El Gobierno comunicará en los próximos días al Congreso la ampliación del temario de sesiones extraordinarias, previstas del 2 al 27 de febrero, e incluirá el debate por un nuevo Régimen Penal Juvenil. La decisión reactivará en la Cámara de Diputados la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores.

De acuerdo a lo que explicaron fuentes del oficialismo consultadas por TN, la expectativa es que el proyecto no se convierta en ley durante las extraordinarias y que el senado no haga un “debate exprés”, por lo que será una discusión extensa.

La Cámara baja podría retomar el tratamiento de un proyecto enviado por el presidente Javier Milei en 2024, que ya fue debatido en un plenario de cuatro comisiones encabezado por la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado —Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Justicia y Familia y Minoridad— y que logró un dictamen de mayoría proponiendo reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

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No obstante, el Presidente podría decidir retirar esa iniciativa e ingresar un nuevo proyecto. El Régimen Penal Juvenil impulsado originalmente por el Poder Ejecutivo planteaba una reducción aún mayor, al establecer la imputabilidad desde los 13 años.

Rodríguez Machado, hoy integrante de La Libertad Avanza, explicó en diálogo con TN que “hay que conformar dos comisiones, las de Justicia y Familia y Minoridad —las otras dos ya se integraron en diciembre y serán encabezadas por Bertie Benegas Lynch, en Presupuesto, y por mí en Legislación Penal— para luego convocar nuevamente al plenario de comisiones”.

La finalización del período parlamentario y la nueva integración de las cámaras hicieron que el dictamen de mayoría perdiera estado parlamentario. Ese dictamen había sido alcanzado tras ocho meses de trabajo, con reuniones con especialistas propuestos por distintos sectores, y había logrado consensuar 12 proyectos presentados por diputados nacionales. Sin embargo, la iniciativa sigue vigente y puede volver a ser tratada.

El proyecto del Poder Ejecutivo

En junio de 2024, el gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. La iniciativa buscó priorizar el derecho de las víctimas y establecer un régimen diferenciado en materia de resocialización y sanciones penales para los menores en conflicto con la ley.

La Comisión de Legislación Penal llevó adelante el debate en plenario con las demás comisiones, a lo largo de diez reuniones por las que pasaron 30 especialistas. Además de la pena de prisión, el proyecto prevé sanciones alternativas como amonestación, prohibición de contacto o acercamiento, prohibición de salir del país o del lugar de residencia, prohibición de conducir vehículos, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad.

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Estas medidas podrían aplicarse siempre que las penas no superen los seis años, no haya resultado de muerte de la víctima ni antecedentes de procesamientos firmes, y previo dictamen de una junta interdisciplinaria.

Entre las iniciativas consensuadas se encuentra el proyecto presentado por la exdiputada Marcela Campagnoli. En diálogo con este medio, señaló que “nosotros trabajamos un proyecto integral desde la Coalición Cívica, que no solo atiende la baja de la edad de imputabilidad, sino también un sistema de resocialización del menor, con institutos adecuados y distintas formas de integración según los delitos cometidos. La baja de imputabilidad por sí sola no soluciona nada: habrá delincuentes de menor edad. En cambio, una propuesta integral que permita la resocialización del menor, lo obligue a terminar sus estudios secundarios y controle su salud puede ayudar”.

Campagnoli agregó que “hoy rige un sistema tutelar para menores de 16 a 18 años, creado en 1980, donde todo queda a criterio discrecional del juez, sin garantías procesales para el menor, que un adulto sí tiene. Es lamentable que la primera respuesta de un Estado, muchas veces ausente, hacia un menor sea la penal. Por eso es necesaria una propuesta integral, que ponga el foco en la sanción, pero también en la reinserción social”.

La exdiputada, que integró la Comisión de Legislación Penal, también advirtió que en países de la región como Brasil y Chile la edad de imputabilidad es más baja, lo que llevó a algunos a sostener que una reforma similar en Argentina podría disuadir la delincuencia juvenil. Sin embargo, remarcó que una simple modificación legal, sin un abordaje integral del tratamiento de los menores, podría tener consecuencias negativas e irreversibles tanto para ellos como para la sociedad.

El nuevo impulso del debate

En los últimos días, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volvió a instalar el tema en la agenda pública. “Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión. En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la reforma del Código Penal. No hay medias tintas: el que las hace las paga. Tenemos clara nuestra posición”, publicó en redes sociales.

Menem hizo referencia al asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años, ocurrido en Santa Fe en diciembre pasado, cuyo crimen fue cometido y filmado por jóvenes de 14, 15 y 16 años. En la misma línea, la senadora libertaria Patricia Bullrich anunció que, a raíz de ese caso, se abriría durante 2026 la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad.

Un antecedente similar se dio en 2025, tras el crimen de Kim Gómez, una niña de 7 años que murió durante un violento robo en La Plata en el que participaron dos menores de 14 y 17 años.

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