Hace 72 horas, el Gobierno había decidido eliminar varios artículos de la reforma laboral para acercarse a la CGT. Este fin de semana, presiones internas hicieron que se discutiera otra vez la inclusión de uno de ellos, la limitación de las cuotas solidarias, que es el más importante para el poder sindical porque tiene que ver con la forma en que se financian los gremios.

En esta tarde del lunes el tema aún está en debate entre los máximos referentes libertarios y los tiempos juegan en contra porque la idea original es presentar oficialmente el proyecto de reforma laboral este martes, como se anunció, o a lo sumo el miércoles, antes de que sea elevado al Congreso para que se trate en el período de sesiones extraordinarias.

Las cuotas solidarias son el recurso clave para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos a todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, de una suma pactada con los empresarios dentro de los convenios colectivos de trabajo. Para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, son “peajes sindicales” y por eso defendió la incorporación de un artículo (idéntico al del DNU 70) que condicionaba el pago de esos aportes al consentimiento explícito de los trabajadores, algo que rechaza la CGT porque complicaría el pago de ese ítem a los sindicatos.

La CGT pidió al Gobierno la eliminación de ese artículo, entre otros, y finalmente lo había logrado gracias a sus charlas con el asesor presidencial Santiago Caputo y dos alfiles de Karina Milei: el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem,y el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.

Sin embargo, este fin de semana, mientras se preparaba la versión definitiva de la reforma laboral, Sturzenegger volvió a la carga con el artículo sobre las cuotas solidarias y tuvo el apoyo, entre otros, de la senadora electa Patricia Bullrich, que ya no es ministra pero tiene mucho predicamento interno.

Del otro lado, resisten el regreso de ese polémico artículo Santiago Caputo, los Menem y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, porque creen que desatará una dura batalla con el sindicalismo que podría complicar la sanción de la reforma laboral.

Fuentes oficiales aseguraron a Infobae que ese punto es prácticamente el único que no pudo definirse del proyecto oficial y que Javier Milei no dio su opinión sobre el tema sino que pidió que le llevaran un texto que tuviera consenso dentro del gabinete.

Por eso se trabó inesperadamente la redacción final del proyecto, cuya presentación estaba prevista para este martes, pero ahora nadie sabe si habrá que postergarlo hasta el miércoles: el artículo sobre las cuotas solidarias sigue en pleno debate interno.

El tema no es menor: si se mantiene su eliminación, la CGT tendrá menos argumentos de peso para oponerse de manera frontal a la reforma laboral; si queda en el proyecto, en cambio, esa propuesta jaqueará el financiamiento de los sindicatos y se precipitará una guerra de final impredecible.

En el Gobierno hay quienes insisten en que hay que pacificar el frente sindical, mientras que otros creen que aunque se acepte el pedido de la CGT tampoco habrá un apoyo explícito a la reforma laboral.

Como anticipó Infobae, aunque se elimine la propuesta de Sturzenegger quedaría un impedimento incluido en otro artículo para que el descuento de las cuotas solidarias lo recaude el sector empleador. La ley actual dice que “los empleadores estarán obligados a actuar como ‘agente de retención’ de los importes que, en concepto de cuotas afiliación u otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial». Ahora, se restringió ese ítem a “las cuotas de afiliación” y se estableció: “Siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”. Lo que quiere decir que los empleadores no estarán obligados a retener las cuotas solidarias para girárselas a los sindicatos.

Otro punto que se modificó en favor de la CGT en la última versión de la reforma laboral es el que establece la prelación del convenio por empresa respecto del convenio por actividad: se agregó que deberán ser negociados y firmados por el sindicato con personería, algo que saca de esta instancia a las comisiones internas y respeta la incidencia exclusiva del tradicional unicato gremial.

Son dos de los cambios que más reclamaba la CGT, aunque quedaron otros artículos que el sindicalismo buscaba eliminar o suavizar.

Uno es el que restringe la ultraactividad de los convenios, donde incluso se suma una disposición transitoria que resulta inquietante para los gremialistas: establece que “en el plazo de un año contado desde la promulgación de la presente ley, la Secretaría de Trabajo convocará a las partes legitimadas para negociar, y/o renegociar y/o ratificar las cláusulas de los Convenios Colectivos que estuvieran vencidos”.

Y agrega: “De oficio, o por petición de cualquiera de las partes legitimadas para negociar un Convenio Colectivo de Trabajo, cualquiera sea su nivel, cuyas cláusulas normativas se hallaren vigentes sólo por ultraactividad, la Secretaría de Trabajo podrá suspender los efectos del acto de homologación si se demuestra que su aplicación genera ‘distorsiones económicas graves que afecten el interés general’”.

La CGT también quiere borrar del proyecto el agregado que considera infracción muy grave a “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”, lo que permitirá que en casos de bloqueos contra las empresas se responsabilice y se pueda sancionar a las cúpulas sindicales.

El sindicalismo también rechaza la dura reglamentación del derecho de huelga, que está incluida en el proyecto y ya figuraba en el DNU 70 y en el decreto 340, ambos frenados por la Justicia.

Si bien el número de delegados por empresa se mantendrá como hoy (el artículo que lo reducía a la mitad se eliminó), el proyecto insiste en los límites a las asambleas para evitar que se conviertan en medidas de fuerza e incluso se incorporó un inciso que considera una práctica desleal del sindicato “intervenir o interferir intencionalmente afectando el desenvolvimiento de la actividad de la empresa mediante la convocatoria a asambleas violando los términos del artículo 20 bis de la presente ley, u otras medidas de acción directa”.

Se incorporaron, además, dos prácticas desleales del sindicato que la CGT rechaza: “Rehusarse a negociar colectivamente con los representantes de la parte empleadora legitimados para hacerlo o provocar dilaciones que tiendan a obstruir el proceso de negociación”, y “no acatar la conciliación obligatoria dispuesta por la autoridad con facultades suficientes”.