POLITICA
Residencias médicas: el Gobierno anunció un nuevo mecanismo para analizar los exámenes sospechados de fraude
El Ministerio de Salud comunicó que “la mayoría” de graduados de universidades argentinas no deberán volver a rendir el examen de residencias médicas y que se creó un «nuevo mecanismo» para estudiar caso por caso los 268 exámenes sospechados de fraude. Así lo comunicaron con un video el miércoles por la noche el ministro de Salud, Mario Lugones, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. “Queremos asegurarnos de que quienes acceden a una residencia tengan la formación adecuada y hayan demostrado idoneidad real”, expusieron.
El Gobierno dio marcha atrás con su primera decisión de volver a tomar la evaluación a quienes hubieran obtenido un porcentaje superior a 86, y en cambio apuntaron contra casos específicos de alumnos que estudiaron en universidades extranjeras.
“Más de la mitad de los 268 postulantes, la mayoría graduados de universidades argentinas, serán revalidados sin tener que volver a rendir”, indicó Álvarez en el video. “Esta medida no busca castigar, sino preservar la transparencia y el mérito”, aclaró.
Álvarez mencionó que “las proyecciones preliminares indican que alrededor del 45% de los 268 postulantes, egresados en su mayoría de universidades extranjeras, deberán rendir el examen de manera escrita”. Teniendo en cuenta la cifra brindada por el ministro, serían alrededor de 120 postulantes los que deberían rehacer el examen.
El subsecretario aclaró que dentro de de esos 120, la “mayoría” provienen de universidades extranjeras que “no tienen los mismos estándares ni controles de calidad que las argentinas”. Enfatizó que en ellos se encontraron “incongruencias claras” entre el puntaje del examen y el desempeño académico.
Es por eso el ministro Lugones se encargó de anunciar la creación de un nuevo “mecanismo” por el cual se analizará cada caso en particular, sobre todo aquellos que el resultado “no se explica por el mérito ni por el historial académico”. “Hablamos de casos que se destacaron por tener puntajes inusualmente altos. En muchos de ellos, la nota obtenida no se corresponde con los antecedentes académicos ni el rendimiento histórico de sus universidades”.
“Frente a la negativa de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires de adoptar mecanismos académicos de validación, decidimos actuar. Se creó un nuevo procedimiento para cada uno de estos 268 casos. Vamos a analizar notas, promedios y antecedentes institucionales de las universidades, incluyendo los estándares internacionales, validados por la Federación Mundial de Educación Médica”, dijo Lugones.
Por otro lado, el ministro aseguró que se presentarán ante la Justicia las denuncias pertinentes sobre los casos de falta de legitimidad “para que se investigue el accionar de los casos detectados y evitar que se consoliden beneficios obtenidos en forma ilegítima”.
“Hoy se defiende el esfuerzo, la formación rigurosa y la salud pública como valor irrenunciable”, agregó el funcionario. “En medicina no hay margen para la improvisación ni el fraude. Este gobierno no va a permitir que alguien que se copió entre al sistema y se convierta en médico residente de un hospital argentino”, enfatizó Álvarez.
268 exámenes sospechados de fraude,Ministerio de Salud,Conforme a,Ministerio de Salud,,Examen de residencia. Cómo es el video completo que grabó un médico con sus anteojos y que está siendo investigado,,Sospechas de fraude masivo. Investigan un video que muestra cómo graban un examen de residencia con anteojos que tienen cámara,,En medio de la polémica. El Gobierno confirmó la fecha en la que se tomará el nuevo examen de residencias médicas
POLITICA
La Justicia allana dos barrios de Nordelta y busca más información sobre los dueños de la droguería Suizo Argentina
La investigación por presuntas coimas en la ANDIS continúa: este martes allanan dos barrios en Nordelta. La Justicia busca los registros de ingreso y salida. Además, analizan las cámaras de seguridad por pedido del juez Sebastián Casanello.
El lunes había declarado en indagatoria el jefe de Seguridad. En horas de la tarde se hicieron presentes móviles de la policía de la Ciudad. El operativo se lleva a cabo en el barrio La Isla y en el Golf de Nordelta.
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El Gobierno definió modificar el sistema de contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo en los que denuncia un presunto cobro de coimas en el organismo. Se trata de la primera medida que tiene en la mira el Ejecutivo luego de los avances de la Justicia sobre la causa.
La Casa Rosada tiene previsto quitarle la autarquía financiera al organismo descentralizado, de forma que no pueda definir sus comprar y contrataciones sin intervención del Ministerio de Salud. “La idea es que las decisiones de adquisición pasen a la órbita de la administración central y que la ANDIS no ejecute el procedimiento de forma directa”, expresan en Nación.
Leé también: Escándalo por las presuntas coimas en Discapacidad: el Congreso presiona para citar a Lugones y a Karina Milei
Según pudo saber TN, los equipos técnicos de Balcarce 50 están trabajando en el documento para impulsar la medida desde que se conocieron los primeros audios del extitular del organismo en el que habla de irregularidades en el proceso de contratación de la droguería Suizo Argentina.
El Gobierno definió avanzar con los cambios en el proceso de contrataciones de la ANDIS luego de comenzar la auditoría en el organismo tras la intervención a cargo de Alberto Vilches. En Nación aseguran que revisarán todas las licitaciones, compras directas y órdenes ejecutadas a través de vías de excepción.
El Ejecutivo mantiene la postura de que auditarán el contrato de la ANDIS con la droguería Suizo Argentina, que está en la mira de la Justicia, que ya realizó allanamientos y secuestró el celular de Spagnuolo. El oficialismo sostiene que el presidente echará a “todos los implicados en el proceso” en caso de que se compruebe que hubo irregularidades.
En tanto, Lugones y Vilches estaban citados al Congreso, al plenario de las comisiones de Acción Social y Salud pública y Discapacidad, pero decidieron no hacerlo. Esto generó nuevas críticas por parte de la oposición, que esperaba explicaciones de los funcionarios en medio de la investigación por presuntas coimas en la ANDIS.
“Ahora hay que cambiar la estrategia, hay que apuntar a Karina Milei (secretaria general de la presidencia), que es quien mencionan en los audios”, aseguró eldiputado nacional de Democracia Para Siempre, Pablo Juliano.
Asimismo, la legisladora de Unión por la Patria Sabrina Selva pidió también la interpelación de la hermana del Presidente, mientras que su par de bancada Eduardo Valdés, hizo lo propio con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “Que aclare si instruyó al entonces titular de la ANDIS para dar de baja masivamente pensiones por discapacidad, sin revisiones médicas previas, tal como surge de los audios difundidos”, afirmó Valdés.
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La investigación sobre el fentanilo contaminado avanza con la declaración de uno de los principales implicados. Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, brindó su testimonio ante el juez y la fiscal federal, donde expuso su versión de los hechos. Su declaración se extendió por varias horas, donde detalló aspectos clave de la producción y distribución del medicamento.
El empresario Ariel García Furfaro declaró ante el juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal federal María Laura Roteta en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata. Asistido por su abogado Gastón Marano, García Furfaro dirigió sus acusaciones contra un excolaborador y contra la Anmat.
En su testimonio, sostuvo que en diciembre, al momento de la elaboración de los lotes de fentanilo, había iniciado los trámites ante la Anmat para cerrar HLB Pharma y trasladar sus operaciones a Laboratorios Ramallo.
García Furfaro refirió conocer solo a dos o tres personas de HLB, empresa que había adquirido en 2017 y por la cual enfrenta un posible juicio oral. Durante el interrogatorio, el empresario afirmó: “Yo me dedicaba a lo comercial con [la droguería] Alfarma, a la venta y a la compra de lo que era importación. En HLB, hasta octubre del año pasado, lo manejaba otra gente, Andrés Quinteros”.
Se le imputa haber participado, junto a 16 o más personas que trabajaban para HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, en una cadena de decisiones. Estas decisiones abarcan “la fabricación, la distribución, la venta, la omisión de recupero farmacéutico y la adulteración” de los lotes N° 31.202 y N° 31.244 de fentanilo marca HLB Pharma. Estos lotes se derivaron para su elaboración en la planta de la firma Ramallo.
El lote 31.202 comprendió 154.530 ampollas producidas entre el 18 y 19 de diciembre del año pasado. Fue liberado para su comercialización el 4 de enero de este año. Su distribución a hospitales y centros privados que compraron el producto se realizó a través de droguerías como Alpharma, propiedad del propio García Furfaro; Glamamed y Nueva Era, con sedes en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario y Córdoba.
El Hospital Italiano de La Plata fue el primero en alertar a la Anmat sobre la contaminación bacteriana de ampollas cerradas. Este centro había adquirido 10.000 ampollas en diez cajas del lote 31.202. Ingresaron al stock del área de Farmacia el 1° de abril y, seis días después, comenzaron a entregarse a las unidades de terapia intensiva según los requerimientos médicos.
El otro lote, con 151.430 dosis, se liberó del laboratorio para su venta a través de droguerías el 6 de enero. En ambos casos, la adulteración durante la producción consistió en la contaminación del medicamento con las bacterias Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia mannitolilytica.
Análisis realizados en el instituto Malbrán confirmaron esta contaminación. El tribunal determinó que el proceso de elaboración tuvo “múltiples falencias”, muchas consideradas críticas, con “pluralidad de alertas que no fueron atendidas”.
Para el juzgado y la fiscalía federales, García Furfaro es el dueño de HLB Pharma y el propietario y gerente “oculto” de Laboratorios Ramallo. En sede judicial, mantuvo la versión que había manifestado a .
Dijo que se enteró el 8 de mayo, por la droguería Nueva Era, de que el producto causaba efectos adversos –mencionó fiebre– en pacientes internados en el Hospital Italiano de La Plata. Allí fue con el abogado Sebastián Nanini, colaborador del intendente Mario Ishi, de José C. Paz, a quien había vendido HLB Pharma. Ese día, la Anmat emitió su primera alerta.
“Habré ido dos veces a la Anmat. El resto de las veces iba [Andrés] Quinteros. Ahora entiendo por qué no me salían los certificados [para producir medicamentos que adquiría de otras firmas, como Surar Pharma, clausurada desde 2015]. Yo creo que me generaron este lío a propósito”. García Furfaro le atribuyó haberse ocupado de las gestiones ante la agencia regulatoria “los últimos seis años”.
En su declaración de casi seis horas, el empresario insistió en pedir que se investigue cómo se contaminaron las ampollas con bacterias, específicamente por las Klebsiellas, que son gérmenes nosocomiales multirresistentes.
“Anmat nos quería cerrar”, afirmó. Dedicó parte de su tiempo ante el juez a explicar por qué “quería” estar preso. “Aparte de saber qué pasó con la gente, con las víctimas, tengo 30 trabajadores que están al borde del suicidio“, manifestó. Calificó de “gente espectacular” a los dos directores técnicos de los laboratorios. “Si algún empleado mío hizo una maldad, yo me hago responsable, pero son gente de trabajo”, continuó. Sobre sus dos hermanos, detenidos, expresó que “son pibes laburantes”.
Hacia el final, en una declaración donde reiteró que el ministro de Salud, Mario Lugones, había ordenado a la Anmat el cierre del laboratorio, García Furfaro planteó que todos los lotes de la campaña de fentanilo de diciembre deberían haberse contaminado con las bacterias.
“Esa parte es la más difícil. Todos estamos pensando qué pudo haber pasado”, dijo. “Entre lote y lote se desinfectaba todo. Limpieza. Tenemos autoclave que miden media cuadra. Se desinfecta. Todos los años, hay que parar y hacer todo de nuevo. Todo lo que se necesitaba se compraba, en eso no se mezquinó nunca”, agregó, en respuesta a la fiscalía.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Fabiola Czubaj.
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POLITICA
Tras el escándalo, el Gobierno quiere que la ANDIS pase al Ministerio de Salud para controlar las licitaciones
La Casa Rosada está evaluando hacer cambios administrativos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo involucrado por el escándalo de los audios de su entonces director ejecutivo, Diego Spagnuolo, que acusó un presunto entramado de coimas de funcionarios con la droguería Suizo Argentina.
“Estamos estudiando la viabilidad de que deje de ser un organismo descentralizado y que el Ministerio de Salud pase a tener una mayor responsabilidad sobre ella”, afirmó una alta fuente de la cúpula presidencial. Esta intención se habría acelerado y tomado en cuenta en los últimos días.
La ANDIS, tal y como se conoce hoy en día, se creó bajo la administración nacional de Mauricio Macri bajo el Decreto 698/2017. En ese entonces se determinó que fuera un organismo descentralizado, que son el tipo jurídico-administrativo que con más frecuencia impera en la Administración Pública Nacional.
¿Qué implica que tenga esa naturaleza? Que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. Como componente adicional, organismos como la ANDIS son quienes elaboran sus trámites licitatorios, siendo responsables del denominado “Servicio Administrativo Financiero” de estos procesos. Este es el mismo caso que el Instituto Nacional del Cáncer (INC) o la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).
Hasta la semana pasada, la administración de Diego Spagnuolo inició 31 procesos licitatorios, según se desprenden de datos del portal Comprar. El mismo día en el que se echó al entonces titular, se implementó una decisión igual con Daniel Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud del ANDIS y un amplio conocedor de los procesos y convenios para la compra de medicamentos y otros insumos.
Por su carácter de organismo descentralizado, los funcionarios sanitarios no podían ver la composición ni el desarrollo de esos procesos. “Ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números, antes no lo podíamos hacer y quedaba todo a su disposición”, indican en el Gobierno. Esto sucede por el decreto publicado el viernes pasado que dispone la intervención y le otorga facultades de gobierno y administración al nuevo funcionario encargado de esa tarea, Alejandro Vilches, hasta entonces secretario de Gestión Sanitaria y funcionario de extrema confianza del ministro Mario Lugones.
Con la llegada de Vilches, en el Ministerio de Salud sienten que por primera vez tienen a un funcionario propio bajo la administración política del organismo. Por caso, Spagnuolo no respondía ni al primer ministro de Salud de Milei, Mario Russo, ni a Lugones. Había sido una designación propiciada por el propio mandatario libertario.
Hay quienes recuerdan un caso similar al actual. A comienzos de año, Lugones determinó junto a la Presidencia de la Nación que había que intervenir la conducción del Hospital Bonaparte. El entonces director no acataba las órdenes sanitarias y se optó por esta modalidad. “Si es que sucede, lo de la ANDIS podría ser algo similar”, afirman.
La pregunta que circula en relación a esta decisión -proveniente de la Casa Rosada- es si el oficialismo tiene la posibilidad de hacer este cambio administrativo, algo que fue muy habitual verlo durante la vigencia de las facultades delegadas en materia administrativa que regían durante la Ley Bases, las cuales ya vencieron.
Muy cerca del Presidente dicen que pueden encontrar el recoveco legal para efectuarlo. Un importante abogado administrativista que prefirió que su nombre no sea revelado indicaba a Infobae que “en base a las facultades que le asigna al Presidente el art. 99, inciso 1) de la Constitución Nacional sería una medida de organización interna de la Administración Pública nacional, de la cual el Presidente es el superior jerárquico”.
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