POLITICA
Reforma laboral: el Gobierno impulsa un fondo obligatorio para reemplazar el actual esquema de indemnizaciones
La reforma laboral que impulsa el Gobierno, para tratar en sesiones extraordinarias, establecería cambios respecto al financiamiento del régimen de indemnizaciones por despidos. En específico, propone la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que es diferente al Fondo de Cese Laboral que el oficialismo propuso en la Ley Bases.
El FAL es un fondo que, en principio y según el documento al que tuvo acceso TN, sería obligatorio. En ese sentido, cada empresa le contribuirá un 3% de la masa salarial que funcionará como respaldo a la hora de pagar indemnizaciones.
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Es decir, este Fondo de Asistencia cubre la indemnización con aportes previos. Asimismo, el FAL lo crearía el empleador a nombre de una cuenta de la empresa. “Para el trabajador no cambia nada. El empleador es el que saca dinero de allí a la hora de la indemnización”, indicó un abogado laboralista en diálogo con este medio.
Cabe destacar que como las empresas deberán dar un 3% extra para este fondo, de lo que ya pagan, en el último borrador de la reforma laboral se indica que se les eximirá del pago del 3% de las demás cargas patronales que deben cumplir.
“En definitiva, pagarán lo que pagan hoy. No hay un cambio. Porque la empresa dejaría de pagarle al Estado el 3% que da para las jubilaciones a cambio de ofrecer eso al FAL y usarlo en pagos de despidos”, agregó el mismo especialista laboral.
Este fondo es distinto al que en su momento se aprobó con la Ley Bases, que se llama Fondo de Cese Laboral. El mismo se podía establecer entre los sindicatos y empresas en reemplazo de la indemnización por despido. Es decir, se pautaba por convenio colectivo.
No obstante, ninguno de los dos sectores involucrados lo implementó de manera cotidiana desde su reglamentación hasta ahora. Este punto fue una de las quejas que realizó Federico Sturzenegger durante su discurso en el Coloquio IDEA. “Les dimos libertad y no hacen nada”, dijo contra los empresarios.
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Con respecto a la indemnización por antigüedad o despido sin justa causa, el documento indica que el empleador le tendrá que seguir abonando al trabajador una indemnización equivalente a “UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”.
Además, el borrador agrega: “Se entiende como remuneración, a estos fines, la devengada y pagada en cada mes calendario, por cuanto no tendrán incidencia los conceptos de pago no mensuales como el sueldo anual complementario, vacaciones, premios que no sean de pago mensual, etcétera. Se define como habitual, a estos fines, aquellos conceptos devengados como mínimo seis (6) meses en el último año aniversario”.
Por último, la reforma laboral va contra la ultraactividad de los convenios, limita el derecho a huelga y busca que tenga preeminencia el convenio colectivo de las empresas por sobre el de ultraactividad. También apuesta a un banco de horas, remuneraciones por mérito e incentivos fiscales para nuevas contrataciones.
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POLITICA
La mesa política del Gobierno pone el foco en la Ley de Glaciares y en ocupar las sillas vacías de la AGN
Tras el triunfo legislativo de la semana pasada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a reunir este lunes a la mesa política del Gobierno de cara al tramo decisivo de las sesiones extraordinarias que resta en los próximos cuatro días.
En agenda está que el Senado trate la reforma laboral con la eliminación del polémico artículo 44, que fue descartado en Diputados, así como la Ley de Glaciares, el régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Este martes, además, Adorni reunirá al Gabinete en pleno por primera vez en el año. Todo se da en la previa a la apertura del año legislativo que protagonizará el presidente Javier Milei, el domingo 1° a las 21, en lo que será su tercer año allí.
Adorni convocó a la reunión de esta tarde el pasado viernes, apenas horas después de que la Cámara de Diputados votara el proyecto de ley de reforma laboral, con la eliminación del artículo 44 que incluía la reducción de los salarios en caso de licencia por enfermedad y que terminó siendo el epicentro de una fuerte polémica puertas adentro y afuera del oficialismo.
La satisfacción era total en esas horas en Casa Rosada, que con este período de extraordinarias siempre apuntó a que el presidente tuviera la aprobación de la reforma laboral, la primera de las denominadas reformas de segunda generación que se aprueba, para su discurso de apertura en el Parlamento, el 1° de marzo.
La mesa política está integrada por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem; los ministros de Interior, Diego Santilli y de Economía Luis “Toto” Caputo; el asesor Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y el subsecretario y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem.
“Se abordaron los temas previstos que se tratarán en la sesión del próximo viernes: Ley de Glaciares, Régimen Penal Juvenil y Mercosur”, dejaron trascender cerca de la cartera de Interior. Tras lo que agregaron que “también se repasó la agenda parlamentaria con miras al inicio de las sesiones ordinarias”.
Mientras que en el Gobierno ya dan por descontado las aprobaciones de la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, destacaron la prioridad que tiene el tratamiento a los cambios en la Ley de Glaciares, un punto clave en las conversaciones con buena parte de los gobernadores, cuyos apoyos terminaron siendo determinantes en la votación.
Durante la sesión preparatoria que tendrá lugar este martes, la expectativa está puesta en que el libertario Bartolomé Abdala sea ratificado como presidente previsional del Senado.
Al tiempo que hay expectativas para que se conozcan los tres nombres para las sillas que le corresponden a la Auditoría General de la Nación (AGN). Allí, el nombre que se impondría por el oficialismo tendría la impronta de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, lo que fue validado por el ala política, este lunes.
reunirá al Gabinete,su discurso de apertura,Cecilia Devanna,La Libertad Avanza,Conforme a,La Libertad Avanza,,Rumbo a 2027. Se aceleran los armados electorales para suceder a Kicillof en la provincia de Buenos Aires,,“Son todos unos descerebrados”. Carignano reivindicó el haber desconectado cables en la sesión y apuntó al bloque libertario,,Mendoza. La alianza de la UCR y LLA derrotó al peronismo en uno de sus bastiones municipales
POLITICA
El empresario que reveló la ruta del dinero de la AFA fue ratificado como querellante en la causa que más preocupa a Tapia
El empresario que obtuvo en Estados Unidos miles de documentos bancarios sobre el manejo de más de USD 300 millones vinculados a los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue ratificado este lunes como querellante en la causa que investiga el circuito internacional de fondos de la Selección argentina durante los últimos cuatro años.
La decisión, a la que accedió Infobae, fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, que analiza los movimientos financieros desde que la firma TourProdEnter fue designada agente de cobro exclusiva de los contratos en el exterior. La resolución se conoció tras la maniobra procesal impulsada por la defensa de los acusados para impedir que Guillermo Tofoni continúe interviniendo como parte activa del expediente. Es una decisión que suma un nuevo revés en la causa que más preocupa al mandamás del fútbol, Claudio “Chiqui” Tapia, y su círculo más cercano.
El 13 de febrero de 2026, la defensa de Javier Faroni y Gabriela Erica Gillette presentó un escrito solicitando que se rechace el reconocimiento de Tofoni como “parte querellante”, según documentación a la que accedió Infobae. En ese planteo, los acusados sostuvieron que el empresario no reunía la condición de “particular ofendido” exigida por el Código Procesal Penal y que, por lo tanto, no debía tener las facultades procesales que otorga la querella.
En el sistema penal argentino, la querella permite a quien se considera damnificado impulsar medidas de prueba, solicitar diligencias, controlar la producción de evidencia y recurrir decisiones judiciales. Apartar a Tofoni hubiese implicado limitar su capacidad de intervenir en un expediente que, desde su inicio, se apoya en la documentación que él aportó tras litigar en tribunales estadounidenses.
El juzgado decidió este lunes ratificar su rol de querellante, con el patrocinio de sus abogados, y dejó constancia de que queda sujeta a la jurisdicción del tribunal y a las resultas de la causa. Además, ordenó la presentación del bono de derecho fijo previsto por la Ley 23.187 y dispuso devolver el expediente a la fiscalía que dirige la investigación, conforme al artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.
La resolución fue notificada mediante cédula electrónica y representa un rechazo a la estrategia defensiva que buscaba desactivar la intervención del empresario. La causa continúa ahora bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, con la querella consolidada como parte del proceso.
Miles de documentos bancarios obtenidos en Estados Unidos, según la hipótesis investigativa, permiten reconstruir el recorrido de más de USD 300 millones vinculados a contratos internacionales de la AFA. Esa masa de información fue incorporada a la causa más complicada para Tapia, a partir de actuaciones judiciales, tanto en el exterior como en tribunales argentinos.
De acuerdo con información a la que accedió este medio, esos registros incluyen transferencias, contratos, órdenes de pago y movimientos asociados a la comercialización de partidos amistosos y otros compromisos internacionales de la Selección argentina. El período bajo análisis coincide con los últimos cuatro años, una etapa de fuerte crecimiento económico para el seleccionado tras los títulos obtenidos en América y en el Mundial de Qatar 2022.
El punto de partida es la designación de TourProdEnter como agente de cobro exclusivo de los contratos en el exterior. A partir de ese esquema, se canalizaron ingresos provenientes de distintos países, lo que dio lugar a un circuito financiero complejo que ahora es objeto de escrutinio judicial.
En el escrito presentado el 13 de febrero, las defensas de Faroni y Gillette cuestionaron la legitimación activa de Tofoni. Argumentaron que su eventual controversia con los acusados tenía naturaleza comercial y que no podía traducirse automáticamente en la condición de damnificado penal. La estrategia apuntaba a reducir el expediente a un conflicto entre privados, despojándolo del impulso adicional que implica la intervención de una querella con recursos y acceso directo a la prueba. Desde el punto de vista técnico, el debate giraba en torno a si el empresario podía acreditar un perjuicio concreto derivado de los hechos investigados.
Para la fiscalía y para el juzgado, al menos en esta etapa preliminar, la respuesta fue afirmativa en términos procesales. Al ratificarlo como querellante, el tribunal reconoció que su interés jurídico resulta suficiente para intervenir en la causa y que está en condiciones de aportar material probatorio que puede ser clave para el rumbo de la investigación.
El expediente es considerado el más sensible para la conducción actual de la AFA, porque pone bajo la lupa el manejo de fondos en el período de mayor exposición internacional de la Selección. Si bien no existen definiciones de mérito ni imputaciones firmes más allá de las ya formuladas, el volumen de dinero bajo análisis y la proyección pública del caso lo convierten en un frente delicado.
Los acusados rechazan cualquier irregularidad y sostienen que todas las operaciones se realizaron conforme a contratos válidos y dentro de los marcos normativos correspondientes. Alegan que la investigación responde a disputas empresariales trasladadas al ámbito penal. La querella, en cambio, sostiene que la complejidad del entramado financiero y la magnitud de los montos involucrados justifican una pesquisa exhaustiva, con cooperación internacional y pericias contables profundas.
Con la incidencia resuelta, el expediente regresa a la fiscalía para continuar con la producción de prueba. Entre las medidas pendientes figuran el análisis detallado de los movimientos bancarios, la eventual citación de testigos y la evaluación de nuevas solicitudes de cooperación con autoridades extranjeras.
La ratificación de Tofoni como querellante no define el resultado final del proceso, pero sí preserva la arquitectura acusatoria con la que se inició la causa. El empresario que reveló la ruta del dinero seguirá interviniendo con capacidad para impulsar diligencias y cuestionar eventuales decisiones que considere adversas.
POLITICA
La Cámara de Casación analizará si confirma el procesamiento de Alberto Fernández en la causa de los seguros
La Cámara Federal de Casación Penal revisará el procesamiento de Alberto Fernández en la causa en la que está acusado de habers interesado en que amigos suyos, productores de seguros, obtuvieran las pólizas de organismos del Estado cuando se desempeñó como presidente de la Nación.
Fernández fue procesado en primera instancia por el juez federal Sebastián Casanello y esa medida fue confirmada por los camaristas federales Roberto Boico y Martín Irurzun, con la disidencia de Eduardo Farah.
El fiscal ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe había dictaminado que correspondía dictar la falta de mérito de Fernández porque eran necesarias más pruebas, pero el tribunal desestimó su posición.
En esta causa Alberto Fernández está porcesado por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la causa donde se investigan las contrataciones de seguros del Estado con allegados al exmandatario.
La decisión de la Cámara Federal se relaciona además con supuestas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos del Estado a través de Nación Seguros.
Alberto Fernández resaltó que el fiscal de Cámara había pedido su sobreseimiento. “Tanto la Fiscalía como la defensa coincidieron en algo en aquella audiencia: el procesamiento no podía ni debía ser confirmado”, dijo la abogada del expresidente, Mariana Barbitta, y se quejó de que “se vulneró el principio acusatorio, desnaturalizando el contradictorio”.
Ahora, la Cámara de Casación deberá llamar a una audiencia donde otra vez la defensa argumentará, pero estará presente ahora otro fiscal: Raúl Plee, de la Casación. Ahí se verá si decide acusar o si, por el contrario, comparte la postura de Agüero Iturbe y pide la falta de mérito del expresidente.
El fallo que procesó a Fernández como autor del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública le impuso un embargo sobre sus bienes hasta la suma de $14.634.220.283.
Además, tiene una prohibición de salir del país confirmada por la Cámara Federal. El tribunal estimó que está corroborada la hipótesis de que hubo un “direccionamiento delictivo y ejercicio de influencia” por parte de Alberto Fernández en favor de Martínez Sosa, que está casado con la exsecretaria histórica de Fernández, María Cantero.
Los jueces destacaron que el vínculo de Fernández con Martínez Sosa no solo era de amistad, sino también económico y profesional. Este nexo, sumado al rol de poder que detentaba, se tradujo en una participación directa del expresidente en el entramado de negociaciones.
Las pruebas revelaron que la empresa de Martínez Sosa, Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, percibió el equivalente al 59,6% de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales a partir de que Fernández fue designado presidente.
Un indicio clave fueron los mensajes conocidos durante la investigación, cuando Fernández intervino personalmente, a requerimiento de Cantero, para dar continuidad a negocios que los involucraban, entendieron los investigadores.
En una comunicación de mayo de 2023, ante la preocupación de Cantero por la pérdida de un contrato en Cancillería, el exmandatario respondió: “Ya me ocupo”. Esta acción fue interpretada por el tribunal como una participación directa, haciendo uso de su cargo.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Carbajo, Hornos y Borinsky, analizará el procesamiento, el embargo y la prohibición de salida del país de Fernández. La defensa argumenta que sin acción penal es imposible avanzar y que el fiscal Agüero Iturbe había pedido la falta de mérito, convencido de que no había pruebas suficientes para un procesamiento.
el procesamiento,Hernán Cappiello,Conforme a
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