POLITICA
Ricardo Gil Lavedra cuestionó un detalle clave de Argentina 1985: “Es imperdonable”
Ricardo Gil Lavedra cuestionó en duros términos Argentina 1985, la película que describe el Juicio a las Juntas en el que el actual presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal se desempeñó como magistrado.
Entrevistado en El diario de Leuco (LN+), el exministro de Justicia de Fernando de la Rúa dio sus impresiones sobre la película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani en los roles de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, respectivamente.
“La vi dos veces, la primera en una función privada a la cual asistimos los cuatro jueces que sobrevivimos y luego acompañé a mi mujer a verla a un cine de Pilar”, reconoció. Y agregó: “Tengo una opinión más benigna. Se trata de una película comercial, con la liviandad que esto supone. Está edulcorada políticamente, bien actuada y realizada”.
Sin embargo, planteó numerosos reparos respecto al filme que llegó con gran éxito a las salas de cine y a la plataforma Prime Video, de Amazon. “Comparto muchas de las críticas -sostuvo-. Hay omisiones, algunas raras, otras inconcebibles. Por ejemplo, en la placa final, cuando ponen las leyes de la impunidad y descartan los indultos. Es imperdonable, ante el mínimo rigor profesional que puede tener una placa que se pone al final”.
Respecto a la casi completa ausencia del entonces presidente Raúl Alfonsín de la trama, Gil Lavedra fue más contundente. “No hubiera habido juicio sin Alfonsín. Yo lo asigno a cierta pereza intelectual de los realizadores, con muy poco hubieran podido ser más consecuentes con la realidad. Es más, la realidad le hubiera dado mejor trama dramática que algunas de las que inventaron”, indicó.
En este contexto, reveló que los integrantes del tribunal que juzgó a las juntas no fueron consultados de cara a la redacción del guión: “Incluso, cuando fuimos a la premiere, el director no habló con nosotros y apenas [lo hizo] brevemente Darín. Si hubieran abrevado mejor en las fuentes históricas, el producto hubiera sido mejor, pero me parece que buscaban hacer un producto comercial”.
A pesar de sus críticas, reconoció que “es sano que se haya abierto esa discusión sobre este episodio que fue fundacional para nuestra democracia” y resumió: “Es un producto liviano, está hecha para agradar. Ojalá gane el Oscar”.
El exdiputado de la Unión Cívica Radical durante gobierno de Raúl Alfonsín y actual presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Jesús Rodríguez, compartió su impresión sobre la película Argentina 1985, centrada en el juicio a los responsables de la última dictadura cívico-militar y reveló detalles que no fueron incluidos en el largometraje.
El 3 de octubre pasado, durante su paso por Odisea Argentina (LN+), programa conducido por Carlos Pagni, el también exministro de Economía alfonsinista señaló algunas diferencias entre lo expuesto en el material fílmico y la realidad. “Primero que nada, es importante resaltar que el fiscal Strassera, que estuvo a cargo del Juicio a las Juntas y a quien considero un amigo y verdadero héroe, pudo llevar a cabo la acusación porque estuvo primero la CONADEP”, dijo.
“La CONADEP hizo un gran trabajo. El caso no se produjo por generación espontánea. Y es decisión del presidente [Raúl] Alfonsín crear tal asociación, que luego fue reproducida en otros países del mundo. Es, ni más ni menos, el primer caso de una comisión de la verdad en el mundo”, destacó.
“De la CONADEP surgió un documento llamado Nunca Más o Informe Sabato, en honor al presidente de la comisión, Ernesto Sabato. Más tarde se hizo un libro con millones de ejemplares vendidos. Pero nada de esto está en la película”, lamentó Rodríguez. Hecha la aclaración, marcó otro aspecto que pasa por alto la película dirigida por Santiago Mitre, que tiene como protagonistas a Ricardo Darín y Peter Lanzani en los roles de Strassera y Luis Moreno Ocampo, respectivamente.
“Durante el juicio, muchos fueron testigos del dramático y desgarrador testimonio de Adriana Calvo de Laborde -física, docente e investigadora secuestrada durante la última dictadura militar-. Su exposición duró más de cinco horas. Ese día estuvo [Jorge Luis] Borges en esa sesión, que armó un texto impecable que después fue publicado por Agencia EFE y diario El País. Pero por algún motivo que desconozco, nada de eso fue replicado en la película”, precisó Rodríguez.
Finalmente, coincidió con Gil Lavedra en cuestionar una de las frases de los últimos tramos de la cinta: “Dice ‘luego de las condenas, hubo leyes de olvido’. De lo que sí se olvidaron fue de hablar del indulto. Es algo que no se cita”. A pesar de sus reparos a nivel histórico y argumental, el exlegislador radical consideró a Argentina 1985 como un “mérito extraordinario” que permite “llevarle a la mitad de los argentinos que no fueron contemporáneos una mirada al hecho”.
“Hay grandes actores. Ojalá que gane el Oscar. Muchísima gente en las salas. Cuando vaya a las plataformas va a ser muy masiva. Solo elogios para ellos”, destacó.
Rodríguez terminó la entrevista televisiva con una reflexión acerca del proceso judicial que culminó con cinco jerarcas militares condenados -Videla, Massera, Viola y Lambruschini- y cuatro absueltos -Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya-. “Fue algo realmente sorprendente, un tema decisivo para la nación argentina y del cual tenemos que estar orgullosos. Fue el resultado de una vocación, decisión y convicción”, concluyó.
El actor y exdiputado radical, Luis Brandoni, también se sumó a las personalidades que tuvieron algunos reparos sobre la película y, aunque destacó que es de suma importancia en este momento, planteó que se omitieron datos importantes. “Es muy grave”, planteó en El Diario de Leuco por LN+.
El intérprete de Esperando la carroza observó: “Hay algunas omisiones que son muy graves, en la película no aparece la Conadep, lo cual es vergonzoso y una falta de respeto y de reconocimiento a toda esta gente que se jugó la vida e hizo una tarea tan importante, que permitió que se pudiera hacer el juicio en la Justicia civil”.
Y dijo con determinación: “Esto lo omitió la película, pareciera que la justicia militar dijo que no y de repente empezó el juicio. La tarea que enriqueció la argumentación del fiscal fue el informe de la Conadep”.
Además, Brandoni defendió la figura del fiscal Julio Strassera y resaltó que “era un hombre muy serio, austero y ejemplar en muchos sentidos”.
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POLITICA
El Gobierno debate los tiempos para tratar la Ley Penal Juvenil: los plazos y las claves de la articulación
Luego de la reunión de mesa política, el Gobierno Nacional diseña los planes para avanzar en la aprobación de la nueva Ley Penal Juvenil y tiene en mente la idea de consensuar el proyecto con los sectores de la oposición que presentaron iniciativas similares para obtener los consensos necesarios que les permita su aprobación. Pese a haberla incluido en el temario de sesiones extraordinarias, en Casa Rosada debaten los plazos de su tratamiento y mientras hay quienes anticiparon a Infobae que podría quedar relegado para el año legislativo que iniciará el 1° de marzo, otros se mostraron dispuestos a aprobarlo este verano.
En el oficialismo están abiertos a articular y consensuar con la oposición que presentó normativas sobre el tema para sintetizar en un único proyecto, con base en el ya presentado, que garantice los respaldos para su sanción. Algo similar hicieron en agosto de 2024, cuando trataron el tema en Diputados, específicamente en las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. En aquel entonces hubo debate de los bloques, se presentó una síntesis y se dio lugar a reuniones con técnicos y especialistas, lo que derivó en el proyecto que obtuvo dictamen en mayo de 2025.
“Hay varios proyectos presentados. La idea es unificar y buscar consensos. Es un tema clave, pero tenemos que ver por dónde podemos generar los consensos”, explicó a este medio una importante fuente involucrada.
Lo cierto es que, si bien la administración libertaria aspira a que la reducción de la edad de imputabilidad sea a 13 años, están al tanto de que el consenso obtenido estableció que sea a partir de los 14, por lo que no descartan abrir el debate respecto de los detalles con los aliados. “La intención del Gobierno siempre fue 13, pero el consenso que se consiguió en comisión durante 2025 es que sea 14″, admitó una fuente del Gabinete a este medio.
La determinación de incluir la Ley Penal Juvenil al temario de extraordinarias fue adoptada esta mañana por la mesa política que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, esta mañana bajo la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, aún hay debates al interior del reducido equipo legislativo que sabe que el tratamiento demandará más tiempo del establecido para la prórroga de sesiones extraordinarias que iniciará el próximo 2 de febrero y se extenderá hasta el 27 del mes.
El Ejecutivo espera iniciar febrero con el tratamiento de la reforma laboral, prevista para el 12 en Senadores en paralelo al debate en la Cámara Baja por el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea para trabajar proyectos cruzados y optimizar los tiempos. En el mejor de los escenarios, una vez que los proyectos continúen su curso, podría darse inicio a la discusión por la baja de la edad de imputabilidad.
“No hay tiempo. Tenemos pocas sesiones. A lo sumo, dos por cámara y tenemos que ser quirúrgicos. Quizás se empieza a tratar ahora y se continúa en extraordinarias. Hay que ver, pero lo cierto es que con los feriados de Carnaval hay pocos días”, explicó una importante fuente del ecosistema libertario.
Una tercera voz al respecto, también integrante de la reducida mesa, explicó a Infobae que Diputados podría dar lugar inicialmente al tratamiento para optimizar la tarea y confesó que la posibilidad de continuar durante el período ordinario está bajo análisis. “La idea es iniciar en Diputados, dado que casi todo lo enviado ingresa por Senado, por lo que podríamos llegar. En el peor de los caso, se terminará de tratar en marzo. No importa”, confesaron a este medio.
El tema volvió a instalarse en la agenda mediática en los últimos días a raíz del caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en Santa Fe. Desde el corazón de la mesa chica, motorizaron la posibilidad de avanzar con el legislativo para dar lugar a la discusión que impulsó Patricia Bullrich, en traje de ministra de Seguridad, y que comprometió al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, en articulación con la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera.
El proyecto que apuntaba a reemplazar la Ley de Minoridad, vigente desde 1980, propone establecer también un sistema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 13 y 18 años, con el objetivo de adecuar la normativa argentina a los estándares regionales. “En Brasil, está establecido a los 12 años y en Uruguay a los 13″, argumentó una fuente legislativa.
En paralelo, también hay planes de concluir con la reescritura de la reforma del Código Penal, cuyo debate se postergará para marzo con intención de tratarla con tiempo. En el oficialismo aclaran que el envío del proyecto que aún debe definirse, pero que reducirá la edad de imputabilidad, irá por fuera de las modificaciones dado que se trata de regímenes diferentes.
Con respecto a los cambios penales, en una primera instancia, la idea del mandatario era aprobarla en febrero, pero con las miras puestas en concentrar esfuerzos para sancionar la reforma laboral, el Poder Ejecutivo pospuso su tratamiento para el año legislativo que iniciará a partir del 1° de marzo.
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POLITICA
El ataque a Cristina Kirchner: es imposible que Sabag Montiel haya gatillado dos veces la vieja Bersa Lusber 84
La Bersa Lusber 84 calibre 7.65 que Fernando Andrés Sabag Montiel utilizó en el ataque contra Cristina Kirchner no es un arma fácil de usar: pesa el doble que las pistolas modernas, que además tienen mayor poder de fuego, y el tirador debe aplicar una fuerza considerable para poder accionar la corredera que permita que el proyectil suba a la recámara y quede en posición de disparo.
Así lo explicó uno de los armeros más importantes de la Argentina, que mostró a cómo funciona el arma secuestrada en poder del agresor. Al explicar el funcionamiento de la pistola echó por tierra una de las afirmaciones realizadas por la Policía Federal que difundió el primer informe sobre el ataque, en el que se indicaba que, “según los testigos, el agresor había gatillado dos veces el arma”.
Esos mismos testigos, consignados en el informe de la Policía Federal sobre el ataque a la vicepresidenta de la Nación del 1° de septiembre pasado, dijeron haber escuchado dos veces el ruido del martillo de la pistola provocado por el golpe sobre la aguja percutora del arma.
Sin embargo, una demostración práctica derrumbó esas afirmaciones. Al presionar el gatillo –o cola del disparador– sin tener una bala en la recámara, el martillo se mantuvo siempre en su posición de “abatido” y nunca bajó a la posición de tiro.
Según el armero, “para que el martillo estuviera en posición de disparo, el agresor debió realizar dos movimientos: accionar la corredera o bajar el martillo manualmente. En los distintos videos que grabaron el ataque desde diferentes ángulos, no quedó registrado que el agresor haya accionado la corredera, lo que hubiera llevado el martillo hacia abajo”.
Pero el disparo no salió porque la pistola no tenía un proyectil en la recámara. En ese momento, el agresor siguió presionando el gatillo, pero la cola del disparador no respondía debido a la ausencia del cartucho en la recámara y porque el martillo estaba arriba, no en posición de disparo.
Al ser consultado sobre la causa que provocó que Sabag Montiel no disparara, el armero respondió: “El disparo no se concretó porque, al accionar la corredera, este elemento no encontró ninguna bala para colocar en la recámara. Esto pudo ocurrir porque, posiblemente, el cargador no hubiera sido colocado correctamente o porque, al empuñar la pistola, el agresor presionó, accidentalmente, el botón expulsor del cargador”.
Otro especialista dio una explicación alternativa: “Sabag Montiel no es tirador profesional. Pero su ADN estaba en la base del cargador, la cola del disparador y la corredera. Lo que pudo haber pasado es que haya hecho una tracción incompleta de la corredera, producto de su inexperiencia. En ese caso, la munición no sube del cargador a la recámara”.
La imagen del arma con el cargador parcialmente salido por debajo de la empuñadura fue difundida por la Policía Federal minutos después de la detención de Sabag Montiel. “Si el cargador estaba de esa forma en el momento en que el acusado accionó la corredera y presionó el gatillo, resultó imposible que el arma se dispare debido a que el cargador estaba mal colocado y no había forma que se coloque una bala en la recámara”, indicó el armero consultado.
Según el perito balístico, “el martillo estaba ‘arriba’ hasta que el agresor accionó la cola del disparador. Una vez que bajó y no se produjo el disparo, debió haber subido el martillo con el pulgar o traccionando la corredera. La posición ligeramente fuera de su alojamiento del almacén cargador, que tenía cinco cartuchos, podría ser causal, en caso de accionarse la corredera”.
En los minutos posteriores a la detención de Sabag Montiel, fuentes judiciales indicaron que el arma estaba apta para el disparo, pero no estaba conformada para ser disparada. Según el armero que hizo la demostración a sobre cómo funciona el arma secuestrada al acusado, dicha afirmación constituye una cuestión técnica del Derecho.
“El arma estaba entera. No tenía faltantes de piezas que hubieran impedido su funcionamiento. Pero no había sido preparada para ser disparada. Esto significa que, por algún motivo que todavía no se estableció, el acusado no accionó la pistola de forma tal que el proyectil pudiera ser disparado. Esto pasó porque no había una bala en la recámara”, explicó el experimentado perito balístico.
Con respecto a la pistola Bersa Lusber 84 secuestrada en poder de Sabag Montiel, el armero explicó que se fabricó entre 1969 y junio de 1975. Se construyó totalmente en acero y de forma artesanal. Debido a los materiales usados en esa época, su peso de 600 gramos, vacía, y de 670 gramos con el cargador completo, la convirtieron en un arma difícil de manipular.
A esta característica debe sumarse el hecho de que se trata de una pistola de acción simple, diferente de las armas actuales de tienen un sistema de doble acción y pesan no más de 300 gramos, debido a que las empuñaduras son de aluminio y solamente el cañón y la corredera son de acero.
Otro detalle llamó la atención del armero y perito balístico consultado por sobre el arma y la forma de usarla. Al observar el video hallado en el celular de Sabag Montiel, en el que supuestamente el acusado se grabó mientras practicaba con el arma, el experimentado armero se detuvo en un detalle: “La persona que manipula la pistola no cumple con una premisa clave en los usuarios de armas, que es que lo último que se hace es tener el dedo en el gatillo”.
“Por lo que aparece en el video, el hombre que acciona el arma tiene el dedo colocado permanentemente en la cola del disparador. Los usuarios de armas nunca realizan ese movimiento para evitar un disparo accidental. Siempre, como regla de oro, el dedo queda por encima del arco protector. Aparentemente, el imputado no supo accionar el arma para producir el disparo supuestamente pretendido”, sostuvo el perito balístico.
Según fuentes policiales, Sabag Montiel le robó el arma a un vecino que falleció hace seis meses y que trabajaba en una empresa de seguridad. Los investigadores también sospechan que las municiones secuestradas en la pieza que alquilaba en Uriburu al 700, en Villa Zagala, partido de San Martín, fueron sustraídas a la misma persona. Al menos una de esas cajas de municiones corresponde a una partida fabricada hace más de diez años.
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POLITICA
Según el Gobierno, casi 5.000 extranjeros fueron expulsados del país o rechazados en los últimos dos meses
En los últimos dos meses, casi 5.000 extranjeros fueron expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados de Argentina, según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a través de su cuenta de X. La funcionaria detalló que diciembre cerró con 2.400 personas provenientes de otros países que debieron abandonar el territorio nacional, mientras que en lo que va de enero se registraron otros 2.300 casos. Monteoliva destacó que estas cifras constituyen un récord para los controles migratorios en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, y las vinculó directamente con los refuerzos dispuestos en los operativos de seguridad.
La ministra enfatizó que la política actual apunta a impedir el ingreso o la permanencia de extranjeros con antecedentes penales, involucrados en delitos o en situación migratoria irregular. “Es simple: si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera. Porque, como lo decimos siempre, en Argentina, el que las hace, las paga”, afirmó Monteoliva en la red social X. La funcionaria aseguró que el incremento en los controles responde a una decisión explícita del Gobierno de endurecer la vigilancia en los puntos de acceso al país.
El fin de semana pasado, las autoridades realizaron nuevos operativos migratorios en el área metropolitana de Buenos Aires. En el partido bonaerense de La Matanza, el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante una intervención en una feria de Villa Celina, donde se identificó a 458 personas, de las cuales 369 resultaron ser extranjeras. El procedimiento incluyó inspecciones en galerías, locales y puestos callejeros, con el objetivo de verificar la situación migratoria de los presentes y detectar eventuales delitos conexos.
Durante el operativo, los efectivos de la PFA emplearon el sistema Morpho RAPID ID, un dispositivo biométrico portátil que permite la identificación rápida de personas, y realizaron consultas en distintas bases de datos, incluyendo el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el sistema SASI. Como resultado, constataron que 16 ciudadanos extranjeros residían en la Argentina de manera irregular. A todos ellos se les labraron actas de Declaración Migratoria, exigiéndoles regularizar su situación.
Además de los controles migratorios, el despliegue policial permitió identificar anomalías en cuatro comercios de la feria. Dos de estos locales infringían la Ley de Marcas número 22.362, mientras que en los otros dos se comprobó la venta de teléfonos celulares que habían sido bloqueados por el ENACOM por tratarse de dispositivos denunciados como robados. En total, los agentes secuestraron 70 celulares, junto con 50 remeras, 226 pares de zapatillas y 55 pantalones de marcas falsificadas. El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 3 de Morón, a cargo de Leonardo Cano, ordenó la detención de cuatro personas de nacionalidad boliviana —tres mujeres y un hombre—, quienes quedaron a disposición de la justicia junto con los elementos incautados.
La ministra Monteoliva remarcó que el enfoque del gobierno es “que en la Argentina, el que viola la ley, debe hacerse responsable de sus actos”, en línea con la política de seguridad implementada desde el inicio de la actual gestión.
La intensificación de los controles migratorios y la aplicación de nuevas tecnologías de verificación han permitido, según el Gobierno, lograr cifras récord en materia de expulsiones y rechazos en los últimos dos meses. Las medidas incluyen tanto la identificación biométrica en operativos urbanos como el refuerzo de la vigilancia en los principales pasos de ingreso al territorio nacional. Para las autoridades, la estrategia apunta a “garantizar la seguridad interna y el cumplimiento de las leyes migratorias”, según indicaron portavoces oficiales.
El balance de estos procedimientos muestra que, además de las expulsiones y rechazos en fronteras, se están realizando acciones concretas en el control de la documentación y la actividad comercial de personas extranjeras en la provincia de Buenos Aires y otras zonas urbanas.
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