POLITICA
Reforma laboral: el Gobierno buscaría iniciar la discusión por el Senado a partir de diciembre
Durante una reunión informal entre senadores vigentes y electos de La Libertad Avanza con su futura jefa, Patricia Bullrich, el oficialismo deslizó la posibilidad de iniciar la discusión de la reforma laboral en diciembre y por la Cámara alta. De ser así -todos los días aparecen opciones distintas-, la agenda será más que desafiante, con el Presupuesto 2026 a debatirse exprés en la Cámara baja, y fechas de fiestas que complejizan aún más el sendero, con sesiones que podrían consumarse el viernes 26 o lunes 29 de dicho mes.
El convite realizado de este miércoles se realizó en el despacho que la puntana Ivanna Arrascaeta tiene en el anexo del Senado. Al término del encuentro se vio salir a las apuradas a los electos Agustín Coto y a la salteña María Emilia Orozco, que prefirieron no emitir declaraciones con diversas excusas. Luego lo hizo Bullrich, vigente ministra de Seguridad de Javier Milei.
La parte suave de la cumbre, según confiaron legisladores a Infobae, fue “unir a los equipos técnicos de Bullrich con los que ya trabajan en la Cámara alta”. Lo más jugoso: no habría definiciones sobre la presidencia provisional. Tiene lógica debido a que, por reglamento, la sesión preparatoria para las autoridades se concreta la última semana de febrero. Para dicho sitial son varios los que apuestan por Coto, aunque quienes lo conocen un poco más desconfían de sus manejos.
Agenda
Si la Casa Rosada activa las sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre, Diputados tendrá que acelerar -ni bien inicien las mismas- un dictamen en modo Flash del Presupuesto 2026 -empieza siempre allí-, con el fin de llevarlo al recinto lo más rápido posible y aprobarlo. Es que el Senado precisará sí o sí dos semanas: una para firmar despacho y, a los siete días, sancionarlo en el recinto. El problema se encuentra en las fiestas: 24 y 31 caen martes, por lo que los miércoles siguientes estarán inhabilitados. Por eso las fechas inevitables de los lunes 22 y 29 para definiciones clave, en caso de llegar a dichas instancias.
En paralelo, los libertarios de la Cámara alta buscarían no perder tiempo y, al inicio de las extraordinarias, comenzarían con la discusión de la reforma laboral. Aquí se ingresará en sendero ríspido y el oficialismo deberá funcionar como un reloj suizo, con legisladores actuales y electos que ni siquiera estudiaron aún los primeros artículos del reglamento. Conclusión: será crucial el acuerdo previo que consiga el ministro del Interior, Diego Santilli, con gobernadores. Si ese paso no suma volumen, todo lo proyectado será en vano.
A la salida de la reunión de este miércoles, Bullrich ratificó que pasado mañana se encontrará con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, que no para de trastabillar desde lo político y comunicacional, y se mantiene blindada por un equipo muy pequeño, que incluye a una persona con pasado más que delicado.
Villarruel tiene para ofrecerle una de las pocas cosas que le quedan en pie: su equipo parlamentario. Son caras poco conocidas que, con la única meta de ayudar al Gobierno, consiguieron un inicio de gestión con 39 legisladores -dos más que el quorum, entre propios y aliados- para enfrentar al kirchnerismo, que caerá de 34 a 28 en pocas semanas. Y, cuando vinieron las peores olas opositoras, consiguieron algo sagrado: tiempo. Por eso será interesante de ver hasta dónde empujan Bullrich y la Casa Rosada, que implicará la diagramación de jugadas de ajedrez prolijas para no romper lo que ya se reventó meses atrás en el Congreso.
En esa línea, una fuente inobjetable expresó a este medio que Bullrich no sólo habló con varios bloques de la oposición “dialoguista” de cara a diciembre próximo, sino que además lo hizo con un soldado de Cristina Kirchner.
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POLITICA
La oposición rechazó el intento de Milei de reformar la ley de inteligencia por decreto y alertó sobre el “espionaje político”
La oposición rechazó con dureza la reforma del sistema de inteligencia que prepara el Gobierno y que se formalizaría en los próximos días a través del DNU 941/2025.
Según el texto en el que trabajan en la Casa Rosada, se redefinirá la estructura y el alcance de la SIDE. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la habilitación para que el organismo pueda aprehender personas, la calificación como “encubiertas” de todas sus actividades y, sobre todo, el método elegido por Javier Milei para avanzar con los cambios: un decreto presidencial, sin debate parlamentario.
Los dirigentes que se pronunciaron en contra de la norma anticiparon que el próximo capítulo de la disputa será legislativo. Buscarán impugnar el DNU para evitar que quede vigente, una tarea compleja: el mecanismo exige el rechazo por mayoría en ambas Cámaras. Si una de ellas no lo trata o solo una lo rebate, el decreto conserva plena validez.
En Pro, uno de los aliados del Gobierno en el Congreso, aún no hubo una posición pública. Tampoco se expresó el jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, integrante de la Comisión Bicameral de Inteligencia. No obstante, uno de los referentes del espacio indicó a que preparan un comunicado conjunto. Según pudo saber este medio, además, la comisión bicameral encargada de fiscalizar a los organismos de inteligencia formalizará este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique el alcance y los fundamentos de la reforma.
El antecedente está fresco en el Congreso. El primer DNU que la oposición, en su conjunto, le rechazó a Milei fue el que autorizaba el giro de $100.000 millones a la SIDE, en pleno apogeo del discurso oficial del “no hay plata”.
Uno de los primeros opositores que salió a rechazar la reforma que prepara Milei fue el diputado socialista Esteban Paulón. En un mensaje publicado en redes sociales, cuestionó el momento y el contenido del decreto. “El DNU 941/25, publicado anoche mientras sonaban las cañitas voladoras, modifica la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), generaliza un estado de sospecha y transfiere competencias sensibles a áreas bajo el control de Karina Milei”, escribió. Señaló, además, que los cambios se adoptaron “sin pasar por el Congreso y sin participación de la Comisión Bicameral”. Y agregó una lectura política: sostuvo que la interna entre la secretaria general de la Presidencia y el asesor presidencial Santiago Caputo “es un riesgo para la seguridad nacional” y afecta la autonomía del sistema de inteligencia.
El DNU que pulen en el Gobierno -aún no se oficializó con la publicación en el Boletín Oficial- establece que todas las actividades de la SIDE revisten carácter “encubierto” por razones de “sensibilidad” estratégica. Entre las modificaciones centrales, la administración de Milei apunta a trasladar la autoridad nacional de ciberseguridad a la Jefatura de Gabinete -a través de la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC)-, lo que, según sus críticos, permite que la inteligencia se concentre exclusivamente en tareas operativas. Paulón atribuyó esta reconfiguración a la interna libertaria: interpretó que el cambio fortalece el control de Karina Milei sobre un área clave del Estado, al colocarla bajo la órbita de uno de sus principales aliados, y le resta margen de maniobra a Caputo, quien conserva influencia sobre la SIDE a través de su titular, Cristian Auguadra.
Uno de los puntos que encendió mayores alarmas fue la facultad otorgada al personal de inteligencia para proceder a la aprehensión de personas en casos de flagrancia, con obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Desde distintos sectores de la oposición advirtieron que esa atribución equivale a la creación de una “policía política”.
Así lo expresó el exdiputado kirchnerista Leopoldo Moreau, quien sostuvo que el decreto “significa la creación de una policía secreta” y “clausura la posibilidad de conducción civil de la inteligencia militar”. Recordó que es la segunda vez que Milei modifica el sistema de inteligencia por decreto y denunció que, en esta ocasión, “pasa descaradamente por encima de las facultades del Congreso”. Según Moreau, el esquema obliga a distintos niveles del Estado a transformarse en “delatores de la oposición política” y constituye “un claro retroceso democrático”.
En la misma línea se manifestó el diputado peronista Agustín Rossi, extitular de la SIDE durante el gobierno de Alberto Fernández. Advirtió que el DNU “transforma a los agentes de inteligencia en policía secreta” al habilitarlos a aprehender personas sin orden judicial y alertó que el organismo “se convertirá en una fuerza parapolicial”.
La reforma también reorganiza el sistema bajo nuevas agencias especializadas, como la Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la Inspectoría General de Inteligencia. Rossi puso el foco en las nuevas atribuciones de la Agencia de Contrainteligencia, que -según el texto del decreto- podrá producir inteligencia “sobre actores, hechos, riesgos, oportunidades y amenazas dentro de la jurisdicción nacional”. La oposición cuestionó que se trata de una definición amplia, sin delimitaciones técnicas precisas, que deja un margen significativo a la interpretación institucional.
Ese fue, también, uno de los ejes señalados por Paulón. Al denunciar lo que consideró un regreso del espionaje político, sostuvo que el DNU define como “riesgos” a activistas, opositores y periodistas. “Es una confesión de parte: quieren usar los recursos del Estado para perseguir a quienes pensamos distinto. El Estado policial en su máxima expresión”, afirmó.
Otro de los cambios relevantes del decreto es la disolución del organismo de inteligencia estratégica militar para unificarlo bajo el Estado Mayor Conjunto. El diputado de Unión por la Patria Jorge Taiana centró sus críticas en ese punto. Aseguró que la reforma “autonomiza la inteligencia del control civil del Ministerio de Defensa” al disolver la Diniem y concentrar poder en la conducción estratégica militar. Según explicó, a cambio de esa autonomía se subordina la inteligencia militar al área de seguridad, “dando un paso más en convertir a las Fuerzas Armadas en un auxiliar de las fuerzas de seguridad”. Para Taiana, el esquema avanza en la idea de transformar a las FFAA en una “Guardia Nacional”, una concepción que -dijo- impulsa desde hace años el Comando Sur. Taiana fue ministro de Defensa entre 2021 y 2023.
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, calificó la reforma del sistema de inteligencia como “un retroceso histórico” y apuntó contra las autoridades del Congreso. Desde su cuenta de X, responsabilizó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel por la falta de conformación de las comisiones clave. “Es urgente y necesaria la regularización y designación de los nuevos miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y de la Bicameral de Trámite Legislativo para que este DNU sea tratado y rechazado a la brevedad por su nulidad absoluta e insanable”, sostuvo. Y advirtió: “De lo contrario, iremos directo al recinto”.
Las críticas también llegaron desde el radicalismo. Ricardo Alfonsín cuestionó que una reforma de esta magnitud haya sido instrumentada por decreto. “Si hay temas que sí o sí deben ser dialogados, debatidos y consensuados, este es uno de ellos. Y es obvio que Milei no quiso hacerlo. Esto es muy grave”, escribió. Y cerró con un llamado a la acción: “Espero que las fuerzas políticas se manifiesten”.
Desde la izquierda, el diputado Christian Castillo reclamó que el DNU sea anulado por el Congreso y advirtió que implica “un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas” y la legalización de un estado policial. En términos similares, el legislador Néstor Pitrola, del Partido Obrero, sostuvo que el decreto “empieza a edificar un régimen de facto dentro de una democracia formal”.
DNU 941/2025,pic.twitter.com/rvEXvJi7Ba,January 1, 2026,January 1, 2026,January 1, 2026,pic.twitter.com/NWNPGkJnP9,January 1, 2026,January 1, 2026,Delfina Celichini,Conforme a
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Cristina Kirchner sigue internada y espera definiciones sobre su detención durante la feria de enero
La expresidenta Cristina Kirchner sigue internada en el Sanatorio Otamendi, sin fecha de alta confirmada. Además, está a la expectativa de distintos pedidos formulados por sus abogados al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) que verá modificada su conformación durante la feria de enero.
La expresidente fue ingresada de urgencia e intervenida quirúrgicamente el 20 de diciembre, por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Se encontraba en su domicilio de San José 1111, donde cumple una condena de seis años de prisión por la denominada “Causa Vialidad”.
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En tanto, la defensa de la exmandataria intentará que durante la feria judicial de enero el TOF2 revise decisiones ya adoptadas sobre su detención domiciliaria, que se vio restringida luego de una reunión con un gran número de economistas del peronismo.
Los abogados de Cristina Kirchner presentaron distintos pedidos para ampliar su régimen de visitas, retirar la tobillera electrónica y extender el tiempo habilitado para utilizar la terraza del edificio, solicitudes que fueron en principio rechazadas por el TOF2.
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Ese tribunal está integrado de manera habitual por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, pero durante la feria judicial que comienza ahora se verá modificada su conformación debido a que dos de sus integrantes (Barroetaveña y Hornos) inician su período anual de vacaciones.
La nueva integración quedará conformada por Borinsky, a quien se sumarán la jueza Ángela Ledesma y el juez Guillermo Yacobucci. De esta manera, cambian dos votos del tribunal y se abre la posibilidad de que se reabra la discusión sobre las condiciones en las que la detenida cumple su prisión domiciliaria.
Mientras, y transcurridos 12 días desde su hospitalización, crece la inquietud por la “lenta recuperación”, según informó el último parte médico que difundió la institución médica el lunes pasado.
“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, indicó el último comunicado que lleva la firma de la directora médica del Sanatorio Otamendi, Marisa Lafranconi.
El íleo postoperatorio es una parálisis temporal del intestino que ocurre después de una cirugía donde el tránsito gastrointestinal se frena a raíz del estrés quirúrgico. Cristina Kirchner se encuentra alojada en una habitación individual, donde pasó la Nochebuena y la Navidad.
cristina kirchner, salud, feria judicial
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El Gobierno iniciaría el proceso para privatizar el Belgrano Cargas: la letra chica y el plan para renovar otra compañía clave
El Gobierno de Javier Milei tiene previsto publicar durante el mes de enero el pliego para iniciar la privatización del Belgrano Cargas, la cual finalizaría a mediados de este año. Se trata de la primera fase de un plan mayor que los técnicos del Poder Ejecutivo tienen sobre la política ferroviaria: en este caso particular, las líneas abarcadas son el Belgrano, San Martín y el Urquiza. Para una etapa posterior, a largo plazo, se estudia llamar a licitación sobre el Ferrosur Roca.
Se tratan de dos fases de una masterplan que diseñan funcionarios con conocimiento del sector ferroviario, aunque los fines de esta política exceden solo al ámbito del transporte, ya que el rubro de carga está estrechamente interrelacionado con diferentes polos productivos dispersos a lo largo y ancho del país, tales como el agrícola, el minero, el petrolífero, entre otros.
El modelo de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. aprobado por el Decreto 67/2025, establece una privatización total de la empresa mediante un proceso de desintegración vertical y open access (acceso abierto).
El primer término quiere decir que se desbloquea la posibilidad de que una compañía pueda adquirir una de las unidades de negocios del Belgrano Cargas. Las vías férreas y los inmuebles aledaños serán concesionados mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales bajo el régimen de obra pública. Los talleres ferroviarios también serán concesionados. No así el material rodante (las locomotoras y vagones), que será vendido a través de un remate público.
Fuentes oficiales remarcaron que el dinero que se genere por ese último mecanismo será reorientado para realizar una inversión por única vez para la renovación de vías y la mejora estructural en aquellos tramos en donde haya volumen y demanda. Es decir, los trazos donde más interés hay puesto de parte de las compañías que buscan aplicar a la privatización.
El dinero de las subastas no irá a reactivar algunos tramos de los casi 18.000 kilómetros de vías inactivas que hay en el país. Eso se lo dejará a consideración de la futura operaria si es que consigue clientes y demanda en esos sectores abandonados que hoy en día no tienen rentabilidad económica.
Hay 17.700 kilómetros de vías que sí están operativas. De aquellas, el Gobierno quiere invertir con el dinero subastado en dos líneas en particular: en el ramal San Martín a través de la renovación de cerca de 300 kilómetros de vías y una inversión de capital sobre las vías del ramal Belgrano. El pliego que ya está confeccionado obliga a la compañía a que invierta en la finalización de la circunvalación ferroviaria de la ciudad de Santa Fe.
Con estas mejoras sobre las trazas ferroviarias buscan generar una solución logística para multiplicar las cargas transportadas, haciendo que el tren pase a ser el medio de transporte de productos de 5% a 20% en cuestión de años. Creen que para finales de 2027 la carga podría duplicarse. “Actualmente hay mucha inversión en el punto de destino. Muchas están preparadas para transportar el triple de carga de lo que aguanta nuestro sistema”, marca una fuente libertaria.
Es por ello que diversos grupos empresarios manifestaron interés para hacerse con segmentos estratégicos del Belgrano y San Martín. Un consorcio liderado por Aceitera General Deheza (AGD) e integrado por firmas como ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus, figura entre los principales aspirantes. Grupo México Transportes (GMXT) también formalizó su intención y espera canalizar una inversión de USD 3.000 millones. Otras compañías de Chile y España realizaron sondeos, al igual que firmas mineras multinacionales como la británica Río Tinto.
A grandes rasgos, el diagnóstico es el siguiente: en el San Martín hay menos capacidades ferroviarias y se precisan inversiones para reforzarlas; en el Belgrano hay falta de material rodante, buenas vías, pero hay un cuello de botella por la no-finalización de la circunvalación de Santa Fe; por último, en el Urquiza consideran que hay una demanda insatisfecha y que podría suplirse si es que logran planificar un esquema para satisfacer las conexiones internacionales.
“Lo que se transporta es muy poco para la cantidad de vías que hay. Tenemos costos fijos altos y el mantenimiento de la vía es complicada con la baja recaudación actual. Lo que se busca es incrementar el volumen de carga para hacer rentable el negocio. Creemos que el open access contribuye a eso”, explican desde el Gobierno. Ese sistema establece que cualquier operador privado podrá utilizar la red existente mediante el pago de un canon, siempre que cumpla con las condiciones legales y logre la autorización de la empresa operadora.
Si bien el nuevo esquema ferroviario puede favorecer a los sectores y zonas productivas comprendidas a lo largo de la traza de las tres líneas, varios de los negocios mineros y la totalidad de Vaca Muerta tienen cuellos de botella por la inexistencia de servicios ferroviarios que lleguen a esos polos.
Además de las tres líneas administradas actualmente por Belgrano Cargas, existen otras tres: Ferroexpreso Pampeano (con Techint como socio mayoritario), Ferrosur Roca (propiedad de Loma Negra) y Nuevo Central Argentino (de Aceitera General Deheza). De estas, el Gobierno está satisfecha solo con la última, que hace unos meses aceptó pasar por una adecuación contractual que le permitió extender su contrato hasta 2032.
Aunque no hay satisfacción con el estado de Ferroexpreso Pampeano, todavía no hay una decisión tomada sobre qué hacer. Para el caso de Ferrosur Roca se sabe que se llamará a un proceso licitatorio más adelante y sin fecha estimada. La compañía tuvo diálogos con el Ejecutivo y le presentó propuestas para renovar su contrato, pero fueron rechazadas.
La decisión del futuro llamado a licitación reviste de un particular atractivo para toda el área de Vaca Muerta. Ven que los privados verían con interés en favorecer los servicios hasta la estación de Contraalmirante Martín Guerrico, a unos kilómetros de General Roca, provincia de Río Negro; y a 70 kilómetros de las vías de acceso más frecuentadas de la cuenca. “Ya tenemos la traza mapeada, aunque no hay planes específicos por el momento”, marcan.
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