POLITICA
Revés para Tapia y Toviggino: la Justicia rechazó el pedido de nulidad en la causa por presunta evasión
La Cámara en lo Penal Económico rechazó un planteo de la defensa de la Asociación del Fútbol Argentino y de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y confirmó que la causa en su contra seguirá en curso. La investigación está vinculada a una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por presuntas irregularidades en el manejo de tributos y aportes a la seguridad social.
El fallo, firmado por la Sala A del tribunal, desestimó la excepción de “falta de acción por inexistencia de delito” que había presentado la defensa. De esta manera, los jueces ratificaron lo resuelto en primera instancia y habilitaron la continuidad del expediente.
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La causa se originó a partir de una denuncia del organismo recaudador, que sostiene que la AFA habría retenido impuestos y contribuciones previsionales sin depositarlos dentro de los plazos legales. Según consta en el expediente, los montos involucrados corresponden a distintos períodos entre 2024 y 2025 y superan ampliamente los mínimos establecidos por la ley penal tributaria.
En su planteo, la defensa argumentó que no existía delito porque una serie de resoluciones del Ministerio de Economía habían suspendido las ejecuciones fiscales para entidades sin fines de lucro, como la AFA. Según esa postura, esa situación eliminaba la obligación exigible de pago en los períodos cuestionados.
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Sin embargo, la Cámara rechazó ese razonamiento. Los jueces señalaron que la suspensión de ejecuciones fiscales “no implica la cancelación, dispensa o postergación” de las obligaciones tributarias, sino que se limita a restringir las acciones de cobro por parte del Estado. En ese sentido, remarcaron que los vencimientos de los impuestos no fueron modificados.
Además, el tribunal sostuvo que la discusión sobre la existencia o no de delito no puede resolverse en esta etapa del proceso, sino que debe analizarse en el expediente principal. Solo podría admitirse una excepción como la planteada si la inexistencia del ilícito fuera “manifiesta y evidente”, algo que —según los magistrados— no ocurre en este caso.
Con esta decisión, la investigación seguirá su curso y continuará el análisis de fondo sobre las presuntas irregularidades. En paralelo, la Cámara también confirmó la imposición de costas a la defensa, al considerar que su planteo fue rechazado.
El expediente se tramita en el fuero penal económico y ya cuenta con procesamientos dictados en primera instancia, aunque esas resoluciones aún no están firmes.
AFA, Chiqui Tapia, Justicia
POLITICA
El Senado confirmó la sesión del jueves para aprobar ascensos militares y la embajadora argentina en Canadá
En una sesión previsible y adelantada por Infobae la semana pasada, la Cámara alta volverá al recinto el jueves para votar los ascensos de los tres jefes militares y el pliego que postula a la dos veces senadora Lucila Crexell (Neuquén) como embajadora -política- en Canadá. La definición se consumó esta noche, tras la reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de las diversas bancadas y la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel.
La sesión se iniciará a las 11 y, como se estima, lo más jugoso podría ocurrir al principio, con cuestiones de privilegio más que aseguradas desde el interbloque kirchnerista -comanda el formoseño José Mayans-, hoy llamado “Popular”, contra el Gobierno libertario.
El aumento de grado en líderes militares, junto con la designación de Crexell, fueron debatidos y dictaminados hace poco menos de dos semanas por la comisión de Acuerdos del Senado, cuyo titular es el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja).
Durante dicha jornada también avanzaron las propuestas para completar a las autoridades del Tribunal de Defensa de la Competencia, las cuales también tendrán luz verde pasado mañana. Su titular será Eduardo Montamat. En cambio, un pliego de la Fuerza Aérea que no tendrá aval pasdo mañana y será dejado de lado, al menos, por ahora.
Se presenta Sturzenegger
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales comenzará esta tarde, desde las 16, la discusión del proyecto sobre “inviolabilidad” de la propiedad privada que Javier Milei anunció el 1 de marzo pasado, cuando inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias. Defenderá la iniciativa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aunque se espera la presencia de, al menos, tres funcionarios más.
El encuentro será de carácter informativo y no habrá dictamen. Los dialoguistas pidieron no apresurar los tiempos, oír las exposiciones de los disertantes y luego empezar el ida y vuelta con la líder libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich.
La norma que “blinda” la propiedad privada modifica normas sobre expropiaciones-antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares-se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois-, tierras rurales e incluso la criticada ley sobre manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. La iniciativa, que consta de seis capítulos y 53 artículos, también apunta a agilizar los plazos de juicios sumarísimos para desalojos de inmuebles urbanos y rurales, y modificaciones en el Registro de Propiedad.
El texto de la Casa Rosada forma parte de una agenda más ajetreada para una Cámara alta que, desde el recambio del 10 de diciembre, trabajó como no se veía hace larguísimos años. Antes del plenario en cuestión, la comisión de Justicia y Asuntos Penales -preside el discreto libertario Gonzalo Guzmán Coraita– volverá a discutir, desde las 12.30, el proyecto sobre falsas denuncias.
La última versión del dictamen -cayó con el recambio legislativo de diciembre último- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.
En dicho articulado también se establecía “de uno a cuatro años” de prisión al “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.
Según confiaron en ese entonces varias bancadas a este medio, el despacho iba a “dinamitar el recinto”. Lo que ahora se busca evitar son tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue sancionado por el Congreso en 1996. Esta noche, un puñado de senadores deslizaron a Infobae que “tienen dudas” y quieren “opinar”, lo que vuelve a dejar un manto de dudas sobre este tema, que se convirtió casi en una obsesión de la radical Carolina Losada.
Agenda estimada
Previo a Labor Parlamentaria, oficialismo y dialoguistas diagramaron un esquema de sesiones en caso que se obtengan los dictámenes de propiedad privada y/o falsas denuncias -finales de abril-, y los pliegos judiciales para mitad de mayo. Las audiencias sobre este último punto comenzarían el 30-4 y durarían hasta el 7-5.
Federico Sturzenegger,Argentina,discurso,oficial,evento,público,Semana Argentina,funcionario
Nunca hubo presidente, como sucede con Javier Milei, arropado por un grupo numeroso de periodistas muy cercanos a él y tan diseminados en varios medios. Cristina Kirchner tenía sus fanáticos en la prensa (y fue la creadora intelectual de la grieta dentro del periodismo), pero estaban encapsulados en dos o tres empresas periodísticas. Nunca hubo un presidente tan agresivo verbalmente con la prensa como lo es Milei. Néstor y Cristina Kirchner fueron también alegres guerreros contra el periodismo, pero lo hacían de otra manera −tal vez peor−: usaban los servicios de inteligencia para cambiar la historia de los medios, los editores y los periodistas que no les agradaban, siempre en nombre, claro está, de los derechos humanos. En los últimos días, el actual presidente se regodeó insultando a periodistas que habían escrito o dicho algo que le cayó mal. Según una investigación del periodista Martín Rodríguez Yebra publicada en , el Presidente y sus satélites en las redes despacharon cerca de 1000 mensajes cargados de agravios y ofensas contra el periodismo en general o contra periodistas en particular durante los días de Semana Santa.
Es contradictorio que Milei se presente como un hombre religioso cuando usa unos de los días más importantes del cristianismo para agredir, denigrar y ofender a un grupo humano. Ningún Evangelio lo autoriza a cometer semejante sacrilegio. La nueva estación de su combate perpetuo contra la prensa sucedió contemporáneamente con la publicación del periodista Hugo Alconada Mon en sobre una información encontrada por un consorcio internacional de periodistas de investigación. Esa investigación daba cuenta de la existencia de una red de agentes rusos, llamada “La Compañía”, que promovía en la Argentina una campaña de desinformación y de descrédito del gobierno de Milei. El representante argentino de ese consorcio es el periodista Santiago O’Donnell, que es editor del diario Página 12, un medio que no simpatiza con el gobierno libertario.
El propio Alconada Mon reveló también que el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, ya había informado públicamente en junio de 2025 que la SIDE detectó a ese grupo de agentes rusos; Adorni lo llamó por su nombre: La Compañía. En septiembre de ese mismo año, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció que existían en el país espías rusos que trabajaban contra Milei; las declaraciones de la actual senadora provocaron que el autoritario gobierno de Putin llamara al embajador argentino en Moscú para protestar formalmente.
Putin es Putin, y nada que venga de su lado puede sorprender. Que su servicio de inteligencia opera en el exterior es una de las certezas más difundida en el mundo. Llegó a extremos inéditos en el escenario internacional. La justicia norteamericana investigó si Putin lo ayudó a Donald Trump a ganar su primera elección presidencial, en noviembre de 2016, y también lo acusaron de haber influido en el resultado del referéndum británico para que se concretara lo que se conoció como el Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Putin atravesó otras líneas: ordenó el asesinato en el extranjero (también en el interior de Rusia) de disidentes, según reiteradas denuncias de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de defender los derechos humanos del maltratado pueblo ruso.
Es probable que el dictador ruso haya pataleado en Moscú por la adhesión incondicional de Milei a Trump y por la decisión acertada del presidente argentino de colocarse al lado de Ucrania en la guerra inconclusa entre este país y Rusia. Pero nada de todo eso autoriza a Milei a zamarrear otra vez al periodismo argentino en general. Resulta imposible imaginar a un liberal (él se define como un liberal-libertario) desconociendo la importancia que la prensa libre tiene en un sistema democrático. ¿Qué significa el eslogan “Viva la libertad, carajo” cuando no se respeta la libertad del periodismo? Solo un eslogan, presuntuoso y vacío. Nada más.
Junto con la información sobre esa red de espionaje extranjero se conoció la lista de medios que habrían publicado artículos pagados desde Moscú. Ninguno es relevante ni tampoco figuran en tal listado los grandes medios argentinos: , Clarín y Perfil, por ejemplo. Milei ordenó al día siguiente que le prohibieran la entrada a la Casa de Gobierno a los periodistas acreditados de los medios que están en la lista rusa; castigó al voleo, aunque cayeran también los inocentes. De hecho, no se conocen hasta ahora los nombres de los periodistas de esos medios que habrían servido a la campaña de Putin. Las investigaciones llegaron solo a los nombres supuestos de algunos firmantes de artículos, que eran meros seudónimos.
En medio de tantas relatividades, el jefe del Estado dedicó el fin de semana largo a vapulear a medios y periodistas que ni siquiera trabajan en las empresas que constan, presuntamente, en el inventario del espionaje. Una de ellas fue la periodista de LN+ Laura Di Marco, a la que Milei llamó “roñosa operadora”. ¿Dónde están las organizaciones que defienden al feminismo cuando el Presidente ofende tan groseramente a una mujer? No se trata solo de una mujer ofendida. ¿Dónde están ahora Patricia Bullrich, Silvana Giudici o Alejandro Fargosi, actuales mileístas que decían estar dispuestos a entregar al vida para defender al periodismo cuando este era agredido por el kirchnerismo? ¿O acaso llegaron al disparate de pensar que estaba muy mal que los Kirchner maltrataran al periodismo y que está muy bien que Milei ataque a ese mismo periodismo? ¿O en aquella época tenían unos principios y ahora tienen otros, porque los de entonces no le gustan a Milei? Inmortal Groucho Marx.
Milei es consciente de sus derechos, pero no de sus obligaciones. Ha publicado sus artículos en y en Clarín, por ejemplo, pero no hizo excepciones con esos diarios cuando trató de la peor forma al periodismo. Todos están en deuda con él. ¿O se trata de otro caso de resentimiento en el penacho del poder? Si fuera así, deberíamos concluir que es la sociedad argentina la que prefiere a los resentidos. Por otro lado, es común escuchar que el jefe del Estado no hace más que ejercer su libertad de expresión cuando aporrea al periodismo, la misma libertad, dicen, que tiene este. No es así, lamentablemente para él. El mundo civilizado llegó hace mucho a la conclusión de que un funcionario público no tiene los mismos derechos que un ciudadano común. Tampoco un funcionario del Estado, mucho más el presidente de la Nación, cuenta con el mismo margen de libertad de expresión que el que tiene la gente común, y el periodismo −por qué no−.
Un periodista escribe o habla en el medio que trabaja y la repercusión de lo que dice se encierra entre los lectores o en la audiencia audiovisual del medio donde se desempeña, salvo, desde ya, que haya revelado un monumental escándalo, no farandulero desde ya. En cambio, la palabra del Presidente (también sus tuit) tiene una profunda y amplia repercusión en todos los medios periodísticos. Ese intenso eco puede amedrentar y provocar la autocensura del periodismo y de los ciudadanos. En síntesis, los excesos en el uso de la libertad de expresión por parte del Presidente pueden terminar lesionando la libertad de expresión. ¿Querrá Milei pasar a la historia como el Presidente que en nombre de la libertad de sus ideas dañó la libertad de los argentinos?
Es fácil advertir otra rareza. Milei se remite a los resultados de las investigaciones judiciales cuando las denuncian asedian a sus funcionarios más cercanos, pero no duda en llamar delincuentes, ensobrados o pauteros a cualquier periodista que no integre su séquito periodístico. Es hora también de pedirles a los periodistas que militan en la causa del Presidente o que son sus amigos que le pregunten −y le repregunten− sobre sus ofensas al periodismo cuando lo entrevistan. Ellos son los únicos que acceden a la palabra presidencial.
Existe corrupción en el periodismo, como existió siempre. Desmentir eso sería ignorar lo que sucede al lado de cualquier periodista, bueno o malo; significaría también inclinarse hacia una defensa corporativa que nos igualaría a todos en el mismo nivel. Pero no es el jefe del Estado, cercado él mismo por denuncias de corrupción contra sus funcionarios más allegados (y algunas contra el propio Presidente) quien debe señalar cuáles periodistas son deshonestos y cuáles son honestos. Estamos, además, ante la extraña casualidad de que siempre los deshonestos son los periodistas independientes, y los honestos son los que lo frecuentan a él. De igual forma, el periodismo argentino independiente ha contribuido notablemente a investigar y esclarecer la corrupción de los políticos en la conducción del Estado. Es el periodismo que el país y la democracia necesitan.
Ya Daniel Santoro reveló en Clarín en los años 90 el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, que terminó con el expresidente Carlos Menem en prisión. Alconada Mon puso un haz de luz sobre el lavado de dinero de los Kirchner en sus hoteles de Santa Cruz, que extrañamente no llego hasta ahora al juicio oral y público. Siempre está por empezar. El mismo Alconada Mon descubrió que los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza defraudaron al Estado cuando se quedaron con la recaudación de los impuestos a los combustibles en sus estaciones de servicio. Los periodistas Diego Cabot, Alconada Mon, de , y Nicolás Wiñazky, de Clarín, investigaron y revelaron mucha información sobre los manejos corruptos de los recursos de Vialidad, que tienen hoy presa en su casa a Cristina Kirchner. Cabot realizó la enorme pesquisa sobre los cuadernos del chofer Oscar Centeno, que dejaron constancia del permanente trasiego de sobornos en la cima del poder en la época del kirchnerismo. Y el prematuramente fallecido Jorge Lanata lideró investigaciones periodísticas desde el Swiftgate en la época de Menem hasta el lavado de dinero de los Kirchner en la llamada causa de “La ruta del dinero K” y las corruptas artimañas de Leonardo Fariña también con el dinero de los Kirchner. Alconada Mon destapó hace poco el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que complica a los hermanos Milei, tanto al Presidente como a su no menos poderosa hermana. Ningún gobierno se salvó, como es fácil advertir, de la curiosidad del periodismo honesto, que constituye la mayoría del periodismo.
“No odiamos lo suficiente a los periodistas” es una frase repetida y extraña, porque Milei es un producto de dos factores: del fracaso de todo lo anterior y del periodismo, sobre todo del audiovisual, que lo convirtió en una figura popular cuando no era nadie. Odiar es una emoción que no puede albergar ninguna persona con cierta sensibilidad política y moral. Se puede estar en desacuerdo o se puede sentir antipatía por una persona o por un grupo de personas, pero odiar a una comunidad humana solo por lo que es significa el triunfo del fanatismo y el delirio.
investigación,publicación,prohibieran la entrada,Joaquín Morales Solá,Javier Milei,Periodismo,Casos de corrupción,Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: el apoyo a Adorni y las reacciones por los créditos hipotecarios del Banco Nación,,Internación involuntaria y más. Así son las modificaciones a la Ley de Salud Mental que enviará el Gobierno al Congreso,,“Afectará toda la operación”. Tras el anuncio del recorte de 240 empleados en el SMN, ATE inició un “paro total”
POLITICA
Con foco en las internaciones involuntarias: cómo es el proyecto de Salud Mental que el Gobierno enviará al Congreso
El Gobierno anunció este martes que enviará al Congreso en los próximos días un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental. La iniciativa, según pudo saber TN, propone mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y reintroduce medidas como la internación involuntaria bajo indicación de un profesional.
Desde la cartera que conduce Mario Lugones explicaron que el proyecto busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy “no encuentran adecuado encuadre”.
En ese sentido, el Gobierno apunta a superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia y plantea la necesidad de clarificar conceptos y criterios “adaptándolos a las necesidades actuales y a la realidad asistencial de cada jurisdicción”.
Entre sus puntos principales, desde el Ministerio de Salud enfatizaron: “La internación seguirá siendo un recurso excepcional, pero necesario para proteger la salud y la vida”.
Cambios en los procesos de internaciones, uno de los puntos centrales del proyecto del Gobierno
Por eso, mientras que la ley vigente establece que solo puede disponerse la internación involuntaria cuando existe un “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”, el proyecto oficialista busca ampliar la capacidad de intervención.
“Este criterio tiene en cuenta únicamente la situación del paciente al momento de la evaluación médica, impidiendo, en muchas ocasiones, intervenciones preventivas en contextos de crisis. Por este motivo, la propuesta propone implementar un criterio situacional para la evaluación del riesgo considerando el contexto general del cuadro, en el que se incluyen los antecedentes recientes de conductas riesgosas, y la evolución previsible del paciente en caso de no recibir tratamiento”, destacó el Ministerio de Salud en la presentación del proyecto.
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Así, la ley impulsada por el Gobierno dispone que en casos de urgencias un médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Además, se propone extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial.
En casos de internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia.
Revertir el cierre de hospitales psiquiátricos
De acuerdo a los especialistas de la cartera de Salud, uno de los principales problemas del esquema actual es la falta de aplicación homogénea en el país.
De las 23 provincias, solo 16 adhirieron formalmente y solo 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental, mientras que en 20 se disponen de camas de internación.
“Esto genera desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos. La reforma busca garantizar atención en todo el territorio”, señalaron.
En ese contexto, mientras que la ley vigente sancionada en 2010 apunta a la desinstitucionalización -el cierre de hospitales psiquiátricos y el traslado a hospitales generales-, el Gobierno sostiene que ese modelo no siempre es viable por limitaciones de infraestructura, personal y condiciones de seguridad.
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“Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, lo que evidencia la necesidad de sostener la internación especializada. Episodios graves en hospitales generales (Posadas, Clínicas, Mi Pueblo y El Carmen) reflejan estas limitaciones en casos complejos”, argumentaron.
Por eso, en lugar de cerrar instituciones, el proyecto oficialista busca fortalecer una red de atención en salud mental según niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas.
Cambios en los diagnósticos
Por otra parte, el Ministerio de Salud advierte que ley vigente utiliza el término ambiguo “padecimiento mental”, que considera “demasiado amplio para la práctica clínica.
Para la cartera, esto puede generar dudas diagnósticas y demoras en la intervención, por lo que propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión.
A su vez, a la hora de evaluar los casos de riesgo, la iniciativa trae un nuevo enfoque que reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. La nueva concepción busca incorporar contexto y antecedentes para permitir intervenciones más oportunas y preventivas.
Modernización del sistema y mejoras en el seguimiento
Finalmente, el proyecto también plantea entre sus objetivos el fortalecimiento de los los sistemas de información, en particular el Registro Nacional de Personas Internadas por motivos de Salud Mental (Resam) y el Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes).
Se tratan de herramientas clave para conocer la capacidad instalada, disponibilidad de camas y cantidad de pacientes, y mejorar la planificación del sistema.
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En paralelo, la iniciativa propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión del sistema. Para ello, el proyecto incorpora áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR, con el objetivo de fortalecer la supervisión.
Según aseguraron desde el Ministerio, el texto que se enviará al Congreso se valió de aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo, lo que permitió detectar dificultades concretas en la práctica diaria del sistema actual.
Ley de Salud Mental, Gobierno, Ministerio de salud
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