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POLITICA

El Gobierno quiere tratar la reforma laboral en Diputados el 25 de febrero y asegura que tiene los votos para sancionarla

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Tras la media sanción en el Senado, el Gobierno busca llevar la reforma laboral al recinto de la Cámara de Diputados el 25 de febrero y sostiene que cuenta con los votos necesarios para convertirla en ley sin cambios. El objetivo del Ejecutivo es cerrar el trámite durante el período de sesiones extraordinarias y evitar que el texto vuelva a la Cámara alta en segunda revisión.

No vamos a tener problemas en Diputados”, expresan en Nación. En la Casa Rosada aseguran que cuentan con un piso de 117 diputados y que ya tienen avanzadas las negociaciones para cerrar a los 12 restantes para darle sanción completa al proyecto. Ponen la mira sobre los legisladores que responden a gobernadores.

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Lo mismo aplica para los bloques dialoguistas y aliados, como el PRO y la UCR. La estrategia parlamentaria volverá a articularse a través de la mesa política de Balcarce 50 y mediante reuniones con los jefes de bancadas. El oficialismo busca ordenar el paso por comisiones y acelerar la firma de dictámenes tras el fin de semana largo de Carnaval para llegar al recinto en la última semana de febrero.

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En el entorno del jefe de Estado sostienen que las modificaciones ya incorporadas funcionaron como “punto de equilibrio” para garantizar el acompañamiento de sectores dialoguistas y prevén que se mantenga el mismo esquema de acuerdos para la Cámara Baja. Los encargados de llevar las negociaciones son el presidente de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

El Ejecutivo descarta en paralelo abrir nuevas instancias de renegociación del articulado (Foto Cámara de Diputados).

El Gobierno apunta a un tratamiento concentrado en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y busca acelerar los tiempos. La intención es sostener los cambios aprobados por el Senado, especialmente en los puntos que fueron objeto de negociación, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

El Ejecutivo descarta en paralelo abrir nuevas instancias de renegociación del articulado y advierte que cualquier modificación obligaría a demorar la sanción definitiva. Es por eso que la instrucción que bajó Nación es evitar incorporar cambios que alteren los acuerdos con los bloques aliados y los mandatarios provinciales.

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El proyecto logró media sanción en la Cámara Alta con 42 votos a favor y 30 en contra en la votación en general, luego de una sesión que se extendió por más de 16 horas y que incluyó modificaciones negociadas con bloques dialoguistas y legisladores que responden a gobernadores. La mesa política se trasladó al Congreso y Milei siguió la sesión desde la quinta de Olivos.

La Casa Rosada apunta a llegar con la reforma laboral ya sancionada a llegar al 1 de marzo, antes de que el presidente brinde el discurso de apertura de sesiones ordinarias. Es por eso que la mesa política de Balcarce 50 definió extender un día las sesiones extraordinarias a través de un decreto para llegar con los tiempos del tratamiento en la Cámara Baja.

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Gobierno, reforma laboral

POLITICA

Piden decomisarles US$5 millones y 141 inmuebles a Cristina Kirchner, su familia y Lázaro Báez

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El fiscal federal Diego Luciani, acusador de Cristina Kirchner en el caso Vialidad, pidió que a la expresidenta, su familia y Lázaro Báez les decomisen 141 inmuebles, incluido el departamento donde ella cumple prisión domiciliaria, 46 autos, US$5.656.134 y $53.280,24.

Luciani presentó un escrito, acompañado por el fiscal Diego Mola, en el que relataron que habían identificado nuevos bienes vinculados a las personas condenadas en el caso Vialidad para que se ordenara su decomiso.

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“En concreto, solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$ 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, dijeron.

Los fiscales sostuvieron que su solicitud “responde a que las personas condenadas, intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública, todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo».

“Y no solo eso -afirmaron-; también han echado mano de todo tipo de artilugios procesales, declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores. Como resultado, vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme.”

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Según los fiscales, “la resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.

Luciani y Mola afirmaron que pese a que se niegan a pagar lo que la Justicia les ordenó, “muchos de los condenados registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada”.

Los fiscales dijeron que fruto de un “trabajo constante” y de los reiterados pedidos de la fiscalía, el 18 de noviembre de 2025, el tribunal “emitió una resolución contundente” y ordenó decomisar 111 inmuebles, que incluyen 84 de Lázaro Báez, uno de Cristina Fernández, 19 de Máximo y Florencia Kirchner (recibidos a título gratuito), dos de Austral Construcciones SA, tres de Kank y Costilla SA y dos de Loscalzo y Del Curto SRL.

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Y afirmaron que el tribunal “habilitó expresamente a que se profundizaran todos los procedimientos” para hacerse de todos los bienes posibles para cubrir los montos adeudados por los condenados.

“El decomiso de nuevos bienes que presentamos en este dictamen permitirá alcanzar un total de 252 inmuebles, cuya titularidad es de Cristina Fernández, Lázaro Báez o las empresas vinculadas a estos”, anunciaron Luciani y Mola.

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Causa por violencia de género: Fabiola Yáñez rechazó un planteo y pidió que Alberto Fernández vaya a juicio oral

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En un nuevo capítulo de la causa contra Alberto Fernández por violencia de género, la exprimera dama, Fabiola Yañez, rechazó el intento de la defensa del expresidente de reiniciar la investigación y pidió que el expediente se eleve a juicio oral.

A través de un escrito presentado ante el juez Daniel Rafecas, Yañez remarcó que cualquier dilación en el proceso implicaría una revictimización.

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El documento aseguró que el expresidente “en su consciente ceguera frente a los hechos, omite advertir que este proceso ha sido examinado jurídicamente por distintos representantes del Ministerio Público Fiscal y ha atravesado diversas instancias revisoras, en todas las cuales se confirmó la legalidad del trámite llevado adelante, así como la necesidad de investigar las conductas denunciadas».

Representada por Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa, Yáñez sostuvo que Fernández implementó maniobras para que la causa vuelva a foja cero porque sabe que cuenta con “altas chances de terminar en condena”.

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Cualquier decisión que dilate el juicio, ponderó la defensa de Yáñez, hablaría de “un poder judicial corporativo al servicio de intereses inconfesables (es increíble que esto sea dicho por quien fue el máximo responsable del gobierno y poco y nada hizo para cambiar estas instituciones que, según él, estarían viciadas)”.

La causa se originó con las denuncias por los supuestos golpes y maltratos que Yañez recibió por parte del exfuncionario, ocurridos antes y durante su residencia en la Quinta de Olivos. La investigación avanzó bajo la dirección del fiscal Ramiro González, quien ya se opuso al pedido de la defensa de Fernández en un dictamen contundente.

El fiscal criticó el enfoque de Fernández, al que describió como un intento de posicionarse como víctima en un caso donde él es señalado por atormentar, golpear y amenazar a su expareja.

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La defensa de Fernández, por su parte, busca anular gran parte de la instrucción argumentando que estuvo a cargo del juez Julián Ercolini, apartado por la Cámara Federal de Casación Penal debido a una presunta enemistad con el exmandatario.

A pesar de la decisión de apartar al juez, la Cámara validó todo lo realizado en la causa por Ercolini, ya que la salida del magistrado es “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.

Fernández se encuentra procesado por amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo, en un marco de violencia de género.

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La denuncia de Fabiola Yáñez

En la causa, Fernández está acusado de ejercer violencia psicológica sobre Fabiola Yáñez durante varios años, entre 2016 y 2024. Según la denuncia, las agresiones incluyeron acoso, insultos y otros comportamientos que afectaron la salud de la ex primera dama.

Además, se le imputa haber intentado evitar que su ex pareja se presentara en la Justicia, lo que lo involucra en un delito de presunta coacción.

La acusación, confirmada por la Cámara Federal porteña en abril, sostiene que Fernández ejerció “de manera sistemática” violencia psicológica contra Yáñez, mediante “acosos, hostigamientos, controles, insultos, ninguneos y hostilidad”.

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El fiscal subrayó que el imputado “se habría aprovechado de una situación de vulnerabilidad preexistente” y que las agresiones ocurrieron tanto en el ámbito privado como en la residencia presidencial de Olivos.

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Entre las pruebas, el expediente incluye imágenes difundidas públicamente en 2023 que muestran lesiones en el brazo y en el ojo derecho de la entonces primera dama. Esas fotos, enviadas por Yáñez vía WhatsApp a la secretaria presidencial María Cantero, dieron origen a la investigación. “No existen dudas acerca de los golpes recibidos”, afirmó el fiscal González.

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Durante el año que duró la pesquisa, se tomó declaración a médicos presidenciales, personal de la Quinta de Olivos, familiares de Yáñez y allegados, así como a su esteticista. También se analizaron historias clínicas, registros de ingreso y egreso de Olivos, videos y comunicaciones telefónicas desde 2016.

Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, Justicia

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El gesto que enfureció a Grabois y la dura respuesta del dirigente en medio de la sesión

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El dirigente social Juan Grabois mantuvo un duro cruce este jueves con el diputado de La Libertad Avanza Álvaro Martínez en plena sesión en la Cámara de Diputados donde el Gobierno busca aprobar un nuevo régimen penal.

El conflicto se originó mientras Grabois había uso de una cuestión de privilegio. Mientras hablaba, Martínez tomó un abanico y lo agitó en medio del recinto, e insinuó ofrecérselo.

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El gesto hizo alusión a imágenes virales que trascendieron este miércoles cuando una mujer por momentos abanica a Grabois mientras se encontraban parados. Ocurrió durante la protesta por la reforma laboral.

La respuesta de Grabois no se hizo esperar y, entre insultos, calificó al diputado de “bobo” y “tontito”.

“¿Te lo trajiste para hacer el espectáculo? Es medio bobo lo que estás haciendo. Sos medio tontito vos”, manifestó.

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