POLITICA
Reforma laboral: qué cambios aceptaría el Gobierno y la gira de la CGT para presionar a los gobernadores
El Gobierno y la CGT reanudarán la semana próxima en forma oficial sus negociaciones para introducir cambios en la reforma laboral, pero los líderes cegetistas, sin garantías de un resultado satisfactorio, decidieron hacer dentro de 15 días una gira por varias provincias para hablar con los gobernadores y tratar de convencerlos de no votar el proyecto oficial tal como está hoy.
Así lo decidieron los cotitulares de la CGT Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que ya tienen un itinerario tentativo: viajarán a Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, en una primera etapa, y luego se trasladarán a la Patagonia para verse con los mandatarios de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
En todos los casos, quieren presionar en forma directa para evitar que el Gobierno, que envió al ministro del Interior, Diego Santilli, a hacer casi los mismos contactos, imponga una versión de la reforma laboral tal como fue presentada en el Senado, que contempla puntos considerados inaceptables por la dirigencia gremial.
De todas formas, los sindicalistas harán especial hincapié ante los mandatarios en cómo el capítulo impositivo incluido en la reforma laboral de Javier Milei tendrá un fuerte impacto negativo sobre los ingresos que las distintas provincias reciben por coparticipación federal.
Un reciente informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) afirma que las modificaciones al Impuesto a las Ganancias representan un costo fiscal anual directo del 0,22% del PBI, lo que equivale a $1,9 billones. De esa suma, la Nación asumiría $790.000 millones, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires afrontarían una pérdida de $1,12 billones.
Entre los principales cambios, el proyecto de reforma laboral plantea una reducción de alícuotas para sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para alquileres destinados a vivienda. Según los gobernadores, eso reduce la base tributaria de la cual se distribuyen los fondos, lo que redundaría en menores envíos automáticos de recursos a los distritos.
Mientras, el viernes 16 de enero comenzará formalmente a trabajar una comisión técnica en el Senado, piloteada por la abogada laboralista Josefina Tajes, asesora de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que evaluará con los representantes de la CGT algunas modificaciones en el proyecto, con la idea de que, si hay acuerdo, a partir del 26 de enero se apruebe un nuevo dictamen en comisión y ese sea el texto consensuado (aunque sea parcialmente).
¿Qué pide la CGT y qué aceptaría cambiar el Gobierno? Por un lado, los libertarios se resisten a modificar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de la cuota de afiliación. En la Casa Rosada advierten: “Quedó muy a tono con lo que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que no está bien que un actor social tenga que trabajar para otro, como sucede en este caso si los empleadores tienen que ser los que retengan y giren los fondos de las cuotas sindicales”.
Sí, en cambio, el Gobierno aceptaría liberar las cuotas solidarias y eliminar los artículos que limitan el pago de estos aportes compulsivos que, pactados a través de los convenios colectivos, financian a los sindicatos. Es, en el fondo, uno de los puntos que más desvelan a los dirigentes gremiales. Y habría predisposición libertaria a buscar una fórmula para que sigan casi como ahora. Aun así, algunos referentes del oficialismo sospechan que la estrategia de Patricia Bullrich sería “demostrarle a la sociedad que lo que exige la CGT es solo en beneficio del poder sindical y no de los trabajadores”.
Otro punto que la administración Milei concedería a la CGT es suavizar lo máximo posible la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, entre otras actividades. Se impondría la idea del ala dialoguista del Gobierno de quitar los porcentajes de servicios mínimos que deben garantizarse en caso de huelga (75% y 50%) para los sindicatos se autorregulen y si no es así, en todo caso, que la Comisión de Garantías que funciona en la Secretaría de Trabajo disponga porcentajes tentativos de servicios mínimos.
Un tema aun sin resolverse está vinculado con la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar los despidos sin causa de trabajadores. El problema es que este Fondo implica que las empresas aporten el 3% de la masa salarial bruta para cubrir indemnizaciones y, a cambio, reciben una reducción del 3% en sus contribuciones patronales al sistema previsional, algo que desfinanciaría las jubilaciones: según algunos expertos, tendrá una pérdida de 3.000 millones de dólares anuales. Pero, según fuentes oficiales, en el Ministerio de Economía aseguran que “con el IVA y todas las otras fuentes de financiamiento alcanza para que se mantenga el financiamiento del sistema previsional”. La CGT desconfía y quiere ver los números para analizarlos.
Por otra parte, aunque la CGT consiguió que en la versión final de la reforma laboral los sindicatos con personería sean los que tendrán que refrendar los convenios por empresa (y no las comisiones internas), el proyecto oficial establece la prelación de esos convenios “menores” por encima de los pactados por actividad e incluso incentiva la creación de sindicatos por empresa. Dos puntos que la central obrera buscará atenuar como sea para que en la negociación colectiva siga predominando el unicato sindical. En el Gobierno estarían dispuestos a eliminar el artículo que facilita los sindicatos por empresa (que están contemplados hoy en la ley, pero el poder lo tienen los sindicatos más representativos por rama de actividad).
La CGT ya había logrado que se eliminara de la última versión de la reforma laboral un artículo que reducía a la mitad la cantidad de delegados sindicales por empresa, pero ahora quiere modificar otros que fijan un máximo de 10 horas al mes con goce de sueldo para las tareas gremiales de los delegados y que les ponen límites a los representantes amparados por la tutela sindical. De la misma forma, apunta contra el artículo que obliga a que se pida autorización previa a los empleadores para hacer las asambleas de trabajadores en las empresas. El Gobierno no quiere aflojar en estos temas, que alivian a las empresas y les ponen límites a los sindicatos.
Otra obsesión de la CGT es eliminar el artículo 161 de la reforma laboral, que reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Para la dirigencia cegetista, “esta modificación, presentada como un alivio para los empleadores, implica en los hechos un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral: las estimaciones oficiales indican que esta rebaja representa una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, equivalentes a aproximadamente el 0,1% del PBI”. En el Gobierno, por ahora, están firmes: aseguran que esa pérdida podría compensarse si las obras sociales fueran eficientes en su gestión y se evitaran gastos superfluos en la administración de estas entidades.
Se vienen semanas decisivas de negociaciones y presiones, en donde el Gobierno y el sindicalismo jugarán fuerte para ponerle su sello a la reforma laboral, que parece de inevitable sanción, pero no es intocable.
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El ministro del Interior, Diego Santilli, suspendió su visita a la provincia de Chubut debido a la reprogramación solicitada por el gobernador Ignacio Torres, ante la posibilidad de que se registren lluvias que ayuden a controlar los focos activos.
Pese a la cancelación del encuentro, el Gobierno Nacional ratificó su compromiso de girar recursos para enfrentar la catástrofe que ya consumió más de 12 mil hectáreas. Días atrás, Santilli recorrió junto al mandatario provincial las localidades de El Hoyo y Epuyén, identificadas como dos de los focos más complejos de la región.
Durante esa recorrida, el ministro acompañó los operativos conjuntos realizados por las fuerzas provinciales y las nacionales, las cuales se encuentran bajo la coordinación de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El funcionario destacó que la Nación “está poniendo toda la logística para enfrentar la situación y trabajar coordinadamente con Chubut y las provincias que atraviesan este tipo de incendios”.
En el marco de las gestiones, el gobernador Torres le reclamó formalmente a la administración central la declaración de la emergencia por los incendios. Esta medida es considerada fundamental por las autoridades locales, ya que permitiría activar mecanismos de asistencia directa para los ciudadanos damnificados.
Santilli, por su parte, subrayó que ambos gobiernos “están trabajando en conjunto desde el primer momento” para dar respuesta a la situación de gravedad absoluta que atraviesa la Patagonia.
El ministro del Interior también respaldó la decisión de la provincia de investigar las causas de los siniestros y buscar a los culpables. El funcionario enfatizó la importancia de este accionar judicial ante lo que calificó como una situación de peligro extremo para los recursos naturales y la población.
Finalmente, el Ministerio del Interior aseguró que la coordinación logística se mantendrá firme mientras persista la emergencia. El operativo continúa desplegando recursos técnicos y humanos en el terreno para intentar contener el avance de las llamas.
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POLITICA
Se agrava la interna de la UCR: pese al intento de sellar la unidad, se profundiza la división en el Congreso
A poco más de un mes de haber asumido la conducción nacional de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella enfrenta su primer conflicto interno. El intendente de Venado Tuerto -que busca sellar la unidad en la UCR- se encontró rápidamente con una escalada de tensiones que ya llegó al Comité Nacional: un sector del partido pidió que se le retire la identificación partidaria a uno de los bloques radicales en Diputados.
El planteo fue presentado a través de una nota firmada por los legisladores que integran Provincias Unidas: Mariela Coletta, Pablo Juliano, Martín Lousteau, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán. En el documento reclaman ser reconocidos como la única expresión orgánica de la UCR en la Cámara baja y buscan impedir que otros legisladores utilicen el nombre del partido.
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Entre sus argumentos, los diputados firmantes señalan que el sello del partido debe estar asociado a una conducta alineada con el ideario histórico del radicalismo.
En la actualidad, la bancada radical se encuentra fragmentada en dos grupos: seis diputados responden a Provincias Unidas, bajo la conducción de la santafesina Gisela Scaglia, mientras que otros seis integran el bloque encabezado por la mendocina Pamela Verasay, que conserva el sello tradicional.
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“Es extemporáneo el planteo”, señalaron a TN en el entorno del sector apuntado. En ese sentido, explicaron que en diciembre -previo a la conformación de los bloques- hubo dos reuniones, una en la que se planteó mantener un solo bloque, respetando las diferencias e incluso dando cierto libre albedrío en las votaciones; y una segunda, donde se oficializó la salida de los legisladores al bloque de Provincias Unidas.
“Le hicieron lo mismo a (Mario) Negri, a (Rodrigo) De Loredo. Es su modus operandi”, remarcaron a este medio. Y apuntaron contra el expresidente del partido: “Martín Lousteau lo hizo las dos veces anteriores. Y ahora otra vez”.
El malestar en el sector identificado con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se retrotrae a un debate sobre el rumbo que debe tomar el partido. El sector referenciado en el mandatario apunta a renovar el partido y también acercarse al electorado que hoy ostenta La Libertad Avanza y antes -sostienen- era radical. El otro espacio intenta mantener las banderas históricas de la UCR.
“Si sos radical tenés que quedarte en el bloque, pese a poder votar diferente”, remarcó otro referente del partido. Además, un legislador del bloque apuntado por Lousteau y compañía explicó: “El bloque radical busca ser un partido moderno, de unidad. Que vea cómo se ha transformado el país y la sociedad”. Y sentenció: “Ellos quieren el radicalismo que ya no existe más”.
Y en medio del debate y la disputa simbólica por el sello, subyace una dura realidad: el radicalismo pasó de tener un bloque de 33 diputados a quedarse solo con 12 y divididos en 2 de 6. Luego queda Karina Banfi que armó un monobloque.
Desde el bloque que hoy lleva el rótulo de UCR, advierten que Provincias Unidas “dice una cosa y hace otra”. “Ellos dieron quorum en la ley de Presupuesto. Y se abstuvieron, no votaron en contra. En lo discursivo son opositores, pero en las acciones le hacen el juego”, aseguraron.
“Hay una tensión muy fuerte dentro del partido. Hay que convertirlo en una herramienta que lea a la ciudadanía. No es LLA o Provincias Unidas”, resaltó un dirigente histórico del radicalismo.
Pese al enfrentamiento, cerca de Cornejo sostienen que “la puerta al diálogo está siempre abierta”. Y apuntaron: “El trabajo de unir el radicalismo es de la conducción. Nosotros hicimos todos los esfuerzos. El que se fue, que venga. No lo vamos a ir a buscar”.
La postura de la presidencia de la UCR
Este miércoles a las 19 hay una reunión de la mesa directiva del Comité Nacional de la UCR. Sin embargo, la cita estaba pautada de antemano y -de momento- no tiene previsto tratar este planteo legislativo en ese encuentro, que será virtual. El dato: una de las firmantes del pedido debería participar del convite.
Según pudo saber este medio, Chiarella no va a hacer ninguna declaración al respecto. Él y su entorno están enfocados en armar una agenda con presencias en todo el país. “No se va a mover de su foco que es trabajar para lograr unidad”, ratificaron en su entorno a TN.
La intención es que los sábados y domingos, que es cuándo baja un poco la actividad en Venado Tuerto (donde es intendente), viaje a diferentes provincias. Este fin de semana arranca en San Luis y Cruz del Eje, donde el domingo va a participar de un homenaje a Arturo Illia en la casa en la que vivió.
UCR, radicalismo, Congreso
POLITICA
El Gobierno se comprometió a mandarle fondos a Chubut para atender la emergencia por los incendios
El gobierno nacional se comprometió este martes por la noche a mandarle a Chubut fondos para la emergencia que atraviesa la provincia en medio de los incendios forestales que, en base a la principal hipótesis del Ministerio Público Fiscal local, fueron intencionales. Así pudo confirmarlo de fuentes de la Casa Rosada y del Ejecutivo provincial.
La medida se cerró mientras todavía persisten focos activos en algunos lugares de la provincia y cuando se calculan en más de 12.000 las hectáreas afectadas por las llamas. Asimismo, en medio de las críticas que llegaron contra la gestión nacional desde ese territorio, como así también desde la oposición y los brigadistas, y de las denuncias por una subejecución de partidas para el manejo del fuego en 2025.
De momento, voces del Gobierno y de la administración de Chubut aseguraron que no está definido el monto que se girará, pero que será a través de ATN que llegarían a las arcas chubutenses en los próximos días. Dijeron que eso acordaron en una conversación telefónica el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres.
Asimismo, en esa charla los exsocios en Pro definieron que la visita del ministro libertario, que iba a desembarcar mañana en Chubut por segunda vez junto a su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se posponga para otro momento. Fuentes cercanas a Santilli señalaron que fue Torres quien pidió pasar para otro día la llegada de los funcionarios de Javier Milei a Chubut, porque mañana hay anuncio de lluvias en las zonas afectadas por los incendios.
En las últimas horas, Torres destacó la cooperación que se estableció con el gobierno nacional a través de las distintas carteras que colaboran en la emergencia, pero también se quejó por la subejecución de partidas el año pasado para manejo del fuego. “Subejecutar una partida no es ahorro fiscal, es ser un mal funcionario”, expresó en Radio Mitre el gobernador, que tiene vaivenes en la relación con la Casa Rosada -que incluyeron momentos de altísima tensión con Milei-, pero que evitó polemizar en medio de la grave situación que atraviesa en su territorio.
De acuerdo a Chequeado, en 2025 se dejó sin ejecutar 25% del presupuesto asignado al manejo del fuego, lo que -siempre en base a ese medio- equivale a casi $20.000 millones.
En tanto, sectores opositores más duros con la Casa Rosada calcularon un recorte de 70% en el presupuesto de 2026 para esta área.
Por su parte, en medio de los dardos, en el Gobierno buscaron desoír los cuestionamientos y mostrar proactividad ante los incendios en el sur. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que distintas áreas del Gobierno -la Agencia Federal de Emergencias, la Administración de Parques Nacionales, los ministerios de Defensa, Capital Humano y Salud, la Cancillería y Vialidad Nacional- desplegaron “todos sus recursos para el combate contra el fuego”, tanto “humanos, logísticos como materiales”.
El Presidente -que siguió el tema desde Buenos Aires y no viajó a Chubut- avaló el mensaje de Adorni y agradeció a los que trabajaron para que lleguen los recursos, como así también a “brigadistas, bomberos y voluntarios” que trabajan en las zonas afectadas. “Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”, señaló Milei el fin de semana.
Chubut,Chequeado,https://t.co/7iGAoGSUtE,January 12, 2026,Paula Rossi,Javier Milei,Diego Santilli,Ignacio Torres,Conforme a,,La SIDE de Milei. La libertad, en manos de la Justicia,,»Boludeces no». Sturzenegger celebró las reformas impulsadas por la gestión Milei con un dardo a La Cámpora y salieron a cruzarlo,,»Admiración por Moisés». Milei reveló que mudó su cuarto en Olivos y ahora duerme en la «casita» de las herramientas,Javier Milei,,Detuvieron al agresor. Lilia Lemoine denunció que un hombre atacó su casa a pedradas durante la madrugada,,»Boludeces no». Sturzenegger celebró las reformas impulsadas por la gestión Milei con un dardo a La Cámpora y salieron a cruzarlo,,La SIDE de Milei. La libertad, en manos de la Justicia
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