POLITICA
Rodolfo Aguiar denunció detenciones ilegales durante una protesta en el INTI y subió videos de tensión con la policía
Mientras el Gobierno prepara cambios en la estructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto de Tecnología Industrial (INTI), un grupo de manifestantes se acercó a las inmediaciones de este último organismo público en el partido bonaerense de San Martín y protagonizó un momento tenso con la policía que trató de correrlos, para evitar que cortaran la General Paz. Uno de los que encabezó la protesta fue Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien tuvo un intercambio violento con un efectivo policial, forcejeó y lo acusó de realizar detenciones ilegales.
“No estamos cortando, no es un delito caminar por la calle”, dice en un video que compartió en la red social X y en el que se puede ver cómo empuja a los policías que tratan de desestimar la medida de fuerza. En otro tramo de la filmación apunta contra otro de los efectivos y lo insulta: “Te hacías el gil, te cansaste de forrear, te hacés el guapo. Los vamos a derrotar, vamos a pelear hasta que se rindan. Se van a ir por la puerta de atrás”.
El grupo de personas que se encontraba junto a él en el lugar desde las 10 también intercambia golpes y empujones con las fuerzas, mientras que los efectivos despliegan los escudos y tratan de alejarlos de la calzada. “La Policía nos reprime en el INTI y efectúa 4 detenciones ilegales. En minutos vamos a dar a conocer los nombres. ¡Desde ATE exigimos su inmediata liberación!“, escribió en la red social minutos después.
Pocas horas antes, el dirigente gremial publicó otro video en el que se mostraba en medio de la protesta en las inmediaciones del INTI. “El Gobierno nos declaró la guerra a los estatales e hizo del Estado un gran campo de batalla. Que sepan que vamos a guerrear hasta derrotarlos. Van a caer rendidos. Se van a ir por la puerta de atrás. ¡¡Vamos a salvar el Estado!! No estamos dispuestos a entregar nuestra soberanía!!“, escribió.
Durante la mañana había ratificado su presencia en la manifestación y explicado los motivos que llevaron a la asistencia del gremio de trabajadores: “ATE rechaza las modificaciones en las estructuras del INTI e INTA. Son un tiro de gracia a la industria y a la producción del país”.
“Si permitimos que la intención del Gobierno de quitarle la autarquía a ambos organismos prospere, todo el ecosistema productivo e industrial perderá a un aliado fundamental para el fortalecimiento y la expansión. El INTI tiene 70 años de historia, de trayectoria para el desarrollo industrial y la soberanía económica de nuestro país. Si se avanza en la centralización de este organismo, se pone en riesgo su carácter autárquico y federal”, dijo.
Y añadió: “Con esta medida, a un organismo que hasta aquí se autofinancia, le harán perder toda capacidad para gestionar recursos y firmar convenios estratégicos. Además, se desarticularán líneas de trabajo que están consolidadas en todo el país. Están siendo amenazados numerosos puestos de empleo. El INTI es de todos y tenemos que defenderlo, porque en su defensa estaremos defendiendo la ciencia, el conocimiento y el trabajo, pero también la producción y la soberanía».
En los últimos días se dio a conocer una nueva versión del texto de decreto que preparan las autoridades y que transformará al ente de un organismo autárquico a uno “desconcentrado” y bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura. La iniciativa fue impulsada, entre otras áreas, por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger.
La nueva estructura prevé también que la dirección quede en manos de un presidente con rango de secretario de Estado, designado por el Poder Ejecutivo, y asistido por un Consejo Técnico ad honorem compuesto por representantes del sector agropecuario.
En tanto, el INTA mantendrá sus funciones clave en investigación, asistencia técnica y cooperación institucional, pero con flexibilidad para definir su red operativa (centros, estaciones, laboratorios) según sus necesidades.
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POLITICA
Caso ANDIS: la Justicia sigue la ruta de las presuntas coimas e investiga una serie de financieras
La causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza sobre uno de los aspectos más sensibles del expediente: el circuito financiero que habría permitido mover, ocultar y canalizar fondos provenientes tanto de presuntas coimas como de sobreprecios en contrataciones públicas.
Con el secreto de sumario ya levantado y una agenda de indagatorias que se extenderá hasta los primeros días de diciembre, la Justicia profundiza ahora la trazabilidad del dinero y apunta a un grupo de intermediarios, financieras y empresas presuntamente utilizadas para blanquear operaciones.
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Según el dictamen del fiscal Franco Picardi, una de las pistas centrales involucra al lobista Miguel Ángel Calvete, señalado por haber intervenido para que un conjunto reducido de droguerías se quedara con contratos millonarios en el organismo.
La fiscalía sostiene que Calvete le entregaba “sumas importantes” a Alan Pocoví, figura clave en la presunta operatoria de lavado.
“Se advierte que Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete movilizaban en forma regular importantes sumas dinerarias en moneda local y estadounidense, y que parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación ‘NEBLOCKSHAIN’”, describe el dictamen.
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La investigación indica además que Guadalupe Muñoz —pareja de Calvete— cumplía un rol operativo en el circuito: recibía cheques provenientes de las empresas y los remitía a Pocoví para que éste “procediera a movilizar los fondos”.
Ese flujo de dinero llevó a los investigadores a la empresa Neblockchain S.A., que —según una de las líneas que se analizan— sería en realidad Finanzas Sur, firma vinculada al empresario Ariel Vallejo. El martes fue allanada en busca de documentación relacionada con esta operatoria. Por ahora, advierten fuentes judiciales, se trata de “pistas” sin conclusiones firmes.
Pocoví habría colocado dentro de Finanzas Sur parte de la plata de las coimas y de los sobreprecios. Todo forma parte de un incidente dentro del expediente que es reservado.
Otro de los nombres bajo análisis es el de Sergio Mastropietro, también mencionado como posible engranaje para lavar parte de los fondos. Según el expediente, Mastropietro visitó junto a Calvete y Muñoz el country de Diego Spagnuolo, entonces director de la ANDIS y una de las figuras centrales de la causa.
El 27 de agosto, Mastropietro le envió a Spagnuolo una imagen con información de una cuenta bancaria a nombre de Baires Fly S.A., firma vinculada a él. En paralelo, las droguerías Prolite Orthopedics S.R.L., Probock S.R.L. y Droguería Profarma S.A. transfirieron millones de pesos a Baires Fly, por un total cercano a los $100 millones. Poco después, Mastropietro le mandó a Calvete tres facturas —una por cada firma— donde figuraba la descripción “por compras de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de empresas”.
Se cree que se trató de una maniobra de posible lavado de dinero.
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Mientras la trama financiera se reconstruye, la agenda judicial avanza. Esta semana declararon —sin responder preguntas— Spagnuolo y Daniel María Garbellini, ex número dos del organismo. El 28 de noviembre será el turno de Lorena Di Giorno, antes de una secuencia intensa de citaciones previstas para diciembre, que incluye a Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano y Andrés Horacio Arnaudo. La etapa cerrará con Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, convocados entre el 1 y el 5 de diciembre.
La causa tiene dos ejes: el presunto direccionamiento de contrataciones por unos $40.000 millones en favor de Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta, y un esquema de coimas que habría funcionado dentro y fuera de la estructura formal del organismo. La investigación detectó incluso accesos irregulares al sistema de contrataciones por parte de personas ajenas al organismo.
Además, la Justicia determinó que un grupo de personas ajenas al organismo tenía posibilidad de “intervenir” en las licitaciones. Tal es el caso de Luciana Ferrari, exempleada del laboratorio Roche.
Durante la gestión de Pablo Atchabahian en ANDIS en el período 2018-2019, esta mujer prestó funciones como Directora de Prestaciones Médicas, y hasta hace muy pocos días trabajaba en el laboratorio Roche S.A.Q.E.I.
“Ella era una operadora externa, puesto que sin estar designada en ANDIS, cumplía órdenes de Pablo Atchabahian y de Daniel Maria Garbellini, dentro de la agencia”, señaló el dictamen.
La investigación determinó que cumplía funciones de forma ilegal durante el periodo investigado en ANDIS: gestionaba y agrupaba “tickets” en el sistema SIIPFIS, para luego llamar a compulsas; recibía información anticipada sobre las compulsas de compras de prestaciones PACBI; y compartía información sobre droguerías y acuerdos entre ellas con Daniel María Garbellini.
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Otro capítulo involucra a los lobistas Calvete y Pablo Achavajian, quienes, según las conversaciones incorporadas al expediente, habrían dado indicaciones sobre proveedores, sanciones y montos a liberar. En paralelo, imágenes de cámaras de seguridad y registros de visitas muestran a Spagnuolo ingresando con una mochila a la casa de Calvete en un intercambio que, para la fiscalía, involucró la entrega de al menos $5 millones en efectivo.
La causa comenzó tras audios viralizados en agosto en los que una voz atribuida a Spagnuolo hablaba de un presunto sistema de retenciones del 8% en compras públicas y mencionaba la participación de Eduardo “Lule” Menem y la droguería Suizo Argentina. “A mí me están defalcando la agencia”, decía, y aseguraba contar con “todos los WhatsApps de Karina (Milei)” como respaldo.
Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo
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El juez Mariano Borinsky pidió que se completen las vacantes en la Corte Suprema y se designe a un Procurador General
El juez de la Cámara de Casación Penal Mariano Borisnky se refirió a la necesidad de cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia así como también el cargo de Procurador General de la Nación que todavía no fue designado. Además, destacó los principales puntos que tiene el nuevo Código Penal que el Gobierno buscará aprobar con la nueva conformación del Congreso de la Nación.
En diálogo con A Confesión de Parte, con Romina Manguel, por FM Milenium el magistrado, que forma parte de la máxima instancia penal federal del país, señaló: “La necesidad de cubrir las vacantes en la Corte Suprema es fundamental para que pueda trabajar como la Constitución lo marca”.
Además de la conformación del máximo tribunal, remarcó: “Es importante que se complete el cargo de Procurador General de la Nación, que está vacante hace nueve años. Hay un procurador interino que es el más antiguo, pero un cargo tan sensible no debería quedar sin definición.”
Con la agenda judicial otra vez en el centro del debate político, Borinsky explicó el impacto que tiene la falta de definiciones institucionales. “El jefe de los fiscales es el que fija la política criminal”, sostuvo, al subrayar la incidencia que tiene esta figura en el funcionamiento cotidiano de la Justicia. En tanto, indicó que la estabilidad institucional pasa hoy por designar a los integrantes que restan para completar el máximo tribunal, como así también al titular del Ministerio Público Fiscal. Según sus palabras, “el cargo de Procurador General es fundamental para que Argentina tenga una política criminal clara y actualizada”.
Al analizar el funcionamiento del sistema, Borinsky fue contundente: “La Corte Suprema debe estar completa para dictar las políticas y los fallos que marcan el rumbo de la justicia en la Argentina. Cuando faltan integrantes, no solo se ralentiza la actividad, sino que también se debilita la confianza pública”.
Consultado sobre el impacto de la presencia de un magistrado especializado en materia penal entre los supremos, Borinsky fue categórico: “Siempre es importante un penalista en la Corte. No solo es clave para los temas que marcan la agenda pública actual, sino porque históricamente las Cortes tuvieron penalistas argentinos entre sus miembros”. Además, argumentó que la complejidad de los delitos federales y la sensibilidad de los grandes casos hacen indispensable esa visión: “En las máximas instancias de todos los países existe al menos un penalista, por la importancia que tiene el derecho penal en la sociedad contemporánea”.
En el mismo diálogo, el juez vinculó la discusión institucional con la reforma legal que impulsa el oficialismo. “Un código de 1921 no refleja los intereses y valores fundamentales de la sociedad de hoy. El nuevo Código Penal busca actualizar nuestro sistema con las problemáticas criminales del siglo XXI”, afirmó. Para Borinsky, la iniciativa busca no solo endurecer penas en delitos económicos y de corrupción, sino incorporar de manera expresa figuras que antes no tenían entidad, como la violencia de género, el cibercrimen, los delitos ambientales o el financiamiento del terrorismo.
Justamente, Borinsky analizó: “Pasamos de un código de 312 artículos a uno de casi 900. Triplica el contenido para sistematizar y clarificar. Las actuales leyes dispersas generan dificultades, hasta para los mismos jueces y periodistas, porque no se sabe con certeza qué está prohibido y qué permitido”.
Por otro lado, el camarista rechazó la visión de polarización ideológica: “La discusión ya no es entre mano dura y garantismo, todos los jueces aplican la Constitución. Lo esencial ahora es la aplicación efectiva de la ley penal, que las sentencias se cumplan”.
Para cerrar, el juez reiteró la urgencia de fortalecer la institucionalidad judicial y avanzar en la modernización del sistema penal. “La Justicia necesita instrumentos jurídicos y recursos, pero también definición política e institucional. No se puede discutir una mejora real del sistema si no se resuelven las vacantes y no se dota de herramientas legales a los jueces, fiscales y defensores”, completó el magistrado.
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La mayoría de los funcionarios e intendentes electos asumirán como legisladores bonaerenses, pero habrá dos casos polémicos
El recambio legislativo en la provincia de Buenos Aires se concretará el mes que viene y exhibirá quiénes de los diputados y senadores bonaerenses electos que ejercen otros cargos tomarán sus nuevas responsabilidades, y quiénes no. Para ocupar bancas en la Legislatura bonaerense, fueron elegidos 12 candidatos que antes fueron elegidos para un cargo ejecutivo o son funcionarios. Entre las filas del peronismo, La Libertad Avanza y la alianza electoral Somos Buenos Aires se cuentan diez intendentes que ganaron escaños de diputados o senadores, a los que se suman la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. Según relevó , diez ejercerán sus nuevos cargos en las bancas obtenidas y dos de las candidaturas quedarán como testimoniales.
Todo indica que Katopodis no asumirá como senador provincial por la primera sección electoral, tramo de la boleta que encabezó en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Permanecerá en el gabinete del gobernador Axel Kicillof. “No tomamos decisiones personales, ni antes ni después de la elección, sino en equipo, con Axel y viendo qué es mejor para el conjunto”, evaluaron cerca del exintendente de San Martín.
El intendente de José C. Paz, Mario Ishii (Fuerza Patria), también ganó una banca de senador provincial por la primera sección electoral. Según pudo saber , dejará la intendencia (gobernó entre 1999 y 2007, y desde 2015 hasta la actualidad) para asumir la banca. Su reemplazante, por orden, al encabezar la lista de concejales de 2023 (cuando Ishii ganó su último mandato) debería ser Roberto Caggiano, pero fuentes distritales del oficialismo y la oposición aclararon que no será quien finalmente asuma al frente de la municipalidad. A Ishii lo reemplazaría Lorena Espina, que fue segunda en esa lista de ediles.
Por La Libertad Avanza, fue elegido senador provincial el actual intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. El jefe comunal asumirá como senador y en su reemplazo, quedará como intendente Rodrigo Aybar Perlender, que fue el primer candidato de la lista de concejales de Valenzuela en 2023, pero ahora es secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda en el Ministerio de Economía, que conduce Luis “Toto” Caputo.
El intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, asumirá como diputado provincial por la segunda sección electoral en representación de Fuerza Patria. En su reemplazo, asumirá Luis Mariano Martín, que acompañó al frente de la boleta de concejales a Nanni cuando el jefe comunal logró su reelección, en 2023. Martín ya ejerce como intendente interino por una licencia por vacaciones que tomó Nanni, quien luego solicitará la licencia por los dos años de mandato que le quedan en el municipio.
En la tercera sección electoral, ganó una banca de diputada la vicegobernadora Magario, que no asumirá la nueva función (en su lugar, jurará como diputada provincial María Silvina Nardini, dirigente de Ensenada que responde al intendente Mario Secco). Los que sí tomarán los cargos de diputados provinciales que obtuvieron en los comicios son los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y de Quilmes, Mayra Mendoza. El reemplazante de Cascallares es Juan Fabiani (primer concejal en 2023 y actual secretario de Gobierno local). La jefa comunal quilmeña será reemplazada en la comuna por la concejala Eva Mieri, quien estuvo detenida por atacar con estiércol la casa del diputado José Luis Espert, quien luego pidió licencia al revelarse sus lazos con Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.
Por fuera del peronismo y de La Libertad Avanza, en la tercera sección se produce la particularidad de que Nicolás del Caño (Frente de Izquierda-Unidad) fue elegido diputado provincial y también, en octubre, diputado nacional. Asumiría este último cargo, mientras que en la Legislatura tomaría su lugar Christian “Chipi” Castillo.
El intendente de Junín, Pablo Petrecca, ganó una banca de senador provincial por la cuarta sección electoral desde la boleta de la alianza Somos Buenos Aires y asumirá su nuevo cargo. En la intendencia, lo reemplazará el actual presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Fiorini. El jefe comunal peronista de Alberti, Germán Lago, también ganó una banca de senador provincial que asumirá, y dejará la intendencia en manos del médico Jorge Gaute, que lo acompañó como primer concejal y es su secretario de Salud.
Por la quinta sección electoral, el único intendente que consiguió una banca es el de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que será senador provincial. La intendencia del distrito que tiene como ciudad cabecera a Mar del Plata quedará a cargo del concejal de Pro Agustín Neme.
Por la sexta sección, asumirá una banca de diputado el intendente peronista de Daireaux, Alejandro Acerbo. Lo reemplazará en la municipalidad la concejala María Serra.
En Bolívar, el recambio legislativo generará un enroque entre la intendencia y la Cámara de Senadores bonaerense. El intendente Marcos Pisano asumirá como senador, mientras que el exintendente Eduardo “Bali” Bucca, que terminará su mandato de senador, tomará a su cargo la intendencia por haber sido el primer candidato a concejal en la boleta de Pisano en las elecciones de 2023.
Los intendentes que se postularon a concejales desde Fuerza Patria, no asumirán. Fueron candidatos testimoniales Juan José Mussi (Berazategui), Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Secco, Fabián Cagliardi (Berisso), Andrés Watson (Florencio Varela), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Pablo Zurro (Pehuajó).
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