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El diputado explicó: “Marc Andreessen (uno de los inversores de tecnología más influyentes del mundo) dice con optimismo que lo que desaparecerá con la IA no son los empleos, sino las tareas que contienen esos empleos: el conjunto de acciones repetitivas, como rellenar informes, revisar y enviar documentos, proyectar, etc., para dejar las tareas humanas concentradas en los aspectos que aportan verdadero valor. Los médicos, por ejemplo, utilizan una gran cantidad de tiempo en tareas administrativas e informativas que no tienen nada que ver con curar. Al ser liberados de ese yugo, quedarán con más tiempo para cumplir con más profundidad el verdadero propósito de su profesión».

De Andreis aclaró: “La verdad, no sabemos qué va a pasar. Nadie lo sabe. Pero sí sabemos que algo inmenso va a suceder muy pronto con el mundo del empleo. La nueva ley laboral que votamos esta semana es un gran paso para sacarse de encima algunas ideas anacrónicas relacionadas con el trabajo. No hay dudas de que el cambio es insuficiente, pero es un avance. Muy pronto la IA nos obligará a replantearnos todo otra vez. Probablemente la propia IA impulse los cambios, diseñe y hasta escriba las próximas reformas laborales. No hay dudas de que ahora sí estamos en el futuro».

Javier Milei

El Gobierno nacional se dispone a presentar un proyecto de reforma integral del Código Penal. El objetivo central es endurecer las penas y adaptar la legislación a nuevas formas de criminalidad. La iniciativa incorpora conceptos inéditos, como el combate a los delitos digitales y la tipificación del ecocidio, en una actualización considerada prioritaria por la administración que encabeza Javier Milei. En Infobae en Vivo Al Amanecer, Luciana Rubinska brindó detalles acerca de la modificación.

La propuesta surge ante la necesidad de modernizar un Código Penal vigente desde 1921. El Ejecutivo busca dotar a la justicia de herramientas eficaces para responder a los desafíos actuales. Tal como explicó Luciana Rubinska, entre los propósitos principales se destacan el diseño de penas más severas y la introducción de nuevas conductas delictivas, con la meta de fortalecer la seguridad en el país.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar y se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

Uno de los ejes centrales del proyecto es el aumento de penas para delitos violentos y la inclusión de agravantes, como el accionar de los denominados motochorros y los episodios de violencia en espectáculos deportivos. También se prevé que delitos como abuso sexual, homicidio, trata de personas, terrorismo y narcotráfico sean declarados imprescriptibles, es decir, que nunca puedan perder la posibilidad de enjuiciamiento por el paso del tiempo.

La lucha contra el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, ocupa un lugar central en la reforma. El proyecto apunta a atacar la financiación de los delitos por medio de un uso sistemático del decomiso de bienes ilícitos como medida para recuperar activos y presionar a las organizaciones criminales. Según señaló Rubinska a Infobae, este mecanismo representa una apuesta decisiva en la estrategia oficial.

La actualización legal incluye, por primera vez, una sección dedicada a delitos digitales y ciberdelito. El plan contempla la penalización de la usurpación de identidad, el grooming y la difusión no consentida de datos personales, aspectos que adquieren mayor relevancia debido al avance tecnológico y la digitalización de la vida cotidiana. De acuerdo con Rubinska, la intención es que estas conductas queden tipificadas con sanciones específicas.

En el capítulo de novedades se encuentra la incorporación de delitos electorales, lo que refleja la voluntad de ampliar la ley penal a ilícitos que afectan el sistema democrático.

Una de las innovaciones más destacadas es la tipificación de ecocidio, destinada a reforzar la protección ambiental ante desastres, como los incendios forestales provocados. La periodista enfatizó que esta iniciativa busca adaptar la normativa penal a los problemas ambientales contemporáneos y responde a una prioridad política del actual Gobierno.

La reforma también introduce un elemento de tensión política, en especial dentro del peronismo. Rubinska advirtió que la aprobación del texto podría generar divisiones internas, ya que hay sectores que apoyan la modernización y otros que muestran desacuerdo, lo que anticipa un debate legislativo complejo en el Congreso.

El proyecto es resultado del trabajo de juristas que emplearon varios meses en la redacción del nuevo Código. Una vez concluida la discusión sobre la reforma laboral, el Ejecutivo enviará el texto al Parlamento para su tratamiento formal. La expectativa es que el envío al Congreso marque el inicio de una discusión que podría transformar la evolución del sistema legal argentino.

La dimensión del cambio sitúa a esta reforma entre las más profundas que haya experimentado la justicia argentina en décadas, al introducir herramientas y figuras para responder a los desafíos actuales del país.

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El Gobierno tiene lista la medida que impulsa cambios regulatorios para flexibilizar el otorgamiento de créditos en dólares a personas y empresas que no generan divisas, pero evalúa postergar su implementación por diferencias internas sobre su respaldo. Los equipos técnicos del Ejecutivo ya trabajaron sobre las modificaciones al marco legal.

Según pudo saber TN, la iniciativa ya estaba avanzada entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, pero en las últimas horas surgieron reparos técnicos sobre las condiciones estructurales necesarias para avanzar con la medida. “Estaba todo dado para que se anunciara en los próximos días, pero se puso en pausa”, expresan en Nación.

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En la Casa Rosada aclaran que las advertencias internas apuntan a la capacidad del sistema para absorber un eventual shock externo. Advierten que un movimiento abrupto del tipo de cambio -aun dentro del esquema vigente- podría incrementar los niveles de mora si los deudores que no generan divisas enfrentan un encarecimiento significativo de sus cuotas en pesos.

“Es un riesgo que no es exclusivo de la Argentina y que también puede afectar a economías desarrolladas”, agregan. Es por eso que en Balcarce 50 se debaten si el Banco Central cuenta con margen suficiente para actuar ante un escenario de tensión de solvencia o liquidez en el sistema financiero. En varios despachos oficiales prefieren no asumir un riesgo adicional vinculado a la expansión del crédito en moneda extranjera.

La iniciativa apunta a modificar el marco vigente tras la crisis de 2001. El artículo 23 del decreto 905/2002 -luego incorporado al régimen financiero- estableció que los depósitos en moneda extranjera sólo pueden destinarse a préstamos para prestatarios con ingresos vinculados directa o indirectamente al comercio exterior. Ese blindaje buscó evitar el descalce de monedas.

El nuevo esquema en el que trabaja el Gobierno contempla que los bancos otorguen créditos hipotecarios, prendarios y personales en dólares a individuos que perciben ingresos en pesos, bajo criterios estrictos de evaluación crediticia. En Nación sostienen que “no tiene sentido discriminar por la moneda que una persona produce” y que lo “relevante” es su capacidad de generar ingresos para afrontar la deuda.

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En el Ejecutivo advierten que la medida no implica cambios en la política cambiaria ni una flexibilización adicional del régimen vigente. El oficialismo tiene previsto mantener el sistema de flotación entre bandas, que evolucionan mensualmente según la inflación informada por el INDEC. Lo mismo aplica para el programa de acumulación de reservas que prevé compras por hasta US$10.000 millones en 2026.

En la Casa Rosada enmarcan el anuncio dentro dentro de la estrategia de “remonetización en dólares” que acompaña la Ley de Inocencia Fisca. En algunos sectores de Balcarce 50 argumentan que una mayor profundidad financiera en dólares no necesariamente implica un aumento del riesgo si el sistema evoluciona hacia un modelo más restrictivo de intermediación -la banca tipo “Simon”- con mayor respaldo de activos y menor apalancamiento.

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