POLITICA
Régimen penal juvenil: la baja de la edad de imputabilidad logra un apoyo contundente en la opinión pública, según las encuestas
La baja de la edad de imputabilidad cuenta con un respaldo contundente en la opinión pública, según un conjunto de encuestas analizadas por . La modificación del piso para juzgar penalmente a un menor, actualmente establecido en 16 años, es el eje del proyecto de ley penal juvenil que impulsa el oficialismo, que este miércoles logró dictamen de comisión y se debatirá hoy en la Cámara de Diputados.
Un estudio de la consultora Opinaia indica que el 80% de los argentinos está de acuerdo con la iniciativa: 67 puntos corresponden a quienes se declaran “muy de acuerdo” y 14 a los que están “bastante de acuerdo”. Apenas el 15% de los encuestados la rechaza.
Se trata de un apoyo transversal que alcanza a votantes de distintos espacios. Llega al 95% entre quienes votaron a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre pasado y al 96% entre quienes optaron por Provincias Unidas. La adhesión es menor en Fuerza Patria (64%) y el Frente de Izquierda (65%), aunque en ambos casos se mantiene como mayoritaria. Los datos fueron relevados entre el 5 y el 9 de febrero.
En tanto, un relevamiento de la consultora Giacobbe muestra un 73,1% de apoyo a la iniciativa. Dentro de ese visto bueno, 63,6 puntos respaldan que la edad se reduzca a 13 años, mientras que 9,5 se inclinan por fijarla en 14.
El oficialismo había impulsado este lunes por la mañana un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pese al consenso logrado el año pasado con la oposición para fijarla en 14 años. Ante la resistencia, y la amenaza de perder el respaldo de sus aliados, esa misma noche terminó levantando su propia iniciativa.
El 20,1% de los encuestados por Giacobbe prefieren mantener el piso de imputabilidad en 16 años. Se trata de la postura apoyada por el kirchnerismo en el Congreso. Los datos de la consultora fueron recolectados entre el 27 de enero y el 2 de febrero.
“Si se suman los que quieren bajar la imputabilidad a 13 y los que la quieren bajar a 14, es una mayoría muy amplia. Es evidente que, dentro de esos dos números, hay gente que votó a [Javier] Milei, [Mauricio] Macri, Cristina [Kirchner], [Sergio] Massa o a cualquier versión del kirchnerismo, del progresismo y de la izquierda”, indicó el consultor Jorge Giacobbe a . “Demuestra que los argentinos somos menos políticamente correctos que lo que creyó todo el arco de pensamiento progresista”.
A su vez, remarcó el desfase con la política que, de avanzar con el proyecto, bajaría el piso a 14 años: “El sistema político va a aprobar, de todas las posiciones de la opinión pública, la menos popular”.
Por su parte, Julio Burdman, de la consultora Isasi/Burdman, explicó, en diálogo con , que en un estudio realizado en noviembre pasado el 68% de los encuestados mostró su apoyo a la baja de la edad de imputabilidad, frente a un 29% que la rechazó.
“Medimos varias veces esta pregunta entre mediados de 2024 y fines de 2025. El resultado siempre fue muy alto en favor de la baja de la edad de imputabilidad. En alguna medición previa [a noviembre], llegó a dar más de 70%”, sostuvo Burdman.
Y agregó: “Estos niveles de acuerdo son consistentes con una creencia muy instalada, que medimos en alguna oportunidad en provincia de Buenos Aires, de que la incidencia de los menores en el delito es muy alta. Las cifras oficiales no dicen eso, pero la sociedad evidentemente cree otra cosa”.
En la misma línea, un estudio realizado por la consultora Sentimientos Públicos muestra que, en abril del año pasado, el 63% de los bonaerenses consideraban que la baja de la edad de imputabilidad es necesaria para combatir la inseguridad.
Además, un 60% de los consultados por Isasi/Burdman acordaron con la frase “A delito de adulto, pena de adulto” –el lema del Gobierno para la ley penal juvenil–, mientras el 28% se mostró en desacuerdo.
En contraste con la opinión pública, un grupo de obispos que integran las comisiones de Pastoral Social, Carcelaria y Cáritas de la Iglesia católica rechazaron mediante un duro documento la baja de la edad de imputabilidad. Sostuvieron que la iniciativa “responde al oportunismo electoral” y carece de sustento técnico, y en cambio pidieron priorizar políticas de salud mental y educación antes que la cárcel.
Bajo el título “Cuando el oportunismo reemplaza al realismo”, señalaron que “el debate se está dando en un clima político en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático”.
Las organizaciones eclesiásticas rechazaron el proyecto para bajar la edad de imputabilidad. Lo consideraron una medida regresiva que “no resuelve el problema de la inseguridad, sino que lo desplaza y lo endurece”. También alertaron sobre la creciente desfinanciación en materia social.
Advirtieron, además, que el encarcelamiento temprano suele aumentar los niveles de reincidencia y violencia, en lugar de disminuirlos, y mencionaron que países con una edad de imputabilidad de 12 años, como Ecuador, Honduras y Brasil, tienen tasas de homicidio drásticamente más altas (entre 23 y 45 cada 100.000 habitantes) que la Argentina, que tiene un índice de 3,8 cada 100.000 habitantes, mientras mantiene la edad en 16 años.
Recordaron que hay una baja incidencia en la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en delitos. Están presentes en el 0,42% de los procesos penales y, mayoritariamente, en delitos contra la propiedad, no homicidios.
Lo mismo sostiene un informe de Unicef, que agrega: “Los datos existentes no indican con certeza un aumento progresivo de su participación en la comisión de delitos, menos aún en niños, niñas y adolescentes menores de 16 años”.
A su vez, afirma que, en la Argentina, “la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva”. En paralelo, advierte que experiencias internacionales demostraron que “disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad”.
“La utilización de la privación de libertad como medida habitual no ha servido para reducir los índices de delincuencia ni para prevenir la reincidencia”, añade. En cambio, “las políticas sociales que promueven la educación, el deporte y la salud de los adolescentes son la mejor estrategia para prevenir el delito juvenil”.
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Una frase del periodista Diego Brancatelli sobre el gendarme Nahuel Gallo —secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro— desató la indignación de la senadora libertaria Patricia Bullrich el miércoles por la noche. Durante un programa en C5N, el panelista expresó, en una crítica al Gobierno: “Después de ver cómo está la Argentina, capaz [Nahuel Gallo] elige quedarse en El Rodeo”.
Gallo, quien estuvo 448 días detenido en la cárcel de El Rodeo I en Venezuela y fue liberado por una gestión secreta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el último domingo, se quebró en conferencia de prensa ayer por la tarde y optó por no revelar lo que sufrió durante su reclusión. “El Rodeo I es un lugar de bastantes torturas psicológicas y no muy grato para contarlo en estos momentos”, manifestó.
Horas más tarde, Brancatelli habló al respecto en el programa Argenzuela, conducido por Rial, y lanzó una frase que fue repudiada tanto por el conductor como por el resto de sus compañeros del panel. «Si hubiera sabido que como cabo de Gendarmería iba a ganar 700 lucas ($700.000) —después de escuchar al Presidente [Javier Milei] el domingo y ver cómo está la Argentina—, no sé si no preferiría quedarse en El Rodeo, ¿no?”, dijo, irónico.
Ante esto, Rial le respondió: “No. ¿Vos te creés que está pensando en la guita? Un tipo que está ahí lo único que quiere es salir en libertad”.
Minutos más tarde, Bullrich, que recibió en Ezeiza al gendarme tras aterrizar en el país el lunes por la madrugada, repudió los dichos de Brancatelli e ironizó: “Hay que llevarlo [al periodista] en el mismo avión a El Rodeo y que se quede 448 días a ver si es mejor eso que vivir en la Argentina libre”.
En esa misma línea, con enojo, agregó: “Si él dice que es mejor eso, que haga la experiencia. Los argentinos pueden estar en libertad; compararlo con una cárcel es una barbaridad, los argentinos no vivimos así”.
La frase de Brancatelli llegó horas después de la conferencia de prensa que brindó Nahuel Gallo dos días después de su llegada al país luego de más de un año detenido en una cárcel del régimen chavista.
“Recibí bastante tortura psicológica; no es muy grato para contar ahora”, dijo Gallo con la voz entrecortada. Aludió a su “fortaleza mental” y a su hijo Víctor como antídotos para soportar el encierro. Reclamó a los organismos internacionales la liberación del resto de presos políticos extranjeros, unos 24, según precisó. “No se olviden del Rodeo; no podemos mirar para otro lado”, dijo.
Contó que “no podía recibir visitas ni llamadas” y, en una de las pocas alusiones políticas, destacó: “Fuimos fichas de cambio, y eso es feo”. Volvió a quebrarse cuando dijo que seguiría “encerrado hasta que no liberen” al resto de los extranjeros, detenidos en la cárcel donde pasó la mayor parte de su cautiverio.
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POLITICA
Tras la orden de Karina Milei de impulsar la boleta única, se tensó la relación con Jaldo en Tucumán
La estrategia de expansión territorial que ordenó Karina Milei en la reunión con los jefes provinciales de La Libertad Avanza generó el primer cortocircuito político este martes. En Tucumán, la avanzada libertaria para impulsar la Boleta Única de Papel (BUP) tensó la relación con uno de los aliados clave del oficialismo en el Congreso, el gobernador Osvaldo Jaldo.
El jefe de La Libertad Avanza de Tucumán, Lisandro Catalán, desafió públicamente al gobernador a firmar un compromiso para competir sin acoples. Desde la provincia le respondieron que es “demasiado pronto” para discutir elecciones, y pusieron sobre la mesa de debate el contexto de caída de actividad y empleo.
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La fricción dejó al descubierto la fragilidad de una relación que funcionó en el plano parlamentario, pero enfrenta límites cuando se pone en juego la competencia territorial.
El desafío al sistema de acoples
Tras la reunión con Karina Milei, Catalán recogió la directiva partidaria y apuntó directo contra el esquema electoral tucumano. Lo hizo en su cuenta de X, donde interpeló a Jaldo tras la apertura de sesiones.
“Escuché su discurso en la apertura de sesiones. En cuanto al sistema electoral usted habló de reglas claras, de no tenerle miedo a la competencia. Pero al parecer sus legisladores no piensan lo mismo, y no impulsarán ninguna reforma para que usted pueda cumplir con su palabra”, escribió en un mensaje dirigido al gobernador.
En el mismo posteo sostuvo que la BUP que impulsó el presidente Javier Milei “vino justamente a terminar con esas trampas del sistema” y calificó al régimen de acoples como “obsoleto, tramposo y fraudulento”.
En ese contexto, Catalán lo desafió a asumir un compromiso político explícito: “Firmemos juntos un compromiso público, que La Libertad Avanza Tucumán y el Partido Justicialista de Tucumán presentemos lista única, sin acoples”. Y agregó: “Si realmente no le teme a la competencia, demuéstrelo. Es una decisión política. No hace falta más que voluntad”.
La avanzada no fue un gesto aislado. Se inscribe en la estrategia definida por Karina Milei de ordenar a los referentes provinciales, impulsar la BUP y fortalecer la presencia partidaria en cada distrito.
La respuesta desde la provincia
Si bien el gobernador no respondió al posteo de Catalán, la réplica llegó desde la Casa de Gobierno tucumana, a través del ministro del Interior, Darío Monteros.
“Tucumán hoy tiene problemas mucho más urgentes que una discusión electoral adelantada para las redes”, escribió. Y agregó que “es demasiado pronto para hablar de elecciones”. “Hoy lo importante es cuidar el empleo, sostener la producción y acompañar a los tucumanos que no la están pasando bien”, advirtió.
Monteros afirmó que la recaudación del IVA cayó un 13% por la baja del consumo y señaló que eso afecta las finanzas provinciales, pero también defendió el marco institucional vigente. “Tucumán tiene un sistema electoral establecido por su Carta Magna y por leyes votadas en la Legislatura. No se cambia con un tuit ni con un desafío mediático armado para redes”, remarcó.
En otro tramo sostuvo que “las reglas institucionales se discuten donde corresponde: en la Legislatura y respetando la autonomía de la provincia” y consideró que dar lecciones desde la Nación implicaba “una falta de respeto a la historia política de Tucumán”.
Catalán respondió con un mensaje breve, con el que buscó correrlo de la discusión. “Ministro Monteros, yo me dirigí al gobernador Jaldo que fue quien se comprometió a eliminar los acoples. No a usted”.
Una alianza bajo presión
El episodio expuso la tensión entre la estrategia territorial de La Libertad Avanza y la lógica política provincial. Jaldo mantuvo hasta ahora un rol de aliado parlamentario del oficialismo nacional, aportando votos clave para la sanción de proyectos que el PJ no acompañó, como la reforma laboral. Sin embargo, la decisión libertaria de avanzar sobre el sistema electoral tucumano introduce un elemento de competencia directa.
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El régimen de acoples fue durante años una herramienta central del armado peronista en la provincia. La propuesta de competir sin ese esquema y con BUP implica modificar reglas que moldearon el mapa político local.
El cruce marcó así el primer punto de fricción entre la Casa Rosada y uno de sus socios legislativos, pero las tensiones podrían replicarse en otros territorios en los que el oficialismo local intente resistir a la avanzada libertaria.
Karina Milei, Osvaldo Jaldo, Boleta Única de Papel, Tucumán
POLITICA
Avance clave en la pulseada judicial por el caso de la quinta de Pilar que se le adjudica a las autoridades de la AFA
El trámite para determinar quién investigará a los verdaderos dueños de la fastuosa quinta de Pilar que se le adjudica a las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tuvo avances en los tribunales.
El fiscal ante la Cámara de Casación Federal Mario Villar respaldó la idea de que el expediente deje el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y pase al fuero en lo Penal Económico.
Villar sostuvo ante la Casación el recurso del fiscal de Cámara de San Martín Carlos Cearras, que se había opuesto a que el asunto avance en Campana, como lo pidió el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, entienden que les irá mejor en el juzgado de González Charvay que en el de Penal Económico, donde está Marcelo Aguinsky, que ya tuvo la causa.
La quinta de Pilar, situada en Villa Rosa, tiene 5 hectáreas y está valuada en 20 millones de dólares. Cuenta con helipuerto, caballerizas, instalaciones deportivas y un garage con 45 autos de alta gama, de colección, motos y hasta dos karting de competición, como los que usa el hijo de Toviggino.
La justicia investiga a quienes figuran como sus dueños, Luciano Pantano y su madre Ana Conte, titulares de la firma Real Central. Se trata de un exdirigente de la AFA que es monotributista y una señora jubilada. El perfil económico de ambos no se condice con la mansión.
Hay una puja entre el juez Aguinsky, que avanzó sobre los supuestos testaferros, y González Charvay por quedarse con el expediente.
Esa controversia la debe resolver la Sala I de la Cámara de Casación Federal. Pero la mayoría de los jueces que la integran se excusaron de intervenir.
Por un lado, Carlos Mahiques, que era suplente, pidió no decidir en este caso, alegando que tenía muchas otras tareas.
En rigor, expuso estas razones luego de que publicó que Carlos Mahiques, padre del flamante ministro de Justicia, Juan Ignacio Mahiques, festejó su cumpleaños en esa fastuosa quinta.
Hay nexos entre los Mahiques, padre y su hijo, con las autoridades de la entidad del fútbol.
A Carlos Mahiques lo reemplazó la jueza de la Casación Ángela Ledesma para decidir si es competente en el caso González Charvay o Aguinsky.
Esta semana se apartó el otro juez que debía decidir sobre la competencia, Daniel Petrone. Dijo que comparte la “comunidad educativa” con Javier Faroni, dueño de una empresa que hacía los cobros de la AFA en el exterior y que está investigado por fraude.
El juez Petrone dijo que además tiene vínculos sociales con Faroni y se inhibió de decidir en el caso, argumentando “violencia moral”.
Así las cosas, quedaron para resolver la jueza Ledesma y su colega Javier Carbajo. Si se ponen de acuerdo en que juzgado queda la causa por presunto lavado de dinero podrán resolver la cuestión con sus dos votos.
Pero si están en desacuerdo -como señalan algunas fuentes en tribunales- deberán sortear a un tercer juez para que desempate.
Antes de votar, le mandaron la causa al fiscal Villar, que decidió apoyar la idea de su colega Cearras y que el caso regrese al fuero Penal Económico.
La disputa está dada porque la AFA sostiene que el asunto debe quedarse en Campana, ya que la quinta está en jurisdicción de ese tribunal.
Pero el fiscal Cearras, Villar y el juez Aguinsky entienden que el caso es de lavado de dinero y que no importa dónde está el bien que evidencia del lavado, sino la sede de la AFA desde donde se habría gestado la maniobra.
El asunto no es una mera cuestión de jurisdicción. Hay quienes sospechan que oculta una supuesta maniobra de los investigados para que el caso quede lejos del fuero Penal Económico, en el juzgado federal de Campana, porque les resultaría más confiable.
El fiscal Cearras sostuvo la misma posición que el fiscal de primera instancia, Sebastián Bringas, cuando dijo que el caso debía quedar en el juzgado Penal Económico de Marcelo Aguinsky.
Este juez avanzó con decisión luego de que su colega federal, Daniel Refecas, preservó el lugar y mandó a valuar la quinta (de unos 20 millones de dólares). Luego, Aguinsky analizó las sociedades a las que pertenece, según los registros y su historia, además de tomar diversas declaraciones.
Aguinsky -antes de dejar el caso- se convenció de que los presuntos testaferros de la AFA, Luciano Pantano y Ana Conte, no pudieron haber sido los dueños de la casona de Pilar con helipuerto, pista hípica, pileta, gimnasio y 40 autos y motos de alta gama.
Pero los defensores de Tapia y de Toviggino buscaron sacar el caso y lograron llevarlo a la justicia federal de Campana, jurisdicción donde está situada la quinta.
autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),festejó su cumpleaños en esa fastuosa quinta,Hernán Cappiello,AFA,Conforme a,,Los nexos de Mahiques. Los pasadizos secretos detrás del recambio en Justicia,,Por el atentado a la AMIA. La Justicia pide la captura de quien fuera la mano derecha del exlíder iraní Khamenei,,Se multiplican sus áreas. Karina Milei proyecta su poder en los tribunales: la puerta para nombrar jueces y un nuevo operador,AFA,,»Cambio de abogado». Chiqui Tapia logró postergar la citación judicial en la causa por supuesta evasión,,Mahiques y la AFA. El desafío de hacer equilibrio en medio de la pelea entre el Gobierno y Chiqui Tapia,,“El que no quiera jugar, que se vaya”. El mal momento de Godoy Cruz: 13 partidos sin ganar, amenazas de la barra y botellazos en el estadio
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