El gobierno de Axel Kicillof logró un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por USD 138 millones para licitar un tramo del Plan Maestro Integral de la cuenca del Río Salado que, según estimaciones, permitirá recuperar unas 400 mil hectáreas productivas en la región. Con la medida también se aspira a mitigar los riesgos habituales de sequías e inundaciones que afectan a más de 1 millón y medio de habitantes de distintos municipios del interior bonaerense. El plan integral para la obra del Salado implica también una participación del gobierno nacional, aunque —según la provincia de Buenos Aires— la administración de Javier Milei neutralizó las obras en los tramos cuya ejecución es su potestad.

Así, Buenos Aires llamará a licitar las obras de adecuación, ensanche y profundización del cauce del río Salado, en las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral de la cuenca, una obra integral y emblemática que atraviesa casi 500 kilómetros del territorio bonaerense. El 26 de febrero se abrirán los sobres para la licitación.

“El Plan Maestro del río Salado es una solución estructural para cuidar a nuestra gente, fortalecer el desarrollo productivo bonaerense y planificar el territorio”, expresó el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, quien encabezó una reciente reunión de trabajo junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, demás funcionarios y representantes de entidades agropecuarias como CARBAP, Federación Agraria Argentina, CONINAGRO, Asociación de Cooperativas Argentinas e intendentes donde impacta el Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado. Allí se les informó sobre la apertura de sobres para la licitación.

En el gobierno bonaerense se encargan de remarcar que la importancia de este tramo radica en que, una vez completado, el 45 % del plan habrá sido ejecutado durante la actual gestión, permitiendo la recuperación de 8 millones de hectáreas productivas. Entre las intervenciones contempladas se encuentra la reconstrucción de siete puentes —cinco viales y dos ferroviarios— cuya localización abarca tanto la etapa uno como la dos. El trayecto a ejecutarse con este último anuncio es de 60,26 km y se extiende desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, atravesando los municipios de Alberti, Bragado y Chacabuco.

“El gobernador Axel Kicillof decidió financiar la última etapa de una de las obras más estratégicas y emblemáticas de los últimos treinta años”, agregó Katopodis. El ministro advirtió que el Gobierno Nacional paralizó el tramo IV, lo que ha retrasado una instancia considerada clave. “Esta obra permite mitigar los efectos de las inundaciones, amplía la frontera agropecuaria de toda la cuenca y mejora la calidad de vida de más de 1,5 millones de bonaerenses”, subrayó.

Con el acto licitatorio, la administración de Kicillof aprovechó para cuestionar la paralización de obras de carácter nacional en la cuenca del Salado. Es que desde 1997, el Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado se ejecuta, aunque con vaivenes, de manera coordinada entre la Nación y la Provincia, dividiendo el curso del río en cinco tramos. Los tres primeros tramos se encuentran finalizados: uno de 48 km en Castelli, Lezama y Pila; el segundo de 57 km entre Lezama, Pila, Chascomús y General Belgrano; y el tercero de 118 km a través de General Belgrano, General Paz, San Miguel del Monte y Chascomús.

El tramo IV, el de mayor longitud con 212 km, recorre municipios como 25 de Mayo, Bragado y Alberti, y fue ejecutado mayormente por el Gobierno Nacional. De sus cuatro etapas, tres se terminaron entre 2019 y 2023; pero los subtramos A, B y C de la etapa dos, con un total de 33,4 km, iniciados en mayo de 2023, están actualmente paralizados por falta de presupuesto.

Los recursos para su financiamiento corresponden al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, que se nutre del 4,31 % del Impuesto a los Combustibles, y recibe transferencias directas del Ministerio de Economía. En la cartera de Katopodis argumentan que de acuerdo con el Presupuesto Abierto, desde el 10 de diciembre de 2023 este fondo ingresó $271.743 millones que debieron destinarse a obras hídricas, pero no fueron empleados en ese fin, como exige la legislación vigente.

La paralización ha generado consecuencias negativas al afectar aproximadamente 10 mil hectáreas en la Provincia. Según los cálculos oficiales, de haberse mantenido el ritmo anterior, el tramo cuatro podría haberse concluido en 2024, lo que hubiera acercado aún más la completa finalización del plan.

“Milei lleva a la Argentina por un camino equivocado cuando deja al país sin infraestructura. Obras públicas como estas son fundamentales para proyectar desarrollo, producción y trabajo”, cuestionó el ministro de Kicillof.

En tanto que el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, enfatizó el “carácter histórico” que ostenta la inversión, y resaltó que “no hay municipios ni bonaerenses de primera y de segunda”. Al mismo tiempo, celebró el inicio de la etapa final del dragado del Salado, aunque remarcó el impacto por la falta de fondos nacionales en el avance de la etapa 4.2, a pesar de la existencia de un fondo hídrico específico recaudado con este objetivo: “No podemos dejar de reclamar por la paralización de la etapa 4.2 por parte del gobierno de Milei, a pesar de que existe el Fondo Hídrico conformado por recursos que se recaudan con este fin”.

El plan también contempla la protección ambiental y la conservación de los humedales situados en el área de influencia de las obras. Además, incluye proyectos específicos como el Nodo de Bragado, que facilitará el manejo más eficiente de los excedentes hídricos y la defensa del territorio, impactando a una vasta zona de la Región Hídrica Área Pampeana Central, de 2,8 millones de hectáreas y partidos como 9 de Julio, Bragado y Lincoln, entre otros.

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Tras sorprender con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/25 de fin de año, que dispone la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), el Gobierno Nacional confía en que la justicia no dará lugar a los amparos presentados por referentes de la oposición que cuestionan la determinación, mientras, en paralelo diseña, la estrategia legal para hacerles frente en caso de que los recursos avancen, según reveló una importante fuente a Infobae.

“No debieran avanzar. Nadie puede acreditar legitimación. Para presentar una medida contra un decreto se debe acreditar daño y nadie que pueda acreditarlo”, sintetizó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

La SIDE, encabezada por Cristian Auguadra y Diego Kravetz, se someterá a un proceso de cambios para “ordenar el sistema”. Los cambios fueron impulsados por el asesor presidencial, Santiago Caputo, para avanzar en la modernización del organismo ante la actual coyuntura. “Permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales”, argumentaron desde la secretaría a través de un comunicado.

A partir de la oficialización del decreto del pasado miércoles, que modifica la Ley de Inteligencia y que lleva la firma del presidente Javier Milei y todo e Gabinete, el organismo sumó facultades e incorporó la posibilidad de proveer su propia seguridad y aprehender a personas ante hechos de flagrancia.

La determinación despertó la reacción de legisladores de la oposición que cuestionaron el accionar del Poder Ejecutivo y anticiparon que acudirían a la justicia para impedir la aplicación de los cambios. Hasta el momento se presentaron tres amparos contra la medida. “Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas”, supo cuestionar el diputado Maximiliano Ferraro, de los primeros en rechazar el decreto.

El pasado lunes, los diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, y del Partido Socialista, Esteban de Paulón, presentaron una acción de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo para exigir la suspensión de los efectos del DNU. “El Congreso está en condiciones de sesionar y una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control. Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma”, sostuvieron al tiempo que solicitaron que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable. Por sorteo, le tocó al juzgado en lo contencioso administrativo 4, de la jueza Rita Alián.

Por su parte, la Fundación Apolo que lidera el exlegislador Yamil Santoro también presentó un recurso para avanzar en la deslegitimación de las facultades de detención que le reconocen al organismo. “A nuestro entender exceden los límites constitucionales”, sentenciaron desde el entorno del referente a Infobae.

La última presentación ingresó ayer a la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, y lleva la firma de un grupo de dirigentes vinculados a la Unión Cívica Radical (UCR) Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Luis Alberto Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santín y Ricardo Terrile. “Arrasa con el plexo de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”, sentenciaron.

En Casa Rosada se anticiparon a las posibilidades, y pese a que se muestran optimistas por el accionar judicial, los equipos de legales avanzan en la estrategia legal que desplegarán en caso contrario. “La falta de legitimación es clara. No pueden probar daño ni autoproclamarse la defensa del pueblo”, argumentó ante este medio un conocedor del tema. Además, aseguró contar con jurisprudencia “pasiva” que respalda la determinación de la administración.

Si bien se mostraron confiados, en Balcarce 50 creen que el Poder Judicial está teñido de intereses políticos, por lo que no descartan apelar y elevar el tratamiento. “Confiamos en que debería rechazar pero en caso contrario, si hay que debatirlo en Tribunales, vamos a ganar. La Corte tiene jurisprudencia que nos da la razón”, sentenció una importante voz del ecosistema libertario.

Según argumentan, se trata de lo que denominan como “jurisprudencia pacífica” que determina quién tiene legitimación y en qué casos. “No hay caso. ¿Cuál es el caso? No hay daño pero más aún, no hay caso”, insistían.

Desde el último día del 2025, fecha de oficialización del decreto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuenta con un plazo de 10 días hábiles para presentar el decreto en el Congreso de la Nación a los que se le suman otros 10 para dar lugar al tratamiento en ambas cámaras.

En paralelo, la oposición presiona para avanzar en la conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia, de carácter permanente, que deberá elaborar un pedido de información a la Casa Rosada. Lo cierto es que hasta que no se trate, el DNU mantiene su vigencia y aplicación.

Como contó este medio, de los 16 miembros de la comisión, 11 continúan en funciones y quedarán cinco por nombrar que se repartirán entre los distintos espacios. En el oficialismo evitan hablar de plazos, y aunque aseguran que deben designar los nuevos lugares, admiten que el tema aún no fue abordado por el bloque por lo que se espera una prolongación de los tiempos.

Sin embargo, desde las bancadas opositoras precisan que, pese a la dilación, los plazos legales corren y el tratamiento de decretos puede habilitarse fuera del período ordinario, con el Congreso en actividad. “A partir de mediados de enero estaremos en condiciones de tratarlo”, prometen.