publicó el 18 de febrero pasado un artículo periodístico titulado “Un funcionario de Milei elogió a Fujimori y dijo que la Argentina debe “apuntar a lo mismo”, con este subtítulo: “Juan Pablo Carreira, que dirige la Oficina de Respuesta Oficial, ponderó la reforma constitucional del expresidente de Perú que cerró el Congreso, persiguió periodistas y opositores y terminó preso por corrupción”.

Allí se indicaba que Carreira, en su cuenta como Juan Doe, el día anterior había sostenido en las redes sociales que para ”inmortalizar el proceso iniciado por el presidente Milei se debia cambiar la Constitución Nacional” y adoptar el modelo de la Constitución de 1993 del Perú, sancionada durante la presidencia de Fujimori, porque era una de las más liberales del mundo.

Ante tan graves afirmaciones, sostengo que se debe cumplir nuestra Constitución Nacional en lugar de pretender cambiarla por una de carácter marcadamente autoritario, que significó la consolidación del hiperpresidencialismo, la eliminación del Senado y la centralización del Perú, más allá de los aspectos económicos a los cuales más adelante me referiré.

Además, dicho texto ya ha sido modificado en su mayor parte, por otras posteriores reformas que volvieron a instaurar la descentralización del país, con 25 regiones y con el Senado que volverá a funcionar este año, para superar los problemas de la unicameralidad, como lo he conversado con los destacados profesores de Derecho Constitucional Domingo García Belaúnde y Jorge Cáceres Arce, de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

La Constitución Nacional que nos rige es la de 1853, con las reformas de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994, tal como fue sancionada el 22 de agosto y jurada por los Convencionales y autoridades federales el 24 de agosto de 1994, en el histórico Palacio de San José, que perteneciera al General Justo José de Urquiza, prócer máximo de la organización nacional.

Sostengo que la política constitucional es la quintaesencia de la política arquitectónica, pues debe basarse en amplios consensos sobre las grandes ideas, valores, objetivos y sueños de una sociedad en su más trascendente proyecto político nacional, que es la Ley Suprema.

Tal como lo sostuvo Juan María Gutiérrez, Convencional Constituyente de 1853, la Constitución Nacional es la Nación Argentina hecha ley. Y la nuestra fue el resultado de un proceso histórico para consolidar una república federal y democrática.

En la última reforma de 1994, la más profunda y legítima de la historia, existió muy alto grado de acuerdo para la sanción de 61 normas constitucionales: 20 nuevas, 24 reformadas y 17 disposiciones transitorias. Y se produjo una notable modernización de nuestro derecho público, que también alcanzó a Constituciones Provinciales y a la sanción de 199 Cartas Orgánicas Municipales.

Fue la expresión más clara de la unión nacional, que fue y es el primer objetivo planteado en el Preámbulo por los padres fundadores de 1853.

Ese ejemplo de pluralismo, democracia deliberativa y consenso en torno a nuestra Ley Fundamental es el que debió y debe seguirse en la actualidad, para superar las dificultades y divisiones que impidieron el desarrollo nacional.

Pero lamentablemente en la etapa “post constituyente”, destinada a la reglamentación y cumplimiento de las reformas, que también exige esa política de grandes acuerdos, la misma dejó de practicarse.

Y la política agonal a la que volvimos –que ha primado en la historia argentina- nos dió como resultado una débil cultura constitucional y de la legalidad, como lo han probado las tres encuestas que realizáramos con el politólogo Daniel Zovatto y los sociólogos Manuel Mora y Araujo y Eduardo Fidanza, en 2004, 2014 y 2023.

Asimismo he analizado detalladamente los incumplimientos de la Constitución Nacional, donde no puede dejar de mencionarse la grave responsabilidad del Congreso en el incumplimiento de la sanción de las leyes reglamentarias, luego de la gran reforma de 1994. Se trata aproximadamente de 30 leyes necesarias para la plena vigencia de la reforma, además de las sancionadas de manera inconstitucional en algunos casos, como la 24.588, que limitó la autonomía de la CABA; la 26.080, sobre Consejo de la Magistratura, y la 26.122, que facilitó el dictado de DNU y de legislación delegada.

Por otra parte, es inexplicable que el Congreso no haya designado al Defensor del Pueblo de la Nación, a pesar que han transcurrido casi 15 años del alejamiento del anterior titular y que estén vacantes más del 35% de cargos del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Obsérvese además la defección de nuestros Poderes Ejecutivos y Legislativos Federales y Provinciales, que no han avanzado en la sanción de la Ley Convenio de Coparticipación Impositiva, pese a que el plazo fijado fuera el 31 de diciembre de 1996.

En consecuencia, continúa el hiperpresidencialismo y unitarismo fiscal en lugar de una adecuada vigencia de la república federal.

Volviendo a Perú es evidente que la continuidad de la independencia del Banco Central ha posibilitado un avance en la economía, no obstante los problemas políticos de inestabilidad que han llevado a tener nueve Presidentes en los últimos diez años.

En nuestro caso, por la falta de cumplimiento del Art. 75 inc. 6 de la Constitución que ordenó la creación del Banco Federal en lugar del Banco Central, se impidió un buen funcionamiento de dicha institución, que debe defender el valor de la moneda, según lo establecido en el Art. 75 en el inc.19, como una de las bases constitucionales de la política económica.

Hay que comprender que se debe gobernar con la Constitución en la mano, porque sólo con el cumplimiento estricto de la misma y de las leyes, Argentina superará sus graves problemas estructurales.

El cambio profundo que necesita nuestro país puede concretarse, si somos capaces de respetar nuestras instituciones, unir la ética a la política y así elevar nuestra cultura constitucional y de la legalidad.

El autor es abogado constitucionalista y presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Fue fue vicepresidente de la Comisión Redactora en la Reforma Constitucional de 1994.