La diputada nacional por La Libertad Avanza Sabrina Ajmechet sostuvo que “no tiene sentido” que el Gobierno nacional se siente a hablar con el mandatario bonaerense Axel Kicillof y consideró que “no habrá diálogo” con el kirchnerismo si “van a seguir defendiendo a los delincuentes” en el debate de la reforma de Código Penal.

Ajmechet, alineada con la senadora Patricia Bullrich desde cuando estaban en Pro y ahora en LLA, reivindicó de esa manera que la Casa Rosada no convoque a negociar al gobernador Kicillof, pese a que administra la provincia más importante del país; y se mostró partidaria de buscar aliados en el Congreso, a excepción del kirchnerismo.

En declaraciones al programa A Confesión de Parte, que se emite por FM Milenium, Ajmechet fue tajante: “No tiene sentido sentarse en una mesa a dialogar con Kicillof; es perder el tiempo con alguien que se pelea con los hechos”, sostuvo y se quejó: “Es muy difícil conversar”.

En la misma línea, la diputada libertaria –cuyo bloque pasó a ser la primera minoría en la Cámara baja y buscará construir una nueva hegemonía– dijo que en el debate de la reforma al Código Penal “no habrá diálogo” con el kirchnerismo “si ellos van a seguir defendiendo delincuentes”.

“El que las hace las paga y los buenos son los de azul, como dijo Patricia”, sostuvo Ajmechet a modo de consigna política. La exintengrante de Pro también cargó contra los sindicatos que se oponen a la reforma laboral que impulsa el oficialismo y hacen “un paro preventivo sin saber a qué se están oponiendo”.

Por último, Ajmechet manifestó su rechazo a las distintas formas que utilizaron los diputados para jurar en sus cargos la semana pasada. “Si hay diputados que juran por otro territorio o por una persona condenada, no deberían poder sentarse en su banca. Presenté un proyecto al respecto, basta del circo en el Congreso”, enfatizó.

Primero fue indagado Pablo Atchabahian y luego Miguel Ángel Calvete, ambos acusados de oficiar como directores “paraestatales” en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Después le llegó el turno a Diego Spagnuolo, extitular del organismo y presunto autor de los audios sobre coimas. A él lo siguió Daniel Garbellini, el otro funcionario que salió eyectado cuando explotó el caso. Ninguno dijo nada.

Como si existiera un pacto, el silencio se replicó en las indagatorias de otros nueve imputados: la exfuncionaria Lorena Di Giorno; los presuntos operadores externos Luciana Ferrari y Federico Santich; la pareja de Calvete, Guadalupe Muñoz, y los directivos de las empresas que se habrían beneficiado con la maniobra, Patricio Rama, Noemí Ruth Lozano, Andrés Arnaudo, Silvana Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta

El mutismo prolongado que presenció la Justicia en estas últimas semanas y los vínculos societarios y afectivos entre los indagados instalaron la duda acerca de la existencia de un pacto de silencio para evitar darle a la Justicia detalles sobre la maniobra que revisa.

“Somos familia”, describía Atchabahian en el grupo de WhatsApp que compartía con Garbellini y Rama, entre otros, en donde se intercambiaban los avances para establecer negocios con el Estado.

“Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”, les decía Atchabahian, que está con prisión preventiva en su casa de Mendoza.

Los defensores de los apuntados por la Justicia niegan haber delineado una estrategia conjunta de protección mutua. Sin embargo, reconocen que hubo entre ellos distintos tipos de contactos en el transcurso de la causa.

Algunos de las últimas comunicaciones fueron “de cortesía”, para felicitar al abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, por la decisión de la Cámara Federal, en respuesta a un planteo suyo, de ordenarle al juez Sebastián Casanello que investigue el origen de los audios que desataron el escándalo, una estrategia que puso en marcha Martín Magram, el abogado defensor de la familia Kovalivker, dueña de la Suizo Argentina, y a la que Spagnuolo se sumó luego.

Sin embargo, nadie habla de una planificación coordinada. Un letrado explicó que la elección de su cliente por no declarar obedecía a eliminar cualquier posibilidad de dar un paso en falso durante una declaración oral, pero que, analizada más en detalle la imputación, podría llegar a presentar eventualmente un descargo, por escrito.

La mayoría, sin embargo, sostiene que elegir no declarar es la consecuencia “natural” de no contar con acceso a la totalidad de lo actuado. Aseguran que dentro del expediente existe una serie de legajos reservados cuyo contenido es una incógnita. Y nadie recomienda declarar sin saber qué pruebas acumuladas habitan el expediente.

El misterio y la inquietud se acentuaron el lunes pasado cuando el exfuncionario de la Andis Roger Grant sí declaró y rasgó el manto de silencio que se extendió sobre la maniobra investigada.

Según trascendió, Grant, que era coordinador de gestión de urgencias y estaba a cargo de las compras en el sistema interno que se revisa, sostuvo ante el juez y el fiscal que era su jefe, Garbellini, quien estaba al mando de la operatoria y le indicaba todo lo que debía hacer.

De acuerdo a los audios que hicieron nacer la causa, Garbellini era la persona que habría puesto dentro de la agencia Eduardo “Lule” Menem, la mano derecha de Karina Milei.

La noticia del señalamiento sobre Garbellini encendió alarmas en las defensas, porque la declaración de Grant no se cargó en el sistema al que tienen acceso todas las partes.

“No se sabe qué dijo”, decía en la semana un abogado. “No existe el semisecreto de sumario”, se quejaba otro, en alusión a Grant, a los legajos reservados y al silencio.

Además de Grant, en la causa declaró Eduardo “Pino” González, que también resultó desplazado de la agencia tras el escándalo. Pero González no apuntó contra nadie en particular, dijeron fuentes judiciales, y se limitó a negar los hechos.

Cámara

La resolución de la Cámara Federal trajo algo de alivio sobre las defensas, sorprendidas algunas por el ritmo del expediente. Fue en respuesta a un planteo de Magram, el abogado de la familia Kovalivker. Sostuvo que todo lo actuado en la causa debía anularse porque se desconocía el origen de los audios. Primero ante el juez Casanello y luego ante la Cámara Federal.

Los jueces de la Sala II le dieron algo de razón cuando, sin hacer caer el caso, ordenaron el jueves esclarecer el origen de las grabaciones, algo que está bajo estudio. A esa estrategia se sumó Spagnuolo durante el tiempo que fue representado por la defensora oficial Florencia Plazas, su segunda defensa en la causa. Ese rumbo sería confirmado luego con la llegada de D’Alessandro.

Antes del fallo del jueves, el abogado le advirtió a la Cámara en un escrito que los audios eran “falsos” y que el fiscal Franco Picardi los incluyó en dos de las tres pruebas que identificó al inicio del caso, cuando decidió impulsar la investigación.