POLITICA
Renunció el superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo
Gabriel Oriolo presentó su renuncia al cargo de Superintendente de Servicios de Salud (SSS), una decisión que se hará oficial el próximo lunes mediante su publicación en el Boletín Oficial.
Según informaron fuentes oficiales a Infobae, la salida de Oriolo fue conversada previamente con el ministro de Salud, Mario Lugones, y responde a una determinación personal. El propio funcionario confirmó su salida a través de un largo posteo en su cuenta de X.
“El lunes es mi último día como Superintendente de Servicios de Salud ya que tomé la decisión de renunciar al cargo por motivos personales. Esto fue conversado desde el primer momento con el Ministro de Salud, @MarioLugones_AR, a quien le agradezco públicamente —como ya lo hice en privado— por todos estos meses de trabajo en equipo y el compromiso. Me voy con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo central que nos propusimos desde el primer día: recuperar el rol fiscalizador de la Superintendencia, un rol que en los últimos años no se cumplió. La salud en la Argentina arrastra una crisis estructural de décadas y eso exige reordenar el sistema con transformaciones profundas como las que está llevando adelante el Gobierno Nacional“, escribió.
Asimismo, aseguró que durante su gestión impulsó “reformas históricas tanto en la seguridad social como en la medicina privada”, entre las que mencionó: “Terminamos con la famosa triangulación que era un negocio legal de décadas a costa de los beneficiarios, redujimos drásticamente los tiempos de respuesta a los reclamos, reformamos el régimen de sanciones a los agentes que no cumplen, hicimos públicos los valores de los planes para facilitar la libertad de elegir, achicamos la estructura política del organismo, mejoramos la trazabilidad, promovimos compras conjuntas que generaron ahorros millonarios y desregulamos un sistema que atentaba contra la competencia y beneficiaba a unos pocos, solo por nombrar algunas”.
Oriolo le agradeció públicamente al ministro Lugones, quien también a través de esa red social destacó el desempeño del funcionario y anticipó que Claudio Stivelman, actual gerente general del organismo, tomará el lugar al frente de la Superintencia.
“Seguiremos trabajando de la misma manera para continuar con el reordenamiento del sistema de salud que venimos impulsando”, añadió Lugones.
En reemplazo de Stivelman en la gerencia general quedará Juan José Picón, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente de subsidios por reintegro dentro de la SSS.
Oriolo participó activamente en la elección de Stivelman y Picón para sus nuevos cargos, con el objetivo de asegurar la continuidad en la dirección y las políticas que viene implementando la Superintendencia de Servicios de Salud.
El cambio en la cúpula de la Superintentencia de Servicios de Salud se da en medio de una avanzada del organismo con la premisa oficial de reordenar el Sistema de Salud.
Esta semana, dio de baja dos obras sociales del Registro Nacional, las cuales habían sido declaradas en crisis hace dos años y no mostraron avances en los planes de normalización de sus balances financieros ni operativos. Con estas nuevas decisiones, ya se liquidaron cinco obras sociales en los últimos días.
La decisión se dio a conocer en el Boletín Oficial este lunes a través de las resoluciones 1092/2025 y 1093/2025 firmadas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y publicadas en el Boletín Oficial. Estas resolvieron dar de baja del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS) a dos obras sociales: la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda y la Obra Social del Personal del Azúcar del Ingenio San Martín.
Ambas entidades estaban declaradas en situación de crisis desde hace más de dos años. Durante ese período, la Superintendencia había formulado observaciones y solicitado que se subsanen las irregularidades detectadas. No obstante, las administraciones de las obras sociales no presentaron la documentación e información requerida, lo que motivó la baja de la inscripción en el registro nacional.
“Los beneficiarios deben ser informados de la situación y tienen garantizada la continuidad de la cobertura de salud a partir de ejercer el derecho a realizar la opción de cambio a otro Agente. De no hacerlo, será la Superintendencia de Servicios quien asigne una cobertura de similares características”, informaron fuentes gubernamentales.
Con estas medidas, ya suman cinco las obras sociales dadas de baja del RNAS en los últimos días. La semana pasada fue excluida la Obra Social del Personal Aduanero. Además, se iniciaron trámites de baja para la Obra Social del Personal de la Industria Botonera y la del Personal Cinematográfico de Mar del Plata.
Fuentes del organismo explicaron que la actual gestión intensificó los controles sobre los agentes del seguro. “No hay lugar para quienes tengan irregularidades o no ofrezcan servicios de calidad. Quienes no cumplan con las normas serán dados de baja”, sostienen desde la SSS.
Más allá de la salida de Oriolo, la Superintendencia continúa con las auditorías sobre el sistema, que cuenta con casi 300 agentes. Desde el Gobierno reiteran que las medidas buscan garantizar la calidad y transparencia en la prestación de servicios de salud y evitar la permanencia de entidades que no cumplen con los requisitos legales y administrativos.
Esta transformación va en línea con el objetivo de la gestión libertaria de depurar el sistema de Agentes de Salud, y, en particular, los aquellos denominados “sellos de goma”, es decir, aquellas organizaciones que solo se inscribían en el sistema para obtener subsidios o brindar servicios que, en la práctica, estaban escasamente controlados. La falta de verificación posibilitaba la manipulación de registros para incrementar el volumen de fondos públicos determinados a su favor.
Al implementarse un ajuste en el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), numerosas obras sociales sindicales vieron afectada su recaudación. Con la modificación, dispuesta el año pasado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a través de un decreto, las transferencias de fondos estatales comenzaron a basarse en la cantidad real de afiliados y dejaron de considerar la compensación extra que previamente beneficiaba a las entidades con menos de 5.000 beneficiarios.
Este domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas nacionales, para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores; y surge una inquietud entre los ciudadanos que cumplen un rol fundamental en los comicios, referido a cuánto cobran las autoridades de mesa en las elecciones Argentina 2025.
La Jefatura de Gabinete publicó en agosto una resolución donde se indica el monto para las autoridades de mesa y delegados, según el rol que desempeñen en el acto electoral.
La resolución 347/2025 establece los montos que percibirán los ciudadanos que cumplan tareas como autoridades de mesa en los comicios de este domingo.
La normativa detalla que los viáticos para quienes desempeñen funciones en los centros de votación oscilarán entre $40.000 y $120.000, dependiendo del rol asignado.
Las autoridades de mesa, quienes supervisan y garantizan el correcto desarrollo de la votación en cada mesa, cobrarán $40.000. Además, aquellos que participen en las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral recibirán una compensación adicional de $40.000. Desde el Gobierno explicaron que este incentivo busca “estimular la participación en los cursos de formación para mejorar el desenvolvimiento de los comicios”.
Por su parte, los delegados en los locales de votación serán remunerados con $80.000, en tanto que los delegados judiciales, encargados de reportar eventos o incidencias solicitadas por la Cámara Nacional Electoral, percibirán $40.000.
El monto más elevado será para los delegados tecnológicos, quienes supervisarán la verificación de identidad mediante herramientas biométricas en algunos establecimientos de votación. Ellos cobrarán $120.000.
El documento oficial también establece que los ciudadanos podrán elegir diferentes formas de cobro, incluyendo opciones electrónicas, con el fin de garantizar un pago rápido y seguro. Además, tendrán hasta un año para reclamar la percepción de los viáticos correspondientes.
La Justicia Nacional Electoral será la encargada de verificar el cumplimiento efectivo de funciones de cada participante y notificará al Correo Argentino quiénes están habilitados para cobrar. Por su parte, la vicejefatura de Gabinete del Interior coordinará la organización y ejecución de estas tareas.
La Boleta Única Papel (BUP) reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figuran en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.
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POLITICA
La Corte Suprema confirmó la condena a tres personas que vendían certificados truchos para cancelar deudas fiscales
La Corte Suprema confirmó la condena a tres personas que vendían certificados truchos para cancelar deudas fiscales. El jefe de la banda quedó detenido en la cárcel de Gualeguaychú. Ahora avanzarán decomisos que incluyen propiedades y cuentas en EE.UU. y hasta un viñedo.
El Máximo Tribunal rechazó un recurso extraordinario de la defensa de dos contadores, Salvador Luis Morelli (alias “Lucho”) y Sergio Oscar De Araquistain y un abogado, Roberto Mario Izaguirre (alias “Roy”). Los tres resultaron condenados en primera instancia como coautores del delito de asociación ilícita fiscal. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Paraná en junio de 2023. La Cámara de Casación Penal confirmó la decisión, pero redujo las penas.
La asociación fiscal ilícita está tipificada en el Régimen Penal Tributario, Ley 24.769. Apunta a sancionar a organizaciones de tres o más personas que se complotan para realizar ilícitos de este tipo de manera habitual.
En el juicio se probó que Morelli, De Araquistain e Izaguirre habían montado un negocio ilegal que consistía en la venta de certificados falsos de créditos fiscales ficticios. La operación involucró a empresas constructoras con deudas de IVA, con supuestas retenciones que habían sufrido otros contribuyentes.
Con este falso crédito de libre disponibilidad ante la AFIP (hoy ARCA), se cancelaban saldos negativos que tenían estas empresas. El mecanismo se implementó entre 2010 y 2015.
“Lucho” Morelli y “Roy” Izaguirre recibieron penas de 5 años y 3 meses en primera instancia. A De Araquistain le correspondió una sanción mayor, 6 años y 3 meses, porque fue considerado el líder de la gavilla. Todos comenzaron a cumplirla en sus domicilios. Casación, al analizar el caso, confirmó las sentencias pero rebajó las penas; de allí que Morelli e Izaguirre hayan conseguido en agosto la salida condicional.
De Araquistain no estaba en situación de acceder al beneficio. Por eso este jueves, al revocársele la domiciliaria, lo alojaron en la Unidad Penal de Gualeguaychú. Allí deberá estar, al menos un año, compartiendo pabellón con delincuentes comunes.
Decomisos
Lo sustancial de la causa es la recuperación del dinero de los contribuyentes que se apropió la banda. El Tribunal Federal de Paraná dispuso que el decomiso de los bienes de los implicados se concrete una vez que el fallo quede firme. A fin de evitar que vacíen el patrimonio, la Justicia ordenó la inhibición de bienes de Morelli e Izaguirre y la anotación de litis en los de De Araquistain. Esta última medida lo habilitaba a transferir sus propiedades, pero el adquirente recibía una advertencia de que podían ser decomisados.
La denegatoria de la Corte dio firmeza a las condenas. Por eso ahora se abre el incidente para determinar qué bienes recupera el Estado. Esto se resolverá en una audiencia con presencia de las partes, según indicaron fuentes judiciales consultadas por este medio.
El fallo recopiló una larga lista de propiedades en los Estados Unidos y en la Argentina, vehículos y depósitos en el país y en Norteamérica. Entre ellas se cuentan:
- 1 Inmueble en la zona de Malagueño, cerca de Córdoba Capital.
- 1 Inmueble ubicado en Cape Coral, Florida, Estados Unidos.
- 1 Inmueble localizado en Fort Myers, Florida, Estados Unidos.
- Dólares depositados en una caja de ahorro del JP Morgan Chase Bank. EE.UU.
- Dólares depositados en una cuenta corriente del JP Morgan Chase Bank. EE.UU.
- Dólares depositados en una cuenta corriente del Ocean Bank de Miami, Florida, EE.UU.
- Un viñedo de 1.200 hectáreas en Divisadero, General San Martín, Mendoza.
El tiro por la culata
Muchos de estos bienes fueron detectados por las autoridades a raíz del blanqueo de capitales que se concretó en la gestión de Mauricio Macri en 2016, a través de la ley 27.260.
Morelli e Izaguirre se adhirieron a ese beneficio fiscal. Durante el juicio, las defensas de ambos reclamaron que esos bienes estaban protegidos por la legislación de regularización de activos. El Tribunal entendió que la ley sólo los resguardaba de las acciones por los impuestos no pagados.
La protección de la 27.260 “no alcanza a todas las acciones penales emergentes de la ley 24.769 (penal tributaria) sino solamente a aquéllas que estén vinculadas a una obligación susceptible de ser cancelada mediante pago, en el caso de autos, al delito de evasión en que Morelli e Izaguirre habían incurrido”. Ese fue el razonamiento de la jueza Noemí Berros al que adhirieron los otros dos miembros del Tribunal, Roberto López Arango y Mariela Rojas (subrogante). “Dicho de otro modo: el delito de AIF (asociación ilícita fiscal) no es susceptible de ser cancelado en términos de punibilidad por la ley 27.260”, abundó la magistrada.
En el juicio de primera instancia intervinieron el fiscal general José Ignacio Candioti y el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy. En representación de Afip/Arca actuaron las abogadas Diana Marina Núñez y María Florencia Sieber.
Los candidatos de la provincia de Buenos Aires
Habrá 13.353.974 electores que elegirán 35 diputados en 135 secciones electorales.
Los candidatos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Habrá 2.520.249 electores que elegirán 13 diputados y 3 senadores en 15 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Córdoba
Habrá 3.120.707 electores que elegirán 9 diputados en 26 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Santa Fe
Habrá 2.846.454 electores que elegirán 9 diputados en 19 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Mendoza
Habrá 1.523.848 electores que elegirán 5 diputados en 18 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Catamarca
Habrá 347.282 electores que elegirán 3 diputados en 16 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Chaco
Habrá 1.013.621 electores que elegirán 4 diputados en 25 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Chubut
Habrá 485.052 electores que elegirán 2 diputados en 15 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Corrientes
Habrá 951.732 electores que elegirán 3 diputados en 25 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Entre Ríos
Habrá 1.155.693 electores que elegirán 5 diputados y 3 senadores en 17 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Formosa
Habrá 491.558 electores que elegirán 2 diputados en 9 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Jujuy
Habrá 602.380 electores que elegirán 3 diputados en 16 secciones electorales.
Los candidatos de la privincia de La Pampa
Habrá 304.693 electores que elegirán 3 diputados en 22 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de La Rioja
Habrá 310.155 electores que elegirán 2 diputados en 18 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Misiones
Habrá 1.006.564 electores que elegirán 3 diputados en 17 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Neuquén
Habrá 581.437 electores que elegirán 3 diputados y 3 senadores en 16 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Río Negro
Habrá 611.533 electores que elegirán 2 diputados y 3 senadores en 13 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Salta
Habrá 1.117.076 electores que elegirán 3 diputados y 3 senadores en 23 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de San Juan
Habrá 620.823 electores que elegirán 3 diputados en 19 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de San Luis
Habrá 429.732 electores que elegirán 3 diputados en 9 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Santa Cruz
Habrá 272.027 electores que elegirán 3 diputados en 7 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Santiago del Estero
Habrá 826.361 electores que elegirán 3 diputados y 3 senadores en 27 secciones electorales.
Los candidatos de Tierra del Fuego
Habrá 153.120 electores que elegirán 2 diputados y 3 senadores en 4 secciones electorales.
Los candidatos de la provincia de Tucumán
Habrá 1.341.563 electores que elegirán 4 diputados en 17 secciones electorales.
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