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Diputados empieza a debatir la Ley de Glaciares y el oficialismo quiere sesionar la semana que viene
El proyecto que modifica la Ley de Glaciares abrirá el debate legislativo en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. La iniciativa llega con media sanción del Senado y comenzará su revisión en la Cámara de Diputados, impulsada por la bancada de La Libertad Avanza.
El tratamiento estará a cargo de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, presididas por los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.
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El cronograma definido por el oficialismo prevé que hoy comience el análisis del proyecto. La semana próxima, el martes 10 de marzo, se realizarán audiencias públicas durante toda la jornada para escuchar a especialistas y representantes de distintos sectores. Al día siguiente, el miércoles 11, se firmarían los dictámenes.
La presidencia de la Cámara Baja quiere convocar a una sesión el jueves 12 de marzo. La primera en este período ordinario.
En la Casa Rosada esperan mantener en Diputados los acuerdos con los gobernadores que acompañaron la sanción de la iniciativa en el Senado. Sin embargo, en aquella sesión hubo diferencias dentro de algunos espacios aliados.
Parte del PRO votó en contra del proyecto, al igual que la senadora por Chubut Edith Terenzi, cercana al gobernador Ignacio Torres. En tanto, la neuquina Julieta Corroza se abstuvo con el aval del mandatario provincial Rolando Figueroa.
Quejas desde la oposición
Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro, junto a legisladores de Provincias Unidas, pidió formalmente a las autoridades de las comisiones la realización de audiencias públicas para el tratamiento del proyecto.
El pedido fue acompañado por los diputados María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías, Juan Brügge y Nicolás Massot.
Ferraro sostuvo: “Tratándose de una reforma que podría implicar una reducción en los niveles de protección ambiental actualmente vigentes, entendemos imprescindible garantizar una instancia de participación pública amplia, plural y efectiva”.
En esa línea agregó: “La modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales,más aún cuando involucra reservas estratégicas de agua, no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental”.
Pedido de organizaciones ambientales
Diversas organizaciones ambientales también reclamaron la realización de audiencias públicas para debatir el proyecto que modifica la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Entre las entidades que impulsaron el pedido se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Círculo de Políticas Ambientales, Greenpeace Argentina, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la Fundación Biodiversidad y Aves Argentina.
Las organizaciones remarcaron que la Ley de Glaciares constituye un instrumento de ordenamiento ambiental del territorio destinado a proteger ecosistemas estratégicos para la provisión de agua y la regulación climática.
También señalaron que el artículo 21 de esa norma establece que la participación ciudadana debe garantizarse en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, especialmente en las etapas de planificación y evaluación.
A su vez, el artículo 7 del Acuerdo de Escazú —ratificado por la Argentina mediante la Ley 27.566— obliga a garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones, revisiones o actualizaciones en asuntos ambientales que puedan tener un impacto significativo.
En particular, el inciso 5 de ese artículo establece que los procedimientos deben contemplar plazos razonables que permitan una participación efectiva e informada.
La postura del Gobierno
El oficialismo logró aprobar los cambios a la Ley de Glaciares en el Senado el jueves 26 de febrero, en el tramo final del período de sesiones extraordinarias.
La modificación apunta a priorizar actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, además de facilitar la llegada de proyectos mineros internacionales.
Para ello, el proyecto habilita la posibilidad de realizar explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan una función hídrica. En la legislación vigente, esa posibilidad está prohibida.
Diputados, ley de glaciares, comisión
El Gobierno anticipó que este año volverá a la carga con su intención de eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la oposición ya encendió las alarmas. El proyecto aún no se presentó al Congreso, pero los propios aliados muestran reparos a que el oficialismo pretenda suprimir una herramienta que, admiten, les serviría para encauzar su desorden interno.
En rigor, no es la primera vez que el Gobierno pretende suprimir las PASO. Con el argumento del ahorro económico, en noviembre de 2024 presentó un proyecto en ese sentido y, si bien no logró el objetivo propuesto por la resistencia de la oposición, al menos pudo suspenderlas para las elecciones legislativas del año pasado.
Lo cierto es que las PASO siguen vigentes, situación que el Gobierno pretende una vez más revertir. Su desafío será reunir la mayoría absoluta que le exige la Constitución Nacional para toda modificación del régimen electoral y de partidos políticos: 129 votos positivos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado.
“Estamos esperando las especificaciones técnicas del proyecto del Poder Ejecutivo, pero nuestra idea es eliminar las PASO”, anticipó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en declaraciones a LN+.
Menem indicó que el proyecto que enviará la Casa Rosada no se limitará a la derogación de las primarias, sino que apuntará hacia una reforma integral de los partidos políticos en lo que se atañe a su constitución, reconocimiento legal y financiamiento. Cuestiones sensibles que hacen a la supervivencia de los espacios partidarios.
Es por esta razón que los opositores no se muestran demasiado entusiastas en acceder a la derogación lisa y llana de las PASO como pretende el Poder Ejecutivo. Incluso en los espacios cercanos al oficialismo prefieren más una reformulación del sistema de primarias hoy vigente antes que su eliminación, ya que los dejaría sin una herramienta con la cual pelear espacios de poder si eventualmente se confluye en un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.
“Por lo pronto, no estamos de acuerdo con que se modifiquen las reglas de juego para una elección próxima. Igualmente, vamos a esperar a que llegue el proyecto al Congreso para analizarlo detenidamente”, indican desde la bancada de Pro, aliado estratégico del oficialismo.
Desde el radicalismo también plantearon reparos. “La eliminación de las PASO sin plantear un sistema que las reemplace constituye un retroceso”, planteó el senador Maximiliano Abad. “Entiendo que el sistema vigente de primarias debe ser revisado y modernizado”, agregó.
“En los procesos electorales argentinos es cada vez más corriente la constitución de frentes o alianzas (coaliciones electorales integradas por diversos partidos) −agregó−. Desde esta perspectiva, un eventual sistema que reemplace las PASO no sólo debe definir las candidaturas dentro de un partido, sino entre fuerzas aliadas. La alternativa no es la eliminación de las PASO, sino un mecanismo que las supere, garantizado la participación democrática de la ciudadanía”.
Desde Provincias Unidas también se oyen reparos. “La eliminación de las primarias beneficia principalmente a los oficialismos que eligen sus candidatos a dedo para dificultarle a la oposición la posibilidad de ordenarse en torno a una oferta electoral. Provincias Unidas tiene referentes con ambiciones electorales, eventualmente podrían sumarse más espacios y esta herramienta (las PASO) permitiría una definición más democrática de sus candidatos”, razonó un legislador cercano al gobernador cordobés Martín Llaryora.
eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO),Laura Serra,Actualidad política,Conforme a,Actualidad política,,Minuto a minuto. Javier Milei: las últimas medidas del Gobierno,,“Lo estamos logrando”. Sturzenegger celebró que en 2025 la Argentina haya sido el país con la mayor mejora en libertad económica del mundo,,»Adelgacé 14 kilos». Cúneo Libarona explicó las razones de su salida del Gobierno
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Causa Vicentin: declaró el titular de la SIGEN ante el juez Ercolini y defendió su rol técnico en el Banco Nación
El actual titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Alejandro Díaz, prestó declaración indagatoria por su desempeño como síndico del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de una causa que investiga un presunto acuerdo entre la empresa Vicentin y la entidad para evitar el cobro de una deuda millonaria.
La indagatoria —instancia prevista en el Código Procesal Penal que no implica una definición de culpabilidad sino la posibilidad de ejercer defensa— se produjo en el marco del expediente que analiza, en forma puntual, presuntas irregularidades en el otorgamiento y posterior refinanciación de créditos a la firma santafesina.
La declaración de Díaz
En su testimonio de casi tres horas, el síndico General de la Nación sostuvo: “El cliente operaba con el banco hacía más de 30 años y era el más importante de la entidad financiera. Todos los informes de los cuales tuve conocimiento solo mencionaban la necesidad de un encuadramiento que resultaba generado por situaciones exógenas al cliente y estaba dado en tres situaciones: dos transferencias que había realizado el BNA al Tesoro Nacional y las variaciones en el tipo de cambio que se dieron durante el año 2019”.
Díaz también aseguró: “La información que tuve durante mi labor fue que el banco intentaba encuadrar la situación del cliente a través de un seguro de caución, y que esa situación estaba en conocimiento de la autoridad regulatoria. El síndico no debe vincularse con las actividades operativas, puesto que ello resultaría ser un condicionamiento a la hora de realizar una función técnica objetiva e independiente”, añadió.
Además, el titular de la SIGEN se refirió al mecanismo de control utilizado en organizaciones de la envergadura de Vicentin y resaltó que “casualmente” su imputación en la causa se produjo recién en el mes de septiembre del año pasado, cuando ya había sido nombrado síndico General de la Nación.
En ese marco, señaló: “No logro comprender las imputaciones que se me puedan hacer en esta causa como consecuencia de mi rol como síndico de la empresa, siendo que me apoyé en áreas técnicas especializadas, que en ningún momento me alertaron de un posible riesgo de default, sino todo lo contrario: esos documentos reflejaban la solvencia del cliente. Por lo tanto, al no recibir ninguna alerta, nada estaba a mi alcance para actuar de manera distinta a la que lo hice”.
El eje: el rol del síndico
Según surge de la reconstrucción judicial, el foco estuvo puesto en el papel que Díaz desempeñó como síndico del Banco Nación durante ocho meses, entre julio de 2019 y marzo de 2020.
En su declaración, el funcionario sostuvo que su intervención constaba del control de legalidad y del análisis de la información contable del banco, sin facultades ejecutivas ni voto en las decisiones comerciales adoptadas por la entidad. Es decir, defendió que su rol no era resolutivo sino de control de legalidad y de fiabilidad de la información financiera emitida por el banco.
La causa gira en torno al proceso que permitió a Vicentin acceder a financiamiento por cifras que rondaron los 300 millones de dólares durante la gestión comercial de los últimos años (la empresa tenía una extensa trayectoria como cliente del Banco Nación). La Fiscalía investiga si existieron desvíos en la aplicación de normas o falta de resguardos suficientes para proteger los intereses de la entidad.
En ese esquema, el accionar de los órganos de fiscalización quedó bajo análisis.
Embargos, imputaciones y un presunto perjuicio millonario
En paralelo al avance del expediente, el Juzgado Federal N° 10 ya dispuso embargos preventivos e inhibiciones generales de bienes sobre ex directivos del Banco Nación y responsables del grupo empresario. La medida alcanzó a 18 ex funcionarios de la entidad y a empresarios de Vicentin.
Entre los imputados, figuran el ex presidente del Banco Nación, Javier González Fraga; el ex vicepresidente Lucas Llach; y los directores Carlos Alberto Castellani, Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseunik y Agustín Pesce.
También fueron alcanzados Juan José Fragati (gerente general), Martín Enrique González (subgerente de Banca Corporativa), Susana Graciela Ojeda (subgerente de Riesgo y Política de Crédito), Maricel Leonor Moschini (subgerente de Soporte Crediticio), José Luis Testa (gerente zonal), Luis María Celestino Restelli (gerente zonal), Darío Marcelo Giacossa (gerente de sucursal), Néstor Ariel Bled (gerente de sucursal), Alexis Diosnel Tortul (responsable de la plataforma comercial) y el propio Alejandro Fabián Díaz, en su carácter de síndico.
Por parte del Grupo Vicentin, la medida recayó sobre su presidente de la empresa, Néstor Buyatti; el vicepresidente, Alberto Julián Macua; el apoderado Herman Roberto Vicentin; y los directores Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan.
Según la resolución judicial, la “finalidad del embargo se extiende a asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión”.
El juez Ercolini planteó además que deberá considerarse “la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”.
Agosto-diciembre de 2019: el período bajo la lupa
La resolución judicial señala que entre agosto y diciembre de 2019 —los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri— funcionarios del Banco Nación y empresarios del Grupo Vicentin “habrían generado” que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran a la entidad pública por un perjuicio patrimonial de USD 304.328.665,75, suma que “hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”.
La Justicia sostiene que los funcionarios del banco “habrían omitido intimar” a las empresas por deudas vencidas y exigibles desde el 8 de agosto de 2019, originadas en préstamos concedidos como prefinanciación de exportaciones.
El fallo también advierte que entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 se habrían liberado, desde dos cuentas, un total de $43.449.104.966, autorizando 125 transferencias hacia otra cuenta corriente radicada en la misma entidad. El magistrado enfatizó que “el banco carecía de facultades para cobrarse”.
Para el juzgado, existió una presunta “actuación coordinada entre funcionarios del Banco Nación y empresarios”, que habría perjudicado patrimonialmente a la entidad financiera, mediante el otorgamiento irregular de 28 préstamos por un total de USD 105.500.000, concedidos entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019.
A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, Ercolini citó a declaración indagatoria a 26 personas que en 2019 integraban los directorios de la cerealera y del Banco Nación, acusadas de haber cometido un presunto fraude millonario contra el Estado.
Alejandro Díaz inició sus actividades como síndico del Banco Nación a mediados de julio de 2019, tan solo unos días antes de los primeros atrasos en los vencimientos de Vicentin. Luego, permaneció en su puesto durante ocho meses y declaró que, tras su salida, no tuvo intervención en los hechos posteriores.
Sobre la refinanciación recibida por Vicentin durante el mes de noviembre de 2019 y el encuadramiento de límites a través de garantías, Díaz manifestó en su indagatoria no contar con ningún elemento que hiciese presumir la existencia de riesgo crediticio, sino todo lo contrario: los informes técnicos de las áreas operativas y de supervisión indicaban solvencia del cliente, y la refinanciación generada con estas operaciones es una práctica habitual en el sistema financiero. El banco obtenía un beneficio económico y posibilitaba que el cliente presentara las garantías que se estaban resolviendo o en proceso de resolución.
“No encontré motivo para oponerme a la toma de conocimiento de esta refinanciación. Si lo hubiese hecho, no hubiese tenido elementos para defender mi posición y no hubiese cambiado el rumbo de operaciones ya concretadas”, sintetizó Díaz en su presentación.
En ese tablero judicial, la declaración de Alejandro Díaz marca un punto clave: el intento del titular de la SIGEN de delimitar su responsabilidad a un rol técnico y de control, basado en informes de áreas operativas que conforman el sistema de control interno de la organización y sus líneas de defensa.
El inicio de la gestión de Díaz en la SIGEN
Mientras el expediente judicial sigue su curso, puertas adentro de la SIGEN la actual conducción puso en marcha una agenda orientada —según destacan desde el organismo— a fortalecer los mecanismos de control y auditoría del sector público nacional.
En sus primeros meses al frente del organismo, Díaz impulsó una revisión de los circuitos internos para la ejecución de auditorías, con foco en la trazabilidad de los expedientes y en la digitalización de procesos para reducir márgenes de discrecionalidad. También promovió la actualización de manuales de procedimiento y la coordinación con unidades de auditoría interna de distintos ministerios y empresas estatales, en un intento por homogeneizar criterios técnicos.
Ese perfil técnico es el que el funcionario intentó remarcar en su exposición judicial: la diferencia entre la función de control formal y la decisión política o comercial que adoptan los directorios de las entidades públicas. En el caso puntual del Banco Nación, insistió en que la sindicatura no tenía atribuciones para bloquear operaciones crediticias, sino para emitir recomendaciones y dejar constancia de observaciones, que no pudo formular porque no existían elementos ni evidencias que hicieran presagiar el colapso del cliente en cuestión
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