POLITICA
Ricardo Lorenzetti les pidió a sus colegas que rechacen el planteo de Cristina Kirchner para apartarlo del caso Vialidad

El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti les pidió a sus colegas, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que en el acuerdo de la semana próxima rechacen “sin más trámite [in limine]” el pedido de Cristina Kirchner para apartarlo de la causa Vialidad, donde el máximo tribunal debe resolver si confirma o no la condena por corrupción de la expresidenta.
Lorenzetti les envió un mail a sus pares en el que menciona las razones que -a su juicio- tornan “improcedente” la recusación de la expresidenta y que puede funcionar como un “borrador” de voto para que lo tengan en cuenta ante una eventual decisión.
Cristina Kirchner planteó el lunes pasado que Lorenzetti debe apartarse de la causa en su contra. Argumentó que perdió imparcialidad cuando dijo, en reportajes, que el caso Vialidad debía tratarse de inmediato.
Cristina Kirchner citó además a la senadora Anabel Fernández Sagasti, una de sus espadas en la Cámara alta, que denunció durante una sesión que Lorenzetti extorsionó con el caso Vialidad a los senadores kirchneristas, presionando para que votaran en favor del pliego del juez Ariel Lijo.
Si prospera la recusación, quedarían dos jueces en la Corte para fallar en la causa Vialidad y decidir si confirman o no la condena contra Cristina Kirchner, con lo que deberían sortear conjueces para dictar una sentencia.
Ese pedido de recusación puede ser tramitado mediante la solicitud de un informe al juez recusado, en este caso Lorenzetti, que debe ser analizado por sus colegas. O puede directamente rechazarse in limine (sin más trámite) si es que a simple vista no hay evidencias que lo sostengan.
Esta es la solución que propuso Lorenzetti a sus colegas: que rechacen el pedido de Cristina Kirchner sin más dilaciones.
En la nota enviada a sus pares explicó que el reportaje citado como causal de la recusación “no deja dudas de imparcialidad”. Y mencionó que lo que señala Cristina Kirchner sobre sus intenciones de evitar su candidatura y la denuncia de Fernández Sagasti no son más que versiones de los periodistas.
Les dijo además que las otras notas que se acompañan al pedido son del año anterior y que no están relacionadas con la causa. En todo caso, afirmó, que hay que considerar que son “extemporáneas”.
Y sostuvo, además, que al rechazarse de este modo, de plano, pueden firmar todos los jueces de la Corte, como lo hicieron con anterioridad Rosenkrantz y Rosatti en varios casos, como por ejemplo, las elecciones en San Juan o la causa de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.
El criterio para rechazar la recusación sin más trámite es que el planteo debe ser “manifiestamente inadmisible”.
Cristina Kirchner fue condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, en un fallo dictado por el Tribunal Oral Federal N°2, confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal.
Contra esa decisión planteó un recurso extraordinario que fue rechazado y por eso recurrió ahora a la Corte mediante un recurso de queja.
Si la Corte rechaza su queja y deja las cosas como está, la condena queda firme y debe ser ejecutada. Es decir Cristina Kirchner debería quedar detenida o solicitar cumplir su pena en arresto domiciliario. Al mismo tiempo quedaría inhabilitada para ocupar cargos públicos de por vida.
Si el fallo se conoce antes de la oficialización de su eventual candidatura como diputada bonaerense, no podría postularse ni en esa calidad ni como diputada nacional.
Si, en cambio, la Corte dilata una decisión más allá del año electoral, su eventual inhabilitación sería sobreviniente y se discutiría en todo caso si sus colegas en la Legislatura bonaerense o en el Congreso le quitan los fueros y la expulsan por falta de idoneidad o inhabilidad moral para que cumpla la condena.
POLITICA
La ley de Glaciares y penal juvenil: las reformas que impulsa el Gobierno a la par de la discusión laboral

Con el inicio formal de la segunda etapa de las sesiones extraordinarias, el oficialismo empieza a mover fichas para avanzar con dos reformas sensibles: la modificación de la Ley de Glaciares y el régimen penal juvenil. Son proyectos que quedaron relegados por la discusión laboral -la principal batalla legislativa del Gobierno-, pero que integran el temario de extraordinarias y forman parte de la hoja de ruta oficial. Por ahora, los avances son puntuales y el margen de maniobra, acotado.
La reforma ambiental, que redefine las áreas periglaciares y reduce el alcance de las zonas protegidas, ingresó por el Senado y ya cuenta con dictamen de comisión. El texto está en condiciones de discutirse en el recinto, por lo que ahora el foco se traslada a Diputados. Este martes a las 18, el bloque libertario celebrará su primera reunión del año con un invitado clave: técnicos de la Secretaría de Minería, que conduce Luis Lucero, expondrán los detalles del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
En paralelo, en el Senado, los libertarios se reunirán con la mira puesta en la reforma laboral, aunque no descartan incluir la cuestión ambiental en la agenda. Bajo la conducción de la presidenta del bloque, Patricia Bullrich, se buscará ordenar la discusión y fijar los lineamientos para avanzar con las iniciativas oficiales. “No hablamos del tema porque los votos están”, confió un referente libertario a al ser consultado por los cambios propuestos en materia ambiental.
El contexto, sin embargo, obliga a la cautela. Con los incendios en el sur como principal preocupación de las provincias cordilleranas, el oficialismo evitó exponer el debate. Tras la declaración de la emergencia ígnea, no obstante, la discusión podría reactivarse. En ese marco, juristas y organizaciones civiles enviaron una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel en la que cuestionan la constitucionalidad del proyecto y advierten que “pone en jaque el derecho constitucional ambiental”. Aun si prospera en el Congreso, anticipan, la reforma podría terminar judicializada.
La baja de la edad de imputabilidad, en tanto, todavía no tiene fecha cierta de tratamiento. La referencia sigue siendo el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en 2024, que proponía fijar en 13 años la edad mínima para juzgar penalmente a un menor y habilitaba condenas de hasta 20 años de prisión.
Ese texto recorrió durante nueve meses un complejo entramado legislativo que involucró a tres comisiones -Legislación Penal; Familia, Niñez y Juventudes; y Presupuesto- y fue objeto de modificaciones sustanciales. En el dictamen que logró avanzar, el piso se elevó a 14 años y el tope de las penas privativas de la libertad se redujo a 15. Esa alternativa fue acompañada por aliados del oficialismo y por legisladores de Unión por la Patria vinculados al Frente Renovador.
La opción de bajar la edad a 13 no reunió respaldo suficiente, ni siquiera entre socios habituales del bloque libertario, como Pro y la UCR, que anticipan que no modificarán su postura en un eventual nuevo debate. El despacho también incorporó criterios más restrictivos para la prisión efectiva, que solo se habilitaría para delitos con escalas penales de diez años o más, y reforzó las sanciones alternativas para el resto de los casos, con excepciones para homicidios y hechos de violencia grave. Además, reafirmó garantías procesales y estableció estándares estrictos para la detención de menores, como el alojamiento separado de adultos y el acceso garantizado a educación y salud.
Para que la discusión se reactive, sin embargo, las comisiones deben estar formalmente constituidas. Por ahora, solo Presupuesto -a cargo de Alberto Benegas Lynch– y Legislación Penal -presidida por Laura Rodríguez Machado– cuentan con autoridades. Falta definir Justicia, que el oficialismo evalúa retener bajo la conducción del bonaerense Sebastián Pareja, y Familia, Niñez y Juventudes, que podría quedar en manos de bloques del centro como Provincias Unidas, donde suena el nombre de la radical Mariela Coletta.
Los tiempos apremian. El oficialismo tiene hasta el jueves para definir las autoridades de las comisiones pendientes y destrabar el inicio del debate. No se descarta que el presidente de la Cámara, Martín Menem, convoque a una reunión de jefes de bloque para ordenar la discusión.
Con el feriado de carnaval en el medio, el margen para emitir dictamen y llevar los proyectos al recinto es mínimo. Si Diputados no acelera en los próximos días, la reforma quedará fuera del calendario de extraordinarias.
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La Justicia realizó un nuevo operativo en el aeropuerto de San Fernando por los vuelos de los helicópteros a la mansión de Pilar

Por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un nuevo operativo en el Aeropuerto de San Fernando en busca de información por los vuelos a la mansión de Pilar, atribuida a Pablo Toviggino.
Concretamente, los agentes se presentaron en el hangar de la empresa Flyzar para obtener documentación clave: órdenes de vuelo y listados de pasajeros, que podrían esclarecer quiénes viajaron a la lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa.
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En el lugar, los miembros de la PSA fueron recibidos por Felipe Carmona Natta, el titular de la empresa, quién entregó la documentación solicitada.
Este operativo es el segundo realizado en el mismo lugar. El pasado 30 de enero, el juez ordenó buscar en las oficinas de Flyzar los registros de vuelos, seguros de helicópteros, órdenes de vuelo y la lista de pilotos que operaron hacia la mansión de Pilar.
El foco de la investigación está en esclarecer la titularidad real de la mansión y el origen de los fondos. La propiedad figura a nombre de Real Central S.R.L., cuyos titulares formales son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte. Según los papeles, compraron la finca en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, pero la tasación oficial es de 17 millones de dólares.
La Justicia sospecha que Pantano y Conte podrían ser prestanombres de Toviggino o de terceros, ya que su perfil patrimonial no se condice con semejante inversión.
La Justicia también busca reconstruir quiénes fueron los pasajeros frecuentes de los helicópteros y qué tipo de carga se transportó a la mansión. El foco está puesto en determinar si hubo vuelos con dirigentes de la AFA y si se movieron bienes o dinero de manera irregular.
La causa, que investiga el patrimonio y los movimientos de la cúpula del fútbol argentino, había iniciado -por impulso de la Coalición Cívica- en el juzgado de Daniel Rafecas, luego pasó al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Y ahora, tras una movida polémica, el expediente recaló en Campana.
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Aguinsky ya les había tomado declaración a dos pilotos que hicieron viajes rumbo a la mansión de Pilar. Uno de ellos intentó justificar su presencia en la quinta diciendo que hacía “vuelos de entrenamiento”, pero ambos negaron haber transportado bultos o paquetes. Sin embargo, los investigadores detectaron que entre los dos sumaron más de 60 viajes a la propiedad de Pilar.
El juez también les mostró fotos para ver si reconocían al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, o al tesorero Toviggino como pasajeros. Los pilotos aseguraron que no podían identificarlos, lo que generó escepticismo, sobre todo porque no existen listas de pasajeros ni registros formales de carga que respalden sus dichos.
AFA, San Fernando, Justicia
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Congreso: con la reforma laboral en el centro del debate, comienzan las sesiones extraordinarias

Este lunes, el Congreso de la Nación da comienzo al período formal de sesiones extraordinarias, convocado por el Poder Ejecutivo y previsto hasta el 27 de febrero, previo al inicio de las reuniones ordinarias. El temario legislativo concentra iniciativas de alto impacto institucional, con la reforma laboral en el centro de la atención.
La agenda legislativa incluye, entre otros, proyectos vinculados a la ley penal juvenil, la protección ambiental de glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Principales proyectos de la agenda
- El eje central del debate será la reforma laboral. Desde el Ejecutivo se proponen modificaciones en materia de despidos, indemnizaciones y contrataciones, por ejemplo. Los legisladores también deberán discutir cambios en el sistema de cargas y aportes.
- Respecto de la reforma del régimen penal juvenil, se busca reemplazar el sistema vigente desde 1980. El proyecto propone, sobre todo, la reducción de la edad de imputabilidad, que actualmente es de 16 años, a 13 o 14, según las versiones en debate.
- Otro de los proyectos que debatirán diputados y senadores es la modificación de la Ley de Glaciares y del régimen de protección del ambiente periglacial. La propuesta apunta a redefinir el alcance de las áreas protegidas, limitando la protección estricta a aquellas zonas que cumplan una función hídrica comprobada.
- El temario se completa con el tratamiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, cuya ratificación legislativa resulta necesaria para su eventual entrada en vigor.
- Las sesiones extraordinarias podrían incluir la consideración de designaciones diplomáticas y otras iniciativas puntuales, cuya incorporación dependerá de los consensos que se logren durante el desarrollo del período.
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