POLITICA
Reforma laboral: los gobernadores piden que intervenga Luis Caputo para frenar la baja impositiva

Patricia Bullrich sigue con su gira costera y sube videos hablando con empresarios sobre la reforma laboral. El eje está en el trabajo no registrado, una constante en los negocios de verano, por lo que no es difícil encontrar hombres y mujeres de negocio que hagan referencia a este tipo de situaciones.
Pero mientras Bullrich recorre la costa bonaerense, los gobernadores mantienen encuentros y conversaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli. El funcionario nacional tiene que recolectar los votos de los diputados y senadores que responden a los jefes de los estados provinciales y, hasta ahora, el resultado no es del todo el esperado.
El “Colorado” tiene como función la negociación, pero se está encontrando con un pedido que no sabe si puede saldar. Y llegó de parte de los gobernadores que suponían más simple la conversación. “La baja de impuestos de la reforma laboral nos mata”, aseguran que le dijo un gobernador dialoguista del norte. La misma frase la escuchó de parte de otros mandatarios con diferentes variantes, pero el reclamo es el mismo.
La preocupación se concentra en la caída de Ganancias para las empresas que propone la norma. Este es un impuesto coparticipable y, con una Casa Rosada poco adepta a abrir la billetera y casi sin obra pública, la preocupación es cómo van a transitar este año.
“Hay una idea de parte de varios de los jefes de los estados provinciales, pero para eso hace falta que se sume a la negociación Caputo“, explicó una fuente provincial. La idea que le llevaron a Santilli es que la baja impositiva quede supeditada al crecimiento de la actividad económica. Es decir, que las provincias tengan la posibilidad de recaudar por actividad lo que caiga de la coparticipación nacional.

El pedido incluye la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en las conversaciones ya que la rebaja de impuestos no entrará en vigencia de manera automática si el proyecto se aprueba en el Congreso. En el dictamen que se firmó en el Senado -y que el oficialismo espera llevar al recinto en diciembre- se incorporó un artículo que establece una condición clave que posterga su aplicación y traslada la decisión final al Ministerio de Economía.
El artículo 212 establece que varias disposiciones no comenzarán a regir por el solo hecho de la sanción de la ley, sino cuando así lo disponga el Ministerio de Economía, en función de las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal. En particular, se refiere a que todos los cambios que incluyan el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), las modificaciones a leyes impositivas y la reducción de la carga tributaria, sólo entrarán en vigencia cuando lo determine el Ministerio de Economía y no cuando los apruebe el Congreso de la Nación y se reglamente.
Este punto es muy relevante porque los distritos enfrentan un año en el que 18 gobernadores tienen pensado empezar a trabajar de cara a su reelección. Las elecciones de medio término los puso en alerta.
“Los libertarios donde cerraron acuerdos para las elecciones de medio término se quedaron con las listas y donde no cerraron, pusieron gente a competir. No tienen gobernadores, es obvio que van a pelear en el 2027, y si los actuales no tienen fondos van a terminar gestionando la escasez frente a una fuerza política que crece”, señaló un asesor de una provincia del centro del país.
En este esquema, los gobernadores buscan un seguro que les permita llevar adelante una gestión que se pueda mostrar. Para eso necesitan fondos y los avales para tomar deuda en el exterior, como ofrece Santilli a cambio de los votos, no parecen ser la mejor solución para todos. “Si existe el Compromiso real de Caputo tienen una chance, pero ya nos pasó con Francos, que prometía cosas que después Caputo no habilitaba. No hay margen para que vuelva a suceder”.
Por ahora no hay un llamado a sesiones extraordinarias ni las mesas de trabajo que adelantó Bullrich que iba a citar. Por ahora los gobernadores mantienen bajo su manga la decisión de acompañar o no, y así se lo están haciendo saber a la jefa del bloque de LLA en el Senado y al ex diputado del PRO en sus recorridas provincias.
POLITICA
El Gobierno sigue revisando los pliegos judiciales y admite que puede demorarse el envío al Senado

El Gobierno sigue revisando los pliegos para cubrir vacancias judiciales y advierte que puede dilatarse el envío al Senado. En el Ejecutivo reconocen que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sigue retocando las nóminas y que los expedientes todavía no llegaron a la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal.
Más allá de que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció este miércoles que serían remitidos “hoy mismo” a la Cámara Alta, en la Casa Rosada admiten que el proceso de selección definitiva no está “tan avanzado” y que puede enviarse en los próximos días. “No está todo cerrado”, agregan.
El ministro coordinador informó en conferencia de prensa que el Ministerio de Justicia enviaría 60 pliegos y que luego seguiría remitiendo los restantes. Lo presentó como parte de una estrategia para recomponer “el funcionamiento del sistema judicial”, en un contexto de fuerte crecimiento de las vacantes.
Cerca del ministro de Justicia aseguran, de todos modos, que la intención es enviar los pliegos cuanto antes. Se trata del área que interviene en la revisión final de los expedientes antes de que sean formalmente girados para la firma de Javier Milei y que responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo.
“La definición es mandar los mejores candidatos, no hacerlo rápido”, expresan en Nación. Es por eso que hay diferencias entre el anuncio político y el estado administrativo de los pliegos. Según fuentes oficiales, hay algunas candidaturas para jueces, fiscales y defensores oficiales que siguen abiertas y bajo análisis.
Hay en la actualidad 364 cargos vacantes sobre 1002 en la justicia federal y nacional, lo que equivale a más de un tercio del total. En tribunales advierten además que, si no hay nombramientos, el nivel de vacancias podría seguir creciendo en los próximos meses, con impacto en fueros sensibles de la Capital y del interior del país.
Leé también: La Casa Rosada afirma que habrá cambios en el ejercicio militar entre la Argentina y EE.UU.
En el Gobierno remarcan que una parte de esa demora se explica por una decisión tomada al comienzo de la gestión. En diciembre de 2023, Javier Milei retiró del Senado todos los pliegos que habían sido enviados por la administración anterior y, desde entonces, no remitió nuevas propuestas para cubrir cargos federales. Eso hizo que el volumen de vacantes siguiera creciendo por jubilaciones, renuncias y fallecimientos.
La revisión actual quedó en manos de Mahiques, que asumió hace pocas semanas en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. En su entorno aseguran que está terminando de ordenar el universo de ternas disponibles y que busca definir qué nombres enviará primero al Senado. El ministro estuvo reunido este martes con Milei en la quinta de Olivos para la revisión de la reforma del Código Penal.
Gobierno, pliegos, Senado
POLITICA
El Gobierno envía la Senado los pliegos de 62 jueces, fiscales y defensores, pero no da a conocer los nombres

El Gobierno envió esta noche al Senado los pliegos de 62 jueces, fiscales, defensores oficiales y conjueces, con lo que abrió el proceso para cubrir las vacantes de la Justicia federal y nacional, que llegan a más del 37% del sistema judicial. El anuncio lo realizaron esta noche fuentes del ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques.
Los pliegos elevados al Senado son 55 de jueces, fiscales y defensores oficiales y 7 conjueces, que son abogados de la matrícula, para que los senadores les den acuerdo y puedan suplir a los jueces hasta su nombramiento definitivo.
Actualmente hay 203 ternas con jueces nacionales y federales en manos del Poder Ejecutivo, que deben ser enviados al Senado para que puedan ser nombrados. Son cargos que ya se concursaron en el Consejo de la Magistratura, y las ternas de candidatos fueron elevadas al Poder Ejecutivo.
Ahora el Gobierno seleccionó un nombre para cada cargo, pero todavía no los dio a conocer. Basta con el voto de la mayoría simple de los senadores para que sean aprobados los pliegos. Luego deben ser designados por decreto del Poder Ejecutivo.
Las vacantes en la Justicia federal y nacional son una de las principales preocupaciones de la Corte Suprema. El Gobierno venía prometiendo hace dos años que iba a enviar los pliegos al Senado. El entonces ministro Mariano Cúneo Libarona no llegó a hacerlo. Ahora el proceso avanzó con Mahiques, que llegó al ministerio con el aval de Karina Milei.
Noticia en desarrollo
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno lanzará a fin de marzo la licitación del Belgrano Cargas y apunta a tenerlo privatizado en diciembre

En el marco de su plan de privatizaciones, el Gobierno avanza con la concesión del sistema de trenes Belgrano Cargas y planea cumplir con el llamado a licitación en los próximos días, con el objetivo de que todo el proceso esté finalizado para principios de diciembre, aunque algunos oferentes ya expresaron sus cuestionamientos por el modo en el que se hará la compulsa.
Según pudo saber Infobae, así se los expresaron las autoridades nacionales a los empresarios interesados, durante una de las jornadas del Agentina Week, que se desarrolló a mediados de este mes en la ciudad de Nueva York.
En ese marco, la gestión libertaria expuso los principales lineamientos del plan y sus plazos, además de estimaciones de las inversiones que llegarían al país a partir de este proyecto, estimadas en casi 800 millones de dólares.
Por su parte, a lo largo de ese evento, algunos funcionarios, como el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, recibieron a representantes de distintas compañías que podrían competir por hacerse con la operación de la red ferroviaria.
En la presentación, que se llevó adelante en el Consulado General argentino, el equipo del Belgrano Cargas inició con un análisis sobre la situación actual del sistema: de acuerdo con los datos oficiales, la red exhibe una densidad de carga de 0,63 millones de toneladas-kilómetro por kilómetro de vía, un nivel que contrasta con los 3,40 de Brasil y se ubica muy por detrás de los 24,20 de Australia.

De acuerdo con los gráficos de la exposición, el sistema argentino no logra absorber la expansión agrícola, ya que el volumen transportado por trenes permanece en torno a los 25 millones de toneladas anuales durante más de cinco décadas.
El modelo vigente, definido como “un círculo vicioso” de baja carga y recursos insuficientes para el mantenimiento, dejó como saldo una infraestructura degradada y una débil capacidad logística.
La propuesta que el Gobierno expuso en los Estados Unidos apunta a transformar el esquema de gestión de “concesión vertical” y pasar a uno de “acceso abierto” (Open Access, en inglés), en el que la administración de la infraestructura ferroviaria quedaría separada de la operación de trenes.
El esquema contempla tres ejes: un administrador de infraestructura responsable del control de tráfico, mantenimiento y asignación de turnos; operadores de carga privados que competirán por el servicio pagando peaje; y concesionarios de talleres ferroviarios, con contratos de cincuenta años para el mantenimiento de material rodante.

El alcance de la privatización comprende 7.594 kilómetros operativos a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que recorren 16 provincias y conectan con cinco pasos internacionales (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay).
El material rodante se subastará por separado, entregando dos lotes de locomotoras y otros dos lotes de vagones por cada una de los tres ramales mencionados.
El contrato no prevé cánones ni subsidios estatales, sino que el concesionario obtendrá ingresos por el cobro de peajes sobre los operadores y la explotación comercial de inmuebles linderos a la traza ferroviaria, entre ellos silos y parques logísticos.
El plan exige inversiones por 755 millones de dólares: 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza, y se fijó un límite de financiamiento de 435 millones de dólares para el conjunto del proyecto.
El acuerdo incluye mecanismos de protección jurídica para el concesionario, con derecho a renegociar condiciones ante cambios legales o eventos extraordinarios. Además, el pliego incorpora cláusulas de arbitraje internacional bajo reglas UNCITRAL y derechos de “step-in” para los acreedores, lo que les otorga la posibilidad de intervenir en caso de incumplimientos antes de que el Estado rescinda el contrato.
El cronograma oficial establece que la licitación se lanzará a fines de marzo. A partir de ese momento, los oferentes tendrán 90 días para presentar propuestas.
La adjudicación y la firma del contrato se concretarán entre junio y julio, seguidas de un período de transición —también de 90 días— para inventarios y traspaso de personal. El objetivo es que en diciembre los nuevos operadores privados asuman el control efectivo del servicio.

Durante la Argentina Week, los representantes del Grupo México, una de las firmas que ya anunció públicamente su deseo de presentarse en esta licitación, les reiteró a los funcionarios sus críticas hacia el sistema de “Open Access”.
La compañía, que ya opera en su país y también en varias partes de los Estados Unidos, busca que tanto el material rodante, como la infraestructura (talleres) y la operación se incluyan en una misma oferta, para garantizarse contar con el sistema completo pra trabajar, y a cambio prometen una inversión de unos 3 mil millones de dólares para las líneas Belgrano y Urquiza, mucho más de los casi 800 millones que plantea el Gobierno.
“En todos lados se hace de esa forma, porque el mecanismo de acceso abierto solo se implementó en Inglaterra y fracasó. Como está armado ahora, se está pensando solamente en el mercado agrario, cuando la red puede beneficiar también a la minería y a otros sectores importantes de la economía, aunque para eso es necesario un plan más integral”, explicaron a este medio fuentes al tanto de la postura mexicana.
En febrero último, los representantes del grupo viajaron a la Argentina para reunirse con el flamante secretario de Transporte, Fernando Herrmann, y ratificar el pedido de que se revea el formato de la licitación.
La estructura que propone el Poder Ejecutivo para este proceso, por el momento, sigue estando dividida en dos partes: una oferta A por la concesión de vías e infraestructura solamente, y una oferta B por la concesión de vías más el adquisición de material rodante.
POLITICA2 días agoEl mensaje de Milei sobre la “traición” que llamó la atención en el Gobierno y también en la oposición
POLITICA1 día ago24 DE MARZO: La historia completa que el relato omitió sobre el golpe de 1976 y el Juicio a las Juntas
ECONOMIA2 días agoA cuánto llegará el dólar en abril de 2026, según los principales analistas de mercado











