Oscar Zago tenía que a subirse a un avión el sábado por la noche rumbo al Distrito Federal de Washington junto a un grupo de senadores, diputados y empresarios, en una misión amparada por la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), una entidad sin fines de lucro que se parece mucho a un partido político. Se quedó para a atender uno de los tantos mostradores de su tarea en el oficialismo. Esta vez tuvo que participar en la decisión de quién presidirá la Comisión Investigadora del negocio paraestatal de la cripto moneda Libra que compromete a la cúpula del gobierno.

Según el debate que enreda a oficialismo y oposición, la comisión está empatada y llegan a la final, para presidirla, Zago y Oscar Agosto Carreño, del bloque Encuentro Republicano Federal por la oposición negociadora, que actúa como el «centrão» en la Cámara de Diputados. Sí pudieron subir al avión rumbo a los Estados Unidos dos colegas. El diputado Pablo Ansaloni, que migró de la FE del Momo Venegas a La Libertad Avanza, y el exdiputado radical Alejandro Cacace que se desreguló con una changa en el gabinete junto a Federico Sturzenegger.

El Gobierno busca aprovechar ese empate para desplegar una estrategia de bloqueo de la comisión, a partir del argumento de que la parda 14 a 14 impide elegir un presidente. La oposición rechaza que ese cargo lo ejerzan diputados que votaron en contra de la creación de la comisión. El oficialismo rechaza que el titular sea un peronista.

Esto abre el camino para el «centrão» que representa el bloque de Miguel Pichetto, bisagra en otras situaciones de bloqueo, que buscará la presidencia para alguno de sus dos representantes, Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño.

Massot es un duro opositor y ha llegado a señalar en el recinto, sin nombrarlo, a Martín Menem como uno de los participantes en la trama de la Cripto Libra. Agost es más moderado y actúa como secretario del bloque, y tiene una habilidad concurrente. Es heredo-riojano (aunque representa a Córdoba donde es presidente del PRO de esa provincia), y conoce como pocos a los primos Menem que le gobiernan a Milei como si supieran.

Tirando para el medio, el Gobierno vuelve a pensar en Zago, que se va convirtiendo en otro diputado bisagra, que saca la pelota sobre la raya. Ya se quedó con la Comisión de DNU, que se había trabado entre oficialismo y oposición, y se apoderó de la diferencia a favor del gobierno. Martín Menem ya le avisó: «Estamos pensando en vos para la Comisión Investigadora».

En la votación para aprobar la comisión, Zago se abstuvo. Eso lo salva del reproche de la oposición, aunque es opositor. Ya facilitó el empate 14 a 14 al armar una entente con el PRO. Ahora puede ser de nuevo la solución para un oficialismo que se metió solito en este lío. Zago, en el diálogo que tuvo con Menem, pudo adelantarle otro paso táctico en su irresistible ascenso como bisagra del poder: renunciará a su cargo en la Comisión de Juicio Político.

Es vocal y cuando presidía el bloque de La Libertad Avanza respaldó la designación en la presidencia de Marcela Pagano, a quien rechazan los primos Menem. Ese entripado le costó la presidencia del bloque a Zago, que se fue a un bloque propio. La Comisión de Juicio Político es en la que más celo debe poner un presidente. Pero es el escenario donde puede terminar el CriptoGate.

El Gobierno repite la rutina de arriesgar prestigio y posiciones de poder. El CriptoGate vuelve al escenario después del duelo colectivo por la muerte del papa Bergoglio con el mismo doble formato original. La interpelación en Diputados a funcionarios, como el jefe de Gabinete -que está reglamentariamente a tiro de destitución-, puede terminar en un escenario teatral de exhibición de músculos por parte del oficialismo y de la oposición.

El miércoles se agrava el riesgo del oficialismo porque se constituye la Comisión Investigadora que decidirá qué responsabilidad le cabe al Presidente en este affaire, que ya navega en la Justicia local y la de afuera (España, Estados Unidos). Esta instancia es más comprometedora porque, además, el Gobierno queda atrapado entre fuerzas que son más poderosas que él:

1) La oposición frontal del peronismo que mocionó ya, en vano, por la apertura de un juicio político a Javier Milei.

2) Los socios del oficialismo en el PRO y la UCR que juegan al trueque de favores. Apoyarán al Gobierno en la investigación a cambio de apoyo a candidaturas en las elecciones, o dinero para las gobernaciones en las que se referencian.

El Gobierno pudo evitar este retablo inconveniente para su prestigio justo antes de las elecciones legislativas, pero ha sido víctima de un diagnóstico y una estrategia equivocados, que le han impedido consolidar su fuerza. Ha preferido desacreditar a la política y sus representantes en el Congreso antes que exponer al presidente y a sus funcionarios del área económica para dar explicaciones de sus DNU, o de la ausencia, por segundo año consecutivo, de un presupuesto.

Este desaire se basa sobre el prejuicio improbable de que Milei es un outsider que se ganó el cargo porque captó la mayoría de los votos con sus ocurrencias de comunicación. En realidad, es presidente porque el electorado de Cambiemos se quedó huérfano de candidato con el colapso de la candidatura de Patricia Bullrich. Ese electorado que expresó a más del 40% de los votos en las elecciones desde 2015 en los distritos más grandes de la Argentina se volcó en un 90% hacia Milei, habilitado por el balotaje, con tal de que el peronismo de Sergio Massa no continuase en el poder.

Ese diagnóstico lo hace depender de sectores del macrismo y del radicalismo que lo llevaron al cargo, al punto que el destino de la pesquisa depende del afán que le pongan los representantes de los bloques que presiden Cristian Ritondo y Rodrigo de Loredo. La actitud que tomen en la comisión depende de cómo tramite el oficialismo las relaciones con el PRO en toda su gama -los hay macristas y bullrichistas- y con el radicalismo.

En trapicheo se juegan los sueños electorales de De Loredo, que busca el apoyo de La Libertad Avanza para renovar su banca en Córdoba, y los de Diego Santilli de encabezar la lista en Buenos Aires. Según lo que pase en esta cripto-comisión, subirán o bajarán las acciones de neo-mileístas de esos distritos, que se sostienen por su relación estrecha con Olivos, dígase Luis Juez o José Luis Espert.

El oficialismo ya probó un trago de esta pócima transaccional. La comisión tiene 28 integrantes y, antes de comenzar, se presenta empatada entre 14 oficialistas que buscarán que nunca sesione y 14 opositores que quieren que avance hasta determinar responsabilidades políticas. En la semana que pasó Martín Menem convocó a los 14 oficialistas y le faltaron algunos.

Hubo pánico por las ausencias de Soledad Carrizo y Lisandro Nieri, dos radicales del bloque de De Loredo, pero que además tributan al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo que vive orejeando el mazo en sus relaciones con el Gobierno. Tampoco fue Agustín Domingo de Innovación Federal, que se ausentó después de que YPF anunciase que no hará una planta de gas en Río Negro, que gobierna Alberto Weretilneck, otro adalid de la oposición transaccional.

Agost, junto a Silvia Penacca, la secretaria del bloque Unión por la Patria, trabajan desde hace dos semanas en el borrador de dos reglamentos: para la interpelación del martes y para la constitución de la Comisión Investigadora. Deben adaptar las normas vigentes, que nacieron para un sistema político bipartidario, al actual mapa balcanizado de 2025.

Del lado del radicalismo marrón la tarea la hacen Silvina Giudici, que en este trámite ha sido de un mileísmo extremo, más oficialista que los diputados de La Libertad Avanza. En la preparación del escenario de la interpelación y para la tarea de la comisión, los secretarios de los bloques han entrevistado a expertos en cripto monedas y otras especies del mundo de las finanzas para dominar los detalles del negocio.

Ocultan los nombres porque hay algunos que han estado estrechamente vinculados con el propio Milei que han encendido algunas luces sobre aspectos escondidos que van a parecer en las preguntas a los funcionarios y en las medidas que ordene la comisión. También se han leído todas las interpelaciones que han ocurrido desde 1983 para coachear a sus diputados.

No hay registro de interpelaciones desde 1996. Hubo comisiones investigadoras más recientes. Los pesquisantes quieren evitar problemas que hubo en el pasado. Buscan sacar lección de comisiones míticas como la que investigó la estatización de la compañía de electricidad Italo durante el gobierno militar. Quieren asegurarse la legalidad de órdenes de allanamiento que puedan ordenar. En la investigación de la Italo la Justicia invalidó algunas medidas porque faltó la venia judicial.

El reglamento con el que aspira a funcionar la comisión prevé pedir el auxilio a la fuerza pública a los testigos que se nieguen a comparecer. El Congreso parece encontrar en estos procedimientos la contracara al autoritarismo del Gobierno para administrar por DNU y desairando al Poder Legislativo. Un riesgo innecesario que depende del prejuicio de que hay que gobernar con las mismas consignas de la campaña. Hacer campaña es confrontar, mientras que gobernar es concertar.

La comisión investigadora de la estatización de la compañía Italo de Diputados actuó entre 1983 y 1985 y tenía un ingrediente que no tiene esta comisión. Se fundamentó en un acuerdo político entre el radicalismo que gobernaba y la oposición peronista. El proyecto de comisión lo presentó el diputado Julio César Aráoz y la presidencia la ejerció Guillermo Tello Rozas. Fue tras una negociación de la que participaron Raúl Alfonsín, Diego Ibáñez (sindicalista de YPF), César Jaroslavsky, Vicente Saadi y otros.

Fue una antesala del juicio a las juntas militares que incluyó la declaración de Jorge Videla, Eduardo Massera, Orlando Agosti y José Martínez de Hoz, entre otros, antes de que fueran juzgados por los delitos durante la represión clandestina de las guerrillas. Los diputados les negaron el uso de uniforme cuando declararon en el palacio del Congreso. Martínez de Hoz incluso fue detenido cuando declaró ante los diputados. Saadi aportó con la negativa a que la comisión fuera bicameral, como propuso en esta ocasión Zago, razón de la abstención cuando se aprobó la comisión por el CriptoGate.