POLITICA
Reforma laboral: el frente sindical combativo hará un paro con movilización cuando el proyecto se trate en Diputados
La reforma laboral aprobada en el Senado todavía no se debatió en la Cámara de Diputados, pero ya originó una nueva protesta: el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) anunció un paro con movilización al Congreso cuando la iniciativa se trate en la Cámara Baja.
Así lo decidió esta tarde aquel polo sindical ultraopositor, que integran la UOM, Aceiteros y las CTA, entre otros, durante una reunión en el gremio metalúrgico, tras la cual el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó: “Tenemos que construir un clima de mayor hostilidad para los diputados que aquel que enfrentaron los senadores”.
“No es una utopía voltear esta ley o al menos que se empantane su tratamiento -sostuvo-. El Gobierno tomó nota durante las últimas horas de que en la sociedad crece la conciencia sobre la gravedad de esta norma y los perjuicios que acarreará rápidamente en el mundo laboral. Ahora tenemos que ser capaces de frenar la corrupción y los sobornos en Diputados».
Aguiar, uno de los opositores más duros del Gobierno dentro del sindicalismo, señaló que “el miércoles (pasado) había más valijas en el Congreso que en la Terminal de Retiro en época de vacaciones” y anticipó: “Desde ATE vamos a convocar a nuestras instancias orgánicas para ratificar esta medida de fuerza”.
Este mismo dirigente hizo otras declaraciones polémicas esta semana: “Los gobernadores que avalen esta reforma estarán firmando su propia sentencia de muerte“, indicó ante el debate de la reforma laboral en el Senado. Y otro de los líderes del Fresu, Daniel Yofra, titular de la Federación de Aceiteros, también abrió una polémica cuando dijo: “Vamos a prender fuego el país, no queda otra, a través de una huelga por tiempo indeterminado” (luego intentó relativizar la amenaza).
Uno de los impulsores de este frente sindical es Abel Furlán, secretario general de la UOM, que critica la estrategia moderada de la CGT ante la reforma laboral (aunque uno de sus dirigentes, Osvaldo Lobato, es secretario Gremial cegetista). Y por eso se unió a dirigentes de impronta combativa para dar pelea contra la reforma laboral: lanzaron un plan de lucha que incluyó movilizaciones en Córdoba, la semana pasada, y en Rosario, el martes pasado, y se sumaron a la concentración de la CGT ante el Congreso.
Las jornadas de protesta del Fresu buscaron exponer la posición de los gobernadores frente a la reforma laboral y responsabilizarlos por el avance del proyecto. Sus miembros rechazan cualquier intento de negociación parcial, como impulsa la CGT, y desconfía de eventuales declaraciones de inconstitucionalidad del proyecto oficia por parte de la Corte Suprema.
Además de la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, integran el Fresu la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación Obrera Minera Argentina (AMOA), Molineros, CONADU y Viales, entre otros, y se sumó Pablo Moyano a título individual.
Todas son organizaciones del ala dura del sindicalismo y no se descarta que terminen unidas en la acción con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que dirige Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), que también tiene una postura más intransigente y, aunque sigue alineada a la CGT, podría endurecerse si los líderes cegetistas mantienen una actitud pasiva ante la reforma laboral.
Cuando la CGT se movilizó este miércoles ante el Congreso, sin auspiciar ningún cese de actividades, ATE dispuso un paro de 24 horas de los estatales y la UOM, una medida similar con abandono de tareas a las 10.30. Y en el caso de la CATT, los sindicatos aeronáuticos hicieron un paro de 15 a 18, que provocó demoras en Aeroparque y Ezeiza, y los metrodelegados concretaron una huelga en los subtes de 21 a 23.30.
POLITICA
El Gobierno busca aprobar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil antes del 1 de marzo
El oficialismo busca acelerar el tratamiento legislativo para que la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea estén aprobados antes del 1 de marzo, con el objetivo de que formen parte del discurso del presidente Javier Milei en el inicio de las sesiones ordinarias.
Para cumplir con este cronograma, el Gobierno ya giró el texto de la reforma laboral a la Cámara de Diputados y se espera que el Ejecutivo publique un nuevo decreto que extienda las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero.
En la Cámara de Diputados, la intención de Martín Menem y Gabriel Bornoroni es citar a un plenario de comisiones para el miércoles 18 de febrero, con el fin de dictaminar y sesionar el jueves 19. Sin embargo, esta estrategia de tratamiento “exprés” enfrenta cuestionamientos de la oposición.
“En el Senado tardaron dos meses y acá lo quieren hacer en 48 horas. Es imposible que podamos tener una discusión seria en ese plazo”, advirtió un diputado opositor, mientras que otros sectores critican lo que consideran un funcionamiento de “escribanía” por parte de quienes antes cuestionaban estas prácticas.
Diputados aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el debate se traslada al Senado
Además del rechazo opositor, La Libertad Avanza enfrenta la resistencia de sus socios, como el bloque del PRO encabezado por Cristian Ritondo, que adelantó que pedirá modificaciones al proyecto de reforma laboral.
Según interpretan sectores del kirchnerismo, el apuro oficialista responde al temor de que se introduzcan cambios que obliguen al texto a volver al Senado. En paralelo, Patricia Bullrich impulsa su propio ritmo en la Cámara Alta con la meta de dictaminar la próxima semana el Régimen Penal Juvenil y el tratado con la Unión Europea.
El oficialismo necesita cumplir con los siete días de plazo reglamentario entre el dictamen y la llegada al recinto para sesionar antes de fin de mes. Una alta fuente libertaria admitió a Infobae las dificultades de la negociación con los aliados para asegurar el quórum y las firmas necesarias: “Aunque los propios estén, necesitamos de los socios y no los podemos obligar”.
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Acuerdo Mercosur Unión Europea,baja de edad de imputabilidad,Reforma Laboral,régimen penal juvenil
CÓMO ES HOY. En cuanto a las plataformas digitales, como Rappi, Uber o Pedidos Ya, sus trabajadores se encuentran hoy en una zona gris. Trabajan de manera independiente, el tiempo que desean; suelen estar registrados como autónomos y facturan por sus servicios, pero siempre por fuera de la ley de contrato de trabajo. Algunos fallos judiciales, sin embargo, ya identifican en ese vínculo laboral algunos elementos típicos de una relación de dependencia.
En cuanto a los trabajadores de tiempo parcial, hoy no pueden superar los dos tercios de una jornada completa. Si eso ocurre, aunque sea por una hora, los trabajadores cobran la totalidad del salario.
QUÉ DICE EL PROYECTO. En cuanto a las plataformas digitales, se les otorga un marco legal más definido, al introducir la figura legal del “trabajador independiente”, que reconoce, por caso, una cobertura a los accidentes laborales. No obstante, la reforma genera cierto rechazo en el sector porque mantiene al trabajador de plataforma por fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
Para los trabajadores de tiempo parcial, se prevé una paga proporcional al tiempo de trabajo, sin cláusula “gatillo”. Así, si se trabaja el 80% de la jornada, se cobra por el 80% de la jornada.
POLITICA
El abogado laboralista Mario Ackerman analizó los puntos centrales de la reforma que obtuvo media sanción: “Faltó debate jurídico”
En una entrevista en Infobae en vivo, el abogado laboralista Mario Ackerman evaluó la reforma laboral que obtuvo media sanción en Diputados y cuestionó la forma en la que se avanzó en el Congreso: “Me parece mal cómo se hizo, el debate que empieza ahora es jurídico y no se dio”. Considerado uno de los mayores especialistas en la materia, Ackerman remarcó que el texto aprobado “es muy imperfecto, sobre todo con los últimos agregados que hicieron”, y anticipó que la falta de definiciones técnicas generará conflictos en la Justicia.
Durante el diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Ackerman desgranó los principales ejes que, a su criterio, quedaron mal resueltos en la reforma. “Algunos puntos clave se agregaron ‘a puño alzado’ el día anterior al tratamiento parlamentario. Ahora viene la discusión sobre, por ejemplo, cuál es el límite de la jornada de trabajo. ¿Siguen existiendo las ocho horas? ¿Podría un empleador exigir que el trabajador trabaje veinticuatro horas como hace la policía? No está claro”, sostuvo.
Ackerman explicó que la ausencia de discusión jurídica deja abiertas preguntas centrales para la vida laboral cotidiana. “Se perdió una oportunidad de hacer las cosas bien. Acá se podía haber hecho una cosa completamente distinta, conveniente para todos, sin sacarle plata a los trabajadores, bajando el costo de las empresas”, lamentó.
Las grietas de la litigiosidad y la indemnización
Ackerman desmintió que la reforma resuelva la llamada “industria del juicio”. “No hay una industria de juicio, lo que hay es mucha litigiosidad, y esta reforma no va a resolverlo si no se atacan las causas de fondo”, afirmó. Detalló que, según los datos de los tribunales laborales de la Capital Federal, “más de la mitad de los juicios en trámite son por accidentes de trabajo y el cuarenta por ciento restante por empleo no registrado o por no reconocer la relación de dependencia”.
El abogado profundizó sobre el cálculo de las indemnizaciones y las zonas grises que persisten. “En la base de cálculo de la indemnización, la pregunta es si en ese sueldo entran el aguinaldo, los premios anuales. Esto la ley lo unifica, pero no es lo que provoca más litigiosidad”, aclaró. Para Ackerman, el verdadero núcleo de conflicto se encuentra en la actualización de los créditos laborales: “Hoy los líos pasan por la tasa de interés, cómo se actualizan los créditos. Esto lo resuelve la ley y para mi gusto, de buena manera: de aquí en adelante, costo de vida más el tres por ciento anual”.
Sin embargo, advirtió que la distinción que introduce la reforma para los juicios en trámite incentivará la judicialización: “Si hubieran dicho que a todos los juicios, aun a los juicios en trámite, se aplica costo de vida más el tres por ciento, eso no se discute más. Pero si hacés esta distinción caprichosa, esto va a provocar litigiosidad, porque el negocio es no pagar”.
Pymes, informalidad y el costo del trabajo en negro
Consultado sobre el impacto en el universo pyme, Ackerman fue taxativo: “La pyme tiene trabajadores en negro en términos de legítima defensa. Es la única vía que tiene para bajar los costos”. Dijo que la presión fiscal y la caída de la actividad empujan a las pequeñas y medianas empresas a la informalidad como alternativa para sobrevivir. “Al Estado no puede dejar de pagarle, los servicios no puede dejar de pagarlos. Al trabajador le puede pagar en negro, o por lo menos una parte en blanco y una parte en negro”, puntualizó.
Para el abogado, el centro del problema no reside en la voluntad de las pymes, sino en la estructura de la economía argentina: “¿Por qué los grandes supermercados no tienen trabajadores en negro? Porque son formadores de precio. El problema de la pyme es un problema de números, pero no le castiguemos al trabajador”.
Ackerman relató casos de empresas metalúrgicas que, ante la caída de ventas y la imposibilidad de financiarse, debieron reducir personal y recurrir al pago informal: “Hoy cada vez es más necesario que la pyme tenga trabajadores en negro y venda productos en negro para equilibrar los costos. No puede exportar porque no le dan los números y tampoco puede pedir crédito porque es inaccesible”.
Las nuevas restricciones al derecho de huelga y el riesgo de inconstitucionalidad
Ackerman cuestionó la ampliación de los servicios considerados “esenciales” o “de importancia trascendental” en la nueva legislación y su impacto sobre el derecho de huelga. “Ahora pasamos a tener más de 70 rubros considerados esenciales. ¿No es una restricción al derecho a huelga?”, señaló.
Como exintegrante de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, explicó: “El criterio de la OIT es que los servicios esenciales, en sentido estricto, son aquellos cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. En esas actividades, la prohibición del derecho de huelga es admisible, pero en otros casos la interpretación debe ser restrictiva”.
El especialista anticipó una ola de impugnaciones sindicales y criticó la incorporación a último momento de la obligación de cumplimiento total para las fuerzas de seguridad: “Van a cansarse de plantear inconstitucionalidades los gremios por este tema. Eso implica reconocer el derecho de huelga a la fuerza de seguridad, un error tremendo que incorporaron a último momento”.
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