POLITICA
Ritondo y Santilli defienden el acuerdo con la Libertad Avanza: los candidatos que pueden ganar una banca, los rebeldes y el futuro del partido
Los principales negociadores del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza, los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli, defendieron el acuerdo para la integración de las listas para las elecciones del 7 de septiembre. Es un balance incómodo, frente a sectores internos críticos, que hablan de “sumisión” y referentes que decidieron ir por afuera de la coalición.
En declaraciones públicas y en diálogos reservados, ambos explicaron que de los doce diputados y senadores provinciales que el partido amarillo pondrá en juego, consiguieron incluir en las listas entre ocho y nueve “entrables” y que de los 160 concejales que estarán en disputa, aspiran a ubicar 120.
“El consenso de las encuestas nos dan entre 6 y 8 por ciento de los votos. Con esos números, en muchas de las seccionales ni siquiera llegábamos al piso mínimo para el Senado o Diputados. Los que se fueron a otros espacios están en todo su derecho, pero la mayoría de los intendentes cerraron la mayoría de las listas a concejales para no comprometer la gobernabilidad”, explicó a Infobae uno de los operadores del partido que estuvo en el poroteo final de las listas.
En el PRO circula un informe reservado que resume los lugares conseguidos en la negociación. Resaltan que el PRO ubicó dos de las ocho cabezas de listas seccionales: sobresalen Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata por la Quinta Sección; y Natalia Blanco, concejal de Zárate, “ritondista” y alineada con el intendente Marcelo Matzkin.
En la Primera Sección, donde encabeza el ex macrista y ahora libertario intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, el PRO ubicó la candidata a senadora Marina Casaretto y el tercer suplente, Miguel Nieto.
En el caso de la Segunda, el PRO sumó las candidaturas de Natalia Miriam Blanco, Alejandro Daniel Rabinovich, Miguel Amadeo y María Julia Marincovic y los suplentes Sandra Mussi, Enzo Gravino, Lucía Montferrand y Raúl Sancho.
En la Tercera -que junto a la Primera tienen cada una cinco millones de votos- detrás de la cabeza de lista que ocupa por LLA el ex comisario Maximiliano Bondarenko, quedó la actual diputada nacional María de los Ángeles Sotolano, que responde a Jorge Macri, en el sexto lugar Leticia Bontempo, Gastón Corti, Sheila Irene Adano, Silvina Mabel Grinkievich y Luna Rocío Pérez.
En la Cuarta Sección Electoral, el tercer puesto quedó para el “ritondista” Matías Ranzini y el sexto para Julieta Arce, y los suplentes María Guillermina Laborde y María del Pilar González. En la Quinta, que es la tercera más populosa de la provincia, encabeza Montenegro y acompañan como suplentes Alejo Yeza y Carolina Llamazares.
En la Sexta Sección van en el quinto lugar Gustavo Coria, en el noveno Matías Besada y en el décimo Claudia Yañez, más tres suplentes. En la Séptima Sección electoral, en el tercer lugar quedó el ex intendente de Olavarría Ezequiel Galli y como suplentes Cecilia Belsito y María Sol Luján Leal.
Finalmente, en la Octava Sección, que integra La Plata, en segunda posición de la lista estará la “santillista” Julieta Quintero Chasman, en el quinto Nicolás Morzone, y dos suplentes.
Más allá de ese punteo, tres jefes comunales tomaron caminos distintos. Javier Martínez, de Pergamino; María José Gentile, de 9 de Julio; Pablo Petrecca, de Junín; Diego Reyes, de Puán, y los hermanos Passaglia, de San Nicolás, tomaron distancia del acuerdo con La Libertad Avanza, y decidieron enfrentar a la lista violeta y al peronismo reunido bajo el sello de Fuerza Patria.
“Alguno quería ser cabeza de lista y otros tenían internas con los libertarios que hacían imposible un acuerdo. No iban a estar adentro desde el vamos de toda esta negociación”, explicaron las fuentes del PRO bonaerense.
Un escenario clave de ese acuerdo fue Vicente López, distrito gobernado por Soledad Martínez, sucesora del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, uno de los excluidos de la “tabula rasa” que propone Javier Milei para sumar adhesiones. La intendenta logró un acuerdo con Luis Palomino, el referente local de LLA, y retuvo la mayoría de la lista de concejales.
“En Vicente López, San Isidro, Mar del Plata, Zárate, Pinamar, Arrecifes, Lobos, Coronel Pringles y Campana se respetó esa proporción. La lista es violeta, pero está integrada por mayorías del PRO”, explicaron. “No tenemos listas separadas y, a diferencia de lo que pasa en el peronismo, tampoco va a haber listas cortas. Fue un buen acuerdo”, concluyeron los informantes.
POLITICA
Los gremios docentes bonaerenses ratifican el paro del 2 de marzo y los estatales reclaman reabrir paritarias
Los gremios docentes bonaerenses ratificaron un paro contra la gestión de Axel Kicillof ante la falta de un acuerdo salarial con el sector. Así, se tensa el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires.
Los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba) confirmaron una huelga para este lunes 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases en la provincia de Buenos Aires.
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De este modo, se trata del primer paro conjunto contra la administración de Kicillof. En la mesa paritaria, las autoridades ofrecieron una mejora de 3% para febrero, pero los sindicatos rechazaron la propuesta, que calificaron como “insuficiente” frente a la inflación.
“El congreso nacional de la CTERA ha definido un paro nacional docente para el 2 de marzo, en el marco del no inicio del ciclo lectivo y un plan de acción que continuará con caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país”, indicaron en un comunicado.
Entre los reclamos del sindicato que conduce Sonia Alesso volvieron a pedir por “una nueva Ley de Financiamiento Educativo”.
Los estatales nucleados en ATE, en cambio, solicitaron una nueva convocatoria a paritarias “urgente” a días del inicio del ciclo lectivo. Si el gobierno de Kicillof no presenta una propuesta superadora en los próximos días, el inicio del ciclo lectivo 2026 se verá interrumpido por un paro.
El nuevo pedido de los estatales a Axel Kicillof por paritarias
Este lunes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires le pidió al gobernador Axel Kicillof que llame a paritarias de “manera urgente”.
“El pedido se fundamenta en la necesidad que tienen las y los estatales bonaerenses de iniciar el año sin una pérdida efectiva del poder adquisitivo y arribar a un acuerdo que resuelva lo perdido en los últimos meses del año 2025“, justificaron en un comunicado.
El gremio que nuclea a los empleados estatales asegura que perdieron 13,5% del poder adquisitivo en los últimos dos años.
Desde ATE sostienen que la prioridad de la gestión provincial debe “garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que con su trabajo sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones bonaerenses”.
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Además, el sindicato solicitó un aumento salarial de emergencia para los trabajadores auxiliares de la educación.
La semana pasada, el gobierno bonaerense mejoró su oferta salarial del 2% al 3%, pero los gremios la rechazaron por considerarla insuficiente. Según explicaron, el incremento no toma como base el salario de bolsillo cobrado en enero y el impacto real abarcaría 1,5%.
Docentes, paro docente, Axel Kicillof
POLITICA
La Iglesia y otras voces de la sociedad civil advierten sobre la paralización de las políticas de integración de barrios populares
Representantes de la Iglesia, de organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales, reunidos en la Mesa Nacional de Barrios Populares, denunciaron la reducción de presupuesto y virtual paralización de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, y la eliminación de las políticas de hábitat en todo el país. “Sin integración socio urbana no hay futuro para cinco millones de personas”, plantearon al expresar su preocupación por la situación que afecta a los barrios vulnerables.
“Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”, advirtió el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, acompañado por dirigentes de organizaciones de la sociedad civil. Expresó así la necesidad de avanzar en procesos de urbanización e integración social, y destacó especialmente el rol de las comunidades.
La voz de Carrara transmitió la preocupación de la Iglesia por el avance de los problemas sociales y las políticas que en esa materia lleva adelante el gobierno de Javier Milei. La Subsecretaría de Integración Socio Urbana viene funcionando en el Ministerio de Economía y su titular es el diputado libertario Sebastián Pareja.
En el encuentro se advirtió que “la paralización de esta política no es una discusión administrativa, sino el incumplimiento de una ley nacional sancionada por unanimidad en 2018”. Y denunciaron que hay más de 700 obras frenadas y más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza, creado para financiar planes de mejoras de viviendas.
“Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como el agua potable y la electricidad segura. Pero la integración habla de protagonismo”, señaló Carrara, al mencionar la activa participación de los vecinos en el relevamiento que permitió registrar más de 4400 barrios populares en todo el país y conocer las realidades que enfrentan más de cinco millones de personas en viviendas precarias, que carecen de servicios básicos.
“Los propios vecinos trabajan por la integración de sus barrios y ya aportan muchísimo: son obreros de la construcción, trabajadores de la industria textil, de los cordones frutihortícolas que producen los alimentos que consumimos”, explicó el arzobispo, en referencia al esfuerzo que ellos mismos realizan para llevar adelante la tarea. “¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”, alertó.
Además del titular de Cáritas, expusieron el director ejecutivo de Techo Argentina, Juan Maquieyra; la exsubsecretaria de Gestión de Tierras de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), Fernanda García Monticelli, y Lila Calderón, referente del Barrio Obrero de Cipolletti, quienes alertaron sobre las consecuencias del cierre del organismo para los cinco millones de personas que habitan en villas y asentamientos en todo el país.
Todos resaltaron que esta política pública, puesta en marcha en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, logró “trascender dos gestiones de gobierno de distinto signo político, consolidándose como un consenso nacional y su posterior aprobación por unanimidad en el Congreso, en 2018”.
Coincidieron, de ese modo, en que “la integración sociourbana no es una bandera partidaria, sino una herramienta de transformación “, auditada por organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y entidades nacionales, como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Universidad Católica Argentina. (UCA), que “certifican su transparencia y eficiencia en el territorio”.
García Monticelli explicó que durante la implementación de la política “el 80% de los barrios populares tuvo inversión pública, hubo más de 1200 proyectos de integración con 24.000 lotes con servicio, 250.000 mejoras de vivienda con el programa Mi Pieza, lo que representó un desafío grande para hacerlo a escala”. Sobre el desmantelamiento del organismo ejecutor, agregó: “No se está desmantelando una oficina pública, sino que se trata de la pieza ejecutora de la política, son los relevadores, los que está en territorio y quienes son una defensa ante desalojos”.
A su turno, Maquieyra dijo que tanto el Registro Nacional de Barrios Populares como la ley 27.453, que declara de interés público el régimen de integración socio-urbana y regularización dominial de los barrios inscriptos en dicho registro, son “políticas que se desarrollaron de abajo hacia arriba y se convirtieron en una política de Estado”. Y llamó a los presentes a preguntarse “¿en qué Argentina queremos vivir?”.
Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Conforme a,Iglesia,,Histórico. La Sagrada Familia alcanza su altura máxima tras casi 150 años de obras,,La relación con la Iglesia. Una semana después de ver al Papa, el canciller Pablo Quirno recibió al presidente del Episcopado,,Los argentinos y el Vaticano. El papa León XIV refuerza una relación marcada por la formalidad y la vía institucional
La senadora nacional Patricia Bullrich calificó como “ridículo” el paro convocado en el fútbol argentino por la AFA para todas las categorías durante los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. En dichas jornadas también se iba a disputar la fecha 9 del Torneo Apertura.
La legisladora brindó declaraciones a los medios acreditados en el Senado de la Nación donde expuso su rechazo a la medida. La querella de ARCA había convocado a la AFA como asociación y a Tapia para el 5 de marzo mientras que el tesorero Toviggino deberá presentarse el 6 de ese mes.
Ante la consulta periodística sobre la decisión de la AFA de suspender las fechas del torneo debido a las citaciones judiciales de Tapia y de Pablo Toviggino, mencionado en la causa, Bullrich fue tajante. Consideró que “parar el fútbol porque hay dos personas que están siendo llamadas por la justicia es confundir la institución con sus conductas”. Subrayó que la medida es “ridícula” y desligó la situación personal de los directivos de los intereses de los clubes y los hinchas.
La senadora remarcó la importancia de no “mezclar” los problemas judiciales individuales con el funcionamiento de una entidad de alcance nacional.
Por otro lado, Bullrich describió el actual funcionamiento del Senado como un espacio de debates extendidos y diferencias internas, incluso dentro de los bloques que apoyan al oficialismo. “Acompañan algunas cosas y otras no acompañan. Hay una flexibilidad, pero sí te acompañan en el quórum, sí te acompañan en la mayoría de la votación de las leyes en general”, explicó la legisladora.
Aclaró que, a diferencia de etapas previas, no existe homogeneidad ni disciplina absoluta, sino discusiones y abstenciones puntuales en artículos específicos. “Fueron horas y horas de debate que nosotros tuvimos para la aprobación de los proyectos”, señaló en referencia a las sesiones recientes.
La Cámara alta y el rol del kirchnerismo
Consultada sobre el impacto de la nueva composición política, Bullrich contrastó el momento actual con la era kirchnerista. “El kirchnerismo, antes de leer cualquier proyecto, ya sale a decir que vota en contra. La ley laboral van a hacer dos paros”, afirmó. Sostuvo que la oposición no busca dar gobernabilidad al Gobierno y que el funcionamiento previo era “a su ritmo”.
La senadora indicó que el Senado ahora actúa “al ritmo del Gobierno, para darle al Gobierno las herramientas y al pueblo argentino las herramientas que se necesitan para mantener esta estabilidad, mantener nuestro plan económico, mantener nuestras políticas de seguridad, por eso, mantener nuestra política internacional”.
Bullrich detalló que esta semana el Senado va a tratar proyectos claves para la agenda nacional. Entre ellos mencionó la votación sobre Mercosur, iniciativas vinculadas a la “delimitación clara de los límites de los glaciares” y la ley de Penal Juvenil, a la que definió como “fundamental para la seguridad de los argentinos”.
La senadora enfatizó que estos temas forman parte de una agenda que el oficialismo impulsa para acompañar la gestión actual y brindar respuestas a demandas sociales y económicas.
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