la reforma laboral parece haberse complejizado a raíz del persistente reclamo que nuclea a los gobernadores en rechazo al capítulo fiscal del proyecto, en particular al artículo que reduce alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, que afectaría a la recaudación provincial. Ante los señalamientos provinciales, la mesa política debate internamente si dar lugar o no a cambios, en particular a la eliminación del capítulo y por estas horas, se impone la postura más dura.
De los ocho integrantes formales del equipo, designados por orden directa del presidente Javier Milei, al menos la mitad se muestra reticente a excluir el capítulo de la ley que se tratará en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 11 de febrero.
Dentro de este grupo que expresa una postura de mayor intransigencia figuran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Según argumentan desde esta porción de la mesa, la determinación responde al pedido directo del presidente Javier Milei, quien habría solicitado defender el proyecto original que contempla la reducción tributaria para no ceder ante el grueso de los gobernadores, incluido los aliados.
“Lo que quiere Javier Milei es bajar impuestos. Los gobernadores nos amenazan con no acompañar por su cajita propia. Es de locos”, precisó un integrante del círculo que se reúne una vez a la semana en Casa Rosada.
La firme postura es resistida por otro sector, el dialoguista, compuesto por los funcionarios y legisladores que deben encarnar en primera persona las negociaciones con los bloques y sectores aliados. Este espacio está conformado por la jefa de la bancada en la Cámara Alta, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien es asistido en la tarea por su primo, el armador Eduardo “Lule” Menem.
“Necesitamos arreglar con los gobernadores, sino lamentablemente el capítulo quedará afuera, pero haremos todo lo posible para que eso no suceda”, confesó a Infobae un actor involucrado en la compleja tarea de tener que receptar reclamos para canjear por votos con ofrecimientos minúsculos.
Con pocas garantías para destrabar los reproches, y la orden directa de sostener hasta el final el relato de no dar el brazo a torcer, en Balcarce 50 se muestran optimistas por la sanción de la ley durante las sesiones extraordinarias. Por lo bajo, y casi de espaladas a lo que pregona el grueso del Gabinete, hay quienes anticipan que, de peligrar la aprobación del proyecto de “Modernización”, la decisión final implicará la exclusión del apartado. “Es prioridad absoluta y lo vamos a lograr. La Ley Laboral no cambia nada con o sin Ganancias”, expuso una fuente a este medio.
La caída de la reunión de gobernadores agendada para el pasado miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), cuyas gestiones fueron atribuidas sus gestiones al ministro del Interior, esperanzó al Gobierno que también se mostró motivado luego de que el cordobés Martín Llaryora cancelara el intercambio con el triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT) por “problemas de agenda”.
Pese a que en el oficialismo consideran que el reclamo provincial es mayoritario, aunque descuentan el acompañamiento de Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), los más funcionarios que pregonan una postura más radicalizada se niegan a activar un sistema de compensaciones para las provincias como propusieron algunos de los “dialoguistas”.
“No hay ninguna chance de compensación, tampoco de coparticipar el Impuesto al Cheque como piden. Si es que aprobamos la ley, pasarán 6 meses y cuando noten el impacto los vamos a llamar para decirles ‘te lo dije’”, sostuvo una voz con acceso al despacho presidencial. Más de un representante del Ejecutivo repite como mantra que la caída del 0,5% en la recaudación de la Nación y del 0,15% en las provincias tras la reducción de Ganancias estará saldada por el aumento de la actividad que generará un incremento en los puestos de trabajo formales.
El sindicalismo también suma sus resquemores al proyecto y si bien, en un principio mantuvo buena sintonía con la Casa Rosada, incluso lo tuvo a Gerardo Martínez sentado en las reuniones del Consejo de Mayo, tensó su relación en los últimos días y debate por estas horas la posibilidad de convocar a una acción de lucha. “Nos importa poco. No va a haber ningún gesto”, responden desde el Gobierno, luego de que la central anunciara que su Consejo Directivo analiza convocar a un paro general.
La postura de ceder el apartado tributario tiene su antecedente en diciembre, cuando el oficialismo excluyó el capítulo XI del Presupuesto 2026. Sin embargo, predomina la idea de insistir con las medidas marginadas durante las sesiones ordinarias. Otro punto que oficia de parteaguas entre los integrantes de la mesa política.
Como guiño a los negociadores, hay coincidencia en la posibilidad de admitir cambios que definen como “cosméticos”, ubicados en el segundo tramo del texto, y que podría “mejorar” la redacción del proyecto que diseñaron Luis Caputo y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) para acumular las voluntades legislativas necesarias para su sanción.
Según supo este medio de una fuente involucrada en el debate, el equipo político estudia la chance de eliminar la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo que buscaba habilitar el pago de sueldos y jubilaciones a través de billeteras virtuales. La decisión fue fuertemente resistida por las entidades bancarias que pregonan la exclusividad de las cuentas bancarias (CBU) y en Balcarce 50 analizan si mantenerlo o no en el articulado.
Con varios focos de debates abiertos, y en las vísperas de la sesión en el Senado que tendrá lugar el 11 de febrero, la mesa política tiene en agenda un nuevo encuentro para ese mismo miércoles a las 10 en Casa Rosada.
En el mientras tanto, el equipo negociador ajusta la estrategia, aunque con limitados recursos, que le permita al oficialismo sumarse un nuevo triunfo legislativo. “Es un problema conceptual: no hay nadie que junte votos por el hecho de juntar votos. Lo que importa es el espíritud de la ley y eso no va a cambiar”, prometieron desde el corazón del círculo violeta.
POLITICA
La Procuración del Tesoro dejará de ser querellante en la causa por la deuda solicitada al FMI en 2018
A casi cinco años de que la Procuración del Tesoro de la Nación fuera aceptada como querellante en la causa que investiga presuntas irregularidades en la deuda que fue solicitada al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, el Gobierno nacional anunció que el organismo estatal cesará su intervención en la instancia penal.
Se trata de la causa N° 3.561/2019, en la cual se acusó al ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el actual ministro de Economía Luis Caputo, el ex jefe de Gabinete Marcos Peña, al por entonces presidente del Banco Central Federico Sturzenegger y otros funcionarios de su gestión por presuntamente haber incurrido en los delitos de defraudación por administración y defraudación contra la administración pública.
La decisión fue anunciada por Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tras haber firmado el Decreto N° 87/2026. “Instrúyese a la Procuración del Tesoro de la Nación a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019″, establecieron.
De esta manera, quedó derogado el Decreto N° 239/2021, que había habilitado al organismo estatal a representar al Estado Nacional en calidad de querellante durante el proceso judicial, que era investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5.
Según se había asentado en ese documento, la misión del organismo estatal consistía en promover “la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional”.
Desde el Gobierno explicaron que la renuncia por parte del Estado a continuar con el rol fue consecuencia de la desición de la magistrada que lleva el caso. “La jueza interviniente resolvió archivar la causa en cuestión, considerando que no se cometieron los delitos denunciados”, indicaron.
En este sentido, la magistrada argumentó que la acusación respecto a la “carta de intención” enviada por el ex ministro de Hacienda y el titular del Banco Central al FMI para solicitar nuevos fondos en el marco de un acuerdo stand-by, que se había estipulado que duraría 36 meses, carecía de fundamentos.
A partir de esta petición, la entidad financiera internacional había otorgado a la administración liderada por Macri un monto valuado en 50 mil millones de dólares. No obstante, habían establecido el desembolso de 15 mil millones, mientras que el resto iba a ser considerado como “apoyo presupuestario precautorio”.
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“Se trataba de decisiones sujetas a control jurisdiccional en tanto constituían el ejercicio de facultades discrecionales de las que goza el Poder Ejecutivo Nacional para llevar a cabo su política económica”, sostuvo la jueza federal, tras señalar que los efectos macroeconómicos que hubieran producido no permitían reconducir el caso hacia el ámbito del derecho penal.
Respecto a la actuación de la Procuración del Tesoro de la Nación, la Justicia consideró que había cumplido con los parámetros del debido proceso, pese a que hicieron hincapié en que su participación suele darse en “los fueros contencioso administrativo, civil y comercial federal, siendo excepcional su participación en litigios penales”.
Por este motivo, apuntaron que el organismo no contaba con una dirección nacional que estuviera especializada en litigios penales y, sobre todo, en casos que involucraran delitos económicos complejos. Asimismo, subrayaron que el Ministerio Público Fiscal (MPF) se encontraba “en la mejor posición técnica para impulsar la investigación en la referida Causa N° 3561/2019″.
Así, el Gobierno accedió a retirarse del litigio, tras sostener que “corresponde priorizar un uso eficiente, eficaz y racional de los recursos públicos”. En ese sentido, consideraron que esta decisión evitaría las “superposiciones de funciones e intervenciones que no respondan al área de especialidad técnica de los organismos o que puedan ser utilizadas para interferir en la actuación propia de otro Poder del Estado con una finalidad de persecución política”.
Previo a esto, la Justicia Federal también había resuelto archivar una investigación penal impulsada para saber quiénes habían realizado las mayores compras de dólares y quiénes transfirieron mayores montos de la divisa norteamericana al exterior durante la gestión de Macri.
Así, la investigación, que analizaba una posible “fuga de capitales” entre 2016 y 2019 por un total de 86 mil millones de dólares, quedó sin efecto en marzo de 2019. Se trataba de una de las causas que había sido anexada a la causa por el préstamo solicitado al FMI.
Según la información a la que accedió Infobae, la jueza María Eugenia Capuchetti había considerado innecesario continuar, ya que no se había detectado ninguna operación sospechosa que motivara la apertura del caso, sino que el análisis respondía a una búsqueda “especulativa” de eventuales delitos como evasión tributaria o lavado de activos, al no haber indicios concretos que justificaran el escrutinio sobre un amplio grupo de personas físicas y jurídicas.
Finalmente, la decisión fue confirmada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia de la Sala I de la Cámara Federal, quienes avalaron la postura de la magistrada ante los recursos presentados por el fiscal Franco Picardi y la AFIP (actual ARCA), que advertían que el cierre era prematuro y restaba analizar documentación.
POLITICA
La trastienda de la firma del acuerdo en Washington, el entusiasmo de la comitiva argentina y la “autopista en la relación” bilateral
WASHINGTON.- Tras subir al primer piso por las escaleras de la señorial sede de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), frente a la Casa Blanca, la comitiva argentina liderada por el canciller Pablo Quirno quedó sorprendida con un “gesto” de su contraparte norteamericana, con la que 20 minutos después se firmaría el histórico acuerdo de comercio e inversiones recíproco.
A los habituales bombones con envoltorio oficial de la Casa Blanca se habían sumado dos tipos de alfajores: unos clásicos argentinos en su envoltorio y otros de maicena, con dulce leche y tapas con forma de corazón. Fue el detalle que marcó el inicio de una reunión distendida y cordial para ponerle la rúbrica a más de diez meses de intensas negociaciones, con un amplio acuerdo que apuntala la alianza estratégica de las administraciones de Javier Milei y Donald Trump.
El propio representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se lo manifestó a Quirno poco antes del momento de la firma, en una pequeña mesa en la sala VIP de ceremonias del USTR. El funcionario norteamericano -que tuvo un rol determinante para la concreción- remarcó que el acuerdo equivale a un “testimonio” del actual vínculo entre ambos países, y que, con lo que está haciendo, la Argentina es un “faro” en América Latina que puede alentar a otros gobiernos a tomar el mismo camino.
“El acuerdo es excelente para la Argentina”, se entusiasmó una alta fuente del Gobierno en esta capital. “Pero más allá del detalle fino, esto nos pone en una plataforma que hoy no tiene ningún país de América del Sur. La relación de Milei con Trump hace que Estados Unidos diga ‘esta gente está haciendo los deberes, se merece nuestro apoyo y se merece que caminemos juntos’“, añadió a .
Uno de los funcionarios argentinos que siguió de cerca las tratativas sacó pecho por un concepto clave que diferenció el acuerdo de la Argentina con los dos primeros que Greer había firmado con países de la región -El Salvador y Guatemala- la semana pasada: inversión. “El de ellos es un acuerdo de comercio. No es un detalle menor: esto marca la diferencia”, afirmó.
En Washington, la satisfacción de la comitiva argentina -de nueve integrantes- era inocultable. “Es el comienzo de algo buenísimo, que es desandar este camino”, resaltó una de las fuentes consultadas.
Tras salir de la embajada argentina en Dupont Circle, Quirno había llegado cerca del mediodía a la sede de la USTR. Lo acompañaron el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales y jefe negociador del acuerdo, Luis Kreckler; el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda; el jefe de Misión Adjunto de la legación diplomática, Juan Cortelletti; la agregada especializada en el área agroindustrial, Cecilia Marincioni; la jefa de la sección económica y comercial de la embajada, Julia Hoppstock, y dos funcionarios de protocolo.
Del lado norteamericano había diez integrantes. El último en entrar en la sala fue Greer, anfitrión de un encuentro protocolar que ya tenía las cartas echadas. Si bien la comitiva argentina había manejado el cierre de las negociaciones con mucho hermetismo, en las horas previas hubo señales que hacían presagiar que la firma del acuerdo finalmente se concretaría este jueves. Quirno lo hizo público en X, con una selfie, a las 13.02 (hora local).
“No hubo trabas de ningún tipo. Que nuestro acuerdo saliera ahora fue totalmente natural con todas las cosas que había que revisar y cerrar”, señaló a un alto funcionario. Y agregó que para detectar su origen había que retrotraerse a diciembre de 2024, post triunfo electoral de Trump, cuando Milei dijo: “Quiero un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos”.
Una vez que el líder republicano volvió al poder, el 20 de enero de 2025, los funcionarios trabajaron con “ese espíritu”, y en esa disposición la Argentina “ganó tiempo”, destacaron en la comitiva. “Luego se cruzó el ‘Día de liberación’, pero nosotros ya estábamos encarrilados. Entonces, fuimos el primer país del mundo al que Estados Unidos llamó a sentarse a negociar“, contó uno de los funcionarios, al hacer referencia a aquel 2 de abril en el que Trump lanzó la guerra arancelaria.
“Es el primer paso que nos va a llevar a discusiones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) en el futuro, que va a ratificar y profundizar este acuerdo”, dijo Quirno a A24, poco antes de tomar el avión de regreso a Buenos Aires.
El acuerdo comercial y de inversiones recíproco se sumó al suscrito el día previo por Quirno por los minerales críticos, en una cumbre global en el Departamento de Estado. “También se suma la asistencia del Tesoro [norteamericano, con la línea de swap]. Todo lo que estamos haciendo con Estados Unidos es el hilvanado de una alianza estratégica que se profundiza“, destacó una alta fuente del Gobierno.
“Te arma una autopista en la relación, en la que las empresas estadounidenses, con el horizonte que les damos nosotros, se sienten cómodas de venir a aumentar sus inversiones en la Argentina, ya siendo Estados Unidos el primer inversor extranjero directo en el país“, añadió.
Del lado argentino evaluaron como una “decisión sin precedentes” y “muy importante” que Estados Unidos aumentara -por motu propio– la cuota de carne argentina de 20.000 a 100.000 toneladas, teniendo en cuenta que, cuando Trump planteó esa posibilidad el año pasado, se habían desatado fuertes reproches de sectores agropecuarios norteamericanos.
“Había algunos puntos que teníamos que esperar por timing político”, reconoció un funcionario. “Lo de la carne estará en vigor desde el momento en el que el gobierno de Estados Unidos nos habilite la cuota”, añadió.
Una de las sorpresas del anuncio fue la postergación de la decisión sobre los aranceles al acero y el aluminio. «Está contemplado para que oportunamente se haga», confió una fuente diplomática a .
«Ellos están jugando a 360° con todos los países, y entonces hay un momento que se plantean ‘si le doy esto a uno, me lo va a pedir otro’. Tienen que ser cuidadosos en las cosas que firman en sectores estratégicos. Entonces pidieron verlo oportunamente. Pero hay un compromiso entre presidentes“, amplió.
Tal como lo anunció el Gobierno, el acuerdo será enviado al Congreso para que sea tratado, distinto a lo que ocurrirá en Estados Unidos, cuyo gobierno no tiene la necesidad de hacerlo. “El contenido y las decisiones muchas veces son parte de un proceso que nosotros ya estamos haciendo, independientemente del acuerdo, como por ejemplo derogar un decreto o sacar una resolución”, explicó un funcionario al tanto de las negociaciones.
“Como están las cosas hoy, no tendría sentido que alguien dijera ‘no apruebo esto’. Modificamos una cantidad de aranceles importantísima para nuestra industria. No debería haber un tema ahí”, confió, más allá de las resistencias al acuerdo de sectores de la oposición al Gobierno.
El clima distendido que había dominado la ceremonia de firma del acuerdo en la sede del USTR tuvo un cierre con intercambio de regalos entre los funcionarios. ¿Qué se llevó cada uno? Quirno, una vasija de cerámica típica del Medio Oeste (“mi región”, dijo Greer); y el norteamericano, algo típico argentino: un libro gauchesco.
acuerdo de comercio e inversiones recíproco,@pabloquirno,pic.twitter.com/xQZduTO1Aq,February 5, 2026,minerales críticos, en una cumbre global en el Departamento de Estado,pic.twitter.com/RIlFkzmsmz,February 5, 2026,Guillermo Idiart,Estados Unidos,Donald Trump,Javier Milei,Conforme a,,Operación Daga Atlántica. Estados Unidos enviará Boinas Verdes y Marines para un ejercicio militar con la Argentina,,3000 páginas. El Gobierno remitió el acuerdo Mercosur-UE al Congreso y también enviará el pacto con Estados Unidos,,¿En qué consiste? Se confirmó el acuerdo comercial Argentina-EE.UU.,Estados Unidos,,»Comportamiento asqueroso». Otro provocativo posteo de Trump: en un video conspirativo sobre las elecciones, muestra a los Obama como monos,,¿Cuál es su nuevo «capricho»? Por qué los millonarios del mundo ya no eligen gastar su plata en casas, relojes ni autos lujosos,,¿La receta secreta? Compró una casa antigua y encontró en el sótano un tesoro de Coca-Cola
POLITICA
El gobierno porteño clausuró una casona de 50 habitaciones tomada frente al shopping Spinetto
El gobierno porteño sumó un nuevo desalojo en el barrio de Balvanera, al clausurar una propiedad de 50 habitaciones que llevaba más de dos décadas tomada. Estaba ubicada justo frente al Spinetto Shopping, un ícono urbano de la zona.
La decisión respondió a denuncias persistentes de los vecinos sobre ruido y hechos violentos, además de un riesgo estructural considerado “peligro inminente”.
La propiedad, ubicada en Alsina 2311, se suma a otras 572 casas recuperadas por el gobierno porteño. Tras el operativo, trabajadores tapiaron puertas y ventanas para impedir nuevas usurpaciones.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, hizo hincapié en su postura frente a este tipo de situaciones: “Algunos quieren que la Ciudad se parezca a lo peor del conurbano y no lo voy a permitir”. El alcalde capitalino reforzó su compromiso con la protección del espacio urbano. “Esta Ciudad tiene un estilo de vida que voy a cuidar y proteger. Lo que sea ilegal no va conmigo; será difícil, será complejo, pero estoy dando esa batalla: en la Ciudad la propiedad privada se respeta”, agregó.
El dirigente del PRO busca mostrar los desalojos de las propiedades usurpadas como una marca de gestión de su mandato. La lista de edificios restablecidos a sus dueños en los últimos dos años incluye sitios emblemáticos como la Casa Blaquier en el Casco histórico, el conocido “Elefante Blanco” de Belgrano, la “Galería del Terror” en Nueva Pompeya, la “Casona” de Costanera Sur y parte del Mercado de Bonpland en Palermo.
En la zona de San Nicolás, la administración porteña también recuperó recientemente un edificio de valor patrimonial en Tucumán al 1700, ocupado ilegalmente desde hacía más de cuatro décadas. Allí se hallaron banderas y símbolos de agrupaciones políticas, entre ellos un cuadro de Cristina Fernández de Kirchner y panfletos con la imagen de Axel Kicillof, según se informó oficialmente.
Otros procedimientos incluyeron el desalojo de un espacio bajo la autopista Perito Moreno en Parque Avellaneda, antes ocupado por una cooperativa de cartoneros, y la recuperación de un predio de 2.500 metros cuadrados en San Telmo. Este último estaba en manos del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), dirigido por Raúl Castells, y funcionaba como campo de deportes pese a que su permiso había caducado hacía 12 años.
En algunos casos, las intervenciones de desalojo de los inmuebles generaron el rechazo de varias organizaciones sociales, que estaban a cargo de centros culturales y comedores donde se desarrollaban actividades comunitarias. En el caso del espacio Bonpland, de Palermo, contaba con un “permiso precario” para funcionar oficialmente desde 2001, pero las autoridades identificaron que se usaba para otras actividades no habilitadas, como bailes y eventos.
Otro foco de conflicto similar se produjo con el predio de la autopista Perito Moreno, que gestionaba la cooperativa «El Amanecer de los Cartoneros», perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). El diputado nacional Juan Grabois defendió las tareas que se llevaban a cabo allí hace más de 15 años, y aseguró que contaba con el aval legal del gobierno porteño para operar con el sistema formal de reciclado en el distrito. Desde la organización cuestionaron que Macri no haya dado alternativas y que unas “20 personas que dependían directamente de esta fuente de trabajo entre clasificadoras y balanceros ya no lo tienen más”.
El gobierno de la Ciudad sostiene que busca “llevar tranquilidad a los vecinos” con estos procedimientos. Desde lo político, Macri apunta a mostrar un perfil duro que contrasta con la gestión anterior de su predecesor, Horacio Rodríguez Larreta. “Se terminó la época de la resignación y la tibieza. Este lugar estuvo más de 20 años usurpado. Lo recuperamos y se lo devolvimos a sus dueños”, dijo el jefe de Gobierno sobre la intervención en la calle Alsina. “Propiedad número 573 recuperada. Ley, orden y propiedad privada”, concluyó anoche en las redes sociales.
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