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Ruta del Dinero K: Lázaro Báez ya fue detenido y se espera su traslado a la cárcel federal de Río Gallegos

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El juez Néstor Costabel, presidente del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), ordenó la inmediata detención de Lázaro Báez en la Ruta del Dinero K para cumplir la pena de diez años de prisión en una cárcel común. El cómputo oficial determina que le quedan más de seis años para responder a la acusación por lavado de dinero que quedó firme hace dos semanas por parte de la Corte Suprema.

Horas después de la decisión del TOF 4, el personal de Gendarmería Nacional lo detuvo en la vivienda en El Calafate donde cumplía arresto domiciliario, ubicada sobre la Avenida Presidente Néstor Kirchner, y quedó alojado en el Escuadrón 42 «Víctor Samuel Guerrero» de la villa turística.

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Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que será trasladado a la Unidad 15 de Rio Gallegos que dependen del Servicio Penitenciario Federal.

En la causa central por lavado que fue confirmada por la Corte Suprema hace dos semanas, Báez quedó detenido el 6 de abril de 2016, y abandonó la cárcel de Ezeiza en diciembre de 2019. En aquel entonces, cesó su prisión preventiva en este expediente principal.

Al respecto, la Secretaría de Cómputos calculó que estuvo en prisión en la Ruta del Dinero K: 3 años, 8 meses y 8 días. De allí que se determinó que le restan cumplir en prisión más de seis años.

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Por este motivo se requirió su regreso a una de las cárceles que depende del Servicio Penitenciario Federal. El juez Costabel, responsable de la ejecución de la pena, resolvió que debe volver a una cárcel federal para hacer frente a la condena de diez años de prisión por el delito de lavado de dinero agravado.

En la resolución a la que accedió Clarín, el juez Néstor Costabel presidente del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que realizó el juicio de la Ruta del Dinero K, sostuvo: “En consecuencia, a efectos del efectivo cumplimiento de la pena cuya ejecución se encuentra habilitada, corresponde disponer la inmediata detención y/o captura de Lázaro Antonio Báez a efectos de ser alojado en la unidad penitenciaria federal”.

Se explicó que en función de la orden dictada por el juez de ejecución de la pena, “se practicará por secretaría el cómputo de la pena fijándose la fecha de vencimiento de la pena mencionada y el cual será notificado a las partes a los fines establecidos por el art. 493, primer párrafo, del Código de forma”.

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Después respondió al pedido de la defensa de Lázaro Báez que, como contó Clarín, había requerido que la pena de la Ruta del Dinero K se cumpla en el domicilio de Él Calafate donde se encuentra desde 2022, con tobillera electrónica.

“Las interpretaciones y cuestionamientos efectuados por la defensa con relación a lo actuado por la acusación pública y al trámite de esta incidencia constituyen una visión sesgada que desatiente la cuestión central, cual es que la sentencia condenatoria ha pasado en autoridad de cosa juzgada y -consecuentemente- se ha tornado operativo su cumplimiento, de modo que corresponde continuar con el trámite de ejecución conforme lo precisado”, dijo el magistrado.

También consideró que “resulta prematuro cualquier planteo referente a la modalidad y ejecución de la pena privativa de la libertad, más allá de las implicancias que la detención produce al condenado y su entorno familiar, por lo que se deberán adoptar las medidas necesarias para disponer su alojamiento en la unidad penitenciaria más adecuada a sus condiciones personales y cercana a su lugar de pertenencia, sin que se encuentre demostrada una situación excepcional que amerite contemplar el caso desde otra perspectiva”.

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La organización criminal

La sentencia que obtuvo carácter de firmeza tras el fallo de la Corte, determinó que todos los acusados conformaron una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, «por medio de la cual se canalizaron, transfirieron, disimularon, ocultaron y se pusieron en circulación en el mercado, fondos procedentes de delitos».

La cifra involucrada en las operaciones de blanqueo, según la justicia federal, fue de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013.

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La finalidad de este circuito tuvo como objetivo «cortar todo lazo con su fuente ilegal e integrar esos activos al circuito económico formal bajo una apariencia lícita». Esto se logró a través del mecanismo llamado de “cable” o “compensación”; así lograron expatriaron grandes sumas dinerarias.

Para esto fue indispensable utilizar los servicios financieros y bancarios de una institución intermediaria que tuviera cuentas en bancos en el extranjero, lo que permitía la compensación de «montos dinerarios de quienes pretendían transferir divisas hacia el exterior y de quienes querían repatriarlas por fuera de los mecanismos de control vigentes».

En esa parte del entramado de lavado se utilizó la financiera SGI -la «Rosadita»- que fue conocida por las imágenes en las que, entre whiskys y cigarros, Martín Báez y otros ex socios de Báez contaban cinco millones de dólares.

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“Se probó que el dinero así depositado en el extranjero ingresaba a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras personas jurídicas, que los acusados luego circularon», sostiene la condena.

Finalmente el dinero se reunió en una cuenta a través de la cual se adquirieron bonos de deuda pública que posteriormente «fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcciones».

Sin embargo, quedó acreditado que el dueño del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulación «ingresado en la cuenta de Austral, siempre fue Lázaro Báez, quien se valió de distintos coimputados para lavar el dinero de origen espurio, proveniente de hechos ilícitos de delitos tributarios».

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Corrupción K,La ruta del dinero K,Lázaro Báez

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El Gobierno reevalúa la estrategia de comunicación por el caso Adorni y mide el impacto en la imagen de Milei

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Ante nuevas revelaciones vinculadas al patrimonio de Manuel Adorni, el Gobierno reevalúa su estrategia política y comunicacional. Al mismo tiempo, mide el impacto en la imagen de Javier Milei.

En el Ejecutivo ponen en duda la conferencia que el jefe de gabinete tenía prevista para este miércoles y reconocen preocupación interna por el desgaste que el tema le genera al oficialismo.

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En el entorno del ministro coordinador aseguran que “no ven” que se haga la conferencia y reconocen que no convocaron a los equipos comunicacionales de Nación para diagramar el discurso y ordenar los anuncios que tienen en carpeta. “Estamos recibiendo nuevos números por el tema, que nos generan preocupación”, agregan.

La Casa Rosada mandó a medir en los últimos días el impacto del escándalo sobre la imagen del Presidente. En Balcarce 50 advierten que bajó algunos puntos y que el tema generó inquietud en sectores del gabinete, que ven que la cuestión escala y roza de forma directa a la gestión.

La trastienda oficial muestra además una discusión interna sobre cómo administrar el impacto del caso. Ya hay voces dentro del gabinete que apuntan directamente contra Adorni a raíz de las nuevas revelaciones y cuestionan el manejo político de la crisis. No se trata, por ahora, de una ofensiva abierta, pero sí de reproches que empezaron a circular con más fuerza en despachos oficiales en los últimos días.

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En el Gobierno remarcan igualmente que Adorni mantiene el respaldo total de Javier y Karina Milei (Foto: @madorni / X).

En el Gobierno remarcan igualmente que Adorni mantiene el respaldo total de Javier y Karina Milei. En Nación aseguran que la secretaria general de la presidencia no tiene reparos sobre el comportamiento del jefe de Gabinete y que ambos ya tuvieron una conversación en la que él “blanqueó” los posibles frentes de cuestionamiento. “Tiene forma de justificar todo”, expresan.

En el Ejecutivo advierten que el caso ya alteró su esquema de comunicación, que la semana pasada había definido darle una exposición continua al ministro coordinador para “mostrarlo en gestión” a través de conferencias de prensa semanales y de reuniones con integrantes del gabinete. “Estamos teniendo problemas para correr el eje de la agenda”, agregan.

Leé también: El Gobierno apelará el fallo que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

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La Casa Rosada busca además evitar que el episodio se prolongue y bloquee el resto de la agenda oficial. En ese marco, el oficialismo intenta ganar tiempo, bajar el volumen del tema y reordenar la estrategia de comunicación pública. La decisión de no avanzar por ahora con la conferencia se lee, puertas adentro, como parte de esa lógica de contención.

La mesa chica de Balcarce 50 espera a que “baje la espuma” durante Semana Santa y apunta a retomar la agenda de reformas en el Congreso a partir de abril. Adorni se mostrará junto a los Milei en el acto de este jueves en plaza San Martín por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Gobierno, Manuel Adorni, Javier Milei

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Imputaron a otras dos personas por la paliza en patota liderada por un alfil de Hugo Moyano a un ex delegado de Camioneros

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Gustavo Ferreyra, ex delegado, fue agredido por una patota gremial adentro de una empresa porteña

La investigación judicial de la paliza que una patota sindical le dio a Gustavo Ferreyra -ex delegado del Sindicato de Camioneros en las instalaciones de la empresa de recolección de residuos Urbasur sigue avanzando: la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 de la Ciudad de Buenos Aires identificó a 2 personas más como partícipes del violento episodio y ya llegan a 9 los imputados en la causa, que ya fueron indagados y próximamente se requerirá su elevación a juicio, acusados de los delitos de lesiones y amenazas.

La fiscal Celsa Ramírez dispuso también medidas restrictivas que consisten en la “abstención de contacto” de los 9 imputados con la víctima del ataque y la obligación de presentarse cada 15 días en la Fiscalía.

La importancia de este caso no es menor: entre los imputados, que se encuentran representados por la Defensoría Oficial, se encuentra José “Teta” Garnica, secretario de la rama de recolección de residuos del gremio y dirigente de confianza de Hugo Moyano.

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La fiscal porteña Celsa Ramírez

Como anticipó Infobae, Garnica lideró el 20 de enero pasado el ataque de unas 10 o 12 personas contra Ferreyra en Urbasur, en José A. Cortejarena 1822, en esta capital, con golpes de puño y un palo de escobillón de recolector de residuos, que dejaron al agredido con posible desprendimiento de retina de su ojo izquierdo, golpes en todo el cuerpo y la pérdida de una muela.

En un video filmado tras la agresión, Ferreyra dijo: “Me salvé y estoy vivo de milagro porque me intentaron matar adentro de la empresa”.

En diálogo con Infobae, el agredido contó que fue delegado de Urbasur durante 10 años y que dejó su puesto en noviembre pasado debido al hostigamiento y las presiones de Garnica. “No me quiere en la empresa. Para él soy una amenaza -dijo-. Por eso cuatro veces intentó que dejara de ser delegado y en la quinta oportunidad lo terminó logrando”.

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¿Por qué motivo lo quiso desplazar? Ferreyra admitió que tenían una mala relación: “No comparto su forma violenta de manejarse, no sólo conmigo sino también con otros. Siempre le dije que a los trabajadores hay que cuidarlos y que si alguien se equivocaba había que retarlo, pero él los dejaba sin trabajo”.

Según Ferreyra, el mismo día en que lo agredieron, Garnica impulsó un paro de actividades en Urbasur, medida a la que calificó de maniobra para tapar el ataque en contra de él: “Fue para tapar la cagada que se mandó a la mañana, donde fue incitando a la gente a pegarme. Primero vino a increparme y como no le di bola, arrancó el plan B de siempre: piñas, palazos, me volaron los anteojos, me quebraron en la pierna un palo de escobillón de barrendero y a partir de ahí me atacaron todos y hubo más golpes. Eran entre 10 y 12. Lo único que hice fue cubrirme y nada más. Me salvaron dos compañeros que me sacaron a los empujones“.

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Andrés Martín, abogado de Urbasur, informó a Infobae que Garnica renunció a la empresa a fines de enero, mientras que fuentes sindicales aseguraron que el dirigente acusado “llegó a un arreglo, reincorporaron a toda la gente que habían echado y se fue”.

A otros 6 de los imputados, la empresa les aplicó suspensiones preventivas con apercibimiento de posible despido, pero ya cumplieron la sanción y están trabajando normalmente, al igual que Ferreyra, que se reincorporó a sus tareas: “Me reintegré porque necesitaba laburar y de salud estoy bien, aunque tengo un tema del ojo que me está molestando un poco”, afirmó a este medio el agredido por la patota de Camioneros.

“Quedé traumado, un poco con miedo”, confesó, tras lo cual resaltó que sus agresores que volvieron a trabajar no lo molestan, aunque en Urbasur hubo policías para prevenir otra posible agresión. El abogado de la empresa confirmó: “La consigna policial está desde el inicio del conflicto por expreso pedido nuestro a la fiscalía para proteger a la personas y preservar la normal prestación del servicio público a nuestro cargo».

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En la investigación que impulsa la fiscal Ramírez, “se recabó información de testigos para dilucidar los responsable de los hechos” y “se tomaron alrededor de declaraciones testimoniales”, según fuentes judiciales, donde aseguraron que están acreditadas las lesiones graves y las amenazas que surgen de las filmaciones de las cámaras ubicadas en el predio de Urbasur.

La empresa Urbasur es una de las que brinda el servicio de recolección de residuos en CABA

Garnica, en su condición de secretario de esa rama del gremio, había cobrado un gran protagonismo en los últimos meses como alfil de Hugo Moyano en la pelea con su hijo Pablo y sus aliados, como Marcelo Aparicio, secretario Gremial del Sindicato de Camioneros.

Ferreyra es un ex delegado de la empresa que estaba enfrentado con Garnica: éste lo acusa de haber “celebrado” en las redes la muerte de su segundo, Rubén Parolini, referente de Urbasur en la rama de recolección de residuos. En diálogo con este medio, en febrero pasado, “El Teta” justificó la agresión contra Ferreyra: “Lo que le pasó se lo tenía merecido. Después que acuse, tiene que demostrar ahora lo que está diciendo”.

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“Pero entonces usted admite que le pegaron”, le indicó Infobae. “No, no estoy admitiendo -contestó-. Hubo una trifulca, pero después no vas a escuchar si le pegué, le pegaron, si me intentaron pegar o pegué. No, eso no. Eso que lo dirima la justicia después”.

Pablo Moyano y Marcelo Aparicio, secretario Gremial de Camioneros

Además, resaltó: “(Ferreyra) Ya viene sumando puntos y hace rato que le quieren pegar. Yo los vengo parando a los pibes. Pero hace 38 años que estoy en este trabajo y cuando te cagan a palos o me cagan a palos o nos agarramos a piñas, muere en el galpón, loco, muere en el galpón. Ya no hay códigos».

Para algunos, “El Teta” fue una pieza importante en la ofensiva del líder sindical para desgastar a Aparicio luego de que conoció el caso del presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que hay dos dirigentes desplazados e imputados por las irregularidades detectadas.

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Sin prueba alguna, le atribuyen a “El Teta” haber sido el inspirador de una volanteada ante la sede de Camioneros con papeles que tenían un mensaje: “Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” (en alusión al supuesto fraude marplatense).

Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros

También se le adjudica haber promovido asambleas en las empresas de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires en la que surgieron críticas contra Aparicio por haber sido quien negoció con el gobierno encabezado por Jorge Macri que no se cobraran las indemnizaciones que, en concepto de la llamada “ley Moyano”, les corresponderían a los trabajadores del sector por el vencimiento de las concesiones por la recolección de residuos en la Capital, aunque para el gobierno de CABA esa demanda no corresponde porque esos contratos se habían prorrogado hasta 2028.

“Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”, dijo Garnica en referencia a Aparicio ante un grupo de trabajadores del sector que se reunió ante la sede de Camioneros. Y advirtió, con Aparicio en la mira, que ”hay algunos que dicen ser leales, pero no son leales a nuestro conductor”.

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A fines de enero, Pablo Moyano recibió a Ferreyra y le expresó su solidaridad ante la agresión recibida, en una muestra de cómo este episodio fue parte de la interna de Camioneros: el ex cotitular de la CGT estaba peleado con su padre y por eso era un enemigo de Garnica.

Ahora, los Moyano se reconciliaron y la fiscal Celsa Ramírez avanza con la causa que podría derivar en penas de 1 a 6 años de prisión para “El Teta”, el dirigente de confianza del líder de Camioneros, y los otros 8 responsables de la paliza contra Ferreyra.

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Manuel Adorni suspendió su conferencia de prensa y bajará el perfil público

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La Casa Rosada ratificó la continuidad de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, asegurando que se encuentra “ciento por ciento firme en su puesto” pese al avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Aunque desde el entorno oficial califican los cuestionamientos patrimoniales como un “microclima de los medios” y sostienen que el tema se irá desvaneciendo, el funcionario suspendió la conferencia de prensa prevista para este miércoles para evitar que el asunto se mantenga en la discusión pública. Además, llamó la atención su ausencia en el reciente festejo de cumpleaños de Karina Milei en la sede gubernamental.

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La situación del ministro coordinador comenzó a afectar la gestión diaria y la imagen del Gobierno, especialmente tras conocerse que su esposa, Bettina Angeletti, integró la comitiva oficial en un viaje a Nueva York.

Según Ámbito, quienes lo defienden sostienen que se “está siendo injusto con Manuel” al señalar que no habría sido el único en subir a familiares al avión presidencial. Ante la posibilidad de un recambio, en los pasillos oficiales ya circulan como eventuales reemplazos los nombres de los primos Martín y Lule Menem, aunque por el momento la conducción nacional mantiene su respaldo al funcionario.

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El esquema de apoyo a Adorni dentro del Poder Ejecutivo incluye a los hermanos Milei y al asesor Santiago Caputo, aunque por distintos motivos. Mientras el Presidente lo valora personalmente, se especula que el asesor prefiere que en ese cargo permanezca alguien debilitado.

Por su parte, la estrategia oficial apuesta a que el caso “ya va a pasar” y que la oposición no cuenta con elementos sólidos para acusarlo, mientras intentan que el jefe de Gabinete baje su perfil público para contener los embates de lo que el funcionario considera “una operación”.

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