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POLITICA

Reina el desconcierto en el peronismo y crecen las dudas sobre un acuerdo entre Cristina Kirchner y Kicillof

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Hay teorías de todos los gustos. Desde la ruptura del peronismo y el estallido final de la alianza política, hasta la unidad pragmática, con fisuras internas pero con un resultado menos dañino para todos. Al menos, en forma equitativa. Porque alguno va a tener que perder. O ceder.

Los días pasan, las frases rimbombantes se acumulan y los mensajes entre líneas se van mimetizando con la discusión política permanente que existe en el peronismo bonaerense. Cada provincia tiene su conflicto, su pequeña interna o su etapa de organización. Es la realidad de este tiempo de Javier Milei al mando de la Casa Rosada.

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En ningún lugar del país existe una batalla tan trascendente para la fuerza política como en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner y Axel Kicillof no logran llegar a un acuerdo para dar por terminada la batalla de intereses que subsiste dentro del armado político desde hace más de un año.

La hipótesis predominante que hay en el peronismo es que la unidad se cerrará con forceps. Que a nadie le conviene la división porque, en definitiva, pierden todos. Kicillof puede quedar golpeado de cara al final de su mandato y con una Legislatura atomizada, y CFK puede quedar con una cuota de poder inferior, solamente basada en la principal sección electoral del territorio bonaerense. Todo más chiquito, más comprimido.

Este sábado Axel Kicillof presentará, oficialmente, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF)

Al mismo tiempo, hay otra disyuntiva. La unidad, sin un acuerdo sólido de base, tampoco le sirve a nadie. Porque sería mirarse en el espejo del 2019 y fundar una nueva etapa de la alianza sin consistencia interna más que tener un pasado juntos. Tal vez por eso Máximo Kirchner y Carlos Bianco, extremos de esta discusión, digan lo mismo: la unidad no puede ser hasta que duela. Un acuerdo endeble tiene un final anunciado. Un final negativo.

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La desconfianza sobre Kicillof es tan grande en el cristinismo que algunos dirigentes llegaron a pensar que puede estar jugando con los tiempos en que la Corte Suprema resuelva el recurso de queja de CFK en la causa Vialidad. Es decir, piensan que el gobernador puede estirar la discusión política para que la ventana de tiempo sea más grande, y ante una eventual decisión contraria, por la que la ex presidenta termine detenida, él quede como el principal líder peronista en pie.

Teorías extremas que pasan por algunas cabezas del cristinismo duro. No es un pensamiento uniforme. Lejos está de eso. Pero es una hipótesis que está presente y que describe a la perfección la fragilidad de los lazos internos que unen a las diferentes tribus del peronismo bonaerense.

En sus últimas apariciones públicas, Bianco, mano derecha de Kicillof, ha insistido sobre un tema puntual que es el rol de jefe político que debe tener el Gobernador. Lo ha dicho de diferentes formas, pero todas con un mismo objetivo: resaltar la idea de que el cristinismo debe aceptar que hay un cambio de condiciones en la negociación interna. Ya nada será como antes.

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Cristina Kirchner mantiene su idea de ser candidata a diputada provincial (REUTERS/Cristina Sille)

En el mundo de CFK reconocen, a regañadientes, que esa discusión está sobre la mesa y que tiene cierta validez, pero sostienen que Kicillof no puede llevar al espacio político al límite de la ruptura solo por eso. Además, sostienen que tomó una mala decisión al pelearse con el cristinismo solo para mostrar que tiene mayor autoridad.

En La Plata tienen otra postura. No están dispuestos a cumplir órdenes, a acatar decisiones sin tener mayor influencia en el momento que se definen. Creen que hay un ciclo que se terminó respecto a cómo se ordena la estrategia política y electoral que, posteriormente, tiene un impacto directo en la gestión legislativa.

En el camporismo le reprochan, en forma permanente, la forma en la que llegó al lugar que ocupa hoy. “Está ahí porque Cristina lo convirtió en gobernador”, repiten. Es una verdad irrefutable que sirve, sobre todo, para justificar su desembarco en La Plata en el 2019, pero que tiene otro contexto de discusión respecto al momento en que renovó el mandato en el 2023.

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Como cualquier funcionario que asume el control de una gestión, para que el día a día funcione, debe tener el poder concentrado en su puño. Así funciona la política nacional. En su esquema político creen que hasta aquí siempre ha tenido limitaciones generadas por el camporismo, con el aval implícito de la ex presidenta.

Carlos Bianco dejó en claro cuáles son las pretensiones de Kicillof para esta negociación política

En el kicillofismo ponen en valor el último triunfo logrado en el 2023, cuando Kicillof quedó en pie, como gobernador peronista, frente a una ola de cambio que se llevó puesto a varios mandatarios de la fuerza política. Y consideran que, en gran medida, tuvo que ver con la aprobación de la gente a la gestión provincial. Sobre todo teniendo en cuenta que, a nivel nacional, el peronismo perdió y no hubo un arrastre simétrico.

“Todos declaman la unidad, todos los sectores del peronismo declaman la unidad. Busquemos los interlocutores, porque algunos probablemente no puedan ser interlocutores en esta etapa o por lo que dijeron o porque los otros lo tomaron mal o lo que sea, busquemos cuáles son los interlocutores y sentémonos y hagamos la unidad”, dijo Bianco este jueves en una entrevista que le brindó a Radio con Vos, advirtiendo sobre la necesidad de cambiar los nombres propios que interceden en la negociación.

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El mensaje fue seguido por una definición aún más detallada de lo que el kicillofismo pretende en este tiempo. “Va a haber que aceptar cosas que antes no existían. Por ejemplo, una representación mayor del gobernador en las listas o que a partir de que sellemos la unidad, nuestra fuerza política apoye públicamente y explícitamente las políticas del Gobernador, o que nuestro bloque apoye, a mano alzada, todos los proyectos que vayan del Ejecutivo. Cosas bastante simples y básicas”.

Cuando habla Bianco, habla Kicillof. Nadie tiene dudas de eso en el ecosistema peronista. El mensaje enviado es claro y contundente. Y de ahí parecen no moverse. Esta tarde, en el acto de lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el Gobernador va a confrontar duro con Milei y va a convocar a un acuerdo amplio para forjar la unidad del espacio político. Señales que ya no alcanzan para dar por terminado el conflicto. El lunes, en una entrevista televisiva, CFK dará su mensaje sobre la situación. Se aproximan momentos de definiciones.

La Cámpora impulsa la candidatura de CFK en la provincia de Buenos Aires

“No les surtió efecto la amenaza de que CFK iba a jugar en la tercera sección. Pensaron que Axel iba a frenar, iba a retroceder. Eso no pasó. Sigue adelante. Hay una discusión que está dispuesto a dar”, sostuvo un funcionario bonaerense con oficina en la gobernación. En el Instituto Patria mantienen firme la idea de que la ex presidenta va a competir en la elección seccional.

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“No están peleando por una estrategia política. Solo discuten lugares en la lista. Quieren que CFK no juegue más. El tema es que no está muerta. Está viva y activa. Sin los votos de ella, Axel no gana una elección ni en una sociedad de fomento”, aseguró un camporista de paladar negro.

Hay expresiones de dirigentes de ambos lados que coinciden en la forma de resolución de este conflicto. Creen que no existe otra manera de terminar con esto que no sea con una nueva reunión, cara a cara, y con el reloj de arena en la mesa, entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. En los últimos encuentros no hubo fumata blanca.

Si no se pudo ordenar de abajo para arriba, que se ordene de arriba para abajo. Sin embargo, es una opción más para encontrar una solución. Una posibilidad que no tiene acuerdo mayoritario. Entonces, la discusión seguirá y la incertidumbre, indefectiblemente, crecerá hasta límites insospechables. El tiempo sigue pasando. Jugarán, fuerte hasta el final. Como suelen hacerlo. En definitiva, todos se formaron en la misma escuela.

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South America / Central America,Government / Politics,BUENOS AIRES

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Denuncian una operación rusa para infiltrar contenidos en medios argentinos y erosionar la imagen de Javier Milei

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Una investigación periodística internacional encendió alertas sobre posibles maniobras de injerencia extranjera en la Argentina. A partir del análisis de 76 documentos filtrados, un consorcio de medios reveló que una red vinculada a los servicios de inteligencia rusos habría impulsado una campaña de desinformación para desacreditar al gobierno de Javier Milei y condicionar el debate público.

El trabajo, que incluye a medios como The Continent y openDemocracy junto a otras organizaciones, sostiene que entre junio y octubre de 2024 se habría desplegado una estrategia para influir en medios digitales argentinos mediante la publicación de contenidos críticos. Según los registros, el operativo habría contado con un presupuesto estimado en US$ 283 mil.

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Los documentos atribuyen la maniobra a una estructura conocida como “La Compañía”, señalada como una entidad con vínculos con el servicio de inteligencia exterior ruso (SVR) y remanentes del grupo Wagner. Su objetivo, según la investigación, habría sido amplificar tensiones políticas locales, especialmente en un contexto de alta polarización.

De acuerdo con los archivos analizados, se habrían difundido al menos 250 artículos —entre noticias, columnas de opinión y análisis— en más de 20 medios argentinos. Parte de ese contenido incluía críticas a la situación económica, cuestionamientos al ajuste fiscal y referencias a la política exterior del Gobierno, particularmente su posicionamiento respecto a la guerra en Ucrania.

Uno de los aspectos más sensibles del informe es la presunta utilización de identidades falsas y contenido fabricado. En varios casos, los artículos habrían sido publicados sin firma o con autores inexistentes, creados para dar apariencia de legitimidad. También se detectaron perfiles con imágenes generadas por inteligencia artificial o tomadas de bancos de fotos.

La investigación no pudo comprobar de manera concluyente si los pagos consignados en los documentos se concretaron ni quiénes habrían sido los destinatarios finales. Sin embargo, los registros mencionan tarifas que iban desde US$ 350 hasta más de US$ 3.000 por artículo, cifras que llamaron la atención de especialistas por su magnitud en relación al mercado local.

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Consultados por el consorcio periodístico, varios medios y periodistas negaron haber recibido dinero de origen ruso. Algunos señalaron que los contenidos fueron provistos por terceros —descriptos como agencias o consultoras— y publicados sin un control editorial exhaustivo. Otros admitieron pagos, pero por montos significativamente menores a los que figuran en los documentos.

El investigador del CONICET Martín Becerra, en diálogo con Chequeado, advirtió que el contexto de precarización del sector mediático puede facilitar este tipo de operaciones. “La precarización de los medios, el relajamiento excesivo de la curaduría editorial y la consecuente permisibilidad de las empresas periodísticas habilita un entorno favorable a campañas de desinformación”, explicó.

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Además de la difusión de artículos, los documentos describen otras actividades atribuidas a la red, como la elaboración de perfiles de dirigentes políticos, análisis de escenarios y hasta planes para influir en procesos electorales. También se mencionan intentos de instalar noticias falsas destinadas a generar conflictos regionales, como supuestos episodios de tensión entre Argentina y Chile.

El Gobierno argentino ya había advertido en 2025 sobre la detección de una presunta red de agentes rusos involucrados en campañas de desinformación. En ese marco, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró haber recibido información sobre operaciones destinadas a influir en medios y periodistas.

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Por su parte, dos ciudadanos rusos señalados en informes oficiales como presuntos responsables de estas actividades negaron cualquier vinculación con las maniobras. “Nunca hemos contactado a medios de comunicación, periodistas ni figuras políticas”, afirmaron en una respuesta escrita.

El informe también plantea que este tipo de operaciones no necesariamente buscan favorecer a un actor político en particular, sino generar desconfianza generalizada. “Las campañas de desinformación consisten en crear caos y desorden, erosionando la credibilidad de instituciones, medios y dirigentes”, sostuvo Becerra.

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Piden que la Justicia investigue los millonarios créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores de Milei

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La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó ayer una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza (LLA). Reclamó un pesquisa judicial para determinar si hubo irregularidades, que pudieran configurar algún delito, como “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta”, en la concesión de esos préstamos.

En la denuncia, Frade advierte que los montos otorgados no se corresponden con los ingresos de sus beneficiarios ni su capacidad para devolver el dinero. “Según normativa del Banco Central, las entidades deben evaluar la ‘capacidad de repago’ del deudor, basada en ingresos, pero también en la estabilidad de éstos. El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores, cuyo tope de permanencia está perfectamente definido, comportarían ‘fallas’ en esta evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”, indicó Frade en la denuncia presentada.

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Mónica Frade, diputada nacional de la Coalición CívicaSantiago Oroz

Esta semana, empezó a circular en la red social X que distintos funcionarios, legisladores y referentes del oficialismo nacional obtuvieron, tras la llegada de Javier Milei a Casa Rosada, créditos millonarios del Banco Nación.

La información difundida surge del sitio web “¿Cuánto deben?» desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky, que permite visualizar la evolución mensual de las deudas reportadas por figuras públicas a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Felipe Núñez, uno de los funcionarios señalados por haber accedido a un préstamo millonario del Banco Nación

Algunos de los funcionarios señalados a partir de ese relevamiento mantienen vínculos con el Palacio de Hacienda y el propio BCRA. Entre ellos, figuran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo -con una deuda inicial de $373.000.000- y Federico Furiase, exdirector del BCRA y secretario de Finanzas, con un pasivo de $367.059.000.

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El director de Comunicación Digital y encargado de la Oficina de Respuesta Oficial, Juan Pablo Carreira (más conocido en redes sociales como Juan Doe) también aparece con un crédito por $112.948.000. A ellos se suman los diputados de LLA, Alejandro Bongiovani, Mariano Campero y Lorena Villaverde, que mantiene deudas que oscilan entre $230.000.000 y $279.000.000. En redes sociales, Campero calificó de “maliciosas” las acusaciones en su contra y aseguró que no se trató de un “crédito discrecional ni excepcional”.

Por su parte, Bongiovani, un exPro, apuntó contra la oposición. “Es curioso que los mismos kirchneristas que decían que el UVA era una estafa ahora dicen que es un privilegio. Incurables”, dijo.

Y agregó: “Me resulta insólito que algunos estén tratando de homologar el tomar una deuda hipotecaria en las condiciones generales de cualquier cliente con un acto delictivo“.

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En plena polémica, el Banco Nación sacó un comunicado donde aclaró que el proceso para acceder a los préstamos es “homogéneo, sin excepciones”. No obstante, desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos, con beneficios que no tienen los clientes regulares.

En el texto de su denuncia, Frade advirtió que “resulta evidente que, desde el punto de vista de lo funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”

Por lo tanto, la diputada de la CC advirtió: “En los supuestos de que la investigación verifique esto, estaríamos frente a la posibilidad de quedar incursos en el tipo penal previsto en el art. 265 de negociaciones incompatibles”. La presentación también pide que se investigue si se incurrió en los delitos de “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta”.

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Por tal motivo, en el texto remitido a la Justicia, la diputada de la Coalición Cívica solicita que revisen los “legajos crediticios” completos de funcionarios y legisladores y las “actas del Directorio [del BNA] mediante las que se aprobaron las operaciones para con los beneficiarios” y se de actuación al Cuerpo de peritos contadores de la Justicia Nacional para determinar irregularidades en las condiciones de concesión de los préstamos y/o perjuicios que pudieran ocasionarle a la entidad otorgante.

La denuncia penal de Frade se suma a otras medidas impulsadas por dirigentes de la oposición. El diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) ya había presentado, el miércoles, un pedido de informe y de acceso a la información pública a la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y el Directorio del BNA para, entre otras cuestiones, determinar cuántos funcionarios mantienen deudos con la entidad financiera, sus montos y los controles que se aplican sobre la cartera crediticia del sector público.

“Si bien el acceso al crédito en entidades públicas no constituye en sí mismo irregularidad alguna, la concurrencia de circunstancias tales como montos elevados, simultaneidad en los otorgamientos y la condición de funcionarios públicos de los beneficiarios toma necesario verificar que el acceso al crédito por parte de los funcionarios públicos no se haya visto influido por su posición institucional, ni por la eventual disponibilidad de información privilegiada sobre variables financieras o condiciones del mercado”, planteó el diputado santafesino en uno de los textos presentados.

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El Gobierno dispuso una recomensa de $20 millones por información sobre Apablaza, el exguerrillero chileno prófugo de la Justicia

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El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para las personas que brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, el exguerrillero chileno que vivía en la localidad bonarense de Moreno, y que ahora se encuentra prófugo de la Justicia, y al que Chile busca extraditar hace años.

El país trasandino, a través de diferentes adminstraciones, responsabilizó a Apablaza por “graves delitos vinculados al terrorismo”. El exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está acusado por el crimen en 1991 del entonces senador Jaime Guzmán, y haber participado del secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio.

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Según se informó de manera oficial, aquellas personas que tengan iformación deberán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

Galvarino Sergio Apablaza, en una foto de archivo (AFP)

Esta semana, la justicia argentina había ordenado la detención con fines de extradición del ex guerrillero, que se encontraba asilado en Argentina desde hace décadas. Sin embargo, cuando la policía fue a su vivienda, no se encontraba allí.

A raíz de esta situación, el gobierno de José Antonio Kast, a través del ministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, reclamó al presidente Javier Milei que se realicen realicen los “mayores esfuerzos” para encontrar a Apablaza. “El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”, indicó.

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Galvarino Apablaza. La orden de detención se firmó ayer, miércoles (AFP)

La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial iniciada en 2010 tras un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas, que fue bloqueado por el otorgamiento del estatus de refugiado político durante el gobierno de Cristina Kirchner, que luego revocó Mauricio Macri durante su gestión presidencial.

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