La baja de la edad de imputabilidad cuenta con un respaldo contundente en la opinión pública, según un conjunto de encuestas analizadas por . La modificación del piso para juzgar penalmente a un menor, actualmente establecido en 16 años, es el eje del proyecto de ley penal juvenil que impulsa el oficialismo, que este miércoles logró dictamen de comisión y se debatirá hoy en la Cámara de Diputados.

Un estudio de la consultora Opinaia indica que el 80% de los argentinos está de acuerdo con la iniciativa: 67 puntos corresponden a quienes se declaran “muy de acuerdo” y 14 a los que están “bastante de acuerdo”. Apenas el 15% de los encuestados la rechaza.

Se trata de un apoyo transversal que alcanza a votantes de distintos espacios. Llega al 95% entre quienes votaron a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre pasado y al 96% entre quienes optaron por Provincias Unidas. La adhesión es menor en Fuerza Patria (64%) y el Frente de Izquierda (65%), aunque en ambos casos se mantiene como mayoritaria. Los datos fueron relevados entre el 5 y el 9 de febrero.

En tanto, un relevamiento de la consultora Giacobbe muestra un 73,1% de apoyo a la iniciativa. Dentro de ese visto bueno, 63,6 puntos respaldan que la edad se reduzca a 13 años, mientras que 9,5 se inclinan por fijarla en 14.

El oficialismo había impulsado este lunes por la mañana un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pese al consenso logrado el año pasado con la oposición para fijarla en 14 años. Ante la resistencia, y la amenaza de perder el respaldo de sus aliados, esa misma noche terminó levantando su propia iniciativa.

El 20,1% de los encuestados por Giacobbe prefieren mantener el piso de imputabilidad en 16 años. Se trata de la postura apoyada por el kirchnerismo en el Congreso. Los datos de la consultora fueron recolectados entre el 27 de enero y el 2 de febrero.

“Si se suman los que quieren bajar la imputabilidad a 13 y los que la quieren bajar a 14, es una mayoría muy amplia. Es evidente que, dentro de esos dos números, hay gente que votó a [Javier] Milei, [Mauricio] Macri, Cristina [Kirchner], [Sergio] Massa o a cualquier versión del kirchnerismo, del progresismo y de la izquierda”, indicó el consultor Jorge Giacobbe a . “Demuestra que los argentinos somos menos políticamente correctos que lo que creyó todo el arco de pensamiento progresista”.

A su vez, remarcó el desfase con la política que, de avanzar con el proyecto, bajaría el piso a 14 años: “El sistema político va a aprobar, de todas las posiciones de la opinión pública, la menos popular”.

Por su parte, Julio Burdman, de la consultora Isasi/Burdman, explicó, en diálogo con , que en un estudio realizado en noviembre pasado el 68% de los encuestados mostró su apoyo a la baja de la edad de imputabilidad, frente a un 29% que la rechazó.

“Medimos varias veces esta pregunta entre mediados de 2024 y fines de 2025. El resultado siempre fue muy alto en favor de la baja de la edad de imputabilidad. En alguna medición previa [a noviembre], llegó a dar más de 70%”, sostuvo Burdman.

Y agregó: “Estos niveles de acuerdo son consistentes con una creencia muy instalada, que medimos en alguna oportunidad en provincia de Buenos Aires, de que la incidencia de los menores en el delito es muy alta. Las cifras oficiales no dicen eso, pero la sociedad evidentemente cree otra cosa”.

En la misma línea, un estudio realizado por la consultora Sentimientos Públicos muestra que, en abril del año pasado, el 63% de los bonaerenses consideraban que la baja de la edad de imputabilidad es necesaria para combatir la inseguridad.

Además, un 60% de los consultados por Isasi/Burdman acordaron con la frase “A delito de adulto, pena de adulto” –el lema del Gobierno para la ley penal juvenil–, mientras el 28% se mostró en desacuerdo.

En contraste con la opinión pública, un grupo de obispos que integran las comisiones de Pastoral Social, Carcelaria y Cáritas de la Iglesia católica rechazaron mediante un duro documento la baja de la edad de imputabilidad. Sostuvieron que la iniciativa “responde al oportunismo electoral” y carece de sustento técnico, y en cambio pidieron priorizar políticas de salud mental y educación antes que la cárcel.

Bajo el título “Cuando el oportunismo reemplaza al realismo”, señalaron que “el debate se está dando en un clima político en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático”.

Las organizaciones eclesiásticas rechazaron el proyecto para bajar la edad de imputabilidad. Lo consideraron una medida regresiva que “no resuelve el problema de la inseguridad, sino que lo desplaza y lo endurece”. También alertaron sobre la creciente desfinanciación en materia social.

Advirtieron, además, que el encarcelamiento temprano suele aumentar los niveles de reincidencia y violencia, en lugar de disminuirlos, y mencionaron que países con una edad de imputabilidad de 12 años, como Ecuador, Honduras y Brasil, tienen tasas de homicidio drásticamente más altas (entre 23 y 45 cada 100.000 habitantes) que la Argentina, que tiene un índice de 3,8 cada 100.000 habitantes, mientras mantiene la edad en 16 años.

Recordaron que hay una baja incidencia en la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en delitos. Están presentes en el 0,42% de los procesos penales y, mayoritariamente, en delitos contra la propiedad, no homicidios.

Lo mismo sostiene un informe de Unicef, que agrega: “Los datos existentes no indican con certeza un aumento progresivo de su participación en la comisión de delitos, menos aún en niños, niñas y adolescentes menores de 16 años”.

A su vez, afirma que, en la Argentina, “la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva”. En paralelo, advierte que experiencias internacionales demostraron que “disminuir la edad de punibilidad no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad”.

“La utilización de la privación de libertad como medida habitual no ha servido para reducir los índices de delincuencia ni para prevenir la reincidencia”, añade. En cambio, “las políticas sociales que promueven la educación, el deporte y la salud de los adolescentes son la mejor estrategia para prevenir el delito juvenil”.